Oscar Parra Aispuro

Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
131/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Oscar Parra Aispuro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de marzo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obren en autos los acuses de los oficios 10137 y 10138 girados a la autoridad responsable con sede en Hermosillo Sonora y tercero interesado con sede en Ciudad de México, toda vez que al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo, no les causa ningún perjuicio que las legitime para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia; sin embargo, reexpídanse los mismos. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó la secretaria de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Incidente de suspensión. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de mérito. Cuaderno duplicado. En otro sentido, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, inciso a); ello, toda vez que se cuenta con el original de la medida cautelar. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuenta. El nueve de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 6735. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de junio de dos mil veintiuno. Acusa recibo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo; mediante el cual, acusa recibo del oficio 6446, por medio del cual se le notificó el proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuenta. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta con el oficio y anexos registrados con el número 5585. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Asistente de Despacho del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual en atención a la solicitud de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, remitió copia autentificada del disco compacto, relativo a la resolución de veintisiete de abril del presente año, en el que se advierte dictó auto de vinculación a proceso en contra de Óscar Parra Aispuro, en la causa penal 174/2020, de su índice. Admisión de medio probatorio. Con fundamento en la interpretación sistemática de los numerales 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la copia autentificada del disco compacto, el cual contiene, entre otras, el registro audiovisual de la audiencia celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, misma que reproduce con claridad las imágenes y audio que contiene, sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo de objeto. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la Secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo y las remitidas por la responsable, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, la cual motiva decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. En efecto, la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" En el artículo y fracción indicados, se prevé que el cambio de situación jurídica está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, tales como: que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; que después de presentada la demanda de amparo sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado; que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el amparo; finalmente, que exista autonomía e independencia entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir con independencia de que el primero resulte o no inconstitucional. Ahora, de las documentales aportadas por la autoridad responsable Juez de Distrito en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, al rendir su informe justificado, se advierte que en la causa penal 174/2020 de su índice, el veintisiete de junio de dos mil veinte, a solicitud del Titular de la Célula I-8 de la Unidad Especializada en Investigación en Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la Ciudad de México, libró orden de aprehensión en contra del quejoso Oscar Parra Aispuro, alias "El Parra" y/o "El Parrita" y/o "ElTekolin" y/o "El Flaco"; por suponerlo responsable en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su modalidad de cometer delitos Contra la Salud y Contra el Ambiente previstas en las fracciones I y X del artículo 2; y sancionados respectivamente en los incisos a), de la fracción I, e inciso a) de la fracción II del numeral 4 de la mencionada Ley, como lo es el de funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la Delincuencia Organizada. Asimismo, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, informó que en audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso a Óscar Parra Aispuro, por suponerlo responsable del hecho señalado en la ley como delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su modalidad de cometer delitos Contra la Salud y Contra el Ambiente, previstos en las fracciones I y X del artículo 2; y sancionados respectivamente en los incisos a), de la fracción I, e inciso a) de la fracción II del numeral 4 de la mencionada Ley, como lo es el de funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la Delincuencia Organizada. Asimismo, mediante el oficio de cuenta la responsable remitió el disco compacto que contiene la audiencia celebrada en la causa penal 174/2020, relativa a la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, donde se advierte que la autoridad judicial responsable decretó auto de vinculación a proceso a Óscar Parra Aispuro, por suponerlo responsable del hecho señalado en la ley como delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su modalidad de cometer delitos Contra la Salud y Contra el Ambiente, previstas en las fracciones I y X del artículo 2; y sancionados respectivamente en los incisos a), de la fracción I, e inciso a) de la fracción II del numeral 4 de la mencionada Ley, como lo es el de funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la Delincuencia Organizada; disco que tiene pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, si lo que la parte quejosa reclama en este juicio de amparo, es la orden de aprehensión dictada en su contra el veintisiete de junio de dos mil veinte, en la causa penal 174/2020 y la autoridad responsable el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, decretó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su modalidad de cometer delitos Contra la Salud y Contra el Ambiente, previstas en las fracciones I y X del artículo 2; y sancionados respectivamente en los incisos a), de la fracción I, e inciso a) de la fracción II del numeral 4 de la mencionada Ley, como lo es el de funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la Delincuencia Organizada, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, del precepto y fracción transcrita, válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando durante la tramitación del juicio de amparo promovido en contra de una orden de aprehensión, se dé un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la misma, pues las violaciones que pudiera contener la mencionada orden de aprehensión, quedaron consumadas irreparablemente con el dictado del auto de vinculación a proceso. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.11o.C.28 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, que se comparte, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En mérito de lo expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando ocioso la continuación del presente juicio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Aunado a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página: 325, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin efecto audiencia. Se deja sin efecto el día y hora programados para la celebración de la audiencia constitucional. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que quede firme la presente determinación, archívese como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuenta. El trece de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 5240. Conste.Tijuana, Baja California, trece de mayo de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de nueve de abril de dos mil veintiuno, informa que las constancias solicitas se encuentran disponibles en la carpeta digital del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, a fin de que realice las gestiones correspondientes con el fin de relacionar éste expediente con la causa penal 446/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. Notifíquese.

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