OSCAR OLEGARIO LUGO MORENO y Otros.

Expediente 531/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
531/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Oscar Olegario Lugo Moreno
  • OSCAR OLEGARIO LUGO MORENO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho emitido en el juicio de amparo número 531/2018-7A,con el que se desechó la demanda de amparo promovida por Óscar Olegario Lugo Moreno y Ángel Humberto Miranda Ibarra; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de tres de octubre de dos mil dieciocho se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso, y no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dos de octubre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSO.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LOS QUEJOSOS OSCAR OLEGARIO LUGO MORENO Y ANGEL HUMBERTO MIRANDA IBARRA, EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Oscar Olegario Lugo Moreno y Ángel Humberto Miranda Ibarra, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial No. 02 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente de amparo y regístrese con el número 531/20187A, en el libro de gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Del análisis del escrito inicial de demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad señalada como responsable en esta demanda, les reclamamos: ° La omisión en que se encuentra al no haberle dado vista con los insertos necesarios a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) con su domicilio ampliamente conocido en ésta ciudad, derivada de la petición del suscrito Lic. Oscar Olegario Lugo Moreno, en la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, que tuvo verificativo el día 27 de Septiembre del año 2018, de conformidad con el artículo 8º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ° La omisión en que se encuentra a no haberle dado vista con los insertos necesarios al encargado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa en sus domicilio ampliamente conocidos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que impongan las multas administrativas establecidas en los artículos 992, 1002, 1003 en relación con el artículo 1008 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, derivadas del actuar de la hoy tercera interesada LILIA ARACELY VALENZUELA MOJARRO, debido a los razonamientos que más adelante expondré. ° La omisión en que se encuentra al no haber autorizado las copias debidamente certificadas de todo lo actuado, contraviniendo lo establecido en el artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo.". Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de amparo, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual debe ser examinado de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, se actualiza la causal de improcedencia que se encuentra establecida en el ordinal 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en el entendido que el último de los preceptos invocados en una interpretación a contrario sensu, y tiene sustento constitucional en el diverso precepto 107, fracción III, de la Carta Magna. Los preceptos de la Ley de Amparo relacionados en el párrafo anterior son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Por su parte, el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De lo transcrito se advierte que en los procedimientos jurisdiccionales, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional, en contra de omisiones o actos dictados dentro del procedimiento, cuando tengan el carácter de "imposible reparación"; o en aquellos casos en los que la parte quejosa hubiese quedado sin defensa o hubiese sido privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. De esta manera, se pone de manifiesto que los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; y no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. Ahora bien, cabe destacar que el quejoso aduce que se viola en su perjuicio los artículos 8° y 17 Constitucionales, en específico se advierte reclamo con relación al numeral 8º puesto que del contenido de la demanda se evidencia la intención de reclamar una violación procesal, puesto que aduce que no se proveyó en la audiencia celebrada de Conciliación, Demanda y Excepciones celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho en autos del expediente laboral J.E.NO.2-02-133/2018 del índice de la junta laboral responsable. Asimismo, debe precisarse que en esta instancia se reclaman omisiones de la autoridad responsable, esto es, la omisión emana de un juicio y los promoventes tienen la calidad de parte. Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometido dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, la Sala ejemplificó que dichos supuestos podía ser la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Agregó que lo anterior pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 Constitucional; sin embargo, -tratándose de afectaciones dentro de un procedimiento- destacó que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el amparo indirecto interpuesto contra actos de esa naturaleza -8, 14 y 17 dentro de procedimiento-, es por regla general, notoriamente improcedente. Cierto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional al resolver la contradicción de tesis 325/2015, señaló: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. "En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción." (lo resaltado es nuestro). En esas condiciones, como ya se precisó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, por regla general, el amparo deviene improcedente y debe desecharse cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento que tengan su naturaleza en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, es oportuno destacar que la Sala estimó una excepción consistente en que el Juzgador advierta una inactividad que conlleve la paralización del procedimiento; sin embargo, en la especie, no se denota un parálisis del procedimiento o inactividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Expuesto lo anterior, se concluye que con motivo de una violación al artículo 8º y 17 Constitucional, la omisión reclamada -no acordar lo solicitado en la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho- no puede impugnarse en el juicio de amparo biistancial, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por Oscar Olegario Lugo Moreno y Ángel Humberto Miranda Ibarra, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial No. 02 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Con apoyo en el numeral 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Serapio Rendón número 185, casi esquina con calle Guillermo Prieto, colonia Centro, de esta ciudad, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Raúl Cota Arredondo. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a la actuaria judicial adscrita, a fin de que pueda practicar esta y las subsecuentes notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Hágase saber a las partes que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales; de acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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