Olivia Vásquez García

Expediente 1683/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1683/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Olivia Vásquez García

Actuaciones

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo. Conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por conducto del jefe de la unidad jurídica adscrito a dicho instituto; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales. Designación de delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude en su informe; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA BANCO SANTANDER, MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINACIERO SANTANDER MÉXICO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (SE INTERPONE RECURSO)

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Recepción. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Olivia Vásquez García, en contra de los actos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 4 Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos el acto que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo tercero, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá a la omisa, en la sentencia que se dicte, una multa de cien unidades de medida y actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comunique si la quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado, apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de esta adscripción la intervención legal que le compete. 10. Terceros interesados. Atendiendo la naturaleza de los actos reclamados se advierte que no existen terceros interesados en el presente juicio de amparo. 11. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En la inteligencia que la quejosa proporciona un correo electrónico, como medio de contacto para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales, en caso de que resulte necesario. 12. Incidente de suspensión. Tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. 13. Acceso al expediente electrónico. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de la parte quejosa, de acceder al expediente electrónico con el correo electrónico que refiere, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad, en virtud que solamente se autoriza como medio de comunicación no procesal, tal como lo establece el artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 14. Domicilio. Téngasele por señalado el domicilio que refiere en su escrito de demanda, para oír y recibir notificaciones. 15. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que las personas que menciona para ese único efecto. 16. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. 17. Comunicación a la responsable de cual resolución se le notificará por oficio. En términos de la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10ª), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio), y las restante se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo,5 se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, por oficio a las autoridades responsables y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Trámite incidente. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 138, 140 y 147, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1683/2023-A-I, promovido por Olivia Vásquez García, en contra de los actos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. 2. Fecha de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. 3. Informes previos. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación del presente proveído; enviándoles para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. Apercíbaseles que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero de los numerales 142 y 260, fracción I, de la ley de la materia, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se presumirán ciertos los actos que se les atribuye y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización. 4. Procedencia de la medida cautelar. Para estar en posibilidad de resolver sobre la suspensión provisional solicitada, es necesario precisar que la parte quejosa reclama en su escrito de demanda, en esencia, lo siguiente: a) La aplicación del Impuesto Sobre la Renta en mi pensión y/o jubilación, no obstante haber adquirido el derecho a que esta percepción se encuentre libre de gravamen. b) La aplicación de la Unidad de Medida y Actualización en sustitución del Salario Mínimo del área geográfica en que resido, no obstante, para efectos del Impuesto Sobre la Renta se ha otorgado a mi pensión el carácter de un salario por lo que se encuentra prohibida la aplicación de dicha Unidad. c) Inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto sobre la renta a mi pensión y/o jubilación al no existir el objeto del gravamen dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que no se prevé un capítulo relativo al gravado de pensiones. d) La inconstitucionalidad en el cobro del Impuesto Sobre la Renta al quejoso, por la falta de equidad en la exención que se hace a pensionados de las fuerzas armadas. e) La falta de fundamentación y motivación con la que se aplica el descuento del Impuesto Sobre la Renta a mi pensión y/o jubilación, ya que en el talón de pago no se establece ningún fundamento relativo a la aplicación de este impuesto. f) La aplicación del Impuesto Sobre la Renta a mi pensión, no obstante la misma es calculada con base en una estructura de beneficio definido de conformidad a las fórmulas determinadas en la Ley de ISSSTESON, por lo que no se puede justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones incluido el descuento del impuesto sobre la renta, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darme acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. g) La aplicación retroactiva en perjuicio de mi derecho pensionario del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual es aplicado al momento de que esta autoridad efectúa la determinación liquidación y recaudación del impuesto sobre la renta que se retiene sobre mi pensión. En ese contexto, la parte quejosa pide la suspensión de dichos actos, para efectos de que se deje de aplicar en la pensión por jubilación, la referida norma impositiva. Ahora bien, a fin de evaluar la petición del quejoso, debe en primer lugar dejarse establecido que este juzgado únicamente puede pronunciarse sobre los efectos para los cuales fue pedida la suspensión, según se deriva de la tesis de jurisprudencia 2a./J.111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Por otra parte, la previsión de la figura de la suspensión en la Ley de Amparo vigente, se traduce en un derecho a favor de los particulares para el efecto de que se detenga la ejecución de determinados actos que los quejosos estiman contrarios a la Constitución, por un lado, mantener viva la materia del amparo y, por otro, impedir que la ejecución del acto reclamado cause perjuicios de difícil reparación; por ende, atento a las características esenciales que identifican la suspensión el acto reclamado es posible desprender que sólo puede paralizarse o suspenderse aquello que, jurídicamente, no ha acontecido plenamente. Asimismo, se cumple con el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito de demanda. Mientras que el segundo requisito, previsto en la fracción II del numeral citado, consiste en que la suspensión es procedente siempre y cuando con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo cual, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocurre cuando la medida cautelar implica privar a la colectividad de algún beneficio concreto o bien ocasionarle un daño que de otro modo no resentiría, tal como quedó establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo." El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. Asimismo, para poder pronunciarse sobre la suspensión provisional del acto reclamado, conviene tener presente el contenido del artículo 138 de la Ley de Amparo: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En ese tenor, para determinar sobre la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la apariencia del buen derecho en el reclamo del quejoso, así como el perjuicio que podría sufrir con la ejecución del acto reclamado y la afectación a sus derechos en disputa; frente a los mencionados orden público e interés social. De la citada jurisprudencia se observa que se estableció que el orden público y el interés social resultan conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer respecto de la medida cautelar solicitada, se estima necesario analizar en específico el artículo 93, fracciones IV, V y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece lo siguiente: Ley del Impuesto sobre la Renta. "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (.) IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. (.) Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las ley o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley." Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. "Artículo 165. Para efectos del artículo 93, fracciones IV y V de la Ley, cuando los contribuyentes reciban de dos o más personas los ingresos a que se refiere dicha fracción IV, deberán determinar el monto total de la exención considerando la totalidad de las pensiones y de los haberes pagados al contribuyente de que se trate, independientemente de quien pague dichos ingresos. Para que las personas que realizan los pagos por los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, puedan considerar el monto de la exención correspondiente a la totalidad de los ingresos percibidos, el contribuyente deberá comunicar por escrito a cada una de las personas que le efectúen los pagos, antes del primer pago del año de calendario de que se trate, que percibe ingresos a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, de otras personas, así como el monto mensual que recibe de cada una de las personas que le efectúan pagos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro. Cuando la suma total de los ingresos mensuales percibidos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, de todas las personas que realizan pagos al contribuyente de que se trate, no exceda de quince salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al mes, las personas que realicen dichos pagos no efectuarán retención mensual alguna del Impuesto. Si la suma total de los ingresos mensuales percibidos por los conceptos a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, de todas las personas que realizan pagos al contribuyente de que se trate, exceden de quince salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al mes, cada una de las personas que efectúen los pagos mensuales deberán efectuar la retención mensual del Impuesto sobre el excedente, conforme al siguiente procedimiento: I. Sumarán al monto total de ingresos mensuales que paguen al contribuyente de que se trate, el total de ingresos mensuales que dicho contribuyente perciba de otras personas por los mismos conceptos y que le haya informado en términos del párrafo segundo del presente artículo; II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, se disminuirá el monto de la exención mensual prevista en el artículo 93, fracción IV de la Ley; III. La cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior será el monto excedente sobre el que se deberá calcular el Impuesto aplicando el procedimiento previsto en el artículo 96 e la Ley; IV. Se determinará el factor que resulte de dividir los ingresos mensuales por los conceptos a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, pagados al contribuyente de que se trate, entre el total de dichos ingresos mensuales percibidos en el mismo periodo por todas las personas que le realizan dichos pagos y que el contribuyente le hubiera informado en términos del párrafo segundo de este artículo, y V. El factor que se determine conforme a la fracción anterior se multiplicará por el Impuesto que se haya determinado conforme a la fracción III de este artículo y el resultado que se obtenga será el monto de la retención mensual que deberá realizar la persona que realiza el pago, la cual deberá enterarse en los términos y condiciones establecidas en el Título IV, Capítulo I de la Ley. Cuando los contribuyentes reciban los pagos a que se refiere el presente artículo con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, así como los cálculos establecidos en el presente artículo para efectuar la retención por el monto que exceda a la exención, se deberán realizar considerando el periodo de días que comprenda el pago que se realice al contribuyente de que se trate. Los contribuyentes que perciban ingresos a los que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, de dos o más personas de forma simultánea, deberán además presentar declaración anual en términos del artículo 152 de la Ley." Como se desprende, las disposiciones reclamadas por la parte quejosa (artículo 93, fracciones IV, V y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta) regulan, en esencia, que los contribuyentes que perciban ingresos con motivo de pensión - jubilación-, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes d la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, se encuentran exentos del pago del Impuesto sobre la renta; asimismo, que cuando dicho ingreso excede el monto diario antes precisado, pagará el impuesto antes referido en los términos precisados en dicha norma tributaria. Sobre esas bases, este órgano jurisdiccional considera que la concesión de la suspensión violaría disposiciones de orden público, en tanto que los efectos para los cuales la parte quejosa solicita la medida traerían como consecuencia que el peticionario omitiera tributar el impuesto sobre la renta. Lo anterior es así, puesto que las normas generales cuya suspensión se solicita reflejan la voluntad del legislador de implementar una nueva política fiscal que, por un lado, se ajuste a la realidad económica de contribuyentes, al implementar el pago del referido impuesto respecto de ingresos percibidos con motivo de pensiones vitalicias u otras formas de retiro, cuando estos exceden quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Así, el otorgamiento de la suspensión en los términos y para los efectos solicitados, implicaría una evidente transgresión al orden público y al interés social, pues en la especie debe considerarse que la sociedad está interesada en que cada contribuyente aporte al gasto público en la forma como el legislador lo ha planeado por el tipo de ingresos percibidos por el contribuyente, debiendo destacarse que se exceptúa del pago de dicho gravamen a quienes obtienen ingresos menores a quince veces el salario mínimo general; amén de que la parte quejosa obtendría un adicional e inequitativo beneficio al exceptuarse del pago del impuesto sobre la renta. Con lo anterior, se insiste, además de transgredir el orden público, se incumpliría con lo establecido en el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión no puede tener como efecto constituir a la parte quejosa un derecho que no tuviera antes de la presentación de la demanda de amparo; esto es, la medida no puede tener el alcance de conferirle el derecho de exceptuársele del pago del gravamen de referencia, por lo que sería contrario a la ley conferirle el beneficio de omitir el pago del tributo. Por tanto, es improcedente la medida cautelar provisional solicitada, en tanto que, no se cumple con el requisito que establece la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa al caso, la tesis PC.I.A. J/143 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, página 1672, registro digital 2019748, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LA REGLA 3.9.16 DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE MAYO DE 2017, PORQUE DE OTORGARSE SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Es improcedente conceder la suspensión solicitada contra la aplicación de la regla 3.9.16 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de mayo de 2017, que prevé la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales la declaración anual informativa local de partes relacionadas con la información a que se refiere por no satisfacerse el requisito de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, porque la información contenida en dicha declaración a que están obligados los contribuyentes que pertenecen a grupos multinacionales, en términos del artículo 76-A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se vincula con la recaudación de contribuciones al gasto público por parte del Estado, porque con ella, la autoridad hacendaria puede verificar si las empresas contribuyen por la riqueza generada o si existen prácticas elusivas que contravengan el principio de plena competencia y, en caso de que se dieran estas últimas, podría ejercer de manera anticipada su facultad de comprobación. Luego, si la presentación de la información referida incide directamente en la recaudación de recursos financieros por la autoridad hacendaria y su no presentación obstaculiza el ingreso de esos recursos para el sustento de diversos servicios públicos, es inconcuso que la suspensión de la obligación no solamente incumple con los ordenamientos de orden público, sino que también afecta el interés general de los gobernados. Ello, porque el interés general perseguido con la recaudación de recursos financieros es la satisfacción de necesidades colectivas y el bienestar común de la sociedad, por tal razón, el Estado impuso mecanismos efectivos para lograr que todos los ingresos a que tiene derecho sean percibidos en su integridad y así logre hacer frente a esas necesidades colectivas para alcanzar las condiciones esenciales para el desarrollo de la sociedad; de ahí que, si se concediera la suspensión, se restringiría la posibilidad a la autoridad hacendaria de conocer las operaciones de las quejosas con partes relacionadas (referidas a la participación, de manera directa o indirecta, que tiene una persona en relación con la administración, control o capital de otra) y la información financiera de los contribuyentes obligados, así como de las operaciones o empresas utilizadas como comparables, lo que obstaculizaría su facultad revisora para verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias y advertir la probable comisión de delitos fiscales, lo que trasciende al interés social y al orden público. En consecuencia, si la obligación contenida en la regla reclamada es un medio para evitar la elusión y evasión fiscal, que hace más eficiente la recaudación de recursos financieros por parte del Estado y dota de un mayor control en el ejercicio de la potestad revisora de la autoridad hacendaria para que pueda actuar oportunamente ante las prácticas y estrategias fiscales de las empresas multinacionales, resulta trascendente la declaración de esa información y suspender la obligación de presentarla causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano