Oscar Arcos Payan

Expediente 463/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
463/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • Oscar Arcos Payan
  • Director del Registro Público de la Propiedad del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho y resolución interlocutoria de diez de enero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional y definitiva respecto a las consecuencias de los actos reclamados, por lo que deberán conservarse únicamente el acuerdo y la resolución interlocutoria relativas a su otorgamiento; en tanto que el duplicado del mismo deberá ser DESTRUIDO una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución de la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se ordena devolver a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, las copias certificadas que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos, así como las constancias que en apoyo a su informe y a solicitud de este Juzgado remitió la autoridad responsable ordenadora; en el caso este órgano jurisdiccional estima procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. En ese sentido, la actualización de la hipótesis anterior debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional pueda ser desvirtuada con algún medio probatorio, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, con registro 184572, que es del texto siguiente: ... Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Máxime que las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, pueden analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. Precisado esto, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La referida causal de improcedencia, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama medularmente del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado (en su actual denominación) el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete dictado en autos de la carpeta de investigación M1/2687/2015, en donde el agente del ministerio público ordenó realizar una anotación marginal como medida de aseguramiento sobre el tablaje catastral treinta y cinco mil ochocientos noventa y dos del poblado de Sitpach, Yucatán; y del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la ejecución de dicho acuerdo a través de la inscripción de cierre de registro ordenada por la autoridad ministerial con número de inscripción 2194676; autoridades responsables y actos reclamados respecto de las cuales se sigue el presente juicio. Ahora bien, de las constancias certificadas remitidas por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, a solicitud de este juzgado, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte en lo que interesa lo siguiente: El cuatro de noviembre de dos mil quince, Agustín Genaro Laines García (tercero interesado), ante la autoridad investigadora responsable, formuló querella en contra de Ángel Xavier Sulú Chan (tercero interesado) y otro, por la probable comisión de hechos delictuosos. (Fojas 2 a 11 cuaderno auxiliar). Mediante escrito signado por el querellante Agustín Genaro Laines García, presentado ante la autoridad investigadora del conocimiento el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, solicitó se gire oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, para que se hicieran las anotaciones respectivas (cierre de partida), como medida de aseguramiento sobre el predio con número de tablaje catastral 35892, y folio electrónico 1076051, inscrito a nombre del nombrado Laines García; esto es, para que no se realice ninguna operación, ya sea de traslado de dominio, renta, donaciones, etcétera, con la finalidad de resguardar el bien inmueble hasta en tanto se esclarezcan los hechos querellados (fojas 372 y 373 cuaderno auxiliar). Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación M1-2687/2015, la entonces Fiscal Investigador de la Agencia Mixta Uno del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, en atención a lo solicitado por el querellante, acordó: "que por no existir impedimento legal alguno y toda vez que la presente carpeta se encuentra en etapa de investigación inicial, en la cual es necesario el esclarecimiento de los hechos, se accede a su petición, motivo por el cual gírese el oficio correspondiente al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, a fin de que realice una anotación marginal en relación al predio con tablaje catastral número 35892, con folio electrónico 1076051 inscrito a nombre de AGUSTÍN GENARO LAINES GARCÍA." (folio 375 del cuaderno auxiliar, así como 72 y 73 de este juicio). Registro de cierre que quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete con número de inscripción 2194676 (folios 385 a 387 cuaderno auxiliar). Inconforme con el citado acuerdo, el imputado Ángel Xavier Sulú Chan instó la protección constitucional, por su propio y personal derecho, señalando como autoridades responsables a la Fiscal Investigadora de la Agencia Mixta Uno del Ministerio Público y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, ambos con sede en esta ciudad; por lo que en sentencia de amparo terminada de transcribir el catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo 1517/2017 del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sentencia que fue confirmada por la superioridad en el amparo en revisión 173/2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito (folios 649 a 681 cuaderno auxiliar). Por acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve dictado en la carpeta de investigación M1-2687/2015, la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fueron Común, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta y actual denominación) dejó insubsistente el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete dictado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público titular de la entonces Agencia Mixta 1, que ordenó realizar la anotación marginal como medida de aseguramiento sobre el tablaje catastral treinta y cinco mil ochocientos noventa y dos del poblado de Sitpach, en virtud de que dicho inmueble no es instrumento u objeto del delito, ni podría contener hallazgos o huellas que obliguen a su conservación; en consecuencia ordenó remitir oficio al Director del Registro Público del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán para que dejara sin efecto el cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad sobre el referido inmueble (folios 685 a 689 del cuaderno auxiliar). La Directora del Registro Público del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, hizo del conocimiento de la autoridad ministerial que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en la carpeta de investigación de origen, se canceló el cierre de registro de la inscripción 2194676, correspondiente al inmueble tablaje catastral treinta y cinco mil ochocientos noventa y dos de la localidad de Sitpach; cancelación de cierre de registro con número de inscripción 2451586. (Folios 721 a 723 del cuaderno auxiliar). Como se ve, si bien la parte quejosa reclamó el cierre de registro que mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete se ordenó en autos de la carpeta de investigación de origen; lo cierto es que en cumplimiento a un diverso juicio de amparo, con posterioridad se emitió un acuerdo que dejó insubsistente el mismo y en consecuencia se ordenó la cancelación del cierre de registro, misma cancelación que ha quedado inscrita ante la autoridad registral; advirtiéndose que dicho acuerdo se emitió el trece de febrero de dos mil diecinueve y la inscripción de la cancelación del cierre de registro tuvo lugar el dieciocho de febrero de este año; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, que lo fue el seis de diciembre de dos mil dieciocho (folio 6). Por lo que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en que la autoridad ministerial dictó el acuerdo en que dejó insubsistente el diverso que ordenó el cierre de registro y la autoridad registral canceló dicho cierre; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, registro 193758, visible en la página 38, cuyo texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy veintiuno de mayo de dos mil diecinueve a las once horas con veinte minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO -------------------- Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos, así como las constancias que en apoyo a su informe y a solicitud de este Juzgado remitió la autoridad responsable ordenadora; en el caso este órgano jurisdiccional estima procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. En ese sentido, la actualización de la hipótesis anterior debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional pueda ser desvirtuada con algún medio probatorio, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. ... Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Máxime que las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, pueden analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. Precisado esto, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;... La referida causal de improcedencia, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama medularmente del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado (en su actual denominación) el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete dictado en autos de la carpeta de investigación ***, en donde el agente del ministerio público ordenó realizar una anotación marginal como medida de aseguramiento sobre el tablaje catastral treinta y cinco mil ochocientos noventa y dos del poblado de Sitpach, Yucatán; y del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la ejecución de dicho acuerdo a través de la inscripción de cierre de registro ordenada por la autoridad ministerial con número de inscripción 2194676; autoridades responsables y actos reclamados respecto de las cuales se sigue el presente juicio. Ahora bien, de las constancias certificadas remitidas por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, a solicitud de este juzgado, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte en lo que interesa lo siguiente: El cuatro de noviembre de dos mil quince, Agustín Genaro Laines García (tercero interesado), ante la autoridad investigadora responsable, formuló querella en contra de Ángel Xavier Sulú Chan (tercero interesado) y otro, por la probable comisión de hechos delictuosos. (Fojas 2 a 11 cuaderno auxiliar). Mediante escrito signado por el querellante Agustín Genaro Laines García, presentado ante la autoridad investigadora del conocimiento el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, solicitó se gire oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, para que se hicieran las anotaciones respectivas (cierre de partida), como medida de aseguramiento sobre el predio con número de tablaje catastral 35892, y folio electrónico 1076051, inscrito a nombre del nombrado Laines García; esto es, para que no se realice ninguna operación, ya sea de traslado de dominio, renta, donaciones, etcétera, con la finalidad de resguardar el bien inmueble hasta en tanto se esclarezcan los hechos querellados (fojas 372 y 373 cuaderno auxiliar). Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación M1-2687/2015, la entonces Fiscal Investigador de la Agencia Mixta Uno del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, en atención a lo solicitado por el querellante, acordó: "que por no existir impedimento legal alguno y toda vez que la presente carpeta se encuentra en etapa de investigación inicial, en la cual es necesario el esclarecimiento de los hechos, se accede a su petición, motivo por el cual gírese el oficio correspondiente al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, a fin de que realice una anotación marginal en relación al predio con tablaje catastral número 35892, con folio electrónico 1076051 inscrito a nombre de ***." (folio 375 del cuaderno auxiliar, así como 72 y 73 de este juicio). Registro de cierre que quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete con número de inscripción 2194676 (folios 385 a 387 cuaderno auxiliar). Inconforme con el citado acuerdo, el imputado Ángel Xavier Sulú Chan instó la protección constitucional, por su propio y personal derecho, señalando como autoridades responsables a la Fiscal Investigadora de la Agencia Mixta Uno del Ministerio Público y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, ambos con sede en esta ciudad; por lo que en sentencia de amparo terminada de transcribir el catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo 1517/2017 del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sentencia que fue confirmada por la superioridad en el amparo en revisión 173/2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito (folios 649 a 681 cuaderno auxiliar). Por acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve dictado en la carpeta de investigación M1-2687/2015, la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fueron Común, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta y actual denominación) dejó insubsistente el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete dictado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público titular de la entonces Agencia Mixta 1, que ordenó realizar la anotación marginal como medida de aseguramiento sobre el tablaje catastral treinta y cinco mil ochocientos noventa y dos del poblado de Sitpach, en virtud de que dicho inmueble no es instrumento u objeto del delito, ni podría contener hallazgos o huellas que obliguen a su conservación; en consecuencia ordenó remitir oficio al Director del Registro Público del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán para que dejara sin efecto el cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad sobre el referido inmueble (folios 685 a 689 del cuaderno auxiliar). La Directora del Registro Público del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, hizo del conocimiento de la autoridad ministerial que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en la carpeta de investigación de origen, se canceló el cierre de registro de la inscripción 2194676, correspondiente al inmueble tablaje catastral treinta y cinco mil ochocientos noventa y dos de la localidad de Sitpach; cancelación de cierre de registro con número de inscripción 2451586. (Folios 721 a 723 del cuaderno auxiliar). Como se ve, si bien la parte quejosa reclamó el cierre de registro que mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete se ordenó en autos de la carpeta de investigación de origen; lo cierto es que en cumplimiento a un diverso juicio de amparo, con posterioridad se emitió un acuerdo que dejó insubsistente el mismo y en consecuencia se ordenó la cancelación del cierre de registro, misma cancelación que ha quedado inscrita ante la autoridad registral; advirtiéndose que dicho acuerdo se emitió el trece de febrero de dos mil diecinueve y la inscripción de la cancelación del cierre de registro tuvo lugar el dieciocho de febrero de este año; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, que lo fue el seis de diciembre de dos mil dieciocho (folio 6). Por lo que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en que la autoridad ministerial dictó el acuerdo en que dejó insubsistente el diverso que ordenó el cierre de registro y la autoridad registral canceló dicho cierre; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, registro 193758, visible en la página 38, cuyo texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy veintiuno de mayo de dos mil diecinueve a las once horas con veinte minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

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