Olga Lydia Ochoa Barreras

Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
746/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Olga Lydia Ochoa Barreras
  • María Fernanda Esquer Ochoa
  • Heraclio Ernesto Esquer López
  • Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Juicio de amparo 746/2023 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables y fiscal federal adscrito-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los referidos informes, y por último, se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales y la instrumental de actuaciones, ofrecidas por el quejoso, así como las documentales aportada por el titular de la División del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, ofrecidas por el representante legal de dicho Instituto. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 746/2023, promovido por ********************, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de la menor ********************, ********************, contra los actos atribuidos a la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día siguiente hábil, a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de la menor ********************, ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar, previos diferimientos, en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto ejecutado en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancia que lo dota de competencia. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La emisión de los Lineamientos Generales para la aplicación de las medidas autorizadas por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Acuerdo número ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ., emitidos el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, así como su aplicación. Inexistencia de acto No es cierto el acto que reclaman los quejosos de los titulares del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora y del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, consistente en la emisión de los Lineamientos Generales para la Aplicación de las Medidas Autorizadas por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Acuerdo número ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ., emitidos el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, así como todas las consecuencias inherentes a la aplicación de dichos lineamientos, pues así lo manifestaron dichas autoridades al rendir su respectivo informe justificado. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo VII, Junio de 1998, Materias común-penal, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 196072, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Así como la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, tomo VI, parte SCJN, Sexta Época, página 209, con número de registro electrónico 394266, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Aunado a que, de las constancias remitidas a la ampliación del informe justificado, se advierte que la autoridad responsable titular de la División del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del indicado Instituto, contrario a lo que afirman los quejosos, si se llevaron a cabo subrogaciones en una unidad ajena al Instituto, como lo es el pago respectivo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) el quince de junio del año en curso, así como el pago de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) el veinte de junio siguiente, tal y como se acredita con las copias certificadas de las constancias respectivas; lo cual conlleva precisamente la inexistencia de las consecuencias de la aplicación de los Lineamientos referidos, los cuales, tal y como se puede observar del contenido de la documental exhibida al respecto por los propios quejosos, fueron emitidos por diversas autoridades. En las relatadas circunstancias, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades mencionadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Certeza del acto Es cierto el acto reclamado de la Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Finanzas, Dirección de Incorporación y Recaudación, Dirección Jurídica y Dirección de Administración, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad de México, consistente en la emisión de los Lineamientos Generales para la Aplicación de las Medidas Autorizadas por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Acuerdo número ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ., emitidos el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, pues así lo manifestaron dichas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados. Causa de sobreseimiento actualizada En el caso, los quejosos comparecen y reclaman, de la Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Finanzas, Dirección de Incorporación y Recaudación, Dirección Jurídica y Dirección de Administración, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad de México, la inconstitucionalidad de los Lineamientos Generales para la Aplicación de las Medidas Autorizadas por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Acuerdo número ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ., emitidos el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de su primer acto de aplicación, que según se advierte del contexto de la demanda presentada, consiste en la disposición 7.2.1.2 de dichos Lineamientos, específicamente en la negativa a cubrir la subrogación sobre los problemas de salud que no cubre la atención médica en las unidades ajenas al Instituto responsable, que como consecuencias inherentes a aquéllos reclaman también los quejosos. Ahora bien, es oportuno precisar que el juicio de amparo contra leyes tramitado en la vía indirecta encuentra sustento en la fracción VII, del artículo 107, de la Constitución Federal y en los artículos 61, fracción XIV, y 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que reiteran y amplían esa otra disposición suprema. Cuando la ley se reclama con motivo del primer acto de aplicación, como en el caso, la procedencia del juicio de amparo no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo. Conforme al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que, el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado; es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él se actualiza una causa de improcedencia, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. En cambio, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. El criterio aquí sostenido tiene apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, Novena Época, con número de registro electrónico 191311, que precisa: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, se cita la jurisprudencia identificada con el número 346, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 400, Apéndice 1917-2000, Tomo I, con número de registro electrónico 389674, cuyo contenido refiere: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." En ese contexto, este tribunal considera que no es procedente el juicio de amparo en contra de los Lineamientos Generales para la Aplicación de las Medidas Autorizadas por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Acuerdo número ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ., emitidos el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que, como se precisó en párrafos precedentes, particularmente en el considerado tercero de esta resolución, se consideró inexistente el acto de aplicación, consiste en la disposición 7.2.1.2 de dichos Lineamientos, específicamente en la negativa a cubrir la subrogación sobre los problemas de salud que no cubre la atención médica en las unidades ajenas al Instituto responsable, que como consecuencias inherentes a aquéllos reclamaron también los quejosos. En efecto, como se explicó en ese apartado, no quedó demostrada la existencia del acto de aplicación de la norma impugnada, lo que ocasiona la imposibilidad de entrar al estudio de constitucionalidad de la norma impugnada y, en vía de consecuencia, procede sobreseer en el juicio por ambos aspectos. En efecto, en el caso particular el acto de aplicación de la norma reclamada consiste en la negativa a cubrir la subrogación de los problemas de salud en las unidades ajenas al Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual, a decir de la autoridad responsable titular de la División del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del indicado Instituto, contrario a lo que afirman los quejosos, si se llevaron a cabo subrogaciones en una unidad ajena al Instituto, como lo es el pago respectivo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) el quince de junio del año en curso, así como el pago de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) el veinte de junio siguiente, tal y como se acredita con las copias certificadas de las constancias respectivas. Por lo tanto, al ser un elemento necesario la existencia previa del primer acto de aplicación de la norma impugnada, para que ésta pueda ser analizada, es inconcuso que, al no existir el primer acto de aplicación al momento de presentar la demanda, es improcedente el juicio de amparo promovido contra la constitucionalidad de la norma. Lo anterior, cobra sustento en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 65/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 207, Novena Época, Materia común, con número de registro196965, del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio. VI. Decisión En las relatadas condiciones, ante la inexistencia del acto de aplicación de la norma general reclamada, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de la menor ********************, ********************, en contra de los actos y autoridades precisadas en los considerandos II, III y V, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de Juzgado José Enrique Ayala García, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta firmado por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, y atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución incidental emitida en este cuaderno. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios respectivo y, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el incidente original, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal4 ; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cuarenta y seis minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la ampliación del informe justificado rendido por el titular de la División del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por conducto de su apoderado legal, dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales anexas al oficio que se atiende. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la citada responsable proporcionando para cuestiones no procesales el correo electrónico que refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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