Omar Estrada Bustos
Expediente 224/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 30 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 18/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- OMAR ESTRADA BUSTOS y Otros.
- Omar Estrada Bustos
- Josefa Sierra Gómez
- La Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa En el Estado de Guerrero, Región Costa Chica, Con Sede En Ometepec, Guerrero
- JOSEFA SIERRA GÓMEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 224/2018 y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el dos de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Omar Estrada Bustos y Josefa Sierra Gómez, Presidente Municipal y Coordinadora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Ometepec. Guerrero, presentaron demanda de amparo contras las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA La Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Región Costa Chica, con residencia en Ometepec, Guerrero. EJECUTORA El Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: 1.- El acuerdo de fecha Catorce de Febrero del Dos Mil Dieciocho, dictado por la autoridad responsable señalada como ordenadora, en el cual nos impone una multa de $2,264.70 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N), dictado dentro del expediente TCA/SRO/010/2016, del índice de la Sala Regional de Justicia Administrativa, Región Costa Chica, en el Estado, y relativo al juicio de ejecución de sentencia. B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO EJECUTORA, LO SIGUIENTE: 1.- La ejecución que del acto de autoridad emitido por la autoridad responsable señalada como ordenadora, pretende realizar, consistente en la multa impuesta por la cantidad de $2,264.70 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N), por virtud que como se desprende del acto reclamado, consistente en el auto de fecha Veintidós de Febrero del Dos Mil Dieciocho se ordenó girar oficio a ésta última autoridad responsable, señalada como ejecutora, con lo cual es evidente la pretensión de ésta última de hacer efectiva la citada multa impuesta a los suscritos funcionarios públicos, en nuestro carácter de personas físicas." SEGUNDO.- Trámite del Juicio de amparo. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 224/2018, se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se comisiono a la fedataria de la adscripción la notificación del inicio de este juicio al tercero interesado; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia por un tribunal administrativo residente dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama de: La Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Región Costa Chica la multa impuesta por la cantidad de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional) dentro del expediente TCA/SRO/010/2016. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el cumplimiento a esa determinación. TERCERO. Oportunidad. La promoción del juicio se estima oportuna, ya que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veintitrés de febrero al ocho de marzo del año en curso, descontándose los días veinticuatro y veinticinco de febrero, tres y cuatro de marzo, por ser días inhábiles. De ahí que, si la demanda fue presentada el dos de marzo de este año, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, Región Costa Chica, en Ometepec, Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Chilpancingo, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados; lo que se corrobora de las copias certificadas remitidas como apoyo a los mismos, documentales que dada su naturaleza gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Ante la certeza de los actos reclamados y al no actualizarse causa de improcedencia alguna, previo al estudio de fondo resulta conveniente precisar los hechos que constituyen sus antecedentes, los cuales se obtienen de las constancias del juicio contencioso administrativo TCA/SRO/010/2016, cuya valoración se realizó en el considerando que antecede y de los cuales se advierte que: Uno. En acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda promovida por José Concepción Domínguez Nava en contra de los ahora quejosos, de quienes reclamaron diversas prestaciones. Dos. Seguido en sus trámites el juicio natural; por sentencia de tres de junio de dos mil dieciséis, se declaró la nulidad de los actos atribuidos a las autoridades demandadas Presidente Municipal Constitucional y al Jefe de Recursos Humanos, del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, y se les condenó a pagar al actor la correspondiente indemnización y demás prestaciones en los términos de ley. Tres. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la resolución de diez de ese mes, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en autos del toca número TCA/SS/461/2016, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas, misma que confirmó la sentencia aludida y se requirió a las demandadas para que de inmediato dieran cumplimiento a dicha sentencia; en los siguientes términos: ". otorguen al actor por concepto de indemnización; el pago de la cantidad de $18,272.04 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N), correspondientes a tres meses de salario base y el pago de la cantidad de $40,604.53 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N.), por los diez años de servicio prestados; el pago de la cantidad de $4,060.45 (CUATRO MIL SESENTA PESOS 45/100 M.N.), por concepto de veinte días de vacaciones correspondiente al año dos mil quince, el pago de la cantidad de $532.50 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), por concepto de aguinaldo proporcional, prestaciones que ascienden a un total de $66,5144.84 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 84/100 m.n.); así como, el pago de las demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor" Esa determinación se les notificó el treinta siguiente, como se aprecia de las constancias respectivas. Cuatro. Por auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió nuevamente a las autoridades demandadas el cumplimiento a la sentencia; lo cual tendrían que realizar en el término de tres días hábiles, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría una mula en forma individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), equivalente a $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional); proveído que se notificó el trece de diciembre siguiente. Cinco. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, previa solicitud de la parte actora formulada en ocurso de trece de ese mes y al haber transcurrido con exceso el plazo otorgado a las demandadas, se hizo efectiva la multa referida en el punto anterior, y se requirió nuevamente a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia, con apercibimiento de una segunda multa, ahora por sesenta unidades de medida u actualización (UMA) a razón $80.00 (ochenta pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a la suma de $4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional); se giró oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a efecto de hacerla efectiva; lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio; lo que se les hizo de su conocimiento a la parte quejosa el veintidós de ese mes SEXTO. Estudio de fondo. Precisados los antecedentes del acto reclamado; procede analizar el concepto de violación, el cual en esencia, la parte quejosa hizo consistir en que, la Sala responsable transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales ya que la resolución reclamada no se encuentra fundada y motivada, porque sólo se determinó la imposición de la multa sin precisar las razones por las cuales tomó la decisión de que ésta fuese por el monto equivalente a treinta unidades de medidas y actualización, no obstante que el diverso 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé que la multa a imponerse puede oscilar de un mínimo de tres días a un máximo de ciento veinte días; y al efecto invocó la Jurisprudencia VII.2º.A.T.J/7, de rubro "MULTA ADMINISTRATIVAS. LA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN CUANTO AL MONTO IMPUESTO SÓLO GENERAL LA NULIDAD PARA EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SI SE RECONOCIÓ LA VALIDEZ E LA DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA SANCIONADA". Ahora, de la confrontación de los antecedentes con el motivo de queja, se concluye que éste resulta infundado; y para justificarlo, es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" En ellos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, los artículos 135 al 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, prevén: "Artículo 135. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades, y a los organismos demandados para su inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación." "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." "Artículo 137. En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional." "Artículo 138. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político correspondiente." "Artículo 139. Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán procedentes, cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto reclamado en el procedimiento." "Artículo 140. La sala no podrá variar ni modificar su sentencia después de notificada, sin perjuicio del incidente de aclaración de sentencia." "Artículo 141. Los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles." "Artículo 142. No podrá archivarse ningún juicio contencioso administrativo sin que se haya cumplido cabalmente la sentencia ejecutoriada en que se haya declarado la invalidez del acto o la disposición general impugnada." De acuerdo con los artículos citados, se advierte que, el periodo de ejecución de cumplimiento de la sentencia, comienza de oficio, y que en caso de hacerlo, se requerirá a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto del cumplimiento de la misma; concluido ese término, si la sentencia no quedaré cumplida la Sala de oficio o a petición de parte, requerirá de nueva cuenta a la parte demandada apercibiéndola de multa, misma que oscila de entre tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente, (en el caso unidades de medida u actualización) si la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la Sala Superior resolverá a instancia de la Sala Regional requerir al superior sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta, si no se diera el cumplimiento, la Sala Superior estará en aptitud de destituir al servidor, excepto cuando goce de fuero constitucional. En ese sentido, de la confrontación de los antecedentes del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados de los ordinales invocados, se obtiene que el apercibimiento de la multa reclamada, contenido en el auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, se notificó a las demandadas Presidente Municipal Constitucional y al Jefe de Recursos Humanos, del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, el trece de ese mes. De ahí que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa previo a hacer efectiva la multa reclamada, la autoridad responsable hizo saber a los destinatarios tanto las obligaciones que debían cumplir, el plazo que tenían para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento; entonces, válidamente puede afirmarse que dicha responsable sí ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho. Además, se observa que la responsable tomó en consideración el plazo transcurrido entre la notificación del acuerdo por el cual se requirió el cumplimiento a la sentencia dictada en autos del juicio natural (trece de diciembre de dos mil diecisiete) y la fecha en que hizo efectiva la multa (catorce de febrero de dos mil dieciocho), el cual excedía del término otorgado para acatar dicho fallo (tres días), pues al efecto habían pasado aproximadamente dos meses de aquello, sin que acreditaran con medio de convicción alguno encontrarse realizando los trámites necesarios para dar cumplimiento a la sentencia, como podría ser por ejemplo, de manera enunciativa no limitativa, ejecutar acciones tendentes a lograr la autorización de la partida especial para el pago de la referida condena; aunado al hecho que la parte quejosa no esgrimió argumento alguno eficiente para demeritar la consideración de la responsable sobre el particular, ya que de ello pende su decisión de imponer la sanción a la que se hicieron acreedores las autoridades demandadas aquí quejosas. Por otro lado, al quedar de relieve el hecho de que el término inicialmente otorgado a las responsables transcurrió en exceso, tampoco se advierte que la sanción, impuesta en lo individual, sea desproporcionada al proceder que se le atribuye a la parte quejosa, por virtud de la cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Regional en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejosos) el cual transcurrió además en exceso. Ahora, por lo que ve a la cantidad de treinta unidades de medida y actualización equivalente a la cantidad de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), que la responsable impuso como sanción económica, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, dicha multa se encuentra fundada en términos del artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y dentro de las consideraciones invocadas para su imposición, se advierte que es porque a pesar de que se les requirió desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y se les notificó el treinta siguiente, lo cual fue reiterado en acuerdo de once de diciembre de ese año, notificado el trece de ese mes, no demostraron con medio de convicción alguno que se encontraran realizando los acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, lo que ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora. Aunado a que, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el procedimiento de ejecución de sentencia, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (reincidencia), porque contrario a lo que aducen los peticionarios del amparo, dejaron de acatar dos requerimientos, además del lapso de tiempo transcurrido para ello; por tanto, se estima fundada y motivada su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargo de servidores públicos municipales, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dicha medida de apremio ni tampoco, era necesario que se tomara en consideración el monto del negocio, al no ser un elemento indispensable para individualizar la multa. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En ese sentido, no le es benéfico el criterio invocado, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas, quedaron debidamente requisitados. Por lo que en mérito de lo expuesto al devenir infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo que procede es negar a Omar Estrada Bustos y Josefa Sierra Gómez, Presidente Municipal y Coordinadora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero, la protección federal solicitada contra el acto reclamado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Ometepec. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Omar Estrada Bustos y Josefa Sierra Gómez, Presidente Municipal y Coordinadora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 157/2018 que se envió para notificar el inicio del presente juicio al tercero interesado José Concepción Domínguez Nava. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, se tiene por notificado del inicio del presente juicio al tercero interesado José Concepción Domínguez Nava, y como de las constancias que se reciben, se advierte que éste no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y que ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de julio del año en curso; por ende, las subsecuentes notificaciones que se le efectúen, aun las de carácter personal, hágasele por lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de veintitrés de julio pasado, informa que el despacho 157/2018 que se giró para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara el inicio del presente asunto al tercero interesado José Concepción Domínguez Nava, fue devuelto mediante oficio 381/2018 de ocho de agosto actual; de lo que queda enterado este juzgado y en espera de la citada comunicación oficial. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/3803/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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