Omar Rivera Villanueva

Expediente 2377/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2377/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Omar Rivera Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase a Omar Rivera Villanueva, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Federal. Fórmese el cuaderno correspondiente; regístrese en el libro de gobierno con el número 2377/2019. Ahora bien, el quejoso manifiesta que el acto reclamado consiste en: "Lo constituye el estar omitiendo el pago de mi pensión mensual jubilatoria, conforme a indicadores y parámetros no ajustados debidamente a los SALARIOS MÍNIMSO, sino a sobre criterios económicos del UMA (UNIDAD DE MEDIA Y ACTUALIZACIÓN). Tal como así lo señalan y afirman, en el oficio fechado el día tres de diciembre del dos mil diecinueve signado por el C. LIC. PEDRO MANCILLA COLLAZO, en su carácter de ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE EN TRABAJO, DEL ISTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO con residencia en esta Ciudad Capital, que me fuera notificado el día de ayer cuatro de diciembre del dos mil diecinueve y del cual me permito adjunta en original a este escrito como anexo número UNO." Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Como se dijo, el quejoso reclama la omisión de hacerle pago de la pensión mensual jubilatoria conforme a indicadores y parámetros no ajustados a los salarios mínimos, sino sobre criterios económicos de UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), lo cual le fue comunicado por oficio de tres de diciembre de dos mil diecinueve, por la autoridad responsable. De las documentales que adjunta al escrito de la demanda de amparo específicamente del oficio No SP/DPSHT/3019/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte que el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, en atención a la petición formulada por el peticionario de amparo, en lo que aquí interesa le comunica lo siguiente: ". Sobre el particular y después de haber realizado un análisis a su petición, me permito informar que usted es beneficiario de una pensión por jubilación bajo el número 882091, iniciándose a partir del 1 de Febrero del 2008, con una cuota diaria actual de $776.66 siendo el tope máximo de pensiones en el presente año de $844.90. Dicho Monto de su pensión, es otorgado conforme lo establecido en la Ley del ISSSTE abrogada, en su artículo 64 en concordancia con el artículo Décimo Transitorio, fracción IV, de la Ley del ISSSTE vigente. Ahora bien, es importante mencionar que las pensiones otorgadas por el ISSSTE no se otorgan sobre salarios mínimos, o UMA, sino que se toma como base para calcular la pensión el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado por la dependencia en la cual el pensionado haya laborado, y se establece que será el propio sueldo básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el salario mínimo el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios pensionarios. No menos importante es mencionar que los incrementos anuales que tiene una pensión, NO se hace con base en la UMA, el aumento se realiza actualmente con base al mejor incremento que haya existido entre la plaza con la que se causó baja y el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor). [.] Por lo anteriormente expuesto, me permito informar a usted que su pensión se encuentra correctamente otorgada e incrementada conforme lo señala el artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, así mismo informo que no es procede el pago de retroactivo solicitado, en base al salario mínimo." Sobre el particular, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para corroborar lo anterior, resulta pertinente reproducir lo que disponen los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, tal como a continuación se indica: No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. a) Acto de Autoridad administrativa. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que por su naturaleza es de carácter administrativa, ya que no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. b) Procedencia de un medio ordinario de defensa En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su artículo 14, fracción VI, establece: "Artículo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)". De la norma transcrita se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de actos que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal como acontece en el presente juicio. En estas condiciones, se sostiene que el presente juicio resulta improcedente, en atención a que el quejoso reclama la negativa de la autoridad responsable de hacerle el pago retroactivo de la pensión que solicitó por escrito de siete de octubre de dos mil diecinueve, en base al salario mínimo. En efecto, para poder determinar si una resolución emitida por la autoridad administrativa es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, es menester que aquélla constituya el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En el caso, aun cuando la resolución reclamada no constituye la resolución que pone fin a un procedimiento, sí se trata de una manifestación aislada que refleja la última voluntad oficial, esto es, determinó que es improcedente hacer el pago retroactivo de la pensión que solicitó el peticionario de amparo, por escrito de siete de octubre de dos mil diecinueve, en base al salario mínimo Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de rubro y texto siguientes: En ese sentido, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es un medio ordinario de impugnación que la parte quejosa debió agotar de manera previa a la promoción del juicio de amparo indirecto, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado. c) Igualdad de requisitos para conceder la suspensión Por otra parte, del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en la Ley de Amparo vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, lo que refuerza que el acto carece de definitividad y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: Además, no se puede dejar al arbitrio de los quejosos determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega el quejoso pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Sobre esa base, se concluye que la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado ******************** apoderado legal de la parte quejosa ********************, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2º., de la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de las constancias a que se refiere en el ocurso que se provee, previa razón de su entrega y recibo que se deje en autos.

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