Oscar López García
Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar López García
Actuaciones
- Principal
PRAL 1132/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1° Demanda de amparo. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, y recibida el veintidós del mes actual en la oficialía de partes de órgano jurisdiccional, por el que: I) Remite la demanda promovida por ********************, por conducto de su apoderado legal********************, contra actos de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la cual radicó como el juicio de amparo ********************/********************, de su control. II) En proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, dictado en el aludido juicio de amparo, declinó el conocimiento de esa instancia a favor de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a fin de que se conozca de ese asunto, en virtud que, refiere, se actualiza el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; ello, toda vez que, asevera, en el juicio de amparo ********************/********************, de la estadística de este Juzgado Décimo de Distrito se analizó un acto reclamado que emanó, dice, del juicio laboral ********************/********************, del índice de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 2° Se acepta competencia. Con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen en el comunicado de cuenta y que este órgano jurisdiccional comparte, se acepta la competencia declinada y este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 1132/********************. 2.1° Compensación. Lo anterior, comuníquese a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para que proceda a la compensación del reparto de asuntos. 3° Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 4° Personalidad de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo se tiene a******************** acreditando su carácter de apoderado legal ********************, con la audiencia celebrada el veinte de junio de dos mil veintidós en el expediente laboral J.32/********************/********************, de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. 5° Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 622 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes; como así lo ilustra la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Caso concreto En ese sentido, y a efecto de mayor claridad de las razones que en lo subsecuente se precisarán, se estima oportuno realizar una breve relatoría de los principales antecedentes que se aprecian del análisis de la demanda de amparo, a saber: La parte quejosa manifestó que ante la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca presentó demanda ordinaria laboral en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, misma que quedo registrada bajo el número J.32/********************/********************. El apoderado legal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, al contestar la demanda aludida, promovió incidente de incompetencia, por lo cual, la autoridad señalada como responsable ordenó dar trámite a dicho incidente. En resolución de trece de octubre de dos mil veintidós la Junta responsable resolvió el incidente de incompetencia promovido, en la cual se declaró incompetente y declino competencia al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México; ordenando remitir el aludido expediente laboral. Inconforme con tal determinación la parte quejosa promovió este juicio de amparo, en el que reclama de la autoridad que señala como responsable: La resolución interlocutoria de fecha diecisiete de octubre del dos mil veintidós, por el cual la Junta Responsable se declaró incompetente. Por lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción VIII, a contrario sentido, y 217 de la Ley de Amparo; que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (...)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede:(.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y;" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la lectura de los primeros preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, señaló que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Como se ve, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca lo constituye la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de incompetencia derivado del juicio laboral ********************/********************, mediante la cual determinó carecer de competencia para conocer del conflicto planteado, y ordenó remitir los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que se avocara al conocimiento del mismo. Sin embargo, no es procedente combatir el acto que se reclama a través del juicio de amparo indirecto, al no producir una afectación personal, actual y directa en la esfera de derechos de la parte quejosa, toda vez que, como quedó precisado, la autoridad al declararse incompetente de conocer y resolver el conflicto, la remitió, a la que considera es la autoridad competente para dar trámite pertinente a la demanda interpuesta por la quejosa, sin que obre constancia que a la fecha ya se haya pronunciado respecto a si acepta o no la competencia declinada a su favor. Por tanto, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta. Resulta de exacta aplicación la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2009721, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actosde tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción VIII, a contrario sentido, y 217, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. 6° Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 7° Autorizaciones parte quejosa. 7.1° Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en el proemio de su escrito de demanda. 7.2° Autorizados. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que nombra la parte quejosa en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. 7.3° Consulta electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se autoriza el acceso a la consulta del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************". 8º Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye al(a) secretario(a) encargado(a) de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. PRAL 1132/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1° Demanda de amparo. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, y recibida el veintidós del mes actual en la oficialía de partes de órgano jurisdiccional, por el que: I) Remite la demanda promovida por ********************, por conducto de su apoderado legal********************, contra actos de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la cual radicó como el juicio de amparo ********************/********************, de su control. II) En proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, dictado en el aludido juicio de amparo, declinó el conocimiento de esa instancia a favor de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a fin de que se conozca de ese asunto, en virtud que, refiere, se actualiza el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; ello, toda vez que, asevera, en el juicio de amparo ********************/********************, de la estadística de este Juzgado Décimo de Distrito se analizó un acto reclamado que emanó, dice, del juicio laboral ********************/********************, del índice de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 2° Se acepta competencia. Con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen en el comunicado de cuenta y que este órgano jurisdiccional comparte, se acepta la competencia declinada y este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 1132/********************. 2.1° Compensación. Lo anterior, comuníquese a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para que proceda a la compensación del reparto de asuntos. 3° Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 4° Personalidad de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo se tiene a******************** acreditando su carácter de apoderado legal ********************, con la audiencia celebrada el veinte de junio de dos mil veintidós en el expediente laboral J.32/********************/********************, de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. 5° Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 622 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes; como así lo ilustra la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Caso concreto En ese sentido, y a efecto de mayor claridad de las razones que en lo subsecuente se precisarán, se estima oportuno realizar una breve relatoría de los principales antecedentes que se aprecian del análisis de la demanda de amparo, a saber: La parte quejosa manifestó que ante la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca presentó demanda ordinaria laboral en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, misma que quedo registrada bajo el número J.32/********************/********************. El apoderado legal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, al contestar la demanda aludida, promovió incidente de incompetencia, por lo cual, la autoridad señalada como responsable ordenó dar trámite a dicho incidente. En resolución de trece de octubre de dos mil veintidós la Junta responsable resolvió el incidente de incompetencia promovido, en la cual se declaró incompetente y declino competencia al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México; ordenando remitir el aludido expediente laboral. Inconforme con tal determinación la parte quejosa promovió este juicio de amparo, en el que reclama de la autoridad que señala como responsable: La resolución interlocutoria de fecha diecisiete de octubre del dos mil veintidós, por el cual la Junta Responsable se declaró incompetente. Por lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción VIII, a contrario sentido, y 217 de la Ley de Amparo; que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (...)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede:(.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y;" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la lectura de los primeros preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, señaló que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Como se ve, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca lo constituye la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de incompetencia derivado del juicio laboral ********************/********************, mediante la cual determinó carecer de competencia para conocer del conflicto planteado, y ordenó remitir los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que se avocara al conocimiento del mismo. Sin embargo, no es procedente combatir el acto que se reclama a través del juicio de amparo indirecto, al no producir una afectación personal, actual y directa en la esfera de derechos de la parte quejosa, toda vez que, como quedó precisado, la autoridad al declararse incompetente de conocer y resolver el conflicto, la remitió, a la que considera es la autoridad competente para dar trámite pertinente a la demanda interpuesta por la quejosa, sin que obre constancia que a la fecha ya se haya pronunciado respecto a si acepta o no la competencia declinada a su favor. Por tanto, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta. Resulta de exacta aplicación la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2009721, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actosde tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción VIII, a contrario sentido, y 217, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. 6° Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 7° Autorizaciones parte quejosa. 7.1° Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en el proemio de su escrito de demanda. 7.2° Autorizados. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que nombra la parte quejosa en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. 7.3° Consulta electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se autoriza el acceso a la consulta del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************". 8º Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye al(a) secretario(a) encargado(a) de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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