Oscar Ferrer Dominguez

Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
99/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Oscar Ferrer Dominguez
  • Hector Ferrer Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos, el oficio 500, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 62/2021 (orden 84/2021) del índice de este juzgado; mediante el cual, se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara a los quejosos Oscar Ferrer Domínguez y Héctor Ferrer Domínguez, los autos de doce y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes previos rendidos por las autoridades responsables 6. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y 7. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante de Puebla, por conducto del Secretario de Acuerdos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil veintiuno. CONSIDERACIONES PREVIAS. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que la circular SECNO/4/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de la Creación de Nuevos Órganos -que establece el ordenamiento aplicable para la operación de este Juzgado- es el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los acuerdos 25/2020 y 37/2020. Que el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que mediante circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitidas el treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, se establece que del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos con las salvedades de los asuntos que se califiquen como urgentes, ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda de amparo -con la que se dio cuenta- fue recibida el once de febrero de dos mil veintiuno -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que la misma no cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Que dicha demanda no se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevén los artículos 15 de la Ley de Amparo, y 48 fracciones I, III, a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -antes aludidos-, ni tampoco se trata de un asunto que se equipare a aquéllos a los que refieren dichos ordenamientos; ello, después de realizar un análisis de: i) los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y, ii) los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 99/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie, el suscrito juzgador advierte que respecto de la demanda de amparo planteada por Oscar Ferrer Domínguez y Héctor Ferrer Domínguez, presentada electrónicamente, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: ..De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: a) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; b) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, c) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: ..En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Por otro lado, es importante agregar que el artículo 3 de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo puede ser promovido mediante la modalidad de juicio en línea, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que al presentar una demanda en esta vía, deberá ingresarse el documento que contenga la demanda respectiva, acompañado, entre otras cosas, de la firma electrónica, que es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte- establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que: ..En efecto, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar su escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte; máxime que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, cuando se trate de alguno de los actos previstos en el propio numeral y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; sin embargo, en la especie, no se actualiza tal hipótesis. Esto es, la demanda de amparo que se provee, no se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Norma el criterio del suscrito, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 32/2018 (10a.), cuyos rubro y texto, dicen: ...AUTORIZADOS. Téngase como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Esther del Carmer Guerrero Aguilar, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarla en los términos amplios previstos en el citado numeral, no proporcionó los datos necesarios a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tiene inscrita su cédula de licenciada en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrá ser autorizada en los términos planteados. REPRESENTANTE COMÚN. Téngase como representante común de los quejosas a Oscar Ferrer Domínguez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos que se publican en este órgano jurisdiccional. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador que también señaló domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, mismo que se encuentra ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. ..SUSPENSIÓN DE PLAZOS. El artículo 2, fracción IX y último párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece, por un lado, que durante el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte (periodo ampliado al quince de julio de dos mil veinte, por el Acuerdo General 15/2020, del propio Consejo), se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que los titulares de los órganos jurisdiccionales radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando, en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en dicho Acuerdo para la materia penal. Por otro, que si las y los titulares advierten alguna circunstancia que impida la prosecución de algún asunto, asentarán cuál es el motivo y harán constar que, como consecuencia, se suspenden los plazos y términos procesales. Enunciativamente, estas circunstancias pueden incluir que, a juicio de la o el titular no pueda practicarse electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no pueda actuar de manera electrónica, que las autoridades no se encuentren laborando, o que en el órgano correspondiente no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, entre otras. En relación con lo anterior, los artículos 12, 13 y 14 del propio acuerdo, disponen -en esencia- lo siguiente: ( Que para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no estén de guardia, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados y en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, accediendo al expediente y notificándose por medios electrónicos. ( Que de lo anterior, se excluyen los expedientes en los que conforme a leyes adjetivas aplicables, aún queden pendientes por desahogarse notificaciones personales y cualesquiera otras audiencias o diligencias que involucren la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso, y cuyo objeto o regulación impida su desahogo mediante videoconferencia. ( Que para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. ( Que la actuación por ese medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Que la tramitación de los juicios "en línea" continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales ni la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir físicamente al órgano jurisdiccional, conforme a la legislación aplicable; de lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto. En ese sentido, se considera que existen condiciones que impiden la prosecución del presente juicio, ya que la parte promovente no solicitó la autorización para consultar el expediente electrónico, ni pidió expresamente que las notificaciones se practicaran por ese medio (pues señaló un domicilio convencional ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla para oír y recibir notificaciones, así como las listas de acuerdos que se publican en este órgano jurisdiccional), lo cual conlleva que las notificaciones a las que se refieren los artículos 26, fracciones I y II, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo, forzosamente deban practicarse de forma personal o por oficio entregado por el actuario, desnaturalizando la naturaleza del juicio "en línea" y el renovado esquema de trabajo propuesto por el Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte-, para que un expediente se pueda tramitar "en línea" resulta determinante que, más allá de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se haya presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes tengan personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal. Por ello, el Acuerdo General 13/2020 -multicitado- prevé la recepción, tramitación y resolución de casos tramitados mediante juicio "en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio. De lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto; de ahí que la posibilidad de continuar con estos juicios depende de la factibilidad de su tramitación total por medios electrónicos. ...Por tanto, SE RESERVA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, ya que de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso j), y 27 fracción II, de la ley de la materia, ésta se debe practicar personalmente (resolución que desecha la demanda de amparo), lo cual está vedado por el último acuerdo general y circular mencionadas, para esta clase de asuntos (no urgentes). Cúmplase y publíquese electrónicamente.

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