Oscar Maltrana Ramírez
Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Maltrana Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 213/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Informe en relación a la suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, recibido vía electrónica, firmado por el encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; mediante el cual rinde informe de acatamiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en auto de cuatro de marzo de este año a favor de ***. Al respecto, informa que el veintiocho de marzo pasado el quejoso recibió atención médica, presentando diagnóstico de has en manejo, hipertriglicerimia e hiperuricemia, para lo cual se le indicó tratamiento farmacológico a base de bezafibrato, alopurinol e indometacina tabletas; asimismo, refiere que el quejoso no presentó signos ni síntomas sugestivos de covid-19; y como justificación a su dicho remite copia certificada de la nota médica de veintiocho de marzo último. Sin que haya lugar a efectuar mayor pronunciamiento, toda vez que el cinco de este mes causó estado la resolución que desechó la demanda, quedando sin efectos las providencias decretadas de oficio y de plano en el auto inicial. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 213/2021 mesa 5º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso **+interpusiera recurso de queja contra la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Efecto de providencias decretadas. Por lo anterior, se dejan sin efecto las providencias que se decretaron en favor de Oscar Maltrana Ramírez en auto de cuatro de marzo del año en curso. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo. Considerando que en resolución de diecisiete de marzo de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Tomando en consideración que en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno se decretó, de oficio y de plano, la suspensión de los actos reclamados; con fundamento en el artículo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal este expediente es DEPURABLE. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 8. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable), y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 213/2021 MESA 5º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 1. Informe en relación a la suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, firmado por la directora de área en ausencia de la encargada de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del a) comisionado de Prevención y Readaptación Social y b) coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México; mediante el cual rinde el informe de acatamiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en auto de cuatro de este mes a favor de *** Al respecto, las autoridades responsables niegan los actos reclamados, y comunican que se instruyó a las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca" a fin de que acaten la medida cautelar decretada a favor de la parte quejosa. 2. Delegados y domicilio. Con apoyo en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que se mencionan en el oficio de cuenta, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 213/2021 mesa 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. 1. Ratificación de demanda. Vista la diligencia de notificación personal de trece de este mes, se advierte que el quejoso *** ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por *** Sin embargo, no ha lugar a proveer la admisión de la demanda de amparo, por los fundamentos y consideraciones que ahora se expondrán. 2. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. Por su parte, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (...); *** Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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