Onesimo Alvarado Zúñiga
Expediente 287/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Onesimo Alvarado Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Se agrega sentencia del auxiliar que sobresee amparo
- Principal
Se remite expediente al órgano auxiliar para el dictado de la sentencia
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
- Incidental
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las nueve horas con treinta minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el presente asunto, el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rocío López Castillo, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la misma sin la comparecencia personal de ninguna de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, mismas que por economía procesal, no habrán de transcribirse cada una de ellas, en virtud de haber quedado relacionadas en el presente incidente. En apoyo de la anterior consideración, por analogía, tiene aplicación el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, registro: 206494, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los autos en que se actúa, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado al quejoso Onésimo Alvarado Zúñiga, en proveídos de uno y veintisiete de marzo del año en curso. Al respecto el Juez acuerda: Se tiene a la Secretaria relacionando las constancias de autos, para los efectos legales respectivos; asimismo, se hace el efectivo el apercibimiento realizado al quejoso en los proveídos de uno y veintisiete de marzo del año actual, y las autoridades responsables que denominó como Director de Operaciones de la Policía Custodio "A" y Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, ambas con sede en esta ciudad, se tienen por inexistentes para los efectos legales a que haya lugar y se ordena suspender toda comunicación oficial con ellas. A continuación se abre el período de alegatos, sin que las partes hayan formulado los de su intención, por lo se cierra dicho período. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S para dictar resolución los autos que integran el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número 287/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Onésimo Alvarado Zúñiga solicitó la suspensión definitiva contra de actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. La parte quejosa, manifestó que el acto reclamado consiste en la separación de su cargo como custodio en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en el Municipio de Güémez, Tamaulipas. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO: En la presente resolución, se tuvo a las autoridades responsables señaladas como Director de Operaciones de la Policía Custodio "A" y Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, ambas con sede en esta ciudad, por inexistentes, por tal motivo, resulta evidente que el acto que a dicha autoridad se atribuye deviene inexistente, por lo que es procedente negar la suspensión definitiva respecto de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2021029, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." SEGUNDO: La autoridad responsable Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclama. Misma circunstancia de certeza se tiene por cuanto hace a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, ya que no obstante que negó el acto que se le atribuye, de lo manifestado por el Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y su Presidente, se advierte la existencia del acto reclamado y por ende, su inminente ejecución, de ahí que se tiene por cierto el acto que se les reclama en términos de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Ahora, la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en la separación de su cargo como custodio en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en el Municipio de Güémez, Tamaulipas. Ahora, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio, que en el cuaderno principal, la autoridad responsable Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado y señaló que el tres de mayo de dos mil veintidós, se decretó la remoción definitiva de sus funciones, ello dentro del procedimiento administrativo CDP/652/2019. Ahora bien, conviene tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [.] "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; Continúe la producción o el comercio de narcóticos; Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; Se impida el pago de alimentos; Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.". De tales preceptos, en lo que interesa, se colige que para otorgar la suspensión definitiva de los actos reclamados, entre otros requisitos, es necesario satisfacer los siguientes: a) La solicitud del quejoso en ese sentido; b) Que los actos no causen perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, es necesario tener en cuenta que de conformidad con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, una de las exigencias legales que debe colmarse, tratándose de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, es aquélla referente a que con su otorgamiento no se contravengan disposiciones de orden público o se perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo antes señalado encuentra apoyo en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tercera Parte, página 58, del tenor literal siguiente: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría." Asimismo, resulta ilustrativo al respecto, la jurisprudencia número 8, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el informe de 1973, Parte II, página 44, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". El artículo 129 de la Ley de Amparo, enumera algunos ejemplos de lo que se puede considerar un acto que perjudique a la sociedad, como cuando con la concesión de la medida cautelar se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, establecimientos de juegos con apuestas o sorteos, la producción y el comercio de narcóticos; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la drogadicción; se permita el incumplimiento de órdenes militares; se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, entre otros. Ahora, en tratándose de la separación definitiva o cese de un servidor público, el máximo Tribunal del País, ha considerado, que en el juicio de amparo NO puede otorgarse la suspensión solicitada respecto del cese o separación de los mismos decretado como sanción, pues en este supuesto el interés de la sociedad sí se vería afectado en la medida de que dicho interés se encuentra salvaguardado por la suspensión definitiva del servidor, esto es, por el impedimento formal de que desempeñe un cargo público con motivo de su separación o cese (por alguna conducta indebida atribuida), pues de concederse la medida cautelar y a la postre negarse el amparo, implicaría que el interés público personificado en el servicio público, se vio afectado puesto que se permitió al infractor de las leyes del servicio público, continuar en su función; por consiguiente, en este caso, sí está latente la protección del interés público, que es superior a los daños que pudieran causarse al quejoso con el acto reclamado. Estas consideraciones, se contienen en la ejecutoria con que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 115/2003-SS, que dio origen a la Jurisprudencia identificada con el número de Tesis 2a./J. 34/2004, consultable en la página 444, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo.". Luego, se considera que en el caso resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados y sus consecuencias. Así se afirma, porque de otorgarse la medida cautelar de dichos actos, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se contravendría el interés de la colectividad, dado que dicho interés se encuentra salvaguardado por la separación definitiva del servidor, esto es, por el impedimento formal de que desempeñe el cargo como custodio en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en el Municipio de Güémez, Tamaulipas, de tal suerte que de concederse la medida cautelar, implicaría que el interés público personificado en el servicio público, se vería afectado puesto que se permitiría al infractor de las leyes del servicio público, continuar en su función. Luego, se considera que en el caso resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados y sus consecuencias; toda vez que el quejoso manifestó que la autoridad responsable le comunicó que estaba suspendido de sus funciones. Consecuentemente, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social queda acreditado, pues las funciones relacionadas con la procuración de justicia y con la seguridad pública en general, tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables. Finalmente, se cita a lo anterior la tesis I.3º. A 31 A, Página 624, Tomo IV, Novena Época, Octubre de 1996, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PÚBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si el cese de un servidor público presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO: Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Onésimo Alvarado Zúñiga, que solicita, por las autoridades y motivos expuestos en esta resolución. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
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