Olivia Bravo Ortega

Expediente 850/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
850/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Olivia Bravo Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, sin que lo anterior haya acontecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver de oficio con base en los elementos que obran en el expediente. Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, misma que fue modificada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en sesión ordinaria de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a********************, contra los actos que reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y otras autoridades, para lo siguiente: QUINTO.- Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1º constitucional, dispone que 'Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado del mes de octubre de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrió el agraviado, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones al agraviado, se realicen en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la parte quejosa, así como respecto de la prima vacacional, gratificación anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que a la impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionado de dicho Instituto. Esto último es así, en tanto que si bien las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, exhibieron documentales tendentes a demostrar el pago a la parte quejosa de su pensión al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, así como el relativo a la prima vacacional y primera parte del aguinaldo, lo cierto es que también se reclamó el desfase futuro de esas prestaciones, así como de cualquier otro bono o prestación que a la impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionado de dicho Instituto, planteamiento que si bien fue realizado en la demanda de amparo, en el capítulo relativo a los actos reclamados, lo cierto es que ello obedeció a una simple intención de desglosar, las prestaciones que afirma debe recibir con esa calidad de pensionado del Instituto responsable, pero en términos generales, lo que lesionó su esfera jurídica, es el retraso en las prestaciones que recibe en su carácter de pensionado del Instituto responsable. Por ello, ya que se reclamó los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión del agraviado, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades del Instituto mencionado realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto, al igual que respecto de la prima vacacional, bono anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que la impetrante de amparo pudiera tener derecho a recibir, en su calidad de pensionado de dicho Instituto, e incluso en los aumentos que pudieran tener por esos conceptos, y en su caso el pago retroactivo derivado de esto último. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. [.] Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a la jueza de distrito para que pudiera tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, este Tribunal Colegiado, estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que la a quo vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia que, de declararse cumplido el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de la pensión, el agraviado tendrá expedito su derecho para agotar los recursos previstos en la ley de amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de que instar uno nuevo. [.] Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, las autoridades responsables informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante los siguientes oficios: Con el oficio registrado con el folio 3192, remitió copia certificada del pago de nómina realizado a la quejosa********************, en los meses de diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés. A través del oficio registrado con el número 5295, se recibió en este órgano jurisdiccional copia certificada del pago de nómina correspondiente al mes de febrero de dos mil veintitrés. Por medio del oficio con número 4846, la delegada de las autoridades responsables remitió copia certificada del pago de nómina del mes de marzo de dos mil veintitrés. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que: 1. Pagaron de manera puntual la pensión correspondiente a la quejosa********************, y; 2. Acreditaron haber realizado el pago de cuatro meses ininterrumpidos, esto es, diciembre de dos mil veintidós, así como enero, febrero y marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de abril de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios que remite la delegada de las autoridades responsables, mediante los cuales, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y al efecto remite las constancias con las que acredita su dicho. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido de los referidos oficios y anexos, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de abril de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguense a los autos los oficios remitidos por la delegada de las autoridades responsables mediante el cual informa que realizó el pago correspondiente al mes de marzo de dos mil veintitrés y solicita que se le tenga dando total cumplimiento al fallo protector, al haber acreditado el pago de cuatro meses consecutivos; sin embargo, ha sido omisa en remitir las constancias relativas al mes de febrero del año en curso. Por lo que, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días, legalmente computado, remita a este órgano jurisdiccional las constancias de las que se acredite que se realizó el pago de pensión relativo al mes de febrero de dos mil veintitrés. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable mediante el cual remite las constancias relativas al pago correspondiente a los meses de diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés, a favor de la parte quejosa; por lo que, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que continúen informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida actualización, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Notifíquese.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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