Oliverio Pioquinto Solis
Expediente 484/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Oliverio Pioquinto Solis
- María Guadalupe Moreno García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 484/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable, así como las que anexo la parte quejosa a su escrito inicial de demanda. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante el Juzgado Primero Civil, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán -competencia auxiliar-, Oliverio Pioquinto Solís y María Guadalupe Moreno García, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la citada autoridad, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Mediante oficio de veintinueve de abril de la anualidad que transcurre, el juez responsable remitió la demanda a la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, en donde se turnó a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que se registró bajo el expediente 484/2022, en auto de diez de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable. En proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Sandra Pérez Juan, finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda que dio origen al juicio de amparo de que se trata, debe precisarse que los actos reclamados al Juez Primero Civil de Primera Instancia, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, consisten en: El proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio ordinario familiar 19/2022, que sobre divorcio sin expresión de causa, promovió Yonatan Pioquinto Moreno, frente a Sandra Pérez Juan; mediante el cual ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la adscripción, con los hechos expuestos por ésta última, a efecto de que en su caso, instaure una carpeta de investigación correspondiente. Tercera. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por así aceptarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió del juicio ordinario familiar 19/2021 [un tomo] en el cual obra el proveído que constituye el acto reclamado. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, este Juzgado de Distrito estima, que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, a virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva de un procedimiento seguido ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el que se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la adscripción, con los hechos expuestos por una de las partes, a efecto de que en su caso, instaure una carpeta de investigación correspondiente; por ende los quejosos debe acreditar el interés jurídico, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, publicada en la página 2040, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Materia Común, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501] que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio ordinario familiar 19/2022, del tenor literal siguiente: ".Visto el escrito signado por Sandra Pérez Juan, con el carácter de parte demandada y actora en vía de reconvención, con el carácter de parte demandada y actora en vía de reconvención, se le tiene haciendo las manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta, respecto de los hechos ocurridos los días veintiséis y veintinueve de marzo del año en curso. Ahora bien, atendiendo que la ocursante exhibe diversas fotografías con las que pretende acreditar que Oliverio Pioquinto Solís y María Guadalupe Moreno García le siguen obstruyendo el paso del agua, no obstante que éstos últimos son sabedores de la medida decretada mediante proveído de fecha dieciocho de marzo de este año, para que no se le obstruyeran el acceso del agua y luz. Por tanto, como lo solicita el ocursante, se ordena dar vista mediante notificación personal a la agente del ministerio público adscrita, para que en su caso instaure la carpeta de investigación correspondiente por los delitos y hechos que refiere la compareciente en su ocurso de cuenta". Esto es, atendiendo a las diversas fotografías que presentó la actora en reconvención Sandra Pérez Juan, con las que pretendía acreditar que los amparistas le obstruyen el paso de agua, el juez responsable ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la adscripción, para que en su caso, instaure una carpeta de investigación por los delitos y hechos que refirió la compareciente. De lo que se sigue, que el acto tildado de inconstitucional no le ocasiona algún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, toda vez que en primer lugar, el juez responsable únicamente ordenó dar vista a la representación social, al suponer la existencia de una irregularidad en el actuar de los quejosos, pero con la eventualidad que este determine si instaura o no la carpeta de investigación. En segundo, porque aun suponiendo que la representación social diera inicio a la carpeta respectiva, dicho acto no lesiona ni extingue los derechos que les asiste a los peticionarios, dado que dicha determinación no constituye un acto de molestia, ni reviste trascendencia y gravedad que pueda causar daños o perjuicios irreparables, además de llegarse a efectuar una investigación por parte del representante social, éstos tendrán oportunidad de exponer su defensa y en su caso acreditar que no incurrieron en los ilícitos imputados. Máxime que los actos de investigación, son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y que conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es al Ministerio Público a quien corresponde reunir los datos de prueba necesarios para ejercer la acción penal, por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. En apoyo a lo anterior, es de citar la Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 2/2011, consultable en el Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 673, Novena Época, Materias(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 162915, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN CON HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO QUE DEBA PERSEGUIRSE DE OFICIO. Conforme al artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuando un funcionario público tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio debe hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. De ahí que si el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, en el desempeño de sus funciones estimó que la conducta de una de las partes en el juicio agrario podría actualizar algún supuesto previsto en la ley como delito, es inconcuso que debe participarlo al órgano encargado de la investigación de los delitos para lo que estime pertinente; sin embargo, la orden de dar vista a la institución ministerial de tales hechos no puede ser materia de examen en el juicio de amparo directo, pues llevaría al Tribunal Colegiado de Circuito a pronunciarse respecto de la conducta asumida por alguna de las partes en el citado juicio y, por ende, sobre si existe o no delito que perseguir, invadiendo facultades exclusivas del órgano investigador, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los conceptos de violación dirigidos a impugnar la determinación del Tribunal Unitario Agrario de dar vista al Ministerio Público Federal, en relación con hechos que pudieran ser constitutivos de delito que deba perseguirse de oficio, deben calificarse como inoperantes. Así como la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), visible en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2987, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común, Penal, Registro digital: 2017560, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular. Finalmente, la tesis III.2o.P.91P, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ubicada en el Libro 24, Tomo IV, página 3529, de Noviembre de 2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010448, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. De conformidad con los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación produzca afectación a su esfera jurídica. En ese tenor, cuando el acto reclamado consiste en una orden de investigación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico prevista en el mencionado artículo 61, fracción XII, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, en representación de la sociedad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ello, la citada orden no irroga afectación a la esfera jurídica del particular, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Por consiguiente, cuando se impugna una determinación de esta naturaleza, debe desecharse de plano la demanda de amparo, por actualizarse esa causa manifiesta e indudable de improcedencia". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oliverio Pioquinto Solís y María Guadalupe Moreno García, por su propio derecho, respecto de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el diverso segundo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistida de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 4° de la publicación de la Lista de las Personas Admitidas al Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, conforme a la Reforma Judicial, en virtud de que el Titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, quedando encargado del despacho por Ministerio de Ley el licenciado Oscar Hernández García, en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo y en atención a lo previsto en dicho numeral, se advierte que el suscrito secretario únicamente puedo practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 4° de la publicación de la Lista de las Personas Admitidas a la segunda etapa del Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, conforme a la Reforma Judicial, en virtud de que el Titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante el cual informa que realizando una búsqueda en los libros físico y electrónico que se llevan en ese órgano jurisdiccional, no se encuentro constancia de que se haya recibido el despacho número 295/2022. Atento lo anterior, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta dado que el veintisiete de junio actual, se acordó lo procedente respecto a la comunicación antes referida. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 295/2022, acompañando para tal efecto las constancias que lo acreditan. Dése de baja la comunicación en el libro correspondiente y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Olimpia Guzmán Vanegas1180/2021
- Olimpia Mariana García Guzmán260/2020
- Olimpia Resendiz Vargas1009/2019
- Oliva Vargas Franco743/2021
- Oliver Valle Cuadra317/2023
- Oliverio Chávez Chávez y Otros.912/2018
- Olivia Camacho Frayle1537/2023
- Olivia Méndez Bedolla1191/2021
- Omar Adolfo Malchan Pérez490/2022
- Omar Adolfo Malchan Perez93/2021
- Omar Aguilar García603/2020
- Omar Alejandro Fraja Trilo96/2021