Olinnser Vargas Flores

Expediente 210/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
210/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Olinnser Vargas Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al veinte de marzo de dos mil dieciocho, sin contar los días diez, once, diecisiete y dieciocho, por corresponder a sábados y domingos y diecinueve por ser festivo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el uno de marzo del actual dentro del juicio de amparo número 210/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que dentro del referido juicio no se tramitó incidente de suspensión, por lo que no existe billete de depósito exhibido. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes.- Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el uno de marzo del año en curso, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que la resolución antes mencionada no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del uno de marzo de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 210/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Enseguida, se da cuenta con una promoción con registro 4212 con anexo que se acompaña, recibida en veintiocho de febrero del año en curso, presentada por Karina Anayansei Cristerna Ortiz, en su carácter de síndico municipal de Ojocaliente, Zacatecas, quien comparece en representación de la tercero interesada Presidencia Municipal de dicho lugar. En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas y rendido el informe justificado de la autoridad responsable que obra en autos, y respecto al referido escrito con registro 4212, como lo solicita la síndico municipal de Ojocaliente, Zacatecas; con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo vigente, téngasele por apersonada en el presente juicio de garantías en representación del tercero interesado presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, en términos de la constancia que adjunta expedida en su favor por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; como domicilio para oír y recibir notificaciones de su representada el ubicado en calle Benito López número 202, colonia alma Obrera de esta ciudad, y como autorizados para tal efecto a los licenciados Raúl Briseño Chávez y Claudio Escobedo Torres, toda vez de que independientemente de que tienen registradas sus cédulas profesionales 3055379 y 9237276, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, el presente asunto versa en materia laboral. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con la que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada del laudo de quince de enero del año en curso, y con la que adjuntó a su oficio con registro 2961, recibido en trece de febrero del actual, relativa a cédula de notificación personal respecto de dicho laudo, realizada a la tercero interesada por conducto de su apoderado legal; las cuales con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, el juez, tiene aquí por ofrecidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica. Cerrado el período probatorio, se pasa a la etapa de alegatos en la que se hace constar que no fueron formulados por las partes, y sin pedimento del agente del Ministerio Público de la adscripción, se cierra la etapa correspondiente a ellos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 210/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. En escrito presentado el veinticinco de enero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado, Olinsser Vargas Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral ordinario 246/2014. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, registrándose bajo el expediente 210/2018; por proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral ordinario 246/2014. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, quien al rendir su informe justificado por conducto de su presidenta manifestó que es parcialmente cierto, ya que a la fecha en que se promovió la demanda ya se había emitido el laudo correspondiente al expediente laboral ordinario 246/2014, promovido por la aquí quejosa en contra del municipio de Ojocaliente, Zacatecas (f. 11). Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del laudo de quince de enero del año en curso dictado en el juicio laboral burocrático 246/2014, que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad laboral responsable, así como con la cédula de notificación personal realizada al siete de febrero del presente año a la tercero interesada por conducto de su apoderado legal que adjuntó a su oficio con registro 2961, recibido en trece de febrero del actual; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo, se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante del amparo que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral ordinario 246/2014. Ahora bien, la mencionada responsable en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada del laudo de quince de enero del año en curso, dictado dentro del expediente laboral ordinario 246/2014, así como cédula de notificación personal realizada el siete de febrero del presente año a la tercero interesada por conducto de su apoderado legal que adjuntó a su oficio con registro 2961, recibido en trece de febrero del actual. Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis que se actualiza en razón de que la autoridad señalada como responsable emitió el laudo en relación con la petición formulada por el quejoso, cuya omisión de dictado constituyó el acto reclamado, por lo que al haber dejado de existir la omisión atribuida, es inconcuso que ello se traduce en que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Olinsser Vargas Flores respecto del acto reclamado al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  3. Principal

    El catorce de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 2961. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, adjunta copia certificada de la cédula de notificación personal del laudo de quince de enero del año en curso, al quejoso Olinseer Vargas Flores, así como notificación realizada a la tercero interesada por conducto de su apoderado legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba del citado tribunal de la indicada constancia, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la etapa procesal que corresponda. Con el contenido de dicha prueba dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que estimen pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Olivia

  4. Principal

    El siete de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 2257. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad (a través de su presidenta); con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como prueba de la referida autoridad la copia certificada del laudo de quince de enero del año en curso que anexa. Finalmente, requiérase a la mencionada autoridad responsable a fin de que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la legal notificación del presente auto, remita copia certificada de la constancia de notificación al quejoso respecto del referido laudo de quince de enero último, a fin de acordar lo conducente; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. Olivia

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