Óscar Marmolejo Rodríguez

Expediente 446/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Óscar Marmolejo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    P 446/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agregan oficios. Agréguense los tres oficios firmados por las actuarias del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante los cuales: I. Acusan recibo de a) los oficios de interposición del recurso de revisión y expresión de agravios que promovieron las autoridades responsables y b) del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo. II. Comunican que se registraron y admitieron esos medios de impugnación con los recursos de revisión 460/2023, 461/2023 y 462/2023 de su estadística. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P 446/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por el jefe de la Unidad Jurídica, por instrucciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios; en esas condiciones, se provee: 2. Se interpone recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable interponiendo recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, distribúyanse entre las demás partes (con excepción de la parte promovente) copia del oficio de expresión de agravios y, en su oportunidad, remítase a) el expediente electrónico y b) el original del oficio de cuenta al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, en turno, para el trámite del recurso interpuesto. 3. Remisión del expediente. Una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, envíese el expediente electrónico a la superioridad para el trámite respectivo; por lo anterior, resulta innecesario formar el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 446/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agregan oficios. Agréguense los oficios firmados por el 1) policía primero vial con el carácter de encargado de Despacho de la Dirección de Movilidad y 2) policía vial con número estadístico PV-408, adscritos a la Dirección de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los cuales interponen recurso de revisión y anexan los diversos oficios por lo que expresan agravios; en esas condiciones, se provee: 2. Se interpone recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables interponiendo recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, distribúyanse entre las demás partes (con excepción de la parte promovente) copia de los oficios de expresión de agravios y, en su oportunidad, remítase a) el expediente electrónico y b) el original de los oficios de cuenta al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, en turno, para el trámite del recurso interpuesto. 3. Remisión del expediente. Una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, envíese el expediente electrónico a la superioridad para el trámite respectivo; por lo anterior, resulta innecesario formar el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 446/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de mayo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, el ocho de mayo siguiente, Oscar Marmolejo Rodríguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del jefe, encargado y/o titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y de otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derecho fundamental vulnerado los contenidos en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente 446/2023, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito recibido en este juzgado el cinco de junio del año en curso la parte quejosa amplió su instancia constitucional respecto a los conceptos de violación por complementación de la fundamentación y motivación que realizaron al rendir el informe justificado las autoridades responsables, por lo que, mediante auto de seis de junio siguiente, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Previo los tramites respectivos, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos reclamados se atribuye a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Jefe, encargado y/o titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2. Jefe, encargado y/o titular de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 3. Domiciano Carrasco Ruiz en calidad de Policía Vial con número estadístico P.V. 408, de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de su superior jerárquico director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El acta de infracción con folio 23792A de catorce de abril de dos mil veintitrés; y como consecuencia el pago que realizó. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1) policía Vial número estadístico PV-408, adscrito a la Dirección de Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 2) encargado de despacho de la Dirección de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y 3) jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; al rendir el informe justificado solicitado, negaron el acto reclamado que se les reclama. Sin embargo, del contenido de sus informes se advierte que sí existe el acto reclamado, toda vez que esas responsables realizaron diversas manifestaciones respecto a la emisión del acta de infracción con folio 23792A de catorce de abril de dos mil veintitrés. Circunstancia que quedó corroborada con la copia certificada del acta de infracción con folio 23792A de catorce de abril de dos mil veintitrés, que remitió el policía Vial número estadístico PV-408, adscrito a la Dirección de Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; por ser expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por ello, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se les reclama. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades responsables, 1) policía Vial número estadístico PV-408, adscrito a la Dirección de Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y 2) encargado de despacho de la Dirección de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, indicaron que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico; sobre este punto, no les asiste razón a las citadas responsables, toda vez que al emitirse el acta de infracción contra el directo quejoso, ello lo legitima para instar la protección constitucional; en consecuencia, deviene infundada la referida causa de improcedencia. Por otra parte, las citadas autoridades indican también que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, toda vez que no agotó los recursos de impugnación ordinarios conforme a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Esta causa de improcedencia es infundada, pues se actualiza el supuesto de excepción previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el artículo 215, fracción III, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece mayores exigencias que las señaladas en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado, al disponer como requisito que con la ejecución de éste se generen al solicitante daños y perjuicios de difícil reparación; elemento que no está previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo; como consecuencia, se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por tanto, la parte quejosa no está obligada a agotar el recurso ordinario. Es aplicable al caso la Jurisprudencia XIII.2º.C.A. J/1 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro setenta y cuatro, enero de dos mil veinte, tomo III, materias común, Administrativa, página 2368, registro 2021383, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL". Al no actualizarse las causas de improcedencia propuestas o que se advierta de oficio alguna diversa, se procede a analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Cabe precisar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, se puede abordar el estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda. SEXTO. Estudio de fondo. Del análisis de los conceptos de violación se advierte que la parte quejosa, toralmente, señaló que se vulnera en su perjuicio el derecho establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues: El acta de infracción con folio 23792A de catorce de abril de dos mil veintitrés no se encuentra debidamente fundado ni motivado, pues no se señalaron los preceptos legales aplicables al caso; ni se precisaron las razones, circunstancias especiales o causas inmediatas por los cuales se consideró que los hechos en que se basó su proceder. El acta de infracción en el apartado de motivación se señaló "por no utilizar el casco protector al circular"; sin que se realizara mayores razonamientos, omitiéndose señalar como pudo llegar a la conclusión de que el quejoso efectivamente circulaba sin casco protector, ni se indicó en que consistió la conducta en que incurrió el quejoso ni sus consecuencias. El policía vial no señaló la forma en que corroboró o verificó que el lugar señalado en el acta de infracción fue efectivamente el lugar donde se cometió la infracción; por ello, omitió señalar el modo, tiempo y lugar que lo llevaron a concluir que dicho quejoso infringió la ley. En el acta de infracción no se precisó con exactitud el precepto legal aplicable para levantar la misma, pues únicamente se plasmó en forma manuscrita "Articulo 74" sin hacer referencia a la ley o reglamento al que pertenece ese artículo. Entonces, si bien, el acta de infracción se citan un cúmulo de preceptos legales, eso no constituye ni justifica la indebida fundamentación, toda vez que se le impone la carga de investigar qué preceptos legales de los que se citan en el acta de infracción son los que contienen la hipótesis normativa que se actualiza, lo cual lo deja en estado de indefensión, pues desconoce el precepto o preceptos legales que se aplicaron al caso concreto. Existe una falta de fundamentación y motivación respecto a la cantidad que debía pagarse por la infracción cometida, pues en ninguna parte del acta de infracción se señaló el monto que debía cubrirse por concepto de multa ni se indicó con claridad el artículo que prevé la sanción aplicable. Los diversos artículos señalados por la autoridad responsable en el acta de infracción ya no se encontraban vigentes, pues los artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez se tratan del Ejercicio Fiscal 2022; en tanto que el acta de infracción reclamada fue emitida el catorce de abril de dos mil veintitrés. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso y suficiente para conceder el amparo solicitado. De la síntesis anterior, se aprecia, de manera sustancial, que la parte quejosa señala que el acta de infracción con folio 23792ª de catorce de abril de dos mil veintitrés, carece de una debida fundamentación y motivación. Así, de manera inicial, conviene destacar que el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto transcrito preceptúa el derecho humano de seguridad jurídica que el legislador quiso otorgar a los gobernados, exigiendo los siguientes requisitos en la emisión de cualquier acto de molestia, entre los que se encuentran: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado; y, c) Que conste por escrito. El derecho fundamental que establece este precepto, tiene sus bases en el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En efecto, el indicado artículo constitucional consagra una de las prerrogativas que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, pilar fundamental del estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que sólo puede actuar si la ley le faculta para ello; su eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. El principio de legalidad y en la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada, mismas que debe darse a conocer en el mismo acto de autoridad; b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento al derecho fundamental de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, al de debida motivación. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. En el mismo orden, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria de su acto y el caso específico en el que opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que, con el de debida fundamentación integran el derecho fundamental de legalidad. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, asimismo, debe señalar los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto, encuadra en los supuestos de la norma invocada, es decir, explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como comunicar la decisión a efecto de que se consideren adecuadamente fundadas y motivadas. La mención de esos motivos, debe formularse precisamente, en el propio mandamiento escrito y no en otro diverso con el objeto de que el afectado por el acto de autoridad, pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Por otra parte, la exigencia de fundamentación implica el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, el o los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, lo que se reitera, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 204 que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En ese sentido, como ya se destacó con antelación, en este asunto el quejoso reclama el acta de infracción con folio 23792A de catorce de abril de dos mil veintitrés, requisitado por la policía vial responsable, misma que es del contenido siguiente: (Imagen escaneada) De la ilustración anterior, se aprecia que el policía Vial con número estadístico PV-408 adscrito a la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el catorce de abril de dos mil veintitrés, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos, elaboró el acta de infracción con folio 23792A, a nombre de Oscar Marmolejo Rodríguez, por no usar el casco protector al circular, lo cual fundamentó en el artículo 74 (sic). Como se aprecia, el acto reclamado carece de una debida fundamentación, esto es, el policía Vial con número estadístico PV-408 adscrito a la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue omisa en precisar el ordenamiento legal que prevé la conducta sancionada, pues en dicha acta únicamente precisó como "MOTIVACIÓN: Por no utilizar el casco protector al circular" y como "FUNDAMENTACIÓN: Artículo 74"; lo cual no cumple con la condición relativa a expresarse la fundamentación del acto de autoridad, pues lo asentado no podría convalidar la necesidad de consignar el exacto y concreto ordenamiento legal, esto es, la ley o el reglamento aplicado, a fin de poder ser individualizado la sanción administrativa. Por lo cual, el policía Vial responsable debió precisar de manera clara el ordenamiento legal que dispone la conducta que realizó el aquí quejoso y que es sancionada por determinada ley o reglamento, lo cual resulta indispensable toda vez que con dicha información el gobernado en caso de estar en desacuerdo, se encuentra en posibilidades de encauzar los elementos necesarios para impugnar adecuadamente la determinación que considera le violenta su esfera jurídica. Bajo ese contexto, ante las violaciones formales apuntadas, no es dable conforme al numeral 16 de nuestra Carta Magna, que en un acto de autoridad como el que se revisa, se consienta el hecho de que se citen argumentos y fundamentos insuficientes o genéricos; pues hacer lo contrario, implicaría soslayar que sus determinaciones no cumplieran con las exigencias de fundamentación y motivación que mandata el referido artículo 16 del Pacto Federal, como acto emanado de una autoridad, lo cual este órgano de control constitucional se encuentra constreñido a puntualizar, por la violación de derechos humanos que representa. Por tanto, tal desconocimiento impide al quejoso encauzar los elementos necesarios para impugnar adecuadamente la determinación que considera le vulnera su esfera jurídica, de manera que esa omisión de argumentos justificativos, demuestra la transgresión al derecho de legalidad tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, que provoca que se declare la inconstitucionalidad del acto combatido, dado los vicios formales que observa. No es inadvertido que al rendir el informe justificado las autoridades responsables pretendieran complementar la fundamentación y motivación del acto que se les reclama, señalando que el artículo 74 citado en el acta de infracción corresponde al Reglamento de Vialidad vigente en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; además, precisaron el motivo por el cual se emitió el acta de infracción, esto es, que sobres las calles Veinte de Noviembre, esquina Miguel Hidalgo, centro, Oaxaca, el conductor quejoso circulaba sin el casco protector en su motocicleta, motivo por el cual se levantó el acta de infracción con folio 23792A y, en consecuencia, se generó la orden de pago correspondiente. Sin embargo, en la complementación del informe rendido por las responsables no se advierte que se hubiera explicado y justificado por qué motivo o en base a qué precepto legal se le impuso la cantidad de $518.70 (quinientos dieciocho pesos con setenta centavos, moneda nacional), correspondiente a la multa con motivo del acta de infracción o el cálculo para imponer dicha suma; lo cual resulta necesario, puesto que es un requisito indispensable para la debida motivación del acto reclamado cuando se impone una infracción con multa, la cual, dicho sea de paso, no especifica si ésta es la mínima o la máxima; por lo que, al no haberlo realizado, se contraviene el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional. SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Oscar Marmolejo Rodríguez, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realicen lo siguiente: Dejen insubsistente el acta de infracción con folio 23792A de catorce de abril de dos mil veintitrés. Se realicen las gestiones pertinentes para que se le reembolse al peticionario de amparo la cantidad de $518.70 (quinientos dieciocho pesos con setenta centavos, moneda nacional), con motivo del pago que realizó por la infracción impuesta. En el entendido que de que conforme con el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto administrativo, no podrá emitir una nueva boleta de infracción purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo, pues ante la falta de complementación de esos aspectos en el informe justificado, debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide su reiteración Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1239, libro 16, marzo de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008753, de rubro y texto siguientes: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL". OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. NOVENO. Precisión sobre engrose de sentencia. No es obstáculo para que el titular de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca dicte y firme esta sentencia, el hecho de que la audiencia constitucional la celebrara la secretaria del Juzgado encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el juez reanudó sus funciones a partir del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, de ahí que cesó en sus funciones la sustitución de la secretaria; entonces, si con anterioridad a ese día no se había firmado la sentencia que debió dictarse en la audiencia constitucional, no es factible prolongar más allá del lapso vacacional las funciones de la encargada del despacho, por lo cual, corresponde al titular el dictado y firma de la misma. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 36/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30, Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN". Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Oscar Marmolejo Rodríguez, contra el acto reclamado al a) jefe, encargado y/o titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) jefe, encargado y/o titular de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y c) Domiciano Carrasco Ruiz en calidad de Policía Vial con número estadístico P.V. 408, de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de su superior jerárquico director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en el acta de infracción con folio 23792A de catorce de abril de dos mil veintitrés; y como consecuencia el pago que realizó; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos precisados en el diverso considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando octavo de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

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