Omar Pinzon Toscano

Expediente 1516/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1516/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Omar Pinzon Toscano

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 19663/2019 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la ejecutoria autorizada en sesión de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de queja 159/2019, interpuesto por Omar Pinzón Compean, por conducto de su apoderado legal Daniel Olivares Montoya, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Omar Pinzón Compean, contra el auto de desechamiento, de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo 1516/2019.". En consecuencia, acúsese recibo; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto concluido, previas anotaciones en el libro de registro correspondiente.

  2. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento de éste juzgado que admitió el recurso de queja interpuesto por Omar Pinzón Compean, registrándolo bajo el número 159/2019.

  3. Principal

    VISTO el escrito signado por el licenciado Daniel Olivares Montoya, apoderado legal del quejoso Omar Pinzón Compean, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, téngase a dicho promovente interponiendo Recurso de Queja en contra del auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el ocurso por el cual interpone el referido recurso, el original y una copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de la demanda de amparo, del doce de los corrientes, y la notificación correspondiente, para la substanciación del recurso de queja de referencia. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe manifestando que es cierto que esta autoridad dictó el acto materia de la queja.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo signado por Omar Pizon Compean, por conducto de su apoderado legal licenciado Daniel Olivares Montoya, mediante el cual solicita el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Federal; por lo tanto, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1516/2019. Ahora, en el escrito inicial de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: OMISIÓN.- Del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS en DICTAR LAUDO, dentro del Juicio Laboral 854/M/2016.". Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 217, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.].". De conformidad con los preceptos antes transcritos, se puede advertir del primero, que el juicio de amparo resultaría improcedente al contravenir disposiciones contenidas en la Norma Superior de la Nación o en la propia Ley de Amparo. Por su parte, el último de los preceptos transcritos establece que los Jueces de Amparo, se encuentran obligados a acatar la Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como también deben observar aquellos criterios que emitan sus Salas. En esa virtud, como ya se mencionó el impetrante de amparo a través de su apoderado legal reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral número 854/M/2016, pues considera que con dicha omisión demora la administración de justicia, lo cual transgrede en su perjuicio la garantía de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17, Constitucional; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, tal demora no se ha producido por los motivos que enseguida se expresan: En efecto, cabe citar que en la contradicción de Tesis 294/2018, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primero Circuito y el Tribunal Colegia en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, se determinó como un lapso de 45 días naturales como genérico para establecer una demora en los Juicios laborales tramitados ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, el cual comenzaría a computarse una vez que concluyere el plazo que prevé la ley para que se realice el acto procesal. Dicho criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el uno de marzo del año en curso, bajo el número de registro 2019400, que en su rubro y texto refieren: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". En el particular, se advierte que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que motivó el presente asunto, no habían transcurrido los cuarenta y cinco días naturales posteriores al término legal para dictar la resolución peticionada; ello en atención, a lo narrado por el ocursante en su demanda de amparo, pues refiere que el nueve de julio de dos mil diecinueve, concluyó el desahogo de la prueba testimonial, encontrándose a partir de esa fecha en aptitud de dictar el laudo correspondiente, dentro del término de diez días hábiles, el que transcurriría del diez de julio al seis de agosto del año en curso. Ahora, es pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 885 a 890, de la Ley Federal del Trabajo, lo cuales establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos.". "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.". "Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado.". "Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta.". "Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes.". En vista a lo anterior, se tiene que el Auxiliar de la Junta responsable dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, el cual deberá contener los elementos que señala el diverso numeral 840, de la Ley Federal del Trabajo, de dicho proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta y dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Transcurrido el término de cinco días y desahogadas las diligencias que en ese término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta, por lo tanto, una vez engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Luego entonces, si el ocursante en su demanda refiere que el nueve de julio de dos mil diecinueve, concluyó el desahogo de la prueba testimonial, encontrándose a partir de esa fecha en aptitud de dictar el laudo correspondiente, y tomando en consideración que el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para de ahí advertir la dilación en el procedimiento laboral, comenzaría a contar a partir una vez que se declare cerrada la instrucción, así como que transcurran los diez días siguientes que tiene el Auxiliar de la Junta responsable para formular por escrito el proyecto de laudo, más los cinco días hábiles siguientes a aquel en que hubieren recibido la copia del proyecto cada uno de los integrantes de la Junta y por último, los diez días siguientes para la discusión y votación del mismo; de lo que se advierte, que dichos plazos hasta la presente elaboración de este acuerdo aún se encuentra transcurriendo; por ello, no existe la dilación que refiere el impetrante de amparo; y por ello, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, de la Ley de la Materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.

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