Oscar Baltazar Briceño Brito

Expediente 1749/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1749/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar Baltazar Briceño Brito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese el informe justificado del actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1749/2023-II-B, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama de la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y del actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos residentes en esta ciudad de Mérida. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado trece de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual se hace consistir esencialmente en: ACTO RECLAMADO La falta de notificación y/o el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad. SEGUNDO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (promoción 17487), según se advierte de su informe previo, pues si bien negó su comisión, de las manifestaciones plasmadas en el informe se evidencia su certeza, por lo que debe tenerse como cierto. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Por su parte, el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, domiciliado en esta capital, al rendir el informe de ley, señaló que no es cierto el acto reclamado (promoción 17624), sin embargo, el mismo debe tenerse como cierto, atentas las funciones que tiene encomendadas. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual tiene el carácter de consumado con efectos positivos, por lo que sí es procedente el otorgamiento de la suspensión respecto del mismo. Sin embargo, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. En este tenor, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende, como ya se dijo, que el referido acto reclamado tiene el carácter de consumado con efectos positivos, se procederá a proveer estos últimos. Atendiendo a lo anterior, por cuanto hace a los efectos y consecuencias del acto reclamado, que se traducen en la ejecución del embargo, retención o congelamiento de fondos respecto de la cuenta bancaria propiedad de la parte quejosa, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada. Lo antedicho es así, toda vez que en el caso la parte quejosa no acredita su interés suspensional, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que no anexó a su demanda de amparo, ni para este cuaderno incidental, prueba alguna con la que acreditara, aunque sea de manera presuntiva o indiciaria, que tenga reconocido algún derecho legítimamente tutelado respecto de la cuenta bancaria relacionada con el acto reclamado, pues no basta afirmar que se tiene ese derecho, sino que es menester acreditarlo, aun en la forma citada, lo que no hizo, puesto que se limitó a manifestar que es titular de una cuenta bancaria que relacionó en el escrito constitucional, pero sin adjuntar algún medio probatorio, como el contrato de apertura de crédito o estados de cuenta oficial, que justificaran su dicho, en el sentido de acreditar la titularidad de la cuenta bancaria que asegura se encuentra embargada en el procedimiento de origen. Por lo que, no justifica el interés indiciario para solicitar la suspensión de los actos reclamados y, por ende, se debe negar la medida cautelar, pues no se reúne el requisito que exige el artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis del rubro y tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman". (Novena Época, Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Mayo de 1995, Tesis: XX.2 A, Página: 07). Así como la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis Número 96/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, Tomo VI de Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Lo anterior aunado a que las documentales que pretendía exhibir con motivo de la solicitud que hizo a la autoridad responsable, de igual manera resultarían insuficientes para acreditar su interés suspensional, ya que como se dijo en párrafos que anteceden, con las mismas únicamente acreditaría la existencia del acto reclamado, pero no que es titular de la cuenta motivo de embargo. Sin que sea dable concluir que al haber admitido como cierto la autoridad responsable, el acto reclamado, releve al quejoso de la carga procesal de justificar el interés suspensional, en virtud de que la finalidad de dicho informe radica en conocer la existencia del acto impugnado, pero de ninguna manera supone que al peticionario de amparo le asiste interés alguno para acceder a la medida cautelar. Apoya lo antes expuesto, por analogía, la tesis VI.2o.C.298 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, visible en la página 1650, con número de registro 166639, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS SUSPENSIONAL. EL INFORME PREVIO RENDIDO POR LA RESPONSABLE ACEPTANDO LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, NO RELEVA AL QUEJOSO DE LA CARGA PROCESAL DE JUSTIFICARLO. El informe previo rendido por la autoridad responsable en el incidente de suspensión, aceptando la existencia del acto reclamado, no releva al quejoso de la carga procesal de justificar el interés suspensional, porque la finalidad de dicho informe sólo consiste en conocer la existencia del acto impugnado, pero de ninguna manera si al peticionario de amparo le asiste interés alguno para acceder a la medida cautelar, por lo que no resulta contrario a derecho que el Juez de Distrito omita concatenar el informe de mérito con las copias simples de los documentos que se ofrecen como prueba con el escrito de demanda para demostrar tal interés, pues no debe perderse de vista que la Ley de Amparo es clara en cuanto a la obligación del quejoso de acreditar que la medida suspensional es procedente en tanto que le asiste el rango de agraviado, esto es, su interés jurídico, que no se contraviene el orden público ni el interés social; y que, por ende, se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la citada ley." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra los actos que reclama del la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y del actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe previo rendido por la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Al efecto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo presentada por OSCAR BALTAZAR BRICEÑO BRITO, en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y del actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ambos con sede en Mérida; que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, consiste esencialmente en lo siguiente: ACTO RECLAMADO. La falta de notificación y/o el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1595/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad. RADICACIÓN Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1749/2023-II-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de referencia. FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba(n) el oficio en que se le(s) solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s): a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO Por otro lado, toda vez que se advierte del escrito de demanda que de conformidad con el dispositivo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, así como a sus endosatarios en procuración ********************; por tanto, emplácese a la persona moral antes señalada este juicio por conducto de dichos endosatarios en procuración o de quien legalmente le represente en el domicilio señalado para tal efecto, entregándoles copia simple de la demanda y autorizada del auto de radicación, haciéndoles saber que pueden apersonarse a este juicio si así les conviniere. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia autorizada del presente acuerdo, así como copia simple de la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100 M.N). DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************Mientras que a ********************, con las limitaciones a que se refiere el aludido numeral, en su segundo párrafo, parte final, hasta que acredite estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjuntó a su escrito de demanda, para ser tomadas en consideración y valoradas como corresponda al dictarse sentencia en este juicio. COTEJO DE COPIAS OFRECIDAS PARA QUE OBREN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, tomando en consideración que la parte peticionaria del amparo solicitó la medida cautelar de los actos reclamados, proceda la Secretaría a realizar el cotejo correspondiente de los documentos que en original y copia certificada presentó con el escrito de demanda, con las copias simples que de los mismos anexó, para que se agreguen en copia certificada como prueba de su parte en el incidente de suspensión y sean tomados en consideración en dicho incidente. Lo anterior en aplicación extensiva del artículo 78 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con registro digital 163758 del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 71/2010, Página: 7, del siguiente rubro y texto: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver". EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, no habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese a las partes, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación, tercero interesado y regístrese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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