Oscar Lara Caro
Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/12/2022
Partes del expediente
- Oscar Lara Caro
- Tribunal de Control del Poder Judicial de Baja California Unidad la Mesa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a la parte quejosa el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión definitiva por una parte fue concedida. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese
- Principal
Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, por derecho propio, en contra de los actos y autoridades precisadas, en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese.
- Incidental
Efectos de la suspensión. Al considerar que se reclama la orden privativa de libertad que se denominó como orden de aprehensión o detención que se haya emitido en contra del quejoso por la autoridad administrativa que precisa, y por la que refuta se le pretende privar de su libertad. Por tanto, conforme al artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en el artículo 139 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 138 de la propia ley, pues el aquí peticionario de amparo solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados; además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se causaría al promovente daños y perjuicios de difícil reparación. En lo relativo al acto reclamado consistente en la orden de detención por autoridad administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: 1. Si la detención del agraviado es efectuada por autoridad administrativa distinta del Ministerio Público o un particular, en relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público competente; si la detención no obedece a la comisión de un delito; deberá ponérsele en libertad. 2. Si la detención es por parte del Ministerio Público en cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de detención urgente, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, contado a partir de su detención ordene su libertad si procediere; o bien, lo ponga a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. 3. Si la detención no obedece a la comisión de un delito; deberá ponérsele en libertad. Finalmente, con relación a la orden de aprehensión reclamada al Agente Fiscal adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute tal mandato de captura, dado que es incuestionable que tal autoridad no se encuentra facultada constitucionalmente para su emisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo tercero, de la constitución Federal. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables que ha causado ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Fijación de garantía. La suspensión que se concede surte sus efectos desde luego en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, garantía por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del peticionario de amparo, ante y a satisfacción de este juzgado. Asimismo, el importe que ampare deberá ser exacto. En el entendido de que si la garantía se exhibe en póliza de fianza, ésta tendrá que ser expedida bajo el sometimiento expreso de la compañía respectiva a la jurisdicción de este tribunal federal, para el caso de que la garantía que ahí se establezca se hiciera efectiva, y además, por tiempo indeterminado, para los efectos a que se refiere el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables y podrán ejecutar los actos reclamados; cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo, como la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute al agraviado, situación económica y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo del que deriva este incidente. Sustenta lo expuesto la tesis I.7o.P.39 P del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1231, julio 2003, tomo XVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantía, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." Concepto. Con la precisión de que si la parte quejosa opta por exhibir la garantía señalada a través de billete de depósito, éste deberá contener en el rubro de concepto la siguiente leyenda: "garantía fijada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo703/2022-I, para garantizar la suspensión definitiva concedida". Asimismo, el importe que ampare deberá ser exacto. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 162 y 168, de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se indica a la quejosa que deberá comparecer ante la autoridad responsable ordenadora dentro de los tres días siguientes al que tenga conocimiento de la existencia del acto reclamado, para la continuación del proceso o procedimiento penal respectivo; en el entendido que dicho plazo iniciará a partir de que se tenga la certeza en autos de dicha circunstancia y sea notificado para tal efecto; asimismo, deberá comparecer ante la autoridad que haya emitido el acto reclamado, así como ante este órgano de control constitucional cuantas veces le sea exigido; con el apercibimiento que de no hacerlo se revocará la medida otorgada. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, enero de 2008, tomo XXVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Supuestos en que dejará de surtir efecto la suspensión provisional concedida. Asimismo, la suspensión que se concede no producirá el efecto apuntado, de concurrir alguno de los siguientes casos: Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de privación de libertad librada en su contra por autoridades distintas a las señaladas como responsables; b) Si se le sorprende en la comisión flagrante de delito; y, c) Si deja de cumplir con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas. Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve. Primero. Se niega a Óscar Lara Caro, la suspensión definitiva en términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo. Se concede a Óscar Lara Caro, la suspensión definitiva en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte la audiencia incidental se encuentra señalada para este día; además, que en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente de suspensión en el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la parte quejosa dicho proveído, toda vez que, en esa propia fecha se tuvo por no aclarada las denominaciones de las autoridades por las cuales se le dio vista, en virtud de que no se advertía cuál de las señaladas sustituía a las responsables por las cuales se le dio vista; sin embargo, el citado proveído se encuentra en vías de notificación. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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