Omar Josué Escalante Salazar

Expediente 1079/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1079/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Omar Josué Escalante Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el alegato ministerial 694/2018, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso tomarlo en consideración, toda vez que por auto de veinticinco del presente mes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, la cual estaba señalada para el veintiséis de octubre del año en curso, a las diez horas con veinte minutos. En cuanto a la copia de la resolución que solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele en su oportunidad copia del acuerdo de veinticinco de octubre de la presente anualidad, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, junto con un anexo, que remite con relación al requerimiento que se le hizo en acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, de los que se desprende que en la propia fecha la Junta laboral responsable ordenó el archivo del expediente laboral como asunto concluido, en virtud de que la parte demandada compareció a exhibir la cantidad de dinero acordada en el convenio laboral que suscribió con la parte actora, y ésta expresó su conformidad con la suma presentada. Lo anterior lo acreditó con la constancia que remitió, documental pública que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, a fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]. En este orden de ideas, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley en cita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estimó violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 173858; con el epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el presente asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y su notificación en el expediente laboral 700/2017. Sin embargo, de las diversas constancias enviadas por la responsable, se advierte que en fecha uno de octubre del presente año, comparecieron el actor y el apoderado de la empresa demandada AMERICAN LOAN EMPLOYEE SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a efecto de manifestar que llegaron para dar por terminado el conflicto laboral. Que en la propia fecha, la Junta Laboral responsable, aprobó el convenio celebrado por las partes en el juicio laboral 700/2017, declaró terminadas las relaciones laborales que las unieron y señaló fecha y hora para que la demandada entregara al actor la suma de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos, moneda nacional); precisando que el desistimiento del actor surtiría efectos jurídicos hasta que se realizara el pago acordado. Finalmente, en audiencia de diecisiete de octubre del año en curso, comparecieron nuevamente las partes ante la Junta laboral, en el que la parte demandada exhibió el cheque correspondiente al pago acordado, y el actor manifestó su conformidad con la suma exhibida en cumplimiento del convenio que celebraron, razón por la que la Junta Laboral responsable ordenó el archivo del expediente como asunto concluido De ahí que proceda concluir, que aun cuando subsiste el acto reclamado por la parte quejosa, el mismo no puede tener efecto legal ni material alguno, toda vez que ha dejado de existir su objeto o materia del mismo, con motivo del convenio de terminación de la relación laboral celebrado entre las partes en el juicio natural y la determinación de la junta laboral responsable de aprobarlo y ordenar el archivo del expediente. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DDE AMPARO.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los presentes autos, se acuerda: agréguese el INFORME JUSTIFICADO rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del actuario adscrito a dicha Junta, junto con un anexo; en el que informa y acredita que en audiencia de uno de octubre del año en curso, comparecieron el actor y el apoderado de la empresa denominada AMERICAN LOAN EMPLOYEE SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a efecto de manifestar que llegaron para dar por terminado el conflicto laboral. Motivo por el cual la Junta Laboral responsable, aprobó el convenio celebrado por las partes en el juicio laboral 700/2017, declaró terminadas las relaciones laborales que las unieron y señaló las doce horas del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, para que la demandada entregue al actor la suma de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos, moneda nacional); asimismo, precisó que el desistimiento del actor surtirá efectos jurídicos hasta el momento en que sea cumplimentado el pago acordado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, de que una vez llegada la fecha en que habrá de entregarse la cantidad pactada en el convenio, lo informe de inmediato a este Juzgado, así como las constancias de notificación realizadas a las partes, para lo cual deberá hacerlo dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese.

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