Olga Ortiz Dávila
Expediente 325/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Olga Ortiz Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El diez de mayo de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dos al nueve de mayo del año dos mil diecisiete, sin contar el día cinco de mayo por haber sido inhábil como lo prevé el artículo 19 de la Ley de Amparo, ni el seis y siete por ser sábado y domingo respectivamente; sin que haya interpuesto el recurso de queja en contra del auto dictado por este juzgado el veintiuno de abril de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 325/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento alguno con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, que originó el presente juicio; no se aperturó incidente de suspensión relativo a éste; en consecuencia no existe billete de depósito alguno, a fin de garantizar alguna medida cautelar; No existen tomos de prueba por devolver. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación y cuenta que anteceden de las que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Olga, Lidya, Herlinda, Leticia y Cristóbal, todos de apellidos Ortiz Dávila; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Virtud a lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito; el juicio de amparo en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; y en virtud que en el mismo tampoco existen documentos originales por devolver, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del referido acuerdo, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, tomando con consideración que en el expediente en que se actúa obran agregados dos recibos originales de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, por tanto, requiérase a los quejosos para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan por sí o por medio de su autorizado a este juzgado debidamente identificados con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que se recojan los documentos de que se habla; apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho término, los mencionados documentos serán destruidos al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. EANL
- Principal
En veintiuno de abril de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido a los promoventes Olga, Lydia, Herlinda, Leticia y Cristóbal, con apellidos Ortiz Dávila, para que aclararan su demanda de amparo, transcurrió del once al veinte de abril del año en curso, con exclusión de los quince y dieciséis por ser sábados y domingos; y doce, trece y catorce del mes y año en curso haber sido declarados inhábiles; lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, se ordenó formar y registrar el expediente en que se actúa, con motivo de la presentación del escrito de demanda promovida por Olga, Lydia, Herlinda, Leticia y Cristóbal, con apellidos Ortiz Dávila, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y otras autoridades; y que en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se previno a los promoventes para que dentro del término de cinco días aclararan su demanda; así como que mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo del año en curso, el autorizado de los quejosos pretendió dar cumplimiento, por lo que el tres de abril de los corrientes, se les volvió a requerir para tal efecto, quedando notificados de dicha circunstancia el siete de abril de la presente anualidad; por tanto, toda vez que el término concedido a los peticionarios de amparo transcurrió del once al veinte de abril de la presente anualidad, se les hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida por Olga, Lydia, Herlinda, Leticia y Cristóbal, con apellidos Ortiz Dávila. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, se ordenó formar y registrar el expediente en que se actúa, con motivo de la presentación del escrito de demanda promovida por Olga, Lydia, Herlinda, Leticia y Cristóbal, con apellidos Ortiz Dávila, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y otras autoridades; y que en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se previno a los promoventes para que dentro del término de cinco días aclararan su demanda; así como que mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo del año en curso, el autorizado de los quejosos pretendió dar cumplimiento, por lo que el tres de abril de los corrientes, se les volvió a requerir para tal efecto, quedando notificados de dicha circunstancia el siete de abril de la presente anualidad; por tanto, toda vez que el término concedido a los peticionarios de amparo transcurrió del once al veinte de abril de la presente anualidad, se les hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida por Olga, Lydia, Herlinda, Leticia y Cristóbal, con apellidos Ortiz Dávila."
- Principal
El tres de abril de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para que los quejosos dieran cumplimiento con la prevención que se les hizo el veintiocho de marzo del año en curso, transcurrirá del cuatro al diez de abril del actual. Doy fe. Lic. María Elena Gómez Magaña. En la misma fecha, la Secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y el escrito registrado con el folio 4543. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por Cuauhtémoc Espinoza Pantoja, autorizado de los quejosos Olga Ortiz Dávila y otros, mediante el cual manifiesta dar cumplimiento a la prevención realizada en el auto inicial de este juicio; en atención a su contenido, se determina que no ha lugar a tener cumplida la precisión solicitada en el proveído referido, en virtud de que el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo no se encuentra facultado para especificar aspectos que inciden directamente en la pretensión litigiosa del juicio de amparo, ya que únicamente se encuentra legitimada para tal efecto la parte quejosa o su representante legal; esto tomando en cuenta que la autorización referida no puede equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de la presentación de la demanda y no antes. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: ".Además, esta Primera Sala ha considerado que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al quejoso como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de lo solicitado. Tal criterio arroja que la demanda de amparo exige que la petición provenga directamente de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus garantías individuales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la constitución(8) y 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece,(9) así como de los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la nueva Ley de Amparo vigente;(10) es decir, debe contar con la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal o apoderado, así como la manifestación "bajo protesta de decir verdad" de los antecedentes del acto reclamado, lo cual no puede sustituirse por la de un autorizado dentro de un procedimiento, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado, cuya salvaguarda se solicita a través del amparo.". La ejecutoria referida dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 210: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". En consecuencia, del criterio anterior se sigue que los aspectos relacionados con la pretensión base de la demanda de amparo, en particular, lo concerniente a los actos reclamados, conceptos de violación y los antecedentes, corresponde únicamente precisarlos a los quejosos, al ser los titulares del derecho controvertido, y no al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues no ejerce una representación anterior a la promoción de la instancia constitucional. En el caso, la prevención realizada en el auto de veintiocho de marzo de este año fue en el sentido de que los quejosos manifestaran los datos completos de identificación del procedimiento administrativo sucesorio a bienes de Alfredo Ortiz García, así como las partes de éste, y la última actuación realizada en dicho procedimiento. Asimismo, se les solicitó informaran el contenido de la resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis; luego, en conformidad con lo expuesto, se trata de una cuestión que únicamente atañe aclarar a los quejosos o su representante legal, al incidir directamente en la pretensión litigiosa del juicio de amparo; lo que no acontece en la especie, debido a que, se reitera, quien cumplió con la prevención fue el autorizado de los amparistas en este juicio. En consecuencia, hágase del conocimiento de los promoventes del amparo que, a partir de la notificación del presente auto, transcurrirá el plazo de cinco días que les fue concedido en el acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, para que aclararan su demanda; y de igual forma, subsiste el apercibimiento ahí contenido. En el entendido de que del plazo citado no comenzó a transcurrir, en virtud de que el requerimiento inicial fue notificado el treinta y uno de marzo de este año y en esa misma fecha fue presentado el escrito aclaratorio en comento, lo que implica que comenzará a contar a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Por último, se apercibe a los quejosos que deberán exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la secretaria que autoriza licenciada María Elena Gómez Magaña.- DOY FE.
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