Orquídea Amelia Juárez Arceo y Otros.

Expediente 1315/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1315/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Orquídea Amelia Juárez Arceo y Otros.
  • Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
  • Orquídea Amelia Juárez Arceo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquel auto ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado y copia certificada que le adjunta al mismo, rendido por la Secretaria de Acuerdo en funciones de Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, los cuales se ordena agregar a este expediente. Así pues, atento el estado procesal que guarda este expediente se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, en la omisión por parte de la responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, de proveer respecto de su memorial de tres de julio de dos mil diecinueve, presentado el cuatro siguiente en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Civiles y Familiares, con el cual dio cumplimiento a la prevención realizada por la mencionada Juez en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 368/2019 de su índice. Ahora bien, del informe de cuenta y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo en el juicio 368/2019 de su índice, en el cual, entre otras manifestaciones y pronunciamientos admitió a trámite el memorial presentado por la mencionada Juárez Arceo, el cuatro de julio de dos mil diecinueve; toda vez que, tuvo por presentado el escrito de mérito, los certificados de Registro Civil así como la copia certificada del testamento público abierto, exhibidos por la parte actora del juicio natural, lo anterior como cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de junio del año en curso; asimismo, dicho acuerdo fue turnado el mismo día (veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve) a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; todo lo antes mencionado, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    III. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado y copia certificada que le adjunta al mismo, rendido por la Secretaria de Acuerdo en funciones de Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, los cuales se ordena agregar a este expediente. Así pues, atento el estado procesal que guarda este expediente se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, en la omisión por parte de la responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, de proveer respecto de su memorial de tres de julio de dos mil diecinueve, presentado el cuatro siguiente en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Civiles y Familiares, con el cual dio cumplimiento a la prevención realizada por la mencionada Juez en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 368/2019 de su índice. Ahora bien, del informe de cuenta y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo en el juicio 368/2019 de su índice, en el cual, entre otras manifestaciones y pronunciamientos admitió a trámite el memorial presentado por la mencionada Juárez Arceo, el cuatro de julio de dos mil diecinueve; toda vez que, tuvo por presentado el escrito de mérito, los certificados de Registro Civil así como la copia certificada del testamento público abierto, exhibidos por la parte actora del juicio natural, lo anterior como cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de junio del año en curso; asimismo, dicho acuerdo fue turnado el mismo día (veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve) a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; todo lo antes mencionado, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CITA ... Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio 8597/2019 de diez de septiembre del año en curso del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el que en el diverso oficio 572/2019-P-1 de seis de septiembre del año en curso dicha Superioridad, adjuntó en ocho fojas útiles el testimonio de resolución emitido en el recurso de reclamación 6/2019 interpuesto por el quejoso Eduardo Abraham Ordoñez en contra del acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve dictado por la Presidencia del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el recurso de queja 133/2019; testimonio del cual se advirtió que el Tribunal Colegiado en cita declaró infundado el recurso de reclamación 6/2019, el cual por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve se declaró que dicho auto causa estado; asimismo remitió los autos del incidente de suspensión 1475/2010 en seis tomos y dos cuadernos y de sus acumulados 932/2011 en dos tomos y 975/2011 en un tomo. Por otra parte, toda vez en acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve se agregó a estos autos el memorial suscrito por Edgar Omar de la Cruz Ruelas, apoderado general para pleitos y cobranzas del tercero interesado Juan Rafael Vázquez Becerra, a través del cual hace diversas manifestaciones en relación al incidente de daños y perjuicios que promovió en los presentes autos incidentales, el cual se tuvo por iniciado mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Ahora bien, del memorial de cuenta se advierte que la referida parte tercero interesada solicitó que se llame al mencionado incidente de daños y perjuicios con efectos de emplazamiento a la afianzadora denominada Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, lo anterior para comparecer a defender sus derechos y le sea respetada su garantía de audiencia en el referido incidente, toda vez que es una de las compañías afianzadoras que emitieron las pólizas cuya ejecución sería procedente en caso de prosperar la reclamación de daños y perjuicios promovida. Asimismo, de los presentes autos incidentales se advierte que fueron exhibidas la póliza de fianza número 000003J60011 con número de folio 970108 expedida por afianzadora Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, por la cantidad de $2,513,548.54 (dos millones quinientos trece mil quinientos cuarenta y ocho pesos, con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional; así como la póliza de fianza número 4223-00008-7 expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de $2,513,548.54 (dos millones quinientos trece mil quinientos cuarenta y ocho pesos, con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional; y la póliza de fianza número 000005j60011 con número de folio 287313 expedida por Afianzadora Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, por la cantidad de $14,148.28 (catorce mil ciento cuarenta y ocho pesos, veintiocho centavos, moneda nacional. Por lo tanto, se le tuvo con el carácter de tercero en el incidente de daños y perjuicios promovido en los presentes autos incidentales, a la persona moral denominada Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, y toda vez que se reservó acordar los memoriales recibidos el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y el diverso de dieciséis de agosto del presente año, suscritos por Miguel Enrique de Jesús Hernández España, autorizado en términos amplios del tercero interesado Juan Rafael Vázquez Becerra, donde señalaba el domicilio de la afianzadora denominada Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, la cual será emplazada a través de su representante legal en el domicilio ubicado en la calle cincuenta y cuatro, número trescientos sesenta y nueve, local cinco con Prolongación Paseo Montejo, dentro de la plaza comercial denominada "BH Center", en la Colonia Benito Juárez Norte, código postal 97119 en Mérida, Yucatán, por lo que se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que previo cercioramiento de que el domicilio señalado en el citado escrito corresponde a dicha afianzadora, proceda a su emplazamiento al incidente de daños y perjuicios en los términos establecidos en la Ley de Amparo vigente, con entrega de copia autorizada del escrito mediante el cual se promovió el mismo, del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y del presente proveído, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer a dicho incidente en defensa de sus derechos si así lo estimaren pertinente; hecho lo anterior, se le previene para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se les señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se les hará por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de que medio posterior acuerdo y hasta en tanto subsanen su omisión. Motivo por el cual, se hace del conocimiento de la afianzadora denominada Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, que con fundamento en el artículo 67 de la ley de amparo, se les da vista por el término de tres días, que serán computados legalmente, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga el relación al incidente de daños y perjuicios antes mencionado y, en su caso, ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 1ª./J. 123/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Diciembre de 2017, Décima Época, visible en la página 290, cuyo rubro es el siguiente: "INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN UN JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA GARANTÍA O LA CONTRAGARANTÍA SE HAYA PRESTADO A TRAVÉS DE UNA FIANZA, DEBE LLAMARSE A LA AFIANZADORA PARA QUE LE VINCULE LA SENTENCIA RESPECTIVA. En términos de lo establecido en los artículos 125, 126 y 129 de la Ley de Amparo abrogada, 2794, 2795, 2812 y 2855 del Código Civil Federal, en relación con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando con motivo de la suspensión del acto reclamado se preste garantía o contragarantía a través de una fianza, resulta necesario que en el incidente por el que se hace efectiva la responsabilidad proveniente de ellas, se llame a la afianzadora a efecto de que coadyuve con su fiado, sea éste el quejoso, en el caso de la garantía, o el tercero interesado, en el caso de la contragarantía, y válidamente pueda quedar vinculado a la sentencia condenatoria que eventualmente llegue a dictarse. Lo anterior, porque en atención al derecho de audiencia previsto en la citada norma constitucional, sólo quien ha sido oído previamente puede resultar vinculado a una sentencia y en el caso del citado procedimiento incidental, donde se pretende hacer efectiva la fianza dada como garantía o contragarantía y, por tanto, vincular a la afianzadora al pago, es preciso antes darle oportunidad de oponer las excepciones que tenga a su favor relativas a la obligación, o las que le correspondan en su carácter de fiadora, exhibir las pruebas que apoyen tales excepciones y expresar alegatos. No obsta para lo anterior el hecho de que en la fianza judicial o legal no operen los beneficios de orden y excusión, pues esa circunstancia solamente da lugar a que el acreedor pueda reclamar la obligación directamente al fiador o a éste simultáneamente con el fiado, pero no que pueda demandarse sólo al fiado o deudor principal, y que, sin embargo, la sentencia pueda vincular o parar perjuicio al fiador, ya que obrar de este último modo contraviene la garantía de audiencia en perjuicio de la afianzadora, de ahí la necesidad de su llamamiento al incidente de responsabilidad para que la fianza pueda hacerse efectiva." Notifíquese personalmente a Fianzas Dorama, Sociedad Anónima. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe.

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