Omar Aguilar García
Expediente 603/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Omar Aguilar García
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de ********************, apoderado jurídico de la parte quejosa, carácter que se le reconoce en virtud al poder notaria que anexa a su escrito de cuenta en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, atento a su contenido y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que el peticionario de amparo allegó al expediente en que se actúa, previo recibo que de ello se deje en autos, acta de entrega y copia certificada de la identificación de quien los recoja. Hágase saber a la parte quejosa que para la comparecencia referida deberá tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringida, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarla previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 603/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente y que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del citado representante social; del mismo modo, se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, Omar Aguilera García, por propio derecho, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos (fojas 2 a 11): Autoridades responsables: Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán; y, Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. Actos reclamados: La multa que le fue impuesta el dieciocho de agosto del año que transcurre, en la que se estableció como motivo de la misma prestar un servicio público de pasaje a través de una aplicación de celular "Bla bla car"; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Volkswagen Gol, color rojo flash, año 2013, placas de circulación PFY580T; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención a la empresa Grúas Monarca Zacapu, denominados arrastre y pensión. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 22, 87, 89, fracción I, 128 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiséis de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se otorgó a la Representación Social de la Adscripción la intervención correspondiente y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación. Luego, en auto de veinticinco de septiembre de esta anualidad (foja 54) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, en esta propia fecha se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la quejosa reclama actos con ejecución en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, los actos reclamados consisten en: La multa que le fue impuesta el dieciocho de agosto del año que transcurre, en la que se estableció como motivo de la misma prestar un servicio público de pasaje a través de una aplicación de celular "Bla bla car"; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Volkswagen Gol, color rojo flash, año 2013, placas de circulación PFY580T; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención a la empresa Grúas Monarca Zacapu, denominados arrastre y pensión. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, al rendir su informe justificado manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado, toda vez que existe la infracción con folio 171 y demás consecuencias que derivaron de la misma pero no en el sentido en que lo narraba el quejoso. Por su parte, el Inspector adscrito a dicha comisión se adhirió al citado informe (fojas 26 y 26 bis). Por lo tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, pues si bien lo aceptaron de manera parcial, también manifestaron que era cierta la multa y demás consecuencias de ésta. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, entre las que se encuentra la boleta de infracción reclamada. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Interés jurídico El Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo (Foja 58). No procede atender el alegato relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye toralmente, la multa que le fue impuesta el dieciocho de agosto del año que transcurre, en la que se estableció como motivo de la misma prestar un servicio público de pasaje a través de una aplicación de celular "Bla bla car". Finalmente, dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, lo que procede es que este juzgador emprenda el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como quedó precisado anteriormente, el accionante del amparo se duele en esta instancia de amparo de los actos siguientes: La multa que le fue impuesta el dieciocho de agosto del año que transcurre, en la que se estableció como motivo de la misma prestar un servicio público de pasaje a través de una aplicación de celular "Bla bla car"; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Volkswagen Gol, color rojo flash, año 2013, placas de circulación PFY580T; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención a la empresa Grúas Monarca Zacapu, denominados arrastre y pensión. Por técnica este juzgador analizará en primer término, la legalidad de la sanción administrativa establecida en la boleta de infracción que el peticionario de la tutela constitucional acompañó a su demanda, ya que de la legalidad o ilegalidad de ese documento, dependerá la validez de la retención del vehículo, así como de los pagos de arrastre y pensión efectuados con motivo de la retención del vehículo, pues estos últimos actos no se reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de la ilegalidad de la multa. Ahora bien, el promovente del amparo aduce en una parte de sus conceptos de violación que la responsable equivoca el sentido y fondo de su actuación al considerar que su vehículo está sujeto a una plataforma de transporte público y que opera sin la concesión correspondiente, en razón de la acción de inconstitucionalidad 63/2016, en el que se determinó que la modalidad de transporte de pasajeros contratada a través de plataformas tecnológicas, no resulta comparable con el marco regulatorio aplicable a otros servicios de pasajeros como el de taxi, pues se consideró que el servicio prestado a través de las aludidas plataformas, reviste características que lo tornan un modelo de negocio diferente al constituido para normar el transporte de pasajeros a través de taxis, cuyo mecanismo de regulación se rige fundamentalmente a través de concesiones otorgadas para tales efectos, lo que no sucede con la otra modalidad. Asimismo, manifiesta que cuando su carro fue detenido, se encontraba dándole un "raite" a una amiga mediante la aplicación "BLA BLA CAR", la cual ofrece una oportunidad de hacer un acuerdo entre particulares que la legislación del Estado de Michoacán no prohíbe. También manifiesta, que la responsable no acreditó que su vehículo operara de manera pública sino que por el contrario le dio la razón en el hecho de que se encontraba operando de manera privada dentro de la aplicación "BLA BLA CAR",, la cual ofrece la oportunidad de hacer un acuerdo entre particulares, siendo ésta una empresa constituida de manera legal, que aporta impuestos a la federación y sobre todo, la legislación del Estado de Michoacán, no prohíbe la operatividad de la misma. Lo anterior -señala el quejoso- pone de manifiesto que es falso que su vehículo haya operado en servicio público y sin concesión. Motivo de inconformidad que es infundado, como se demostrará a continuación. Para sostenerlo de ese modo, debe indicarse que el argumento principal del quejoso descansa en que, aunque es cierto que estaba prestando el servicio de transporte de personas a través de la plataforma digital "BLA BLA CAR"; esa sola circunstancia es insuficiente para considerar que se trata de la prestación de un servicio que se pueda reprochar como "público" y que por ende, requiera para su ejecución, del otorgamiento previo de un permiso y/o concesión, dado que en todo caso se trata de un servicio privado de transporte; y que bajo esa consideración, al tratarse de una explotación privada del servicio de transporte no requiere autorización estatal. De acuerdo con ello, se puede resumir la argumentación del peticionario de amparo quejosa en la afirmación siguiente: Sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales; afirmación que, a juicio de quien resuelve es equivocada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, específicamente en sus artículos 2°, 6° y 7°, que establecen: "ARTÍCULO 2o. Para que los particulares tengan derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación o cualquier clase de servicio público conexo a éstas, se requiere tener concesión o permiso del Ejecutivo, los cuales se otorgarán con sujeción a esta Ley". "ARTÍCULO 6o. Vías estatales de comunicación son todas las existentes en Michoacán, que no sean de jurisdicción federal". "ARTÍCULO 7o. Servicio público de autotransporte es el traslado de personas, equipaje y carga por calles y caminos de jurisdicción estatal, en vehículos autorizados y mediante el pago de una retribución en numerario, en las condiciones que establecen esta Ley y su Reglamento." De la interpretación sistemática de las disposiciones legales insertas, concluimos lo siguiente: I. Son vías estatales de comunicación todas las calles y caminos existentes en el Estado, con excepción de las que sean de jurisdicción federal; II. Para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines COMERCIALES las vías estatales de comunicación (calles y caminos), se requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo; y, III. El servicio público de transporte es el traslado de personas, equipaje y cargas por las calles y caminos de jurisdicción estatal, bajo el amparo de un permiso y/o autorización estatal. Bajo las consideraciones anteriores, es cierto como lo afirma el peticionario de la tutela que el servicio de transporte de personas que dio origen a la sanción administrativa que se le impuso y el cual estaba prestando a través de la plataforma digital "BLA BLA CAR"; no es un servicio público, sencillamente, porque para catalogarlo como tal, se requiere que ese servicio se realice bajo el amparo de los permisos y/o concesiones que otorgue el Ejecutivo del Estado; lo que evidentemente no ocurrió en el caso, pues el propio quejoso reconoce que no cuenta con la autorización gubernamental correspondiente. Pese a ello, es falso que considere que sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales; por principio de cuentas, porque como se estableció en el párrafo que antecede, lo "público" no lo otorga lo relativo a la modalidad en la que se otorgue (en forma verbal, escrita, o por medio de servicios electrónicos, informáticos, de internet, de correo electrónico, de teléfono incluyendo celulares y/o aplicaciones o programas utilizados por dichos medios), sino de que se ejecute bajo el amparo de una concesión o permiso otorgada por el Estado. Adicionalmente, porque el artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, es claro al señalar que para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines COMERCIALES las vías estatales de comunicación (calles y caminos), requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo; sin realizar ningún tipo de distinción, es decir, si se trata de servicio público o particular, y sin diferenciar tampoco, la modalidad a través de la que se realice, verbal, escrita o a través de algún medio digital; simplemente establece que, basta que se trate de un acto comercial, para que requiera la autorización estatal correspondiente. Por ello, la circunstancia aducida por el accionante de la tutela constitucional, en el sentido que no es un servicio público sino entre particulares, y que no resulta comparable con el marco regulatorio aplicable a otros servicios de transporte de pasajeros como el de taxis, es irrelevante en la medida que la disposición legal aludida, no hace esa distinción, sino que sólo alude al derecho a utilizar con fines comerciales las calles y caminos del Estado. No es ocioso mencionar que la transcripción que hace de parte de la ejecutoria emitida en la acción de inconstitucionalidad 63/2016, en términos del artículo 43, de la de la Ley Reglamentaria del artículo 105, Constitucional, no es obligatoria para este Órgano Jurisdiccional, en virtud de que en ese aspecto no obtuvo los ocho votos que se requieren; pero además porque la invalidez de las normas las hacían valer desde la óptica de la violación al principio de igualdad, al considerar que se establecían mayores requisitos para los vehículos que se ofrecen a través de las plataformas digitales respecto de los taxis, no así bajo el argumento de que los primeros no debían ser regulados. Entonces, si el promovente del amparo en su demanda, manifiesta que "BLA BLA CAR", es una "plataforma de alquiler de vehículo privados con el giro de alquiler de vehículo de manera privada entre particulares" y que "ofrece la oportunidad de hacer un acuerdo entre particulares al ser una empresa constituida de manera legal que aporta impuestos a la federación"; es evidente que se trata de un acto que puede refutarse con fines comerciales de acuerdo a lo establecido en el artículo 75, fracción VIII, del Código de Comercio, que establece: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [.] VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo. [.]". Consecuentemente, como el artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, establece que para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación (calles y caminos), requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo, es posible afirmar que es equivocada la percepción de la quejosa en el sentido que sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales, ya que la ley no hace distinción entre servicio público o privado, sino que señala con claridad que se requiere autorización estatal para utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación; hipótesis en la que se subsume perfectamente el transporte privado de personas que ejecuta la accionante del amparo a través de la plataforma digital aludida. Sin que este juzgador se encuentre facultado para analizar el acto reclamado más allá de lo establecido en el propio artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, en atención a que el quejoso no reclamó la inconstitucionalidad de esa porción normativa. Se cita como sustento de lo anterior tesis aislada P. LXX/2011 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia Constitucional, Página 557, Novena Época, registro 160480, de rubro y texto: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad". No pasa inadvertido para este juzgador, que como sustento de su argumento la quejosa transcribe el texto siguiente: "Décima Época Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1452 [.] La naturaleza objetiva de los actos reclamados consiste en combatir en la vía constitucional, el hecho de que el servicio que presta no está relacionado con el transporte público por lo que no debe ser regulado en el reglamento que reclama de inconstitucional por tratarse, según se expresa, de un servicio de transporte exclusivo, prestado a través de la plataforma logística 'UBER' lo que únicamente 'comunica a un chofer con el usuario/pasajero de dicha plataforma a fin de realizar viajes, recorridos controlados y entregas de punto a punto con observación de posicionamiento global del viaje o entrega en tiempo real operada a través de Internet mediante smartphones, lo que contiene aspectos o temas vinculados directa e indirectamente con la competencia económica, porque todos los actos que constituyan monopolio o práctica monopólica, por sus características, disminuyen el proceso de competencia y libre concurrencia, afectando el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, por ende, al último eslabón de éstas, es decir, al consumidor, el cual sólo existe en un ambiente de competencia. "Por tanto, al encontrarse vinculados directa e indirectamente los actos reclamados con un tema de competencia económica, es inconcuso que la naturaleza material de dicho acto concierne a esa subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. "Cierto, la reglamentación reclamada influye en el proceso de competencia dentro del sector servicios porque se encamina a regular el servicio de transporte exclusivo, prestado a través de la plataforma logística 'UBER', además que tiene sustento en la opinión OPN-008- 2015 de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuyos actos sólo son factibles de estudio por órganos especializados [.]". Sin embargo, tales argumentos no son aplicables al caso en estudio. En efecto, de la lectura de la sentencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 3/2018, se advierte que el texto citado por quejoso se encuentra contenido en la misma pero no fue uno de los argumentos con los que dicha Sala se resolvió la contradicción, sino que es parte de la diversa resolución de uno de los tribunales contendientes: Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito [sesión pública ordinaria de veintisiete de julio de dos mil diecisiete]. Asimismo, se obtiene que en el considerando quinto de la referida sentencia se determinó: "QUINTO. Estudio de fondo.- Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: Como se señaló, esta contradicción de tesis tiene como objeto determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de juicios de amparo relacionados con legislaciones locales y municipales, que regulen las condiciones de participación de las empresas de redes de transporte (ERT'S), para funcionar en diversos ámbitos geográficos de la República Mexicana. Esto es, el planteamiento que subyace a la contradicción de tesis en estudio, está vinculado a determinar qué órgano jurisdiccional debe revisar, desde la perspectiva de legalidad y/o constitucionalidad, la regulación que emerge para normar la participación y operación de las empresas de redes de transportes que se encuentran ligadas al desarrollo e integración eficiente de tres tecnologías clave; a) los teléfonos inteligentes; b) los sistemas de posicionamiento global; y, c) los sistemas de pago electrónico". También, que originó la jurisprudencia 2a./J. 45 /2018 (10a.), publicada en la página 1579 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Materia Común, Administrativa, Décima Época, registro 2016912, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LA VERIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando en un juicio de amparo se reclaman cuestiones concernientes a la verificación de la regularidad constitucional de los artículos que establecen las funciones de las autoridades respecto de la planeación, regulación, administración, control y supervisión del servicio público y privado de transporte, incluyendo la operación de las empresas de redes de transportes y aun cuando dicho análisis se proponga a la luz del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que deberá resolver la temática propuesta, es necesario atender a la naturaleza de las normas reclamadas; al respecto, las pertenecientes al derecho administrativo están vinculadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración, mientras que las de naturaleza administrativa especializada en competencia económica, regulan las características estructurales del mercado, previendo hechos o actos de los agentes económicos que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para contender en los mercados. Por tanto, en virtud de que la naturaleza de las normas combatidas no se relaciona con la permisión o prohibición de conductas anticompetitivas, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, la competencia para conocer de los juicios de amparo recae en los órganos jurisdiccionales en materia administrativa". En ese contexto, es dable concluir, que contrario a lo precisado por el quejoso, la contradicción de tesis referida no tenía como finalidad dilucidar si un servicio prestado a través de una plataforma logística (como uber o en este caso "BLA BLA CAR") podría ser considerado como transporte público, sino determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de juicios de amparo relacionados con legislaciones locales y municipales, que regulen las condiciones de participación de las empresas de redes de transporte (ERT'S), para funcionar en diversos ámbitos geográficos de la República Mexicana, de ahí que no puede aplicarse en el caso a estudio. El quejoso también argumenta que el acto de autoridad la priva de una manera honesta de vivir y de proveer sustento a su familia, por lo que atenta contra su derecho fundamental de libertad de trabajo establecido en el artículo 123 constitucional. Motivo de disenso que también es carente de razón legal. En primer lugar, debe aclararse, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, que el artículo constitucional que contiene la libertad de trabajo es el 5° y no el 123. En segundo lugar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad de trabajo contenida en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es absoluta, irrestricta o ilimitada, sino que está condicionada a que no se trate de una actividad ilícita, que no se afecten derechos de terceros y que no se vulneren los derechos de la sociedad, lo que permite, a su vez, que tal ejercicio se sujete a la reglamentación que determinen las condiciones públicas siempre que sea razonable. Por tanto, si para poder prestar el servicio de transporte, ya sea particular o público, el legislador del Estado consideró que debía contarse con licencia o concesión, es evidente que no se afecta la libertad de trabajo de la quejosa, pues se debe ajustarse a la regulación establecida para poder hacerlo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 28/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Materia Constitucional, Novena Época, registro 194152 "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado". También es aplicable la tesis aislada emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Materias Constitucional-Administrativa, Octava Época, registro 207942, la cual es del tenor siguiente: "LIBERTAD DE TRABAJO. LA GARANTIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL NO IMPIDE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA REGLAMENTAR LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION SOBRE ESTA MATERIA. Ha sido criterio firme de este alto Tribunal que la libertad de trabajo sólo puede vedarse mediante una ley en sentido formal y material, es decir, una norma general, impersonal y abstracta, emanada del órgano constitucionalmente investido de la facultad legislativa, y que al Presidente de la República no corresponde hacerlo a través de normas reglamentarias, debiendo entenderse que se veda esa libertad cuando se impone al gobernado la prohibición absoluta de realizar cierta actividad, sea cual fuere la circunstancia o condición en que lo haga. Es en este sentido, que el Presidente de la República no está facultado para reglamentar el artículo 5o. constitucional, puesto que él no tiene atribuciones para vedar la libertad de trabajo, esto es, para imponer sobre el gobernado esa prohibición absoluta de realizar cierta actividad, pero ello no significa desconocer la facultad que tiene de regular su ejercicio dentro de los límites que establezca una ley, porque la reserva legal de orden formal se refiere a la sustancia del derecho, no a las condiciones concretas de su ejercicio, pues la definición de estas últimas corresponde a una regulación concreta y pormenorizada de cada una de las ramas de la actividad, sea comercial, industrial o profesional, de acuerdo con las particularidades del lugar y tiempo y con las exigencias impuestas por la necesidad de conciliarla con otros principios de derecho. La garantía radica en asegurar que el legislador defina el contenido básico de libertad, mas no en impedir que la autoridad administrativa regule su ejercicio, siempre y cuando apoye su potestad reglamentaria en una ley, de acuerdo con el artículo 89, fracción I, constitucional, y sus normas no afecten el contenido esencial del derecho, no desnaturalicen su substancia, ni tampoco disfracen, bajo la apariencia de un requisito, una auténtica prohibición de su ejercicio". En otra parte de sus conceptos de violación, argumenta el quejoso que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo, prohíbe expresamente los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos, y que con ello acredita su postura en relación a que en Michoacán y en todo el territorio nacional, las prácticas comerciales lícitas y debidamente avaladas por hacienda, como resulta al caso ""BLA BLA CAR",", pueden operar libremente y sin limitaciones, por lo que la autoridad responsable está desacatando el dispositivo constitucional citado, al pretender monopolizar el servicio de transporte. Concepto de violación que también es infundado. Lo anterior, porque el accionante de la tutela constitucional basa su argumento consistente en que la responsable no está acatando el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que por ende pretende monopolizar el servicio de transporte, en el hecho que las prácticas comerciales lícitas y debidamente avaladas por hacienda, como resulta al caso "BLA BLA CAR"", pueden operar libremente y sin limitaciones; y, como se adujo en párrafos anteriores, la libertad de trabajo no es ilimitada, por lo que el legislador puede y debe regularlas. Por tanto, el hecho de que se hubiere impuesto la multa por no contar concesión, no implica que pretenda monopolizar el servicio de transporte, sino únicamente regularlo. En las condiciones apuntadas, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución consistentes en la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Volkswagen Gol, color rojo flash, año 2013, placas de circulación PFY580T; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención a la empresa Grúas Monarca Zacapu, denominados arrastre y pensión, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cindy Omar Aguilera García, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Oliverio Chávez Chávez y Otros.912/2018
- Oliverio Pioquinto Solis484/2022
- Olivia Camacho Frayle1537/2023
- Olivia Méndez Bedolla1191/2021
- Omar Adolfo Malchan Pérez490/2022
- Omar Adolfo Malchan Perez93/2021
- Omar Alejandro Fraja Trilo96/2021
- Omar Alejandro Guzmán Hernández71/2020
- Omar Antonio Mora Rojas429/2017
- Omar Arturo Rodriguez Flores126/2020
- Omar Calderon Morales764/2019
- Omar Castañeda Alfaro1369/2019