Olivia Méndez Bedolla
Expediente 1191/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Olivia Méndez Bedolla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1191/2021, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Olivia Méndez Bedolla, en términos de lo expuesto en la consideración tercera de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Olivia Méndez Bedolla, por su propio derecho, por los motivos expuestos en la consideración sexta de esta sentencia. Tercero. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se recibe el escrito suscrito por Eréndira Campos Hurtado, en cuanto autorizada de la parte quejosa, mediante el cual ofrece prueba consistente en inspección judicial. Ahora bien, dígasele a la parte quejosa que la prueba de inspección judicial que ofrece no es idónea, pues de llegarse a desahogar únicamente se acreditaría el estado actual del inmueble ubicado en la esquina que forman las calles de segunda y Tlatelolo número seiscientos noventa, colonia Guadalupe en esta ciudad y las características particulares de la toma de agua en dicha construcción y no así la inconstitucionalidad de los actos que reclama de la autoridad responsable. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles se desecha la mencionada prueba de inspección sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 41/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 157, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Epoca, Materia Comun, con registro digital 189894, de rubro y texto: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. Asimismo, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 119, tercer párrafo, de la Ley de Amparo que dispone: "(.) Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otro que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia (.)" Ahora bien, mediante auto admisorio de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno se señalaron las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil veintidós para el verificativo de la audiencia constitucional. Asimismo, por auto de dieciocho de enero del presente año, se difirió la celebración de la audiencia constitucional en virtud de que se encontraba transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impusieran del contenido de las documentales remitidas por la autoridad responsable el siete de enero del presente año, y en su lugar se fijaron las once horas con cuarenta minutos del veintidós de del mes y año que transcurren para su verificativo. Por su parte, el escrito de cuenta se presentó en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, en esta ciudad, el catorce de febrero del año en curso; en consecuencia, atendiendo a que el artículo 119 de la Ley de Amparo, exige que dicha prueba se ofrezca con por lo menos cinco días de anticipación, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia constitucional, se desecha por extemporánea la prueba de inspección judicial pretendida por la parte quejosa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 109/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro digital 2012368, visible en la página 1057, tomo II, Agosto de 2016 (10ª.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, de rubro y texto: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el principio de interpretación más favorable a la persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque éste conlleva que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, pero no implica que al ejercer la función jurisdiccional dejen de observarse las reglas y los plazos procesales aplicables, ya que ello equivaldría a contravenir los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, lo que redundaría en perjuicio de las demás partes en el juicio de amparo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite María de los Ángeles Mayoral Osnaya en representación del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia cotejada del historial de consumo por suministro de agua potable del periodo comprendido del once de diciembre de dos mil veinte al once de diciembre de dos mil veintiuno, y del contrato número 116544. En tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, agréguese como corresponda el escrito signado por Eréndira Campos Hurtado autorizada de la parte quejosa, en el que solicita se requiera nuevamente a la autoridad responsable a efecto que remita la documentación que refiere en su ocurso de cuenta; sin embargo dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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