Oscar Rodriguez Arguelles

Expediente 911/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
911/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Oscar Rodriguez Arguelles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintidós. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 8, punto 8.1.2 "Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos" serie 3, al haberse concedido la suspensión provisional pero negado la suspensión definitiva; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años destrúyase el expediente original del incidente de suspensión. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 911/2021-I, promovido por Óscar Rodríguez Arguelles, por derecho propio, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marco Antonio Lares Carrillo, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. Certificación: El secretario certifica: que por auto de cinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo por inexistentes a las autoridades denominadas por el quejoso como: Daniel Aguilar Patiño, Juez de Control de Tijuana, Baja California. Gerardo Anguiano Ceja, Juez de Control de Tijuana, Baja California. José Luis Contreras, Juez de Control de Tijuana, Baja California. Patricia Hernández Haro, Juez de Control de Tijuana, Baja California. Héctor Herrera Robles, Juez de Control de Tijuana, Baja California. Acuerdo. Vista la certificación que antecede, de acuerdo a lo dictado en proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, en el que se declararon inexistentes a las autoridades señaladas en el párrafo que antecede; por lo tanto, ya no serán tomadas en consideración al resolver el presente juicio. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el secretario certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, el secretario certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.) emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario hace constar que no se ofrecieron medios de convicción y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 911/2021-I; y, Resultandos: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido en este Juzgado de Distrito el catorce de diciembre siguiente Óscar Rodríguez Arguelles, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: "III.- Autoridades responsables: señalo como autoridades ordenadoras: Daniel Aguilar Patiño.- JUEZ DE CONTROL Gerardo Anguiano Ceja.- JUEZ DE CONTROL Verónica Carolina Cataño González.- JUEZ DE CONTROL José Luis Contreras.- JUEZ DE CONTROL Fidel García Villanueva.- JUEZ DE CONTROL Leonor Garza Chávez.- JUEZ DE CONTROL Patricia Hernández Haro.- JUEZ DE CONTROL Héctor Herrera Robles, JUEZ DE CONTROL Leticia Larrañaga Vizcarra.- JUEZ DE CONTROL Martha Elvia Luna Vargas.- JUEZ DE CONTROL Adán Méndez Castro.- JUEZ DE CONTROL Tania Guadalupe Vega Gordillo.- JUEZ DE CONTROL Autoridades con residencia en domicilio conocido en Tijuana, B.C. Como autoridades ejecutoras C. COMANDANTE DE POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN TIJUANA, B.C. Y AGENTES A SU MANDO. C. DIRECTOR DE POLICÍA Y TRÁNSITO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. Y AGENTES A SU MANDO. Ambas autoridades con domicilio conocido en Tijuana, B.C. IV.- Actos reclamados: De las autoridades ordenadoras reclamo la orden de aprehensión girada en mi contra sin habérseme nunca dado a conocer proceso penal alguno, ni integración de indagatoria penal alguna, y de las ejecutoras el cumplimiento que pretenden dar a la mencionada orden de aprehensión." Segundo. Trámite del juicio. El quince de diciembre de dos mil veintiuno, la demanda se registró bajo el número de expediente 911/2021-I, y se admitió. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, Considerandos: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto y autoridades que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables (En su denominación correcta) Acto reclamado 1 María Elizabeth Castro Rodríguez. Juez de Control en el Estado de Baja California. (oficios 27591/2021, 27593/2021, 27594/2021, 27597/2021, 27598/2021, 27599/2021 y 27600/2021) La orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso. 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. El cumplimiento que pretenden dar a la orden de aprehensión. 3 Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, Baja California. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, las autoridades responsables reseñadas en el esquema anterior, al rendir sus informes justificados, lo hicieron tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido del informe Foja(s) 1 María Elizabeth Castro Rodríguez. Juez de Control en el Estado de Baja California. (oficios 27591/2021, 27593/2021, 27594/2021, 27597/2021, 27598/2021, 27599/2021 y 27600/2021) Niega 29 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. Niega 35 3 Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, Baja California. Niega 39 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación de la impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde a la solicitante del amparo. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Óscar Rodríguez Arguelles, por derecho propio, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el considerando tercero de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Solicitud de copias. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, ambos del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en este juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: Único. Se niega a ****, la suspensión definitiva en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.

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