Oscar Ferrer Dominguez
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Oscar Ferrer Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo y se ordena el archivo del asunto. Notifíquese vía electrónica al quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 208/2023, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través de cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 23/2023 de su índice, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de constitucional; misma que en su punto resolutivo señala:"ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja promovido por********************en contra del proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1/2023." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de alzada; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. CUESTIONES PRELIMINARES. Al respecto, debe precisarse que la parte quejosa acude a esta contienda constitucional a reclamar a las autoridades responsables y los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS: a) Juez de lo Civil y Penal del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. 1. Resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que fuera notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, consistente en el otorgamiento de copias a una persona extraña a juicio de la cual no obra identificación alguna. 2. Resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que fuera notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós. b) Secretaria de Acuerdos responsable de los procesos penales pares de los índices del Juzgado Civil y Penal del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. 3. Dar por notificada a una persona extraña a juicio sin que obre una certificación de su identificación oficial y la entrega de copias a dicha persona extraña a juicio. c) Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, responsable de los procesos penales pares. 4. La notificación de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, practicada el cinco de diciembre de la referida anualidad. Por lo tanto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, no se desatiende, que el quejoso reclama del Juez de lo Civil y Penal del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, las determinaciones consistentes en: I. Resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que fuera notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, consistente en el otorgamiento de copias a una persona extraña a juicio de la cual no obra identificación alguna. II. Resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que fuera notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, el suscrito juez de Distrito, advierte, de oficio, que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar tanto la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que fuera notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, consistente en el otorgamiento de copias a una persona extraña a juicio de la cual no obra identificación alguna; así como la diversa de treinta de noviembre de dos mil veintidós, (por la que se prepara una prueba de careos e interrogatorios) que fuera notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós. Así, es evidente que tales actos, son susceptibles de ser impugnados a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicable al caso a estudio. En ese sentido, el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, en contra de las determinaciones que aquí se combaten, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Lo anterior es así, ya que el accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser procesado, lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escuche en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo esas consideraciones, el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que, respecto del acto sometido a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En consecuencia, en el caso es dable afirmar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. III. Dar por notificada a una persona extraña a juicio sin que obre una certificación de su identificación oficial y la entrega de copias a dicha persona extraña a juicio. En principio debe decirse que por lo que hace a la Secretaria de Acuerdos responsable de los procesos penales pares de los índices del Juzgado Civil y Penal del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. De los anteriores artículos se arriba a la conclusión de que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos emitidos por quienes tengan el carácter de autoridades responsables, que violen los derechos humanos y garantías contenidos en la Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, teniendo la calidad de autoridades responsables las que dictan, promulgan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado; de modo que, si el acto reclamado no deriva de un acto de autoridad, el juicio de garantías resulta improcedente. En efecto, a la Secretaria de Acuerdos responsable de los procesos penales pares de los índices del Juzgado Civil y Penal del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que las funciones propias de su encargo son exclusivamente las de un fedatario público, al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas funciones es en acatamiento a un mandato jurisdiccional. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." IV. La notificación de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, practicada el cinco de diciembre de la referida anualidad. Debe precisarse que del contenido integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierte que el quejoso reclama de la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, responsable de los procesos penales pares: La notificación de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, practicada el cinco de diciembre de la referida anualidad. Sin embargo, contra dicho acto reclamado debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la lectura de la citada fracción se advierte que ésta establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en el presente asunto), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Así, la notificación efectuada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, es susceptible de ser impugnada a través del incidente de nulidad de notificación contemplado en los artículos 46, fracción XIV y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que en lo conducente disponen lo siguiente: "Artículo 46.- Son aplicables a las notificaciones, además, las siguientes disposiciones: (.) XIV.- Salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en esta sección, serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación, a quien se impondrá además, una multa de uno a cinco días de salario mínimo. (.) SECCIÓN QUINTA.- INCIDENTES NO ESPECIFICADOS Artículo 349.- Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de Defensa Social y que no sean de las especificadas en los Capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes: I.- Cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano. II.- Las cuestiones que, a juicio del Juez, no puedan resolverse de plano o aquéllas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada y del modo que expresan los artículos siguientes. III.- Hecha la promoción, se dará vista de ella a las partes, para que contesten dentro de los dos días siguientes al de la notificación. IV.- Si el Juez lo creyere conveniente o alguna de las partes lo pidiere, citará a una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes. V.- Durante el término a que se refiere la fracción anterior, así como en la audiencia, se recibirán las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, y contra el fallo que se dicte procede apelación, sin que este recurso suspenda el procedimiento." En efecto, del análisis de los citados artículos, se aprecia que el incidente no especificado sobre declaración de nulidad de actuaciones resulta procedente en contra de las notificaciones hechas indebidamente; en consecuencia, el peticionario de amparo debió agotar el referido incidente no especificado previsto en los artículos 46, fracción XIV y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, antes de acudir a esta vía de amparo. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal natural, lo que implica que se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales y, en razón de ello estuvo en aptitud de tramitar el incidente de mérito a partir de la notificación hecha indebidamente. Al respecto, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan enseguida: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." Bajo ese contexto, puede concluirse que el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente no especificado de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho, no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que respecto del acto acabado de estudiar se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notorias e indudables las causas de improcedencia anotadas. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; y, mediante oficio a la superioridad en vía de acuse.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 348/2023, signado electrónicamente por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto de Circuito, mediante el cual comunica que en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del recurso de queja 23/2023 de su índice, el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por Óscar Ferrer Domínguez, en contra del auto de dieciséis de enero dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito signado electrónicamente por el quejoso Oscar Ferrer Domínguez; y, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado el dieciséis de enero dos mil veintitrés, en el juicio de derechos fundamentales en que se actúa, en donde se desechó de plano la demanda que dio origen a este expediente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que se desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito. Así mismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios. Se instruye al oficial judicial "A", para que habilite o vincule la disponibilidad del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, para los efectos correspondiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional; y, por oficio a la Superioridad, cúmplase.
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