Óscar Aguilar Que
Expediente 958/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Óscar Aguilar Que
- Óscar Aguilar Que y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, al que anexa diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de ordenar la ejecución de laudo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente laboral 19/2014. Sin embargo, de las constancias certificadas que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado de cuenta, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se acordó acerca de los memoriales de veintinueve de junio y siete de agosto del año en curso, mediante los cuales la apoderada del quejoso solicita que se dicte auto de ejecución por las cantidades condenadas y se señale fecha y hora para llevar a cabo dicha diligencia, ordenando a apertura del incidente de liquidación respectivo y señalando fecha para la audiencia incidental, lo que le fue notificado a la aquí parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en autos del juicio de origen; esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Como se ve, aun cuando el acto del que se duele había sido emitido con anterioridad a la presentación de la demanda, este, no era del conocimiento de la parte quejosa, por ello los efectos fueron desvanecidos de forma total con posterioridad a la demanda al haberle notificado el acuerdo en el que se señaló fecha para el desahogo de la diligencia solicitada, por ello, se insiste, los efectos han cesado de forma plena Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Lo anterior es así, toda vez que en el caso el acto reclamado por la quejosa lo hizo consistir esencialmente en la omisión de la autoridad responsable a pronunciarse sobre lo solicitado en sus escritos respecto a la ejecución del laudo emitido, a lo cual la autoridad responsable ya se pronunció ordenando la apertura del incidente de liquidación y señalando fecha para la audiencia incidental correspondiente, por lo que, el acto así reclamado quedó insubsistente. Y para el caso de que la hoy quejosa, estime que la determinación emitida por la responsable no es acorde a sus pretensiones, cuenta a su alcance con los medios de impugnación ordinarios respectivos para hacerlo valer en su contra y obtener la revocación o modificación de la misma. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
VI. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, al que anexa diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de ordenar la ejecución de laudo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente laboral 19/2014. Sin embargo, de las constancias certificadas que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado de cuenta, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se acordó acerca de los memoriales de veintinueve de junio y siete de agosto del año en curso, mediante los cuales la apoderada del quejoso solicita que se dicte auto de ejecución por las cantidades condenadas y se señale fecha y hora para llevar a cabo dicha diligencia, ordenando a apertura del incidente de liquidación respectivo y señalando fecha para la audiencia incidental, lo que le fue notificado a la aquí parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en autos del juicio de origen; esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Como se ve, aun cuando el acto del que se duele había sido emitido con anterioridad a la presentación de la demanda, este, no era del conocimiento de la parte quejosa, por ello los efectos fueron desvanecidos de forma total con posterioridad a la demanda al haberle notificado el acuerdo en el que se señaló fecha para el desahogo de la diligencia solicitada, por ello, se insiste, los efectos han cesado de forma plena Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Lo anterior es así, toda vez que en el caso el acto reclamado por la quejosa lo hizo consistir esencialmente en la omisión de la autoridad responsable a pronunciarse sobre lo solicitado en sus escritos respecto a la ejecución del laudo emitido, a lo cual la autoridad responsable ya se pronunció ordenando la apertura del incidente de liquidación y señalando fecha para la audiencia incidental correspondiente, por lo que, el acto así reclamado quedó insubsistente. Y para el caso de que la hoy quejosa, estime que la determinación emitida por la responsable no es acorde a sus pretensiones, cuenta a su alcance con los medios de impugnación ordinarios respectivos para hacerlo valer en su contra y obtener la revocación o modificación de la misma. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito de Abraham Corrado Gómez Contreras, representante legal de la parte quejosa en el presente asunto, con el que solicita la devolución del billete de depósito que oportunamente se exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional que se concedió en este asunto; por tanto, al no existir impedimento legal alguno de parte de este Juzgado, se dispone devolver con la orden de pago a favor del ocursante, el billete de depósito con número N 775627, y entréguese previa identificación oficial vigente y recibo que otorgue en autos, haciéndole saber que deberá comparecer en día y hora hábil para su entrega y que el billete en comento será endosado a su favor por tratarse de un documento de valor intransferible y debido a que los presentes autos únicamente se ha reconocido como representante legal de la empresa quejosa al citado Gómez Contreras, no así a las personas que autoriza. Se tiene como nuevo domicilio del ocursante para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio trescientos cuarenta y nueve, de la calle veintidós, entre calles treinta y uno letra A y treinta y uno letra B, de la colonia Adolfo López Mateos, de esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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