OSCAR GARCIA SANCHEZ y Otros.

Expediente 1391/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1391/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • OSCAR GARCIA SANCHEZ y Otros.
  • Oscar Garcia Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Oscar García Sánchez, en representación de Lisset Mayorga Morales. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1391/2017. Ahora, en el caso se advierte que Oscar García Sánchez, en representación de Lisset Mayorga Morales, mediante demanda electrónica presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, y señala como autoridades responsables a las siguientes: 1 Agente y/o Agentes de Seguridad Vial y Tránsito de San Andrés Cholula, Puebla. 2 Comandante de Seguridad Vial y Tránsito de San Andrés Cholula, Puebla. 3 Juez Calificador del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. De quienes reclama: "El arresto administrativo ya ejecutándose en contra del quejoso en el Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla." Asimismo, se aprecia que dicha demanda carece de la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica, en la que se muestre el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente; datos que deben tomarse en consideración por los Juzgados de distrito para acordar lo correspondiente. Sin embargo, cuando la demanda de amparo se promueva en términos del artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no se requerirá firma electrónica. En tal sentido, con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que el arresto administrativo de la quejosa directa Lisset Mayorga Morales, emitida y ejecutada por el Juez Calificador del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, cuya existencia constituye un hecho notorio y al tratarse de actos privativos de libertad fuera de procedimiento judicial, cese en sus efectos y la quejosa directa Lisset Mayorga Morales, sea puesta en INMEDIATA LIBERTAD en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional siempre y cuando su detención se deba al arresto administrativo reclamado. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EN CASO DE QUE A LA QUEJOSA SE LE IMPUTE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SEA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA, LO QUE DEBERÁ SER INFORMADO INMEDIATAMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De acuerdo a lo expuesto, si se llegara a dar el supuesto precisado en el párrafo anterior, o si la directa quejosa se encuentra detenida con motivo de una orden proveniente de autoridades distintas a las señaladas como responsables (ministeriales o judiciales), la medida cautelar otorgada no surtirá sus efectos; quedando expeditas las facultades de las autoridades para actuar como en derecho corresponda. Ahora bien, para el pronto y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables la suspensión de plano; para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". En consecuencia, se comisiona al actuario Judicial adscrito para que localice a la directa quejosa, esto es, se constituya en el Complejo de Seguridad Pública del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Camino Antiguo a Cuayantla número mil seiscientos once (1611), San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, lugar en el que según las manifestaciones del promovente, se encuentra la quejosa Lisset Mayorga Morales, para que dé fe del efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. Además, con fundamento en lo previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, deberá requerir a la quejosa para que en ese momento o dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente a aquél en el que les surta efectos la legal notificación de este proveído, ratifique la demanda promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto las providencias decretadas. En atención a lo anterior, prevéngase a la autoridad responsable para que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, a fin de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, se les impondrá como medida de apremio a cada una, una multa por la cantidad de cien veces la Unidad de Medida de Actualización, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. Toda vez que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue recibida por la secretaria de guardia de este juzgado, en consecuencia, para compensar la carga laboral, se requiere al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que remita la boleta de turno que corresponda, tomando en consideración que la demanda que se proveyó se trata de alguno de los supuesto del artículo 21 Constitucional, por lo que se ordena remitir copia autorizada de la demanda para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados ya precisados, se estima que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Punto Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 03/2013, relativo a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado mediante diverso acuerdo plenario 23/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil quince, inherente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, a partir del uno de junio de dos mil quince, en razón de que los actos combatidos atañen a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional. Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción, se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos:  Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial.  Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal.  Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y  Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal.  Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables 1. Agente y/o Agentes de Seguridad Vial y Tránsito de San Andrés Cholula, Puebla, 2. Comandante de Seguridad Vial y Tránsito de San Andrés Cholula, Puebla, y 3. Juez Calificador del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, el arresto administrativo (ejecutándose) en el Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla. Al respecto, la suscrita juzgadora Federal estima que el acto reclamado de referencia, no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución del juicio, dado que no encuadran en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en el caso, se combate la imposición de un arresto atribuido a un Juez Calificador, autoridad que por su propia naturaleza es administrativa no penal. En ese contexto, al reclamarse actos emitidos por parte de autoridades de naturaleza administrativa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, remítase el original del presente juicio de amparo al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto lo turne al Juzgado de Distrito al que por razón de turno corresponda conocer del asunto. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Además, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y por autorizada en términos amplios de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, pues dicho profesionista cuenta con la cédula de licenciado en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en el acto de la diligencia, entréguesele copia autorizada del presente proveído. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. Finalmente, vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que al ingresar a la página electrónica www.serviciosenlínea.pfj.gob.mx, no se logró la localización del usuario briandafierro, por tanto se reserva de proveer la solicitud de autorización para la consulta y notificaciones de manera electrónica del presente expediente a través de la mencionada cuenta

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano