Omar Estrada Bustos

Expediente 954/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 39 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
954/2016
Año
2016
Actuaciones
39
Última actuación
02/06/2017

Partes del expediente

  • Omar Estrada Bustos
  • OMAR ESTRADA BUSTOS y Otros.
  • Alejandra Bobadilla Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, dos de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 954/2016. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el veintinueve siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo, Etelberto B. Victoriano Jiménez y Delfino Nicolás Rojas, por propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Administrador Fiscal Estatal 09-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en Ometepec, Guerrero. ACTO RECLAMADO "...el requerimiento de pago de multa, hecho a los suscritos quejosos mediante oficio de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis; mediante el cual indebidamente se nos requiere el pago de una multa y el pago de gastos de ejecución, sin que hayamos dado motivo ni a lo uno, ni a lo otro, careciendo dicho acto de la más mínima fundamentación y motivación que deben revestirle" SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 954/2016, y se previno a los quejosos para que manifestara si deseaban señalar como acto reclamado el acuerdo de trece de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente administrativo TCA/SRO/006/2015 por la Sala Regional de Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, mediante el cual impuso multa a los aquí quejosos por incumplimiento de la sentencia emitida en el citado juicio de nulidad; lo que no desahogaron dentro del término concedido; consecuentemente, mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo únicamente como acto reclamado el atribuido al Administrador Fiscal Estatal 09-01, con sede en Ometepec, Guerrero, a quien se requirió su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde, se ordenó notificar al tercero interesado y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo de ejecución atribuido a una autoridad administrativa, cuya ejecución tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, lo que se corrobora con el acta de notificación que anexó a su demanda; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del doce de septiembre al cinco de octubre del año próximo pasado (descontados los días del catorce al dieciocho de septiembre, veinticuatro y veinticinco de septiembre, uno y dos de octubre del año pasado por ser días inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintiocho de septiembre pasado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se precisa que la parte quejosa reclama los requerimientos de pago contenidos en los oficios números 752/2016 dirigido a Omar Estrada Bustos, como Presidente Municipal; el 753/2016 dirigido a Alejandra Bobadilla Toledo en su carácter de Sindica Procuradora; 754/2016 dirigido a Etelberto B. Victoriano Jiménez como Encargado de Seguridad Pública y finalmente el oficio número 755/2016, dirigido a Delfino Nicolás Rojas, en su carácter de Secretario General, todos del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitidos por el Administrador Fiscal Estatal 09-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, residente en Ometepec, Guerrero, por concepto de multas impuestas por la Sala Regional de Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, derivadas del expediente administrativo TCA/SRO/006/2015. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Administrador Fiscal Estatal 09-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en Ometepec, Guerrero, fue omiso en rendir su informe justificado; sin embargo, remitió copia certificada de las constancias que tomó en consideración para la emisión de los actos que se le reclaman, en tanto que la parte quejosa exhibió los originales de los diversos oficios 752/2016, 753/2016, 754/2016 y 755/2016, precisados en el considerando que antecede, así como del acta de notificación y la comunicación de multa signada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, consecuentemente, se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XVI, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187016, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, Libro X, tomo I, Julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001155, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora bien, para demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio es conveniente precisar lo siguiente: que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye los requerimientos de pago contenidos en los oficios números 752/2016 dirigido a Omar Estrada Bustos, el 753/2016 dirigido a Alejandra Bobadilla Toledo, el 754/2016 dirigido a Etelberto B. Victoriano Jiménez, y el oficio número 755/2016, dirigido a Delfino Nicolás Rojas, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitidos por el Administrador Fiscal Estatal 09-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, residente en Ometepec, Guerrero, por concepto de multas impuestas por la Sala Regional de Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, derivadas del expediente administrativo TCA/SRO/006/2015. Asimismo, los quejosos exhibieron los originales de los oficios 752/2016, 753/2016, 754/2016 y 755/2016 de trece de julio de dos mil dieciséis, mediante los cuales la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, solicitó al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado hacer efectivo el cobro de las multas impuestas a los quejosos Omar Estrada Bustos, como Presidente Municipal; Alejandra Bobadilla Toledo en su carácter de Sindica Procuradora; Etelberto B. Victoriano Jiménez como Encargado de Seguridad Pública y a Delfino Nicolás Rojas, en su carácter de Secretario General, todos del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, mediante proveídos de esa fecha por incumplimiento de la sentencia dictada en el aludido juicio, por la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional) a cada uno; luego entonces, las citadas multas son aprovechamientos que originan un crédito fiscal exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo segundo del título cuarto del Código Fiscal del Estado de Guerrero. En efecto, los artículos 2, 3, y 143 del Código Fiscal del Estado de Guerrero disponen el primero y el segundo, que los ingresos del Estado por concepto de contribuciones se clasifican en ordinarios y extraordinarios, que dentro de los primeros se encuentran los aprovechamientos, los cuales constituyen ingresos que percibe el Estado, distintos de los impuestos, derechos, productos o participaciones; finalmente, el último de los dispositivos legales señala que no satisfecho un crédito en favor del erario del Estado dentro del plazo que para el efecto señalen las disposiciones legales, se hará efectivo por medio del procedimiento administrativo de ejecución. Luego, en su demanda de amparo el quejoso plantea como motivo de disenso el que la autoridad exactora al requerirlo de pago indebidamente cuantifica la cantidad de $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de "gastos de ejecución" sin que se encuentre facultada para realizar tal cobro, en razón de que la Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que impuso las multas en ningún momento señaló que tuviera que pagar gastos de ejecución por las citadas multas; de lo que se deriva que impugna los oficios combatidos con motivo de la actuación de la autoridad administrativa. Bajo ese contexto, se concluye que los quejosos omitieron observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que debieron instar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en cuya instancia puede demostrar la ilegalidad del referido acto administrativo, previo a la interposición del juicio de amparo. En torno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, conviene citar los siguientes preceptos: Artículo 118, de la Constitución Política del Estado de Guerrero: "Artículo 118. Las resoluciones que dicte la administración pública serán conforme a las normas que regulen el procedimiento administrativo y en contra de ellas podrán enderezarse, una vez agotada la vía administrativa, las acciones y recursos que señale la ley. En los términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad. La ley respectiva definirá su organización y competencia." Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433: "Artículo 40. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública, incluyendo los organismos públicos descentralizados, revestidos de autoridad, con la ciudadanía, así como entre éstos y la administración municipal, y el cual gozará, igualmente, de autonomía jurisdiccional." Artículos 4 y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero Número 194: "Artículo 4. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero." "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; (.)" Artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos." La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente:  El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero resolverá las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales.  Conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa y fiscal. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, el quejoso debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local, como se prevé en el citado artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses de los citados quejosos. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlo, es inconcuso que el acto impugnado carece de definitividad para que se esté -en sede de amparo- en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio de garantías que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. No obsta a lo considerado, que el texto del artículo y fracciones en que se sustenta la causa de improcedencia, consagra que esto resultará así, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo; ya que los que exige el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para proceder a la suspensión del acto que se reclama, no son mayores que los que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que de la lectura de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo y los diversos 65 a 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se advierte que el ordenamiento referido en segundo lugar no prevé mayores requisitos que los que contempla la ley que rige el juicio de amparo para conceder la suspensión de la resolución combatida, a saber: 1) que sea solicitado por el interesado; 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3) que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Incluso, en el Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, se prevén las figuras del interés jurídico, o en su caso legítimo, para la concesión de la suspensión del acto reclamado; asimismo, del artículo 68 del propio código, se encuentra la figura de la apariencia del buen derecho homologada, dado que procede la concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o a criterio del magistrado cuando sea necesario otorgarle aquellos efectos, para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Por tanto, no se advierten mayores exigencias para la concesión de la suspensión en aquel procedimiento, a los previstos por la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, no se actualiza la excepción a dicho principio de definitividad relativa a la falta de fundamentación de los actos reclamados (los requerimientos de pago contenidos en los oficios números oficios números 752/2016, 753/2016, 754/2016 y 755/2016, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis), en razón de que de su contenido se aprecia que a modo de fundamento contienen diversos preceptos legales a saber: 18, fracción III, 22, fracciones III, XV, XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 38, fracciones II, VIII y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, 2, fracción I, 11, fracción VIII, 196, 136, 137, 138, 145, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Guerrero; lo que evidencia que los actos reclamados no carecen de fundamentación. Máxime que, tampoco se está ante la presencia de una violación directa a la constitución, partiendo del hecho de que de la lectura de la demanda se advierte que lo que se reclama es la actuación de la autoridad exactora, y por ende, un aspecto de legalidad, que no releva al afectado de la obligación de agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto; mientras que el recurso que se estima -debió agotar el quejoso previamente al amparo que nos ocupa, no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley, como lo es el Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, como se abordó con anterioridad. Finalmente, en el presente caso los no tienen el carácter de tercero extraño, en tanto que se les notificaron los actos reclamados como se advierte de las actas de notificación que la propia parte quejosa allegó a su demanda de amparo. En consecuencia, al no agotarse el principio de definitividad previo a instar la demanda de amparo, por no haberse impugnado dichos actos administrativos a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Orienta lo anterior, la tesis 6 A, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página novecientos noventa y uno, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo número 954/2016, promovido por OMAR ESTRADA BUSTOS, ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO, ETELBERTO B. VICTORIANO JIMÉNEZ Y DELFINO NICOLÁS ROJAS, por derecho propio, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último de los considerativos de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, residente en Ometepec, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 138/2017, que se envió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara del inicio del presente juicio al tercero interesado Bladimir Candelario Guzmán. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo. En tales condiciones, téngase por notificado el inicio del presente juicio a dicha parte procesal, y una vez que fenezca el término que tienen para designar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, provéase sobre el particular. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en razón de que en proveído de cuatro de abril de la presente anualidad se requirió al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, remita el despacho número 138/2017, que se le envío con la finalidad de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional emplazara al tercero interesado Bladimir Candelario Guzmán; por lo que, la audiencia de mérito se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

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