Operadora Maya Kan Sociedad Civil Particular
Expediente 495/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Operadora Maya Kan Sociedad Civil Particular
Actuaciones
- Principal
MERIDA, YUCATÁN, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de once de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el doce de enero siguiente, sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable al cumplimiento, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el once de noviembre de dos mil quince, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que no se aplicara a la quejosa lo previsto en los artículos, 27, fracción XI y 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se le permitiera la deducción en su totalidad de los conceptos que en los mismos se contienen. Asimismo, se precisó que las erogaciones que realizara la quejosa que se permitan deducir al amparo de esta sentencia, no implicaban que dejara de cumplir con los demás requisitos fiscales, que se contienen en la ley para su deducibilidad. Inconformes con dicha resolución, la Cámara de Senadores y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interpusieron sendos recursos de revisión de los que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, siendo que en sesión de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, resolvió: "PRIMERO. EN LA MATERIA del recurso de revisión, SE MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, por conducto de su apoderado José Gabriel Figueroa Gasque, contra la aprobación, expedición, promulgación y ejecución, del artículo 27, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de 2013, vigente a partir del uno de enero siguiente, reclamado al Congreso de la Unión, en sus dos Cámaras, y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "*****, por conducto de su apoderado José Gabriel Figueroa Gasque, contra la aprobación, expedición, promulgación y ejecución, del artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de 2013, vigente a partir del uno de enero siguiente, reclamado al Congreso de la Unión, en sus dos Cámaras y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Por auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio *****, de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior en el sentido de que había desincorporado de la esfera jurídica de la aquí quejosa la obligación de observar lo dispuesto en los párrafos cuarto y octavo de la fracción XI, del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados, mientras esté vigente y no sea reformado o modificado. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la ejecutoria constitucional se encuentra cumplida, ya que como se señaló en el párrafo que antecede, el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, hizo del conocimiento de este órgano de control Constitucional que había desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa el contenido de los párrafos cuarto y octavo del artículo 27 fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, en términos de lo establecido en el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 600-04-05-09-00-2017-83365, firmado por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en estos autos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga con relación al oficio remitido en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan estos autos, agréguese a los mismos el telegrama de cuenta del Director General de Amparos Contra Leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con sede en la Ciudad de México, y en atención a la solicitud que plasma en el mismo, no habiendo impedimento legal alguno para ello, remítase al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, copia certificada de la ejecutoria dictada el dieciséis de octubre último, en el toca A.R. 84/2016, con motivo de los recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el once de noviembre de dos mil quince. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 525/2017-P-1 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que devuelve este expediente, y remite el testimonio de la ejecutoria de dieciséis de octubre último, dictada en el toca A.R. 84/2016, relativo a los recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el once de noviembre de dos mil quince, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. EN LA MATERIA del recurso de revisión, SE MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a "*************", SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, por conducto de su apoderado José Gabriel Figueroa Gasque, contra la aprobación, expedición, promulgación y ejecución, del artículo 27, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de 2013, vigente a partir del uno de enero siguiente, reclamado al Congreso de la Unión, en sus dos Cámaras, y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "**********", SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, por conducto de su apoderado José Gabriel Figueroa Gasque, contra la aprobación, expedición, promulgación y ejecución, del artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de 2013, vigente a partir del uno de enero siguiente, reclamado al Congreso de la Unión, en sus dos Cámaras y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informa a este Juzgado dentro del plazo de tres días, debiendo remitirle copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca A.R. 84/2016, para tal fin. Se le apercibe que de incumplir con ello sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, todas con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por otra parte, una vez cumplida la sentencia constitucional, glósense a estos autos las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes formado con motivo de los aludidos recursos de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron, por tratarse de reproducción de actuaciones que ya forman parte de estos autos. Notifíquese y cúmplase.
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