Oscar Arturo Pacho Margain
Expediente 574/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oscar Arturo Pacho Margain
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el treinta de septiembre del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21 párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el ordinal 21 párrafo primero, inciso c), del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 574/2020-VII-B, promovido por OSCAR ARTURO PACHO MARGAIN; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció OSCAR ARTURO PACHO MARGAIN a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Gobernador, Secretario de Salud, Secretario de Seguridad Pública, Comandantes, Oficiales y cualquier otro elemento en turno, de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado y con sede en esta ciudad, así como del Director de la Policía Municipal de Mérida y Comandantes, Oficiales y cualquier otro elemento en turno, de la Policía Municipal de Mérida. SEGUNDO. Admisión de demanda. Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la misma; se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; lo que se hizo en sus términos; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede, levantada el veintiséis de agosto del año en curso; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: El acuerdo SSY 04/2020, mediante el cual se modifica el similar SSY 01/2020, por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-COV-2, por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán, entre otras, la restricción de la circulación vehicular en las vías públicas de jurisdicción estatal, y su cumplimiento. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director de la Policía Municipal de Mérida y Comandantes, Oficiales y cualquier otro Elemento, en Turno, de la Policía Municipal de Mérida, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables antes señaladas, todo ello sin prueba en contrario, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de dichas autoridades y en cuanto a los actos que a cada una de ellas se les atribuye, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Secretario de Salud, Secretario de Seguridad Pública y Comandantes, Oficiales y cualquier otro elemento en turno, de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado y con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron sus representantes legales, al rendir sus correspondientes informes justificados. De igual manera, son ciertos los actos que se atribuyen al Gobernador de Estado de Yucatán, no obstante que al rendir su informe con justificación, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, negó el acto que se le atribuye. Lo anterior, dado que es evidente su participación en el acto reclamado, pues aun cuando no fue quien emitió con su firma el acuerdo impugnado, lo cierto es que es precisamente a través del Gobierno que representa, que se ordenó implementar las medidas establecidas en los acuerdos respectivos, para evitar la propagación del virus SARS-CoV2, derivado de la enfermedad COVID-19; de ahí que debe considerarse cierto el acto reclamado. Además, al reclamarse normas de carácter general no es necesario acreditar su existencia o inexistencia, pues basta su publicación, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, para comprobar esta circunstancia, pues esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, el suscrito juzgador estima que con relación al acuerdo impugnado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado (hipótesis que acontece), o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en tratándose de amparo contra leyes, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que a efecto de verificar si se actualiza la citada causa de improcedencia es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, si las normas produjeron consecuencias durante el periodo en que estuvieron vigentes. Lo anterior, porque las normas prohibitivas sólo prevalecen durante la vigencia de la ley, de modo que al transcurrir su período de vigencia, cesan sus efectos prohibitivos, permitiendo que el gobernado actúe. En el caso, el acuerdo impugnado, a la letra dice: "...Acuerdo SSY 04/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán. Artículo único. Se reforma: el párrafo primero de la fracción IV del artículo 2; y se adiciona: el inciso c) a la fracción IV del artículo 2; ambos del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. Se limita la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal. La Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 275-M de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, coadyuvará en la vigilancia del cumplimiento de esta medida de seguridad sanitaria, en coordinación con la autoridad sanitaria estatal. En las vías públicas de jurisdicción estatal y en aquellas de jurisdicción federal o municipal transferidas al Poder Ejecutivo del estado, en términos del artículo 4 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se disponen las modalidades de limitación a la circulación de vehículos, de conformidad con lo siguiente: a) y b) . c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas, excepto en las vías que se encuentren en las localidades de Santa Clara, municipio de Dzidzantún; Sisal, municipio de Hunucmá; San Crisanto, municipio de Sinanché; El Cuyo, municipio de Tizimín; y Chabihau, municipio de Yobaín; así como en el territorio de los municipios de Celestún, Dzemul, Dzilam de Bravo, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe y Telchac Puerto, en las cuales la restricción de la circulación vehicular comprenderá desde las veintiún horas hasta las cinco horas. Quedan exceptuados de la disposición anterior: 1. Los vehículos que trasladen a pacientes que requieran atención médica de urgencia, así como los que se utilicen para la adquisición de medicinas. 2. Los vehículos en que se traslade el personal de salud, debidamente identificado, que pertenezca al área médica, en cualquiera de sus especialidades, paramédica, administrativa o de apoyo. 3. Los vehículos en que se traslade el personal de instituciones de procuración o administración de justicia, debidamente identificado. 4. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de entrega de medicinas a domicilio. 5. Los vehículos dedicados a la prestación de servicios funerarios. 6. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga para el suministro de las actividades esenciales diferentes a tiendas de autoservicio, cuyo suministro deberá efectuarse dentro del horario comprendido entre las cinco horas y las veintidós horas con treinta minutos. 7. Los vehículos utilizados por el personal de los medios de comunicación con el objeto de cumplir con su trabajo de cobertura, operación y producción. 8. Los vehículos dedicados a la prestación de los servicios públicos de limpieza, energía eléctrica, telecomunicaciones y recolección de basura. 9. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga cuyo ingreso y circulación en el territorio del estado sea ininterrumpido hasta su egreso de este. 10. Los vehículos de los prestadores del servicio de seguridad privada con registro vigente, autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo transitorio Único. Entrada en vigor Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 15 de julio de 2020. ( RÚBRICA ) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Como se puede observar, la norma en comento establece restricciones de circulación a los vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal, exceptuando las vías y supuestos que se precisan, a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. Luego, el dieciséis de septiembre de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo SSY 06/2020, por el que se modifica el acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus Sars-Cov-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán. Acuerdo que establece lo siguiente: "Artículo único. Se reforma: el párrafo primero del inciso c) de la fracción IV del artículo 2 del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. . a) y b) . c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintitrés horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. . 1. al 10. . Artículo transitorio Único. Entrada en vigor Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 16 de septiembre de 2020. ( RÚBRICA ) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Establecido lo anterior, conviene retomar que el quejoso reclama el Acuerdo SSY/04/2020, con motivo de su entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En relación a ello, debe decirse que los preceptos a los que se hace alusión contienen restricciones de circulación a los vehículos, independientemente de su uso. Por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que las disposiciones aludidas dejaron de surtir sus efectos el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, al haber entrado en vigor el día siguiente, el Acuerdo SSY/06/2020. De lo anterior, se colige que si el Acuerdo SSY/04/2020, ya no se encuentra vigente y si en autos no se encuentra acreditado que las disposiciones reclamadas como normas autoaplicativas, que estuvieron vigentes del diecisiete de julio de dos mil veinte al dieciséis de septiembre de dos mil veinte, produjeran sus consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicadas por la parte quejosa, derivado de su obligación de respetar los horarios de circulación a que aluden, en el caso, una eventual concesión de amparo en contra de los actos reclamados carecería de efectos. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J. 51/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, con registro 198400, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189). Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión." Así como la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1107, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2003285, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Y la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 10, del Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197244, que indica: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo." En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por OSCAR ARTURO PACHO MARGAIN en contra de los actos que reclama al Director de la Policía Municipal de Mérida y Comandantes, Oficiales y cualquier otro elemento en turno, de la Policía Municipal de Mérida; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por OSCAR ARTURO PACHO MARGAIN en contra de los actos que reclama al Gobernador, Secretario de Salud, Secretario de Seguridad Pública, Comandantes, Oficiales y cualquier otro Elemento en turno, de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado y con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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