Olivia Gaona Vazquez
Expediente 321/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/10/2019
Partes del expediente
- Olivia Gaona Vazquez
- Juzgado Decimo de Primera Instancia Civil Especializado En Materia Mercantil, En Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Acuerdo. De la certificación secretarial de cuenta se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si está debidamente cumplido con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro electrónico 192174, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para ello, se procede a analizar las constancias que obran en autos. Antecedentes. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Olivia Gaona Vázquez, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, son los siguientes: En primer lugar, se precisa que el vicio advertido en el acto reclamado, susceptible de reparación, es eminentemente material, o de fondo, y no formal, pues aunque ciertamente, la falta de motivación implica que el acto de autoridad carece de elementos inherentes al mismo por virtud de un imperativo constitucional, lo cierto es que la indebida motivación incide directamente en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Carta Magna, al entrañar la presencia de dicho requisito constitucional, pero con un desajuste entre los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Ilustra lo anterior, la tesis I.5o.C.3 K (10a.) emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Si al emprender el examen de los conceptos de violación se determina que las normas que sustentaron el acto reclamado no resultaban exactamente aplicables al caso, se está en el supuesto de una violación material o sustantiva que actualiza una indebida fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto reclamado, ya que dicha violación incide directamente en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Carta Magna. Lo mismo sucede cuando las razones que sustentan la decisión del juzgador no están en consonancia con los preceptos legales aplicables, ya que la citada norma constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que justifican la aplicación del derecho; de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de respaldo constitucional, lo que justifica la concesión del amparo. Esto no significa que el Juez de amparo se sustituya en el quehacer de la responsable; por el contrario, con ello cumplirá precisamente la función que le es encomendada, al ordenar a la autoridad que finalmente ajuste su decisión a las normas constitucionales que le imponen el deber de fundar y motivar adecuadamente el acto privativo o de molestia." Por ello, a fin de que la autoridad responsable finalmente ajuste su decisión a las normas constitucionales que le imponen el deber de motivar adecuadamente el acto de molestia, se precisa que la Jueza Décimo de lo Civil especializada en materia Mercantil deberá: Nulificar o dejar sin efectos la multa contenida en el proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio oral mercantil 1057/2017 de la estadística del órgano del que es titular. Cabe agregar, que la presente determinación constriñe a la responsable a no emitir un nuevo acto con el que pretenda subsanar la irregularidad cometida, ello, dadas las características particulares del caso, en razón de que no existen motivos que justifiquen la imposición de la multa a la quejosa. Cobra exacta aplicación a lo anterior, la tesis 3a. XCVII/91, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados e impedirle emitir un nuevo acto con los mismos fundamentos y motivos que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues, de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio." Por último, en atención a la naturaleza de los actos reclamados, la concesión del amparo se hace extensiva a la diversa autoridad ejecutora Recaudador de Rentas del Estado; pues el hecho de que se deje insubsistente la multa pronunciada en el juicio natural, que originó el requerimiento de pago reclamado a dicha institución, implica necesariamente que su actuación también deba quedar sin efectos." Establecido lo anterior, las autoridades responsables se encontraban constreñidas a realizar lo siguiente: Una vez que se comunicara la ejecutoria del presente fallo, la Jueza responsable debía nulificar o dejar sin efectos la multa contenida en el proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio oral mercantil 1057/2017 de la estadística del órgano del que es titular; Abstenerse de emitir un nuevo acto con el que pretendiera purgar el vicio advertido por este juzgado; y, El recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por su parte, debía nulificar también los actos tendentes a la ejecución del cobro de la multa impuesta por la autoridad jurisdiccional. Ejecutoria. En doce de septiembre de dos mil diecinueve, la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la jueza responsable, para que en el plazo de tres días legalmente computado, diera cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, se requirió en mismo términos, al Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Actos tendientes al cumplimiento de la sentencia. Mediante proveído de veintitrés de septiembre de esta anualidad, se tuvo a la jueza responsable remitiendo las constancias inherentes al cumplimiento de la ejecutoria; y en auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibidas las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector, por parte del Recaudador responsable; por lo que se dio vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera. Documentales que al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones, constituyen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del análisis a las constancias remitidas por las responsables, se aprecia, en esencia, lo siguiente: Que el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, y dentro del expediente 1057/2017 de la estadística de la jueza responsable, se dictó un proveído mediante el cual, se dejó sin efecto la multa impuesta a la aquí quejosa, el seis de marzo de dos mil dieciocho; Que dicha juzgadora giró oficio a la Recaudación de Rentas en el Estado para hacerle de su conocimiento que la sanción pecuniaria había quedado sin efectos; y, Que el Recaudador de Rentas del Estado en Tijuana, mediante oficio de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, le hizo saber a la gerente de la sucursal 4384 del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, que revocó el requerimiento de pago 212/2018, de su índice, que se refería a la multa impuesta en su contra. Con base en lo anterior, la suscrita estima que se cumplió con el fallo protector, porque las autoridades responsables desplegaron los siguientes actos: La jueza nulificó la sanción pecuniaria impuesta en el juicio génesis el seis de marzo de dos mil dieciocho, informando tal circunstancia a la autoridad encargada de hacerla efectiva; Se abstuvo de sancionar nuevamente a la quejosa; y, Se revocó el requerimiento de pago 212/2018, del índice del recaudador responsable. En atención a lo expuesto, en contraste con los efectos del fallo, se puede concluir que las autoridades responsables cumplieron con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos; lo anterior, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, en términos del artículo 201 de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes por agregar como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. El Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido, son destruibles los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Cuaderno incidental original. Igualmente, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; debiendo conservarse únicamente las determinaciones en las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se le elabora para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de discos compactos. En otro orden de ideas, devuélvase a la jueza responsable, el disco compacto que remitió junto con su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios remitidos por la Subprocuradora Fiscal del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del superior jerárquico de la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Estado, de esta ciudad, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y para acreditarlo, al segundo de ellos, acompaña las copias certificadas conducentes. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido de los referidos oficios y anexos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Acuerdo. De la certificación secretarial de cuenta se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna. Ahora, no obstante que acorde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si la sentencia amparatoria está debidamente cumplida con base en los elementos que obran en el expediente, previo a ello, gírese oficio de nueva cuenta, al Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, computados legalmente, informe las actuaciones inherentes al cumplimiento de la presente ejecutoria, pues fue omiso en dar respuesta al oficio 824 que el doce de septiembre de dos mil diecinueve se le giró, aún y cuando en acatamiento al fallo, le corresponde dejar sin efectos los actos que realizó tendentes a la ejecución de la multa reclamada, porque el amparo que se concedió, se hizo extensivo a su actuar y si por virtud de dicha concesión, la sanción debía ser nulificada, en consecuencia los actos que tienden a su cobro y que le atañen a él, también. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite la Jueza Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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