Oscar Daniel Urrutia Baltazar

Expediente 982/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
982/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Oscar Daniel Urrutia Baltazar

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente para los efectos legales a que haya lugar, el oficio número B-83 firmado electrónicamente por el Actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, con el que remite vía interconexión, el testimonio de la ejecutoria de veintiuno de enero del año en curso, dictado en el conflicto competencial C.C.A. 14/2020 de su índice, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este Juzgado, en la que dicha superioridad resolvió: "PRIMERO. Es legalmente competente el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo promovido por Óscar Daniel Urrutia Baltazar, por propio derecho, contra los actos y de las autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. Remítanse los autos al juez de distrito referido en el punto que antecede y comuníquese el sentido de esta ejecutoria al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Yucatán." Por tanto, acúsese el recibo correspondiente, y no existiendo razón alguna para que continúe en la Secretaría de este juzgado el presente expediente, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, por tratarse de un expediente derivado de una incompetencia, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio número 29 signado por el Actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, con el que remite copia del acuerdo de seis de enero del presente año, dictado en el conflicto competencial C.C.A. 14/2020 de su índice, mediante el cual informa, esencialmente, que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el suscrito, en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que anexa los autos del expediente 988/2020 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ****, de cuyo contenido se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer de los actos reclamados consistentes en: A).- De la C. Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General de la Republica, la emisión del oficio número FGR/CPA/CECC/01884/20, de fecha 13 de abril de 2020, mediante el cual ésa autoridad le comunica al C. Mtro. Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, en su carácter de Coordinador de Métodos de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, que el quejoso obtuvo un resultado de NO APROBADO en el proceso de Evaluación de Control de Confianza que le fue practicado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General de la República, el cual sirvió de base al C. Encargado del Despacho de los Asuntos Asignados a la Policía Federal Ministerial, para promover una queja ante el Tribunal del Centro de Formación y Servicios Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, solicitando que se inicie en su contra, el procedimiento de Separación del cargo, por el incumplimiento a los requisitos de permanencia. B).- De la C. Directora General Adjunta de Evaluación de Confianza y sus dependientes, C. Directora de Psicología, C. Directora de entorno y Situación Patrimonial, C Director de Medicina y Toxicología, C Directora de Poligrafía, C. Coordinador de Psicología, C Coordinador de Entorno, C. Coordinador de Medicina, General Adjunta de Evaluación, C. Coordinador de Poligrafía, C. Evaluador de Psicología, C. Evaluador de Entorno y Situación Patrimonial, C. Evaluador de Poligrafía, la emisión del documento denominado "INFORME DE RESULTADOS", deducido del proceso de evaluación de Control de confianza practicado al quejoso, de fecha 13 de abril de 2020, mediante el cual se determina un resultado de NO APROBADO en perjuicio del citado quejoso. C).- Del C. Encargado del Despacho de los Asuntos Asignados a la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Fiscalía General de la República, la emisión del oficio número FGR/CMI/AIC/PFM/OT/0432/2020, de fecha 15 de junio de 2020, por medio del cual dicha autoridad presenta escrito de queja ante el Titular del Centro de Formación y Servicios Profesionales de Carrera de la Fiscalía General de la República, a efecto de que se inicie en contra del citado quejoso, el Procedimiento de Separación del cargo, fundamentándose para ello en el oficio número FGR/CPA/CECC/01884/20, de 13 de abril de 2020, mediante el cual la Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General de la República, le informa al Titular del Centro de Formación y Servicios Profesional de Carrera, que el quejoso obtuvo un resultado de NO APROBADO en el proceso de Evaluación de Control de Confianza que le fue practicado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General de la República. D).- De la C. Administradora D. Adscrita a la Dirección general del Servicio de Carrera, dependiente del Centro de Formación y Servicios Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, la emisión del acuerdo de fecha 14 de agosto de 2020, dictado en los autos del procedimiento administrativo de separación del Servicio profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial número Q/064/SEP/015/2020, por medio del cual se ordena el inicio del citado procedimiento administrativo de separación que se instruye en contra del quejoso, y se le comunicó que debía comparecer personalmente ante la citada autoridad a las 10:00 horas del día 14 de octubre de 2020, a efecto de manifestar lo que a su derecho conviniera, en torno a los hechos que se le imputan en la queja contenida en el oficio FGR/CMI/AIC/PFM/OT/0432/2020, de fecha 15 de junio de 2020, suscrito por el Encargado del Despacho de los Asuntos asignados a la Policía Federal Ministerial, así como para que exhiba los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes y formule alegatos en forma oral o por escrito, pudiendo ser asistido de defensor que deberá acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; acto reclamado del cual tuvo conocimiento del día 18 de septiembre de 2020, cuando le fue notificado el oficio número FGR/CFSP/DGSC/AD/0244/2020, de fecha 24 de agosto de 2020. COMPETENCIA Ahora bien, de manera respetuosa, este juzgador no acepta la competencia planteada para conocer del juicio constitucional que remite el Juez declinante, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, la cual puede verificarse en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo por territorio depende de la naturaleza del acto reclamado, para lo cual resulta indispensable determinar si este requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable una de las tres hipótesis competenciales referidas en el citado numeral 37 de la ley de la materia. En ese sentido, partiendo de la forma en que el propio Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, califica los actos reclamados, se advierte que estos los precisa como la emisión del oficio FGR/CPA/CECC/01884/2020, de trece de abril de dos mil veinte, la emisión del documento denominado "INFORME DE RESULTADOS", la emisión del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/OT/0432/2020, de quince de junio del año en curso y el inicio de procedimiento incoado en su contra a través del oficio Q/064/SEP/015/2020, por lo que al ser así, no pueden reputarse como actos con algún efecto positivo que vayan a tener ejecución material. De tal forma, que en términos de lo dispuesto en el artículo 37 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no requiere ejecución material será juez competente para conocer de ese tipo de actos el del lugar en donde se haya presentado la demanda de amparo. En efecto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se reitera, la competencia se surte a favor del juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo, esto es, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien debe seguir conociendo del presente juicio. Apoya la anterior determinación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página mil cuatrocientos sesenta, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable". Sin que se comparta el criterio del juzgado declinante en el sentido de que el acto reclamado por el quejoso como Agente con categoría de suboficial adscrito a la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán, se esté ejecutando en esta entidad, por el hecho de que el catorce de agosto de dos mil veinte, Enriqueta Ruth Juárez Hernández, en su carácter de abogada designada en términos del artículo cuadragésimo séptimo de los "Lineamientos L/003/19 por los que se Regula al Personal Adscrito a la entonces Procuraduría General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal de transición", publicados en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, emitiera acuerdo de inicio de procedimiento en su contra, citándolo a la audiencia de ley respectiva, y como consecuencia, los actos que reclama fueran emitidos y tendrán su ejecución en este Estado, esto es, fuera de la jurisdicción de ese juzgado. Habida cuenta, que en principio, debe precisarse que ninguno de los actos que se reclaman en la demanda de amparo, se han emitido en esta sede, sino fueron dictados en la Ciudad de México y donde se llevará a cabo el procedimiento es en aquella ciudad, tan es así que se le solicita al ahora quejoso, que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ese lugar; y por otra parte, debe establecerse, que como la parte quejosa manifestó todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables tiene su residencia en dicho lugar, que es donde los actos reclamados se realizaron, de igual manera, de los documentos que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo se advierte del oficio FGR/CFSPC/DGSC/AD/0244/2020 (ANEXO 2), que la autoridad ante la que fue citado para el inicio del procedimiento, es la Dirección General del Servicio de Carrera, dependiente del Centro de Formación y Servicios Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, que se ubica en la calle Privada de Río Pilcomayo 169, primer piso, colonia Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Por tanto, de una interpretación literal del artículo 37 de la Ley de Amparo, se concluye que, cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo, tal como lo establece el tercer párrafo del citado artículo, ya que aún y cuando se hubiere iniciado el procedimiento administrativo de separación no quiere decir que el cese o baja del oficial (ahora quejoso) sea de manera inmediata. Se cita al caso la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 368, Novena Época, con registro 163057, de rubro y texto siguiente: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL CESE O BAJA DE LOS AGENTES QUE INCUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO ES INMEDIATO, PUES PARA ELLO SE REQUIERE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y RESOLVER CADA CASO CONCRETO. La entrada en vigor de la citada legislación no tiene como consecuencia necesaria, inmediata o inminente la baja o cese de los agentes de la Policía Federal Ministerial que incumplan con los nuevos requisitos de permanencia en el cargo. Esto es así, pues del análisis conjunto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no se advierte esa posibilidad. En efecto, el artículo 86 de esta ley prevé que los agentes de la Policía Federal Ministerial podrán ser separados de sus cargos si incumplen con los requisitos de permanencia establecidos por las leyes vigentes, pero esta regla admite discrecionalidad en función del caso concreto, la cual deriva del procedimiento aplicable, contenido en el artículo 47 del mismo ordenamiento, conforme al cual necesariamente deberá instrumentarse dicho proceso para concretar esa forma de terminación extraordinaria del cargo. Dicho procedimiento inicia con la formulación de una queja -fundada y motivada en relación con el caso concreto- por el superior jerárquico ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, en la cual deberá señalarse el requisito de ingreso o permanencia que se considera incumplido, adjuntando los documentos y pruebas pertinentes del caso; dicho Consejo notificará la queja al servidor público, lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga y resolverá, proporcional y razonablemente, aunado a que durante la tramitación del procedimiento se podrá suspender al servidor público una vez que dicho Consejo resuelva sobre la procedencia del cese o baja solicitados -sólo si fuere necesario para evitar obstáculos y para su mejor resolución-. Además, conforme al artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, quienes se encuentren en servicio al momento de entrada en vigor de la indicada ley, tendrán un plazo de 60 días hábiles para: a) manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República y someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas; b) acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil; o c) adherirse a un programa de conclusión definitiva de servicios; lo cual se instrumentará en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la referida ley; siendo hasta después de optar por la permanencia y de no someterse o no acreditar razonablemente las evaluaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de permanencia, cuando por esa causa dejarán de prestar sus servicios, -lapso dentro del cual los interesados pueden cumplir el nuevo requisito de permanencia sobrevenido que no hubieran cubierto-." En ese contexto, es inconcuso que la competencia para conocer de los actos reclamados por la parte quejosa recae en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dado que en su jurisdicción fue presentada la demanda de amparo, por lo que este Juzgado no acepta la competencia planteada. Sin que se pasen por alto, los criterios jurisprudenciales que cita el juez declinante, ya que se estima que en el caso, no se surten los supuestos jurídicos que los contienen, puesto que en ellos se tratan aspectos relativos a la conclusión del procedimiento disciplinario, en donde es claro, que el lugar en el que se ejecutaran los mismos, es donde se ubique el funcionario público, y no donde se llevó a cabo el procedimiento. Situación, que se insiste varia del caso en particular, puesto que en éste se está apenas en la etapas primigenias del procedimiento, puesto que apenas se le sujetó al hoy promovente del amparo, al inicio del procedimiento, que es precisamente lo que reclama. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno e infórmese lo anterior, vía interconexión, al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que en su caso, dé trámite al juicio o plantee el conflicto competencial correspondiente. Sin que sea el caso ordenar se forme el cuaderno de antecedentes y se remitan las constancias relativas por cuanto las mismas se remitieron vía interconexión, por lo que no se cuenta con los originales. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibida la boleta de turno de incompetencia de amparo, emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que corresponde a la incompetencia formulada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. RADICACIÓN Por tanto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 982/2020-VIII-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. REQUERIMIENTO Toda vez que el veintidós de los corrientes se recepcionó la boleta de mérito, empero no se adjuntó la correspondiente demanda de amparo; atentamente, requiérase a la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por oficio que deberá enviarse por interconexión, para que a la brevedad posible, remita la demanda de amparo presentada por ****, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase.

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