Olivia Adriana Flores Bernabe
Expediente 1286/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2019
Partes del expediente
- Olivia Adriana Flores Bernabe
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de noviembre del año en curso, que tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo, de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Cuaderno principal. En cumplimento al numeral Vigésimo Primero, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Hecho lo anterior, previas gestiones que deban realizarse, remítase original del acta de depuración a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Aceptación competencia. Se tiene por recibido el oficio 73185/2019, proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, al cual acompaña los autos originales del juicio de amparo 984/2019 de su índice y el escrito de demanda signado por Olivia Adriana Flores Bernabé, contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 y relativos de la Ley de Amparo, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto; esta Jueza de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; acúsese recibo de estilo. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1286/2019-IV. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, previo a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones III y IV, 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Olivia Adriana Flores Bernabé para que dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado, cumpla cabalmente con todos los requisitos del artículo 108 del citado ordenamiento, siendo estos: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Lo anterior, en virtud de que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa manifiesta lo siguiente: " [.] Olivia Adriana Flores Bernabé, mexicana mayor de edad [.] [.] Hago patente que mi pretensión constitucional se insta en mi calidad de representante de la sociedad anónima referida y la cual represento y derivado de mi condición soy a quien le corresponde defender sus derechos en esta vía constitucional [.] (sic)." "[.] Actos Reclamados.- De la primera autoridad: La orden y ejecución formal del aseguramiento dictado en contra de mi cuenta bancaria. De las demás autoridades: La inminente ejecución que realicen con motivo de la orden de aseguramiento de la cuenta bancaria referida anteriormente[.] (sic)". En esa tesitura, se advierte que la promovente no cumple con las fracciones I y IV del numeral 108 de la ley de la materia y por lo tanto debe aclarar: La personalidad con la que promueve la demanda en trámite, toda vez que se presenta en el inicio como una persona física, sin soslayar que no señala si promueve por su propio derecho, para posteriormente mencionar que se ostenta como representante de una persona moral, sin expresar su denominación. El acto que reclama, en cuanto a los números de las cuentas bancarias y nombres de las instituciones en las que se encuentran registradas, porque si bien refiere en singular que se encuentra asegurada su "cuenta bancaria", anexa copias simples de dos registradas en instituciones diferentes. En virtud a que, la personalidad es un presupuesto procesal indispensable para accionar el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 108, fracción I, de la ley de la materia, lo cual, no solo incumbe al peticionario y al juzgador de amparo, sino por el contrario, dado que trasciende a la litis constitucional, al ser uno de los requisitos de la instancia que nos ocupa, las demás partes tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante o apoderado de otro, tiene validez para impulsar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto. Sirve de apoyo a la presente determinación, la Jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". De igual manera, por lo que hace a los actos que pretende reclamar, sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 227,883, que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Cuestiones que resultan de suma importancia a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses y las autoridades estén en posibilidad, en su caso, de rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.1º.3 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, treinta de noviembre de dos mil dieciocho, con número de registro 2018493, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Robustece a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". En la inteligencia que el requerimiento antes señalado deberá ser desahogado directamente por la promovente y no por conducto de interpósita persona, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, consultable a página 348, registro 174745 del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Apercibimiento. Se apercibe que en caso de no dar cumplimiento a la prevención, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el citado numeral 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Se gira exhorto. Ahora bien, en atención a que el domicilio que señaló la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a efecto de que se notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número 2893 de la calle Marco Polo, colonia 18 de Marzo en Guadalajara, Jalisco. Asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir toda clase de notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención principio de expedites en la administración de justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se autoriza para que de considerarlo necesario, habiliten días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Señalamiento autorizado. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Arturo Santos Murillo, dado que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la constancia que se glosa. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a favor de la parte quejosa las copias que solicita hasta el momento en el que sea tramitado el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Medios electrónicos. En atención a la solicitud del promovente, se autoriza el uso de medios electrónicos con el fin de reproducir las constancias que integran el expediente en que se actúa, favoreciendo con ello, el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, en base en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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