Omar Estrada Bustos
Expediente 966/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Omar Estrada Bustos
- Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo En el Estado de Guerrero, Con Sede En Ometepec
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; uno de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANGEL SOTELO ORTIZ, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 966/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Omar Estrada Bustos, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora 1. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero. Ejecutora 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: 1.- El acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable señalada como ordenadora, en el cual me impone una multa de $6,794.10 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 10/100 M.N), misma que pretende hacer efectiva la en mi carácter de persona física. DE LA AUTORIDA RESPONSABLE SEÑALADA COMO EJECUTORA LO SIGUIENTE: 2.- La ejecución que del acto de autoridad emitido por la autoridad responsable señalada como ordenadora, pretende realiza, consistente en la multa impuesta por la cantidad de $6,794.10 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 10/100 M.N), por virtud que como se desprende del acto reclamado, consistente en el auto de fecha Veintitrés de Octubre del Dos mil Diecisiete, se ordenó girar oficio a ésta última autoridad responsable, señalada como ejecutora, con lo cual es evidente la pretensión de esta última de hacer efectiva la citada multa impuesta al suscrito funcionario público, en mi carácter de persona física." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 966/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados y se ordenó notificar al tercero interesado Ángel Sotelo Ortiz; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, al funcionario que ocupa el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. La parte quejosa en su demanda de amparo refiere que la resolución reclamada se le notificó el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete; lo se corrobora con la constancia de notificación que obra en autos, en tal virtud, de acuerdo a la naturaleza del juicio del cual emana, dicha notificación surtió sus efectos ese mismo día; por tanto, el término de quince días para promover el juicio de amparo como lo dispone el artículo 17 primer párrafo de la ley de la materia, transcurrió del veintiséis de octubre al veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, descontándose por haber sido inhábiles, los días veintiocho y veintinueve de octubre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre; de ahí que, si la demanda que nos ocupa se presentó el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, debe estimarse oportuna porque fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el referido numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama por esta instancia: a) De la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/107/2015, mediante el cual se le impuso una multa de noventa unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la cantidad de $6,794.10 (seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 moneda nacional), y b) Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, la ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe justificado; manifestación que basta para tener por plenamente evidenciadas la conducta que se le atribuye, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que además se robustece con la copia certificada de las diversas constancias procesales que integran el expediente administrativo TCA/SRO/107/2015, remitido como apoyo a su informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. De igual modo el Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en representación del Titular de dicha dependencia, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le atribuye, pues al efecto manifestó que mediante oficio número 1076/2017, le fue solicitado por la autoridad responsable ordenadora, procediera a hacer efectivo el cobro de la multa impuesta al quejoso Omar Estrada Bustos. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/107/2015, radicado ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, aquí tercero interesado Ángel Sotelo Ortiz, declarándose la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron para que "(.) la autoridad demandada, otorgue a la parte actora la correspondiente liquidación, indemnización, y demás prestaciones en términos de ley." 2. Inconforme con la sentencia antes mencionada, la parte quejosa interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la cual mediante resolución de nueve de junio de dos mil dieciséis, determino confirmar la misma. 3. En contra de dicha resolución, el quejoso promovió amparo directo, el cual por cuestión de turno, le toco conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, radicándolo como amparo directo administrativo número 75/2016, quien mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, desechó el mismo, quedando firme por proveído de trece de marzo siguiente. 4. Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se requirió a la parte actora y demandada (quejoso en el presente juicio), para que exhibieran dentro del término de días, la correspondiente planilla de liquidación. 5. Por escrito de siete de junio de dos mil diecisiete, la parte actora presentó planilla de liquidación, por lo que, mediante acuerdo de fecha catorce de junio siguiente, se tuvo por precluido el término de la autoridad demandada, para que exhibiera la correspondiente planilla de liquidación, señalándose la cantidad de $790,897.80 (Setecientos noventa mil, ochocientos noventa y siete pesos 80/100 M.N) a pagar al actor Ángel Sotelo Ortiz, con el apercibimiento que no de hacerlo así, se le impondría una multa de treinta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), el cual le fue notificado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete. 6. Por escrito de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la parte demandada solicito Omar Estrada Bustos, Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, solicitó una prórroga de quince días, a fin de dar cumplimiento al proveído de catorce de junio de ese año, petición que fue acordada en auto de veintiséis del mismo mes y año y notificado el veintiocho siguiente. 7. Por auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, atento a lo manifestado por la parte actora, la Sala Regional responsable hizo efectivo el apercibimiento de catorce de junio de dicho año, por lo que impuso a la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, una multa de treinta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), girando el oficio respectivo al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo; y requiriéndole nuevamente a la demandada para que en el término de tres días cumpliera la sentencia, apercibiéndola que de ser omisa se le impondría una segunda multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos 40/100 moneda nacional), auto que le fue notificado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete. 8. Por escrito de seis de septiembre de dos mil diecisiete, la parte actora solicito a la Sala Regional responsable hiciera efectivo el apercibimiento de quince de agosto de dicha anualidad, ante la rebeldía de la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, en dar cumplimiento a la sentencia de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, por lo que en proveído de siete de septiembre siguiente, le impuso, una multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos 40/100 moneda nacional), girando el oficio respectivo al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, requiriéndole nuevamente para que en el término de tres días cumpliera la sentencia, apercibiéndola que de ser omisa se le impondría una tercera multa de noventa unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $6,794.10 (seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 moneda nacional), actuación que le fue notificada el veinticinco del citado mes. 9.- Finalmente, por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, ante el desacato de la autoridad responsable, en dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, se procedió a hacer efectivo el apercibimiento de siete de septiembre pasado e imponerle a la parte quejosa una multa noventa unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $6,794.10 (seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 moneda nacional), el cual le fue notificado el veinticinco de octubre siguiente. Lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de fondo. Expuestos los antecedentes del caso, se procede a analizar los conceptos de violación. En su único motivo de disenso el quejoso aduce esencialmente que la Magistrada de la Sala Regional responsable al dictar la resolución reclamada transgredió las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que en favor de todo gobernado tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que la misma carece de fundamentación y motivación, ya que la responsable al imponer la multa solo señala que lo hace dada su capacidad económica la cual tiene sustento dado su cargo de servidor público municipal. Ahora bien, una vez que fueron precisados los antecedentes directos del acto reclamado, de su confrontación con el motivo de disenso que esgrime la parte quejosa en esta instancia constitucional, puede concluirse que este último resulta infundado. Para justificarlo, es necesario tener presente en primer término, el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" En ellos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé: "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." En este ordinal, se establece el proceder que debe observar el tribunal administrativo para requerir -de oficio o a petición de parte-, el cumplimiento de sus sentencias. En ese sentido, se observa que conforme a dicho procedimiento, inicialmente habrá de requerir a la autoridad demandada sobre el particular, y posteriormente deberá decidir si hubo incumplimiento injustificado o no de la sentencia, y de estimarlo así, impondrá una multa de apremio que oscila de entre tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. Ahora bien, si de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados del ordinal invocado, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenida en el auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, fue notificado a la parte quejosa el veinticinco del mismo mes y año; entonces puede concluirse que la autoridad responsable sí ajustó su proceder a lo señalado en el artículo 14 constitucional. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa respectiva, la autoridad responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo de tres días hábiles para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Además, tampoco puede soslayarse que precisamente la autoridad responsable tuvo en consideración, entre otros aspectos, las reiteradas multas impuestas por incumplir la sentencia dictada en el juicio natural, y al efecto indicó que la parte demandada ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual es en perjuicio de la parte actora al derecho de una justicia pronta y expedita garantizada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de celeridad y eficacia que señala el artículo 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; habida cuenta que la parte quejosa no esgrimió argumento eficiente alguno para demeritar la consideración de la responsable sobre el particular; es decir, para establecer el cumplimiento de la sentencia, ya que de ello pende la decisión de la Sala Regional de imponer la sanción a la que se hizo acreedora. De ese modo, a la parte demandada aquí quejosa, se le otorgó un plazo de tres días hábiles para cumplir la sentencia, máxime que no existe evidencia de que solicitara prórroga para ello, o justificado la necesidad de ampliar el término otorgado, máxime cuando con anterioridad solicitó una prórroga para acatar el fallo condenatorio, y que no obstante le fue concedida por la autoridad responsable, no dio cumplimiento a la sentencia de veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Por otro lado, queda de relieve el hecho de que el propio término ya transcurrió en exceso, por lo que tampoco se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se le atribuye al peticionario de amparo, por virtud de la cual se le impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de su motivo de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Regional en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejoso). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad de $6,794.10 (seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 moneda nacional) equivalente a noventa unidades de medida y actualización, que la responsable impuso como sanción económica, ésta se encuentra fundada en el artículo 136 del código procesal en cita, y dentro de las consideraciones invocadas es por tratarse de la tercera multa por la reiteración del incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, en el que se ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora, por lo cual se encuentran colmadas las exigencias previstas en los numerales constitucionales en cita. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente (el retardo para acatar la sentencia) fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de persona física que ostenta el cargo de Presidente Municipal, quien indudablemente tiene la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, como acertadamente lo señaló la responsable. De ahí que se colmen los elementos que deben atenderse al fijarse las multas. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En mérito de lo expuesto, al devenir infundado el motivo de queja; procede negarle la protección federal que solicita contra el acto que reclamó de la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero; determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Omar Estrada Bustos, contra los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE TERCEOR INTERESADO EN CUMPLÑIMIENTO AL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO...PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Procurador Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en representación del Titular de dicha dependencia, con residencia en Chilpancingo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora bien, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, las documentales que adjunta con su informe de mérito, la presuncional en su doble aspecto legal y humano así como la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.
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