Operadora de Sites Mexicanos S.A.B. de C.V.
Expediente 436/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Operadora de Sites Mexicanos S.A.B. de C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en el amparo en revisión ******************** de su índice, se admitió el recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada en estos autos. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. ********************Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos la impresión del escrito remitido vía electrónica por ********************, apoderado de********************, en su carácter de administrador de ********************, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el treinta de junio de dos mil veintitrés.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios.********************Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. ********************Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente.********************Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema.********************Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.********************Notifíquese haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo número 436/2023-I-A, promovido por ***********, en su carácter de administrador de ***********, por conducto de su apoderado +++++++; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el diecisiete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció *************, en su carácter de administrador de *************, por conducto de su apoderado Javier Sánchez López, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y su inspector adscrito, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 436/2023-I-A, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, ********************, en su carácter de administrador de ********************, por conducto de su apoderado Javier Sánchez López, amplió su demanda por las autoridades responsables Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, y su inspector adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, respecto de los actos siguientes: La orden de inspección ********************, derivada del expediente administrativo ********************, de doce de octubre de dos mil veintidós. El acta de inspección ******************** que deriva de la orden de inspección ******************** que a su vez emana del expediente administrativo ********************, de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós. CUARTO. Admisión de la ampliación de la demanda. Por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia simple del ocurso de ampliación de demanda de amparo, y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, 48 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013 y 53/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo el primero, a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, y el segundo, al inicio de funcionamiento de este Juzgado, por reclamarse en el presente asunto actos de naturaleza omisiva, por lo que para que se surta la competencia legal de este Juzgado para conocer de él, es suficiente que la demanda de amparo se hubiera presentado en esta entidad federativa, donde este órgano de control ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, escrito de ampliación de demanda y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: De la demanda inicial. Del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y su inspector adscrito, todos con sede en esta ciudad: La imposición de los sellos de clausura colocados en el acceso de la torre de telecomunicaciones ubicada en el tablaje rústico número 20831, Sección 35, Manzana 275, ubicado en localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán, sin ser emplazado previamente al procedimiento administrativo de origen. En vía de ampliación. Del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y su inspector adscrito, ambos con sede en esta ciudad: La orden de inspección ******************** derivada del expediente administrativo ********************, de doce de octubre de dos mil veintidós. El acta de inspección ******************** que deriva de la orden de inspección ******************** que a su vez emana del expediente administrativo ********************, de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, con residencia en esta ciudad (número de promoción electrónica 5351), precisados en el inciso a), consistente en la imposición de los sellos de clausura colocados en el acceso de la torre de telecomunicaciones ubicada en el tablaje rústico número 20831, Sección 35, Manzana 275, ubicado en localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán, sin ser emplazado previamente al procedimiento administrativo de origen. Pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto a ese acto reclamado a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (números de promociones 5869 y 8240) y su inspector adscrito (números de promociones 5870 y 8244), ambos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con el legajo de constancias que remitió como justificación del acto reclamado, deducidas del expediente administrativo ********************. Copias certificadas que por tratarse de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en el inciso a). Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, respecto de los actos reclamados, que se hacen consistir de manera destacada la clausura temporal e imposición de sellos de clausura y suspensión de la torre de Telecomunicaciones ubicada en el tablaje rústico número 20831, Sección 35, Manzana 275, ubicado en la localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán; como bien lo refieren las autoridades responsables en su informe justificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Para resolver la causa de improcedencia invocada, también es necesario considerar lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1°, fracción I y 5°, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En principio, resulta conveniente precisar que el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que estimen violatorio de derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 225, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Luego, de una interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, se colige que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional. De ahí que, todo aquel que acude ante el órgano jurisdiccional de control constitucional, tiene la carga de la demostración plena de su interés jurídico o legítimo, que no es otra cosa que el acreditamiento de la titularidad de los derechos sustantivos a que se refiere en su escrito de demanda y la afectación que resiente en ellos, con el acto de autoridad reclamado. De la interpretación de dichos preceptos, se advierte que entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo. Es decir, establecen que la demanda de amparo la puede promover la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que dicha afectación sea real y actual sobre la esfera jurídica de quien se dice agraviado; de esta manera el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades. El agravio a que se hizo mención debe ser actual; es decir, que la afectación se esté produciendo; personal, entendiendo como tal que afecta a quien solicita el amparo y no a otra persona; y directo, que la afectación que sufra el gobernado derive precisamente del acto reclamado por el que se promueve la demanda. El interés jurídico constituye un presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, número 82, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 206338, que se lee: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen que el interés jurídico en el juicio de amparo constituye en realidad un derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad que tiene todo gobernado de acudir a la instancia constitucional, con el objeto de que se anule o deje sin efecto un específico acto de autoridad que está afectando, de manera negativa, un derecho individualizado y legítimo del que dicho gobernado es titular y que considera violatorio de algún derecho consagrado y protegido por la Constitución. En razón de lo anterior, se deben considerar presupuestos necesarios del interés jurídico en el juicio de amparo, los siguientes: Titularidad del derecho que se considera afectado por el acto de autoridad que se reclama. Esto significa que aun cuando quedara demostrada la existencia del acto de autoridad reclamado y que además tal acto está afectando un bien o un derecho, si el quejoso no demuestra que sea titular de ese bien o derecho (legitimación), entonces carecerá de interés jurídico para efectos del juicio de amparo. Que ese derecho, del que el quejoso es titular, se encuentre legítima e individualmente tutelado y reconocido por el orden jurídico. Esto evita que al juicio de amparo se acuda en defensa de intereses que no encuentran protección en la ley (posesión ilícita de cosas, bienes o personas). Que el acto reclamado ocasione un perjuicio real, actual y directo en el bien o derecho del quejoso; esto implica que está descartada la posibilidad de reclamar en el juicio de amparo actos de los que pudiera derivar un perjuicio eventual, mediato, futuro o incierto en tal bien o derecho. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 364, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de registro 224803, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De acuerdo con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. de la ley que rige el juicio de amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado única y exclusivamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley. La noción de perjuicio para los efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por una ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa afectación. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Séptima Época, Tomo 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de registro 232899, que se lee: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Así mismo, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Séptima Época, Tomo 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de registro 232763, de rubro y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." En esa virtud, el quejoso Javier Sánchez López, en su carácter de Apoderado legal de la empresa denominada ********************, en su carácter de administrador del FIDEICOMISO IRREVOCABLE OPSIMEZ NÚMERO 4594, acude a esta instancia constitucional, reclamando de las autoridades responsables la clausura temporal e imposición de sellos y suspensión de la torre de Telecomunicaciones ubicada en el tablaje rústico número 20831, Sección 35, Manzana 275, ubicado en la localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán. Por lo anterior, la parte quejosa aduce que se conculcan sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que priva de sus posesiones y derechos sin que medie para ello, un procedimiento seguido en forma de juicio sin darle el debido derecho a defenderse; además que carece de una debida fundamentación y motivación, la clausura practicada violando en forma directa la garantía de legalidad y de seguridad jurídica al no ser un acto apegado a derecho. Por otra parte, como quedó apuntado en el apartado correspondiente, existe certeza de la existencia del acto reclamado, pues las autoridades responsables admitieron la existencia del procedimiento administrativo ********************, y haber ordenado la suspensión temporal consistente en el cese de toda actividad de uso de suelo diversa a casa habitación unifamiliar relativa la funcionamiento de la antena de telecomunicaciones ubicada en el tablaje rústico número 20831, Sección 35, Manzana 275, ubicado en la localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán, de la empresa denominada Operadora de Sites Mexicanos, Sociedad Anónima Bursátil, por no contar con los permisos y autorizaciones correspondientes; sin embargo, en el caso, no cuenta con interés jurídico para oponerse a los actos efectuados por las autoridades responsables. Bajo ese contexto, si del examen minucioso de las constancias de este sumario constitucional, se advierte que la persona moral quejosa Operadora de Sites Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, no acreditó con medios de convicción eficaces y contundentes, que los actos de mérito hayan ocasionado una afectación o menoscabo directo e inmediato a su individualidad o esfera jurídica; entonces, no goza de un derecho legítimamente tutelado que se pueda estimar vulnerado por los actos reprochados. Ciertamente, la amparista para patentizar que se trastoca su individualidad, ofertó como elementos de prueba los subsecuentes: 1). Copias certificadas de la escritura pública sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve, pasada ante la fe del Licenciado Patricio Garza Bandala, notario ciento noventa y cinco de la Ciudad de México, que contiene el poder de pleitos y cobranzas otorgado por su representada Operadora de Sites Mexicanos, S.A. De C.V. 2). Copia de la escritura pública cincuenta y tres mil, doscientos noventa y seis, pasada ante la fe del Licenciado Patricio Garza Bandala, notario Dieciocho del Distrito Federal, mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de treinta de octubre de dos mil catorce, a través de la que Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., adoptó el acuerdo de escindir parcialmente dicha sociedad, sin extinguirse, aportando parte de su activo, pasivo y capital social a una nueva sociedad escindida denominada Operadora de Sites Mexicanos, S.A. DE C.V. 3). Copia de la escritura pública cincuenta y tres mil, seiscientos setenta y cuatro, de cinco de enero de dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado Patricio Garza Bandala, notario Dieciocho del Distrito Federal, mediante la cual se protocolizó la constitución de la sociedad denominada Operadora de Sites Mexicanos, S.A. DE C.V. 4). Copia de la escritura pública ciento once mil, ochenta y tres, de diecisiete de julio de dos mil veinte, pasada ante la fe del Licenciado Javier Ceballos Lujambio, notario ciento diez de la Ciudad de México, mediante la cual contiene el ********************, conformado por Operadora de Sites Mexicanos, S.A. DE C.V., en su carácter de fideicomitente y Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario. 5). Copia certificada del contrato de administración de fecha veinte de julio de dos mil veinte, celebrado por parte de Operadora de Sites Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, con el fin de nombrar y designar como administrador del contrato de ******************** y de los activos elegibles del mismo, a Operadora de Sites Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable. 6). Copia del contrato de arrendamiento de uno de julio de dos mil veintiuno, celebrado entre los arrendadores María Esther Góngora Loría con el carácter de Nuda Propiedad, Alejandra Montserrat González Góngora y Luis Alejandro González Cepeda y como arrendatario Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, este último exclusivamente en su carácter de FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO OPSIMEX 4594, respecto del tablaje rústico número 20831, Sección 35, Manzana 275, ubicado en la localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán. 7). Copia de la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia para construcción de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Director de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a favor de FIDEICOMISO OPSIMEX 4594, con número de trámite 191770. 8). Copia de la escritura pública sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, pasada ante la fe del Licenciado Patricio Garza Bandala, notario ciento noventa y cinco de la Ciudad de México, mediante la cual se protocolizó la fusión de Operadora de Sites Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable como fusionante, con Telesites, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, como fusionada. 9). Copia de la licencia de construcción de uso diferente a casa habitación de fecha ocho de junio de dos mil veintidós, emitida por el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Yucatán, expedida a favor de FIDEICOMISO OPSIMEX 4594, con número de trámite 194462. 10). Documental fotográfica de los sellos de clausura. Como se observa, los documentos descritos al no haber sido objetados por las partes en su contenido, ni se puso en duda su veracidad, merecen valor probatorio pleno, conforme los artículos 79, 87, 93, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, tales elementos de convicción resultan insuficientes para autentificar el interés jurídico de la justiciable, pues no acreditó tener previamente constituido, un derecho tutelado por el propio Estado que la autorice para que, en su calidad de arrendataria del inmueble, se le faculte para operar la torre de telecomunicaciones en el tablaje rústico número 20831, Sección 35, Manzana 275, ubicado en la localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán. De ahí que, dada la tutela jurisdiccional cuya protección busca la peticionaria para cumplimentar su objeto social, es imprescindible que exhiba los originales o fotocopias certificadas de los permisos urbanísticos (licencias de uso de suelo, de construcción y de funcionamiento). Tal demostración generaría la certeza de un derecho tutelado de base objetiva en el orden jurídico y que produciría la convicción de que la instadora de amparo cuenta con un derecho protegido por el Estado, previamente constituido a la promoción de esta acción constitucional. Resulta necesaria la transcripción de los preceptos 1, 4, 6, 67 y 69 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, que estatuyen lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por objeto: I. Establecer las normas conforme a las cuales el Estado y los municipios participarán en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos. II. Fijar las normas a las que se sujetará la planeación, fundación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los centros de población de la Entidad. III. Definir las normas conforme a las cuales el Gobernador del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda y los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos y reservas de áreas, zonas y predios, que regulen la propiedad en el territorio del Estado. IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos." "ARTICULO 4.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias: I. El Gobernador del Estado. II. Los ayuntamientos. III. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda." "ARTICULO 6.- Son atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos en su jurisdicción territorial: I. Elaborar, aprobar, ejecutar, administrar, controlar, modificar y evaluar los programas de desarrollo urbano de su competencia y vigilar su cumplimiento. II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población. III. Participar en la administración de la zonificación, de las reservas territoriales y en el control de usos y destinos del suelo. IV. La regulación y administración de las zonas sujetas a conservación ecológica, los parques urbanos y los refugios municipales. V. Promover y planear el desarrollo equilibrado de las diversas comunidades y centros de población del municipio. VI. Participar en la ordenación y regulación de las zonas conurbadas que se presenten en el municipio. VII. Participar en la elaboración y ejecución de los programas regionales de desarrollo urbano de su competencia. VIII. Enviar para su inscripción al Registro Público de la Propiedad del Estado, los programas municipales de desarrollo urbano en los términos del Título III de la presente Ley. IX. Otorgar o negar las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de acuerdo con la presente Ley, los programas de desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables. X. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra. XI. Promover ante el Congreso del Estado, la fundación y extinción de centros de población. XII. Celebrar con los gobiernos federal, estatal y municipales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación en apoyo de los programas de desarrollo urbano. XIII. Promover la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de los programas de desarrollo urbano de su competencia. XIV. Realizar las acciones necesarias para la preservación y el control del medio ambiente en el municipio. XV. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de esta Ley, de los programas de desarrollo urbano de su competencia. XVI. Publicar y difundir los programas de desarrollo urbano de su competencia. XVII. Ejercer el derecho de preferencia establecido en esta Ley, en favor del municipio. XVIII. Instalar los consejos municipales de desarrollo urbano. XIX. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones legales." "ARTICULO 67.- Toda persona que pretenda dar a un área o predio, un uso específico o llevar a cabo en ellos obras como excavaciones, reparaciones, construcciones o demoliciones deberá solicitar previamente y por escrito, de la autoridad municipal, la licencia de uso del suelo." "ARTICULO 69.- La autoridad municipal estará obligada a expedir las licencias de uso del suelo, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos señalados en este capítulo y no se contravengan las disposiciones establecidas en esta Ley, en los programas municipales de desarrollo urbano y en los reglamentos municipales." Por su parte, los preceptos 19, 20, 21 y 23 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, disponen: "Artículo 19. Las Factibilidades, Licencias, Constancias y Autorizaciones son aquellos documentos expedidos por la DIRECCIÓN cuando los solicitantes cumplan con los requisitos que la normatividad aplicable exige para cada uno de ellos. Para efectos de la excepción establecida en el artículo 41, apartado B, fracción XX de la LEY, la expedición de autorización de uso del suelo corresponderá a la DIRECCIÓN. Cuando el interesado promueva el recurso que establece la LEY y el presente Reglamento y éste resulte procedente, la DIRECCIÓN podrá expedir los documentos a que se refiere el presente artículo cuando los solicitantes cumplan con los requisitos que la normatividad aplicable exige para cada uno de ellos." "Artículo 20. Para poder dar un uso o destino a un PREDIO o INMUEBLE, el propietario o poseedor deberá contar con la Licencia de Uso del Suelo expedida por la DIRECCIÓN." "Artículo 21. Para efectos del presente REGLAMENTO, la DIRECCIÓN, otorgará dos tipos de documentos de Uso del Suelo: Licencia de Uso de Suelo para el trámite de la Licencia para Construcción y Licencia de Uso de Suelo para el trámite de la Licencia de Funcionamiento Municipal." "Artículo 23. La Licencia de Uso del Suelo, es la autorización, que emite la DIRECCIÓN, para asignarle a los PREDIOS o INMUEBLES un determinado uso o destino cuando éste sea compatible con lo establecido en el PROGRAMA o Planes Parciales y que cumpla con las LEYES, REGLAMENTO, NORMAS y OTROS REGLAMENTOS aplicables. Como se vislumbra, de los numerales se desprende que los interesados en utilizar los predios o inmuebles para cualquier actividad en el Estado, incluyendo la realización de obras como excavaciones, reparaciones, construcciones o demoliciones, deberán solicitar y obtener previamente de la autoridad municipal competente, las licencias de uso del suelo (para trámite de la licencia de construcción y de funcionamiento municipal), cumpliendo con los requisitos que indiquen las disposiciones de carácter general expedidas en materia de desarrollo urbano por el Ayuntamiento del municipio de Mérida, Yucatán. En ese orden de ideas, se reitera, del análisis de las constancias no se colige que la peticionaria de amparo sea titular de un derecho tutelado por el orden jurídico objetivo; es notable que se actualiza la improcedencia de la acción ante la falta de autentificación plena y real del interés jurídico para que sea procedente el juicio constitucional. En efecto, carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo a reclamar los actos en mención, debido a que el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo, en el caso concreto, implica la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, pues el interés jurídico surge cuando el acto reclamado se relaciona directamente con la esfera jurídica de una persona y le causa un agravio actual y directo, al vulnerarse un derecho subjetivo. Luego, a efecto de que la quejosa acredite contar con interés jurídico para acudir al juicio constitucional, debe demostrar que los actos de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo por los preceptos legales reclamados, para lo cual debió probar ser titular de la licencia correspondiente que le autorizara legalmente el funcionamiento de la torre de telecomunicaciones cuya clausura pretende combatir. Ello, pues si la moral quejosa reclama los actos atinentes a dicha clausura, requiere acreditar que es titular de un derecho subjetivo, legítimamente protegido que, al aducirse que es transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando que esa transgresión cese, lo que debe ser demostrado con la autorización administrativa proporcionada por autoridad competente, que en el caso se traduce en la licencia de uso de suelo para el trámite de la licenciada de funcionamiento Municipal, la cual deberá cumplir con las condicionantes indicadas, correspondientes que autorice la operatividad de la citada torre. Lo anterior es así, ya que lo que se pretende defender es una actividad reglamentada, por lo que resulta necesario demostrar que se cuenta con el permiso o autorización que avale dicha actividad o en su caso la operatividad de la antena a verificar; esto, pues la posibilidad legal con que en su caso, debe contar la impetrante necesariamente surge a partir de la autorización que otorga la autoridad, con base en la normatividad aplicable, lo que supone la titularidad de un derecho subjetivo. En relación con esto, la quejosa sostiene, fundamentalmente, que con las pruebas ofrecidas y que obran en el sumario, acredita que es la propietaria de la torre objeto de la clausura. No obstante, dichas documentales son insuficientes para acreditar que la quejosa sea la titular del derecho que pudiera estimarse transgredido con los actos de autoridad que reclama, pues, de ninguna de dichas probanzas se advierte la citada autorización siendo que era indispensable la exhibición del permiso administrativo, licencia o autorización respectivo para operar la referida torre de comunicaciones y no solamente aducir que se tenía la propiedad de la misma. En efecto de los preceptos 1, 4, 6, 67 y 69 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, y los diversos numerales 19, 20, 21 y 23 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, se desprende que la quejosa, requiere de una licencia de uso de suelo para el trámite de la licenciada de funcionamiento Municipal, expedida por la autoridad competente para legalmente operar la torre de telecomunicaciones que fue clausurada, la cual no exhibió en el presente juicio de amparo, por lo que resulta evidente que no se encuentra legitimada para instar el juicio constitucional ya que, en este caso, la impetrante debe acreditar su interés jurídico, pues al margen de que dicha quejosa sostenga contar con un interés jurídico, derivado de la propiedad que afirma tener respecto de dicha torre, en el caso concreto, resulta indispensable acreditar contar con un derecho subjetivo que le autorice operar la mencionada torre de telefonía celular. Por tanto, la quejosa no cuenta con interés jurídico para acudir a reclamar mediante el juicio de amparo los referidos actos de autoridad, que se traducen en la clausura de la referida antena de telecomunicaciones; habida cuenta que tal reclamo atañe, para los efectos del juicio, directa y únicamente a quien se dirige el acto, que es a quien demuestre estar autorizado para instalar y operar dicha antena. Ello es así, en virtud de que, se insiste, tratándose de una actividad regulada por la ley para cuyo ejercicio se requiere de una autorización, licencia o permiso expedido por parte de la autoridad administrativa, pues la facultad de exigir el respeto a la actividad que requiere de dicha autorización, implica demostrar la existencia de tal derecho, lo cual necesariamente debe acreditarse por la parte quejosa. Tal permiso, que en el caso concreto se traduce en una licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento, que constituyen la base del derecho subjetivo que se defiende en juicio y, por ello, era menester que se acreditara contar con ésta para la procedencia del juicio de amparo. De ese modo, si la quejosa no acredita tener una titularidad sobre el derecho, permiso o autorización respecto de la mencionada torre de telefonía celular, es inconcuso que no acreditó contar con interés jurídico para controvertir la clausura reclamada, en consecuencia, debe estimarse que el juicio de amparo, es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, de Registro digital 264896, Sexta Época, que dice: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido." De igual forma apoya a lo anterior la tesis I.4º. A.660 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Diciembre de 2008, Novena Época, de registro 168321, que a la letra dice: "ESTABLECIMIENTO MERCANTIL REGLAMENTADO. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ORDENAMIENTOS QUE AFECTAN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE AQUÉL, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA RELATIVA O QUE DEMUESTRE QUE REALIZÓ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 9, fracción III, 29 y 77, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la misma entidad, se colige que el titular de una licencia de funcionamiento debe revalidarla cada tres años, mediante un aviso por escrito que podrá presentarse dentro de los quince días hábiles previos a la conclusión de la vigencia, que contenga su manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las condiciones en que se le otorgó u obtuvo originalmente no han variado, y que la falta de revalidación obliga a la delegación competente a clausurar el establecimiento mercantil cuyo funcionamiento autoriza la licencia. En ese contexto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo cuando se impugnan ordenamientos que afectan las condiciones de funcionamiento de un establecimiento mercantil reglamentado, por ejemplo, la legislación primeramente citada o la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal, es necesario que el quejoso exhiba la revalidación de la licencia relativa o que demuestre que realizó el trámite correspondiente, en tanto que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, la tutela a la cual puede acogerse el peticionario de garantías, requiere el cumplimiento de las normas respectivas, que para los giros mercantiles exige la licencia de funcionamiento vigente, como un elemento indispensable para demostrar la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, esto es, el de funcionar no sólo merced a la licencia sino a su revalidación, pues ésta es precisamente lo que da vigencia a aquélla. No es óbice a lo expuesto que en relación con el interés jurídico tratándose de los giros mercantiles comentados, la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sostenido en tesis de jurisprudencia que para acreditarlo no es indispensable la revalidación de la licencia de funcionamiento respectiva, pues analizó una norma distinta a la inicialmente mencionada, como lo es el Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal." Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 21, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXIX, Tercera Parte, de Registro digital 801171, Sexta Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Tratándose de un establecimiento comercial o giro reglamentado, la forma en que su funcionamiento puede constituir un derecho titulado en favor de la quejosa y, por consiguiente, su interés jurídico para combatir en amparo cualquier acto de autoridad que lesione ese derecho, es contar con la licencia correspondiente, por lo que al carecer de ella debe estimarse que la clausura del establecimiento no afecta ningún interés jurídico de la propia quejosa, en virtud de que no ha adquirido la titularidad del derecho de mantener su negociación abierta al público y en franco funcionamiento." Del mismo modo, por su analogía, rige la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 14, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXV, Tercera Parte, Sexta Época con registro electrónico número 801986, y que ilustra: "ANUNCIOS COMERCIALES HACIA LA VÍA PÚBLICA, COLOCACIÓN DE. SE REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA TENER INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO. La fijación de anuncios comerciales exteriores que dan a la vía pública, está reglamentada. Al respecto, la Suprema Corte ha entendido que tratándose de actividades reglamentadas, es la licencia respectiva y no simplemente la propiedad, lo que engendra la titularidad del derecho correspondiente, y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido; por lo que a quien no cuenta con la licencia necesaria, la orden de que sea retirado su anuncio no le afecta sus intereses jurídicos." Igualmente, se surte la tesis de jurisprudencia número VI.2o.J/308, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, Agosto de 1994, página 77, con registro electrónico número 210769 y que versa: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Apoya a lo anterior la tesis VI.2º 33 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 435, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tolo III, Febrero de 1996, Novena Época, de registro 203239, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO. NO SE ACREDITA CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE HACE CONSISTIR EN LA ORDEN DE CLAUSURA Y LA QUEJOSA ADMITE NO CONTAR CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE. De conformidad con los artículos 107 fracción I constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, y si en el caso la propia quejosa admitió en su demanda de garantías carecer de la licencia de funcionamiento de su negociación mercantil vigente, el hecho de que en el oficio de clausura aparezcan precisadas las causas específicas por las cuales ésta se efectuó, no es razón suficiente para estimar que acreditó su interés jurídico, y por ello, es legal el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito". Apoya a lo anterior la tesis I.4o.A.693 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 591, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Octava Época, de registro 212270, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO. PARA RECLAMAR LA CLAUSURA DE UNA OBRA, SE ACREDITA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION RESPECTIVA Y LA PROPIEDAD DEL BIEN. La clausura es un acto de molestia que afecta al propietario del bien inmueble clausurado, y si en el juicio de amparo indirecto el a quo consideró que el quejoso acreditó su interés jurídico para reclamar dicha clausura con la escritura pública que ampara la propiedad del bien referido y con la licencia que autoriza la construcción de una barda perimetral con zaguán en determinada superficie dentro del terreno que acreditó ser propietario, es claro que al desestimar la causa de improcedencia relativa hecha valer por las autoridades responsables, el a quo lo hizo en forma correcta, por tanto el juicio sí era procedente y estuvo en lo acertado al entrar al fondo del asunto." Por lo anterior, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal prevista por la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida Ley de Amparo. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en el inciso b). Respecto al acto reclamado consistente en la orden de inspección ********************, de doce de octubre de dos mil veintidós y el acta de inspección ******************** de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que emanan del expediente administrativo ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo; toda vez que dichos actos forman parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la cual no constituye una resolución definitiva que deje a la quejosa sin defensa o privada de los derechos que la normatividad que regula dicho procedimiento le concede; asimismo, tampoco constituye un acto de imposible reparación toda vez que dicho procedimiento concluye con la resolución que al mismo recaiga. Los numerales enunciados disponen textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se tiene que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es una serie de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. Ahora, si la regla general es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo, hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, correspondiente a abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de registro 184435, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114, acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". (Énfasis añadido) Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 24/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 147, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época, de registro 184549. Que a la letra dice: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las actas de visita domiciliaria o auditoría fiscal encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables mediante el juicio de garantías conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, la inimpugnabilidad de las mencionadas actas es una simple regla de orden y no una regla absoluta, pues no puede afirmarse que los actos de trámite nunca sean impugnables aisladamente, es decir, habrá que esperar hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron, como la falta de identificación de los visitadores, entre otros; además, el amparo indirecto en contra del resultado final de la visita fiscal domiciliaria sólo sería procedente de conformidad con el precepto indicado, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, excepto que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, supuestos en que el amparo procederá desde luego; de no ser así, el juicio de garantías sería improcedente en términos de la fracción XV del artículo 73 de la ley citada, habida cuenta de que en contra del resultado final de esa visita -resolución definitiva-, el particular afectado, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o nulificado." Establecido lo anterior, en el presente asunto la quejosa insta al presente órgano de control constitucional contra la orden de inspección ********************, de doce de octubre de dos mil veintidós y el acta de inspección ******************** de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que emanan del expediente administrativo ********************, de lo cual se evidencia que dichos actos no se trata de una resolución definitiva sino, por el contrario, son actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo; por tanto, los actos reclamados no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional sino, en todo caso serían impugnables en conjunto con la respectiva resolución definitiva; esto es, hasta que la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento correspondiente, emita resolución que concluya con el procedimiento. Apoya a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), visible en la página 1539, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de registro 2006338, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Bajo estas consideraciones, por lo que respecta a los actos reclamados que nos ocupan en este apartado, por tratarse de actos intraprocesales en un procedimiento en forma de juicio que no generan una afectación material, real y actual a derechos sustantivos a la parte quejosa, no cumplen con el requisito de procedencia previsto en la fracción III, del artículo 107, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de dicho ordenamiento, resultando procedente decretar el sobreseimiento en relación con aquel, en términos de la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. En esa tesitura, resulta improcedente analizar el fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en su carácter de administrador de ********************, contra los actos atribuidos a la responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en le consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en su carácter de administrador de ********************, contra los actos atribuidos a las responsables Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y su inspector adscrito, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en le consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en su carácter de administrador de ********************, contra los actos atribuidos a las responsables Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y su inspector adscrito, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en le consideración sexta de esta sentencia. CUARTO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar los informes justificados correspondientes a las autoridades siguientes: Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida Con sede en esta ciudad Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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