Olivia Andrea Fimbres Salazar

Expediente 1080/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1080/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Olivia Andrea Fimbres Salazar
  • Director General del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio que suscribe la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual adjunta el testimonio del impedimento emitido en sesión de dieciocho de septiembre del año en curso, en autos del impedimento administrativo 2/2023, de cuyo contenido se advierte que el órgano plenario resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se califica de legal el impedimento planteado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para el conocimiento del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************. ..." Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Admite a trámite impedimento. Glósese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio que suscribe la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el impedimento planteado por el titular de este órgano jurisdiccional; mismo que fue radicado con el toca 2/2023 de su índice. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Impedimento. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que Olivia Andrea Fimbres Salazar, en esencia, presentó demanda de amparo, en contra del acto que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, consistente en la retención del pago por concepto de indemnización global; demanda que se admitió el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Por otra parte, de la certificación que antecede se desprende que la referida quejosa, inició funciones como secretaria de juzgado adscrita a este órgano jurisdiccional, el veintinueve de agosto de la presente anualidad. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este juzgador se declara impedido para conocer del presente asunto, en términos del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, las referidas porciones normativas, establecen que fijada la competencia de un juez, existe impedimento para conocer del negocio, cuando, como en el caso, conozca del negocio como juez, sometido a escrutinio federal resolviendo algún punto que afecte a la sustancia de la cuestión, sin poner en riesgo el principio de imparcialidad en la actuación del juez dado el vínculo estrecho que existe entre el acto reclamado y la actuación instructora a desempeñarse en el proceso por parte de este tribunal; además, cabe señalar que el artículo 17 de la Constitución Federal reconoce el derecho de acceso a la justicia imparcial. La imparcialidad jurisdiccional se encuentra garantizada a través de los impedimentos, es decir, hipótesis normativas que presuponen el riesgo de que el tribunal tenga algún designio anticipado o un prejuicio que pueda afectar su neutralidad. La actualización de estos supuestos genera en el juzgador afectado el deber de inhibirse del conocimiento del asunto, a petición de parte (recusación) u oficiosamente (excusa). Conviene enfatizar, que el riesgo de parcialidad del impedimento es de carácter objetivo; es decir, no se requiere demostrar que el juzgador efectivamente tiene una inclinación favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal en cuanto a la solución del asunto, pues basta que, en abstracto, peligre la situación sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto. Ahora bien, en el caso este juzgado de Distrito conoce del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Olivia Andrea Fimbres Salazar, quien inició en funciones de secretaria de juzgado el veintinueve de agosto de la anualidad que transcurre; tal circunstancia implica a criterio de este tribunal un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad, lo que podría generar una duda razonable sobre la neutralidad que como condición esencial deben revestir las actuaciones de los jueces que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional. Así las cosas, resulta pertinente hacer valer la causa de impedimento que se considera actualizada, ya que la ley así lo establece, con el fin de asegurar la neutralidad en el proceso, así como para preservar la imparcialidad e independencia en la impartición de justicia. Se cita en apoyo a las anteriores consideraciones el criterio contenido en la tesis VI/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146, FRACCIÓN XVI, EN RELACIÓN CON LA XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDE ACREDITARSE CON LA CONFESIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL EN EL SENTIDO DE QUE INTERVINO COMO INSTRUCTOR O RESOLUTOR EN OTRA INSTANCIA DEL MISMO PROCEDIMIENTO. La causa de impedimento señalada tiene como objetivo que el funcionario judicial que haya participado en otra instancia del mismo procedimiento como juzgador no conozca del nuevo, en virtud de que tendría un criterio semejante o idéntico al adoptado en las actuaciones relativas, lo que atentaría contra la imparcialidad en los asuntos jurisdiccionales. En consecuencia, si el funcionario judicial manifiesta que en otra instancia del mismo procedimiento intervino como instructor o resolutor, tal afirmación, valorada en términos de los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene eficacia probatoria plena para acreditar la referida causa de impedimento, por tratarse de una confesión expresa hecha por persona capaz, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio." También es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "EXCUSA PROCEDE CUANDO PUEDA AFECTARSE LA IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR. Del análisis del artículo 66 de la Ley de Amparo así como de aquellos preceptos equivalentes de las diversas legislaciones procesales del país, se llega a la conclusión de que fue propósito del legislador de los juzgadores se excusaran del conocimiento de aquellos asuntos en los que, no solamente no fueran imparciales, sino que, simplemente pudieran afectarse su imparcialidad, por lo que cuando exista un serio factor que pueda influir, inconscientemente o subconscientemente del ánimo del juzgador al resolver o participar en la resolución es imperioso que se declare impedido frente a la trascendental tarea de impartir justicia, pues todo Juez debe emitir sus decisiones, limpias y ajenas de cualquier influencia o perturbació." De igual forma, se aplica en lo conducente por identidad de razón, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dice: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL EXPRESA LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LOS QUE SE INFIERE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA). El numeral mencionado norma los casos en los cuales los funcionarios judiciales que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse por incurrir en alguna de las causas de impedimento allí previstas. En las primeras siete fracciones establece diversos supuestos específicos para su actualización, de forma que las razones por las cuales se haga valer un impedimento fundado en cualquiera de ellas, debe ajustarse al tipo legal preciso; sin embargo, en la fracción VIII el legislador comprendió un supuesto normativo novedoso -que no existía en el precepto 66, correlativo de la legislación de la materia abrogada-, pues en aquélla deja abierta la posibilidad para la configuración de esta figura jurídica en casos distintos a los expresamente previstos, sin más limitante que la situación invocada brinde los elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador pudiera ser afectada. Así, para calificar de legal el impedimento de que se trate, bastará que casuísticamente el funcionario proporcione las bases que objetivamente le sirven de fundamento para hacerlo valer, y exprese que subjetivamente lo colocan en un riesgo de pérdida de imparcialidad, pues en casos como éstos la posibilidad de peligro de quebranto de la imparcialidad se presenta en el fuero interno del funcionario el que, en cada caso, es diferente, ya que su determinación dependerá de la vida cotidiana, intereses, relaciones humanas, sociales y familiares, entre otros factores personalísimos propios de cada quien." En tales condiciones, a fin de que el impedimento decretado en líneas precedentes, sea calificado como en derecho proceda, como lo establece el artículo 37 fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original del expediente en que se actúa, previa copia de antecedentes que se deje al respecto. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se resuelva el impedimento planteado. Notifíquese y por oficio al tribunal colegiado correspondiente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado remitido por el jefe de la Unidad Jurídica del********************-en representación del director general de dicho Instituto-, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. En términos de los artículos 28 y 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude el oficiante. Diferimiento de audiencia constitucional. Por otro lado, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables ********************y********************adscritos al********************-ambas notificadas el ********************, mediante oficios********************y********************-, con residencia en esta ciudad, rindan su informe justificado. Lo anterior, toda vez que es notorio para este juzgado que las autoridades responsables, en días recientes, gozaron del periodo vacacional correspondiente, por lo que, se estima que una vez reincorporado el personal de dicho instituto a sus funciones ordinarias, las autoridades responsables cumplimentarán lo solicitado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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