Olinsser Vargas Flores
Expediente 1059/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Olinsser Vargas Flores
Actuaciones
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1721/2014; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Raúl Valdez Valdez, José Valdez Delgado y José Everardo Medina Castañeda, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad denominada Laguna Grande, municipio de Atolinga, Zacatecas, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen (fojas 2 a 5 del juicio de amparo): Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Presidente Municipal de Atolinga, Zacatecas. Encargada de la Oficina Predial Municipal de Atolinga, Zacatecas. Acto reclamado: "El acto de molestia consiste en la Protocolización del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MARQUEZ ordenada mediante el auto de fecha primero de septiembre del año dos mil once, dentro del expediente marcado con el número 235/2006 que se tramita ante la Autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, el cual resulta por demás ilegal, dado que se inventariaron porciones de bienes inmuebles que en realidad pertenecen a los bienes comunales, propiedad de la comunidad que representamos, sin que se haya notificado algún procedimiento de rectificación de medidas, en que la comunidad que representamos hubiese intervenido como colindante, y con tal acto privar parcialmente en forma temporal y definitiva de la propiedad y posesión o disfrute de nuestros derechos agrarios, de las demás autoridades reclamamos las demás consecuencias legales inherentes, como el registro de tales documentos en sus oficinas a su cargo." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 2º, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de nueve de octubre de dos mil catorce se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional (fojas 67 a 69 del juicio de amparo). TERCERO. Primer sentencia. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que estimó que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico para instar la acción constitucional, toda vez que consideró que en el presente juicio no existía medio de convicción que generara certeza de que los bienes inmuebles que fueron adjudicados en el contradictorio de origen, pertenecieran a la superficie que se reconoció y tituló a favor de la comunidad quejosa mediante la sentencia de uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, emitida por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con residencia en esta ciudad capital (actualmente con sede en Guadalupe, Zacatecas), por ende, dijo que era indudable que no existía identidad entre el inmueble de su propiedad con los diversos que fueron adjudicados a Adalberto, Sofía, Ma. Salvador, Apolonio, Primitivo, Francisca, Gertrudis, Antonia, María Auxilio y Elena, todos de apellidos Tejeda Castañeda (fojas 523 a 540 del juicio de amparo). CUARTO. Recurso de revisión. En contra de la determinación antes señalada, la parte quejosa promovió recurso de revisión, el cual conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el amparo en revisión administrativa 230/2016, el cual, en sesión del dieciséis de marzo del dos mil diecisiete revocó la sentencia referida y ordenó reponer el procedimiento para que de oficio este jugado recabara todos los medios de convicción suficientes y aptos que condujeran al exacto conocimiento del problema a debate, entre ellos, el desahogo de la pericial en materia de agrimensura, para verificar si los actos reclamados lesionaban los derechos agrarios del poblado peticionario del amparo, para lo cual, incluso, debía integrar el cuestionario relativo (fojas 625 a 637 del juicio de amparo). QUINTO. Reposición del procedimiento. El veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete se tuvo por recibida la sentencia del tribunal colegiado (fojas 638 y 639 del juicio de amparo) y en cumplimiento a la determinación de dicho órgano, se dejó insubsistente la audiencia constitucional celebrada a las nueve horas del tres de febrero del dos mil dieciséis, así como la sentencia definitiva emitida el dieciséis de mayo de esa anualidad fijándose nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, en el aludido proveído se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de agrimensura, a efecto de lograr la identidad de las porciones de los inmuebles comunales, bajo el cuestionario ahí señalado (reverso foja 638 y 639 del juicio de amparo). En el entendido que ese cuestionario fue adicionado por la parte quejosa a través de su escrito recibido en este órgano el seis de abril de dos mil diecisiete (foja 659). El dieciséis de enero de dos mil dieciocho se tuvo por debidamente integrado el dictamen pericial en materia de agrimensura (fojas 967 y 968 del juicio de amparo). El ocho de febrero de dos mil dieciocho se le celebró la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - Del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango, Zacatecas: El auto de nueve de agosto de dos mil once, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 235/2006, donde se ordenó la protocolización del citado expediente, en el cual se adjudicaron porciones de inmuebles que la parte quejosa sostiene, pertenecen a sus bienes comunales. No es óbice a lo anterior, que la parte quejosa haya precisado como acto reclamado el auto de uno de septiembre de dos mil once, pues dicho proveído no existe, pues del oficio suscrito por el Notario Público Treinta y Nueve de Ojocaliente, Zacatecas, (foja 356 del juicio de amparo), se aprecia que la ejecución del auto señalado en el párrafo que antecede, se realizó el uno de septiembre de dos mil once, de manera que debe tenerse como acto reclamado el proveído de nueve de agosto de dos mil once, pues en éste fue donde el juez responsable ordenó la protocolización mencionada. - Del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Presidente Municipal de Atolinga Zacatecas y encargada de la oficina predial municipal de Atolinga, Zacatecas: - El registro de la protocolización en las oficinas de dichas autoridades. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado (fojas 88 a 90 del juicio de amparo). Por otra parte, el oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, señaló que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la ejecución del mencionado acuerdo (fojas 470 y 471 del juicio de amparo). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que integran el juicio sucesorio 235/2006 que adjuntó el Juez responsable, así como las copias certificadas que exhibió el oficial registrador antes señalado. Dichas documentales públicas cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados de las autoridades aludidas, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Corolario a lo expuesto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados al Presidente Municipal y a la Encargada de la Oficina Predial, ambos con residencia en Atolinga, Zacatecas, pues al ser omisos en rendir sus informes justificados, se presume cierta la ejecución que se les reclama de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado que de las constancias citadas en párrafos precedentes se advierte su intervención en los actos tildados de inconstitucionales. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, se estima necesario tener presentes, en lo que aquí interesa, las actuaciones siguientes del juicio sucesorio testamentario 235/2006: 1. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil seis ante la Oficialía de Partes del Juzgado de Primera Instancia, con sede en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, Elena y Ma. Salvador Tejeda Castañeda denunciaron la sucesión testamentaria e intestamentaria a bienes de Juan Francisco Tejeda Márquez (fojas 1 a 41 del juicio sucesorio en comento). 2. Por auto de trece de noviembre de dos mil seis, el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, formó el expediente 235/2006; ordenó convocar a los presuntos herederos y eventuales acreedores mediante la publicación de edictos por dos veces consecutivas con intervalo de diez días en los periódicos Oficial Órgano del Gobierno del Estado y El Sol de Zacatecas; y señaló día y hora para que tuviera verificativo la primera junta de herederos y designación de albacea (foja 42 del juicio sucesorio). 3. El uno de octubre de dos mil siete tuvo verificativo la junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea en la que se reconoció y declaró como legatarios de Juan Francisco Tejeda Márquez (en los términos del testamento público abierto) a Elena, Ma. Salvador, Apolonio, Primitivo, J. Adalberto, Ma. Gertrudis, Antonia, María Auxilio, Francisca y Sofía, todos de apellidos Tejeda Castañeda; asimismo, se designó a Sofía como albacea y ejecutor testamentario (foja 111 a 113 del juicio natural). 4. Mediante escrito presentado ante el juzgado responsable el veinticinco de marzo del año dos mil nueve, Sofía Tejeda Castañeda exhibió las operaciones de inventarios y avalúos de los bienes que constituyen el acervo hereditario y, en lo que aquí importa, se destacan los siguientes inmuebles (fojas 239 a 242 del juicio natural): "J) BIENES INMUEBLES.- Los siguientes: PRIMERO.- Una propiedad rústica de agostadero denominada "la Barranca del Arroyo del Toro" del Rancho de Ojo de Agua, municipio de Atolinga, Zacatecas, sin que se describan las medidas por ser terreno muy escabroso, con las siguientes colindancias: Al norte con la Comunidad del Cerrito y arroyo de por medio de división, al oriente con el señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ, al poniente con los señores JOSÉ y RUTILIO CASTRO TEJEDA, y al sur con el mismo JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ. Se hace la aclaración que en el viento poniente hay un lienzo por un mediano arroyo escabroso que sirve de división, de la mesa al arroyo, ceja de por medio hasta el Puerto del Salero de la meza de California. De acuerdo al padrón que se lleva en la Oficina del Predial de Atolinga, Zacatecas, y del croquis expedido por dicha dependencia, el citado terreno cerril de agostadero ubicado en el punto conocido como LA BARRANCA DEL ARROYO DEL TORO, pertenece al Rancho de El Ojo de Agua de Bugarín, tiene una extensión superficial de 43-00-00 hectáreas aproximadamente, dado lo accidentado del terreno, y al norte en línea ondulada mide ochocientos (800.00) metros y linda con propiedad de la Comunidad de los Cerritos, al oriente en el primer quebrado mide quinientos (500.00) metros y en el segundo mide seiscientos (600.00) metros y linda con propiedad del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ; al sur mide quinientos (500.00) metros y linda con propiedad de CIRILO BUGARÍN, y al poniente mide de sur a norte cien (100.00) metros, en el segundo quebrado mide cuatrocientos cincuenta (450.00) metros, en el tercero mide (250.00) metros, en el cuarto mide doscientos cincuenta (250.00) metros, en el cuarto mide doscientos cincuenta (250.00) metros, y en el quinto mide trescientos (300.00) metros, y linda con propiedad de Apolonio y Primitivo Márquez y José Rutilio Tejeda. El citado inmueble lo adquirió el De Cuyus Bienes se Trata (sic), en de los señores JOSÉ y RUTILIO CASTRO TEJEDA, según se acredita en forma palmaria con el original del contrato privado de compraventa de fecha diez (10) de octubre del año de mil novecientos cincuenta y uno (1951), cuyo instrumento fuera inscrito en la Oficina del Registro público de la Propiedad de este Distrito Judicial bajo el número doscientos sesenta y cuatro (264), a folios del doscientos veintiséis (226-227), del libro XX, Tomo XVI, del índice de documentos privados, de fecha veinticinco (25) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965). El inmueble antes descrito, es el que el testador legó en la cláusula PRIMERA, punto número dos (2), del testamento público abierto que se exhibió en el escrito de denuncia, al que simplemente se le denominó "LA BARRANCA", ubicado en el Rancho de Ojo de Agua Bugarínes, Municipio de Atolinga, Zacatecas. En consecuencia, dicho inmueble pertenece a la sucesión testamentaria de los bienes del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ. El presente inmueble tiene un valor de veinte mil pesos la hectárea, según el leal saber y entender del suscrito perito valuador, es decir, un valor total de $860,000.00 (ochocientos sesenta mil pesos). SEGUNDO.- Una propiedad rústica de agostadero ubicado en "La Barranca del Toro" y "La Meza de los Caballos", del Rancho de Ojo de Agua, municipio de Atolinga, Zacatecas, sin que se describan medidas por ser un terreno muy escabroso, con las siguientes colindancias: Al norte colinda con JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ, al oriente con La Comunidad de Adobes, al ponente con JAVIER BUGARÍN, ceja de por medio de Meza de California y el Salero de norte a sur; y sur con el señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ. De acuerdo al padrón que se lleva en la Oficina del Predial de Atolinga, Zacateas, y al croquis expedido por dicha dependencia, el citado terreno cerril de roca de volcán, ubicado en el punto conocido como "LA BARRANCA DEL TORO Y MEZA DE LOS CABALLOS", perteneciente al Rancho de El Ojo de Agua de Bugarín, tiene una extensión superficial de 20-00-00 hectáreas aproximadamente, dado lo accidentado del terreno, al norte mide un mil cien (1,100.00) metros y linda con propiedad de JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ, al oriente mide doscientos (200.00) metros y linda con propiedad de Comunidad de Adobes y Laguna Grande, al sur mide un mil (1,000.00) metros y linda con propiedad de JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ, y al poniente mide doscientos (200.00) metros, y linda con propiedad de APOLONIO TEJEDA. El citado inmueble lo adquirió el De Cuyus Bienes se Trata (sic), del señor RUTILIO CASTRO, según se acredita en forma palmaria con el original del contrato privado de compraventa de fecha diez (10) de octubre del año de mil novecientos cincuenta y uno (1951), cuyo instrumento fuera inscrito en la Oficina del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial bajo el número ocho (8), a folios (8), del Volumen LV, del índice de documentos privados, de fecha dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986). El inmueble antes descrito, forma parte del que el testador legó en la cláusula PRIMERA, punto dos (2), del testamento público abierto que se exhibió en el escrito de denuncia, al que simplemente se le denominó "LA BARRANCA", ubicado en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarínes, Municipio de Atolinga, Zacatecas. En consecuencia, dicho inmueble pertenece a la sucesión testamentaria de los bienes del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ. El presente inmueble tiene un valor de treinta mil pesos la hectárea, según el leal saber y entender del suscrito perito valuador, por ser de mejor calidad, parejo, es decir, tiene un valor total de $600.000.00 (seiscientos mil pesos). TERCERO. Una cuarta parte de la propiedad rústica de agostadero denominada "La Barranca del Toro Meza de los Caballos" ubicada en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarines, municipio de Atolinga, Zacatecas, sin que se describan medidas por ser terreno barrancoso, con las siguientes colindancias: Al norte con propiedad del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ, al oriente con la Comunidad de Adobes, al sur con herederos de VIDAL BUGARÍN TALAMANTES; y al poniente con propiedad de JAVIER BUGARÍN. De acuerdo al padrón que se lleva en la Oficina del Predial de Atolinga, Zacatecas, y al croquis expedido por dicha dependencia, el citado terreno eriazo de monte de mala calidad de tierra de lava de volcán, ubicado en el punto conocido como "LA BARRANCA DEL TORO Y MEZA DE LOS CABALLOS", perteneciente al Rancho de El Ojo de Agua de Bugarín, tiene una extensión superficial de 24-00-00 hectáreas aproximadamente, dado lo accidentado del terreno, y al norte mide un mil doscientos (1,200.00) metros, y linda con propiedad de JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ; al oriente mide doscientos (200.00) metros y linda con propiedad de Comunidad de Adobes y Laguna Grande; al sur mide un mil doscientos (1,200.00) metros y linda con propiedad de JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ; y al poniente mide doscientos (200.00) metros y linda con propiedad de CIRILO BUGARÍN. El citado inmueble lo adquirió el De Cuyus Bienes se Trata (sic), del señor ROGELIA TEJEDA, según se acredita en forma palmaria con el original del contrato privado de compraventa de fecha dieciocho (18) de diciembre del año de mil novecientos cincuenta y uno (1951), cuyo instrumento fuera inscrito en la Oficina del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial bajo el número diez (10), a folios nueve (9), del Volumen LV, del índice de escrituras privadas, de fecha dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986). El inmueble antes descrito, forma parte del que el testador legó en la cláusula PRIMERA, punto dos (2), del testamento público abierto que se exhibió en el escrito de denuncia, al que simplemente se le denominó "LA BARRANCA", ubicado en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarínes, Municipio de Atolinga, Zacatecas. En consecuencia, dicho inmueble pertenece a la sucesión testamentaria de los bienes del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ. El presente inmueble tiene un valor de veinte mil pesos la hectárea, según el leal saber y entender del suscrito perito valuador, por ser de mejor calidad, parejo, es decir, tiene un valor total de $480.000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos). CUARTO. Una fracción de terreno erizo de agostadero y monte de segunda clase, ubicado al poniente del Municipio de Atolinga, Zacateas, en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarines, denominada "La Barranca del Toro Meza de los Caballos" ubicada en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarines, municipio de Atolinga, Zacatecas, sin que se describan medidas por ser terreno muy fragoso, con las siguientes colindancias: Al norte con propiedad del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ, al sur con propiedad de CONCESA BUGARÍN Y CONRADO BUGARÍN TALAMANTES, al oriente con la Comunidad de Adobes y la Laguna Grande, y al poniente con propiedad de CIRILO BUGARÍN SERRANO. De acuerdo al padrón que se lleva en la Oficina del Predial de Atolinga, Zacatecas, y al croquis expedido por dicha dependencia, el citado terreno de monte eriazo de mala calidad, ubicado en el punto conocido como "LA BARRANCA DEL TORO Y MEZA DE LOS CABALLOS", perteneciente al Rancho de El Ojo de Agua de Bugarín, tiene una extensión superficial de 24-00-00 hectáreas aproximadamente, dado lo accidentado del terreno, y al norte mide un mil doscientos (1,200.00) metros, y linda con propiedad de JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ; al oriente mide doscientos (200.00) metros y linda con propiedad de Comunidad de Adobes y Laguna Grande; al sur mide un mil doscientos (1,200.00) metros y linda con propiedad de JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ; y al poniente mide doscientos (200.00) metros y linda con propiedad de CIRILO BUGARÍN. El citado inmueble lo adquirió el De Cuyus Bienes se Trata (sic), del señor ALFREDO TEJEDA MÁRQUEZ, según se acredita en forma palmaria con el original del contrato privado de compraventa de fecha veintisiete (27) de enero del año de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), cuyo instrumento fuera inscrito en la Oficina del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial bajo el número once (11), a folios diez (10), del Volumen LV, de la sección de escrituras privadas, de fecha dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986). El inmueble antes descrito, forma parte del que el testador legó en la cláusula PRIMERA, punto dos (2), del testamento público abierto que se exhibió en el escrito de denuncia, al que simplemente se le denominó "LA BARRANCA", ubicado en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarínes, Municipio de Atolinga, Zacatecas. En consecuencia, dicho inmueble pertenece a la sucesión testamentaria de los bienes del señor JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ. El presente inmueble tiene un valor de veinte mil pesos la hectárea, según el leal saber y entender del suscrito perito valuador, por ser de mejor calidad, parejo, es decir, tiene un valor total de $480.000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos)." 5. El diecisiete de mayo de dos mil once, Elena Tejeda Castañeda presentó en el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, el proyecto de división y partición, en los términos siguientes (foja 347 del juicio natural): "I.- Deberá escriturarse a los cesionarios reconocidos como MARIO CORTÉS CASTRELLÓN y MARICELA CASTAÑEDA CASTAÑEDA, el siguiente inmueble: Único.- La totalidad del inmueble descrito en el número OCTAVO del inventario y avalúo aprobado, consistente en una fracción de terreno de labor de temporal de segunda clase, ubicado en el punto conocido con el nombre de "BAJÍO DE PAJARITOS", ubicado al sur de la población de Atolinga, Zacatecas, con superficie de 06-23-25 hectáreas. II.- En pago de haber hereditario que corresponde a los herederos reconocidos señores ADALBERTO, SOFÍA, SALVADOR, APOLONIO, PRIMITIVO, FRANCISCA, GERTRUDIS, ANTONIA, MARÍA AUXILIO Y ELENA TEJEDA CASTAÑEDA, deberá adjudicarse, en copropiedad, proindiviso y por partes iguales, los siguientes inmuebles: Uno.- La totalidad de los inmuebles descritos en los números PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, UNDÉCIMO, DUODECÍMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO y DÉCIMO OCTAVO, del inventario y avalúo aprobado, cuyas superficies, medidas y colindancias, solicito se tengan aquí por reproducidas para todos los efectos legales." 6. En audiencia de veintiuno de octubre de dos mil nueve, los actores incidentistas de la oposición al inventario y avalúo Elena y Ma. Salvador Tejeda Castañeda, se desistieron de dicho incidente que interpusieron el nueve de abril del dos mil ocho; por tanto, el juez responsable estimó que al haberse agotado el motivo de oposición al inventario y avalúo, resultaba procedente la aprobación de éste en todas y cada una de sus partes (foja 136 del incidente de oposición al inventario y avalúo). 7. En proveído de nueve de agosto de dos mil once, el juez responsable aprobó el inventario y avalúo de los bienes inmuebles y decretó, en los siguientes términos: "(.) Es procedente decretar adjudicación a favor de los cesionarios MARIO CORTÉS CASTRELLÓN Y MARICELA CASTEÑEDA CASTAÑEDA el siguiente inmueble: la totalidad del inmueble descrito en el número OCTAVO del inventario y avalúo aprobado, consistente en una fracción de terreno del labor de temporal de segunda clase ubicado en el punto conocido con el nombre de "BAJÍO DE PAJARITOS", ubicado al sur de la población de Atolinga, Zacatecas con una superficie de 06-23-25 hectáreas. A los Ciudadanos ADALBERTO, SOFÍA, MA. SALVADOR, APOLONIO, PRIMITIVO, FRANCISCA, GERTRUDIS, ANTONIA, MARÍA AUXILIO Y ELENA TEJADA CASTAÑEDA se adjudica en copropiedad, proindiviso y por partes iguales los bienes inmuebles descritos en los números PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, UNDÉCIMO, DUODÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO que integran el INVENTARIO Y AVALÚO APROBADO, que se describen en él y cuyas características se dan aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones." Esta determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, pero sólo en lo relativo a la adjudicación de los bienes inmuebles que se describen como primero, segundo, tercero y cuarto en el avalúo aprobado dentro del citado juicio sucesorio. QUINTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, este juzgado federal no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, ni tampoco se observa que las partes hayan manifestado tal circunstancia en el juicio de amparo. SEXTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Aducen los quejosos que el acto reclamado resulta en perjuicio de los derechos humanos y las garantías consagradas en los artículos 1º, 2º, 14, 16 y 27 constitucionales, dado que no está fundado ni motivado, pues consideran que la protocolización del juicio sucesorio testamentario a bienes de Juan Francisco Tejeda Márquez, ordenada dentro del expediente 235/2006 tramitado ante el juez responsable, es ilegal, dado que intervinieron porciones de bienes inmuebles que pertenecen a los bienes comunales de la Comunidad Laguna Grande, del municipio de Atolinga, Zacatecas, sin que se haya notificado algún procedimiento de rectificación de medidas, en donde la comunidad que representan hubiese intervenido como colindante; por tanto, con dicho proceder, dicen los solicitantes del amparo, se les priva de forma temporal y definitiva de la propiedad y posesión de sus derechos agrarios. Es fundado su concepto de violación. Se arriba a dicha conclusión porque asiste razón a los comuneros quejosos, en cuanto que la orden de protocolización decretada por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, atenta contra sus derechos agrarios, toda vez que tal actuación les priva de una porción de la Comunidad Laguna Grande, del municipio de Atolinga, Zacatecas. A fin de exponer la conclusión alcanzada se estima necesario tener presente que el procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales se encontraba previsto en los artículos 356 a 366 de la Ley Federal de Reforma Agraria vigente desde de mayo de mil novecientos setenta y uno hasta el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, entre los que destacan: "Artículo 356. La Delegación Agraria, de oficio o a petición de parte, iniciará los procedimientos para reconocer, o titular correctamente, los derechos sobre bienes comunales, cuando no haya conflictos de linderos, siempre que los terrenos reclamados se hallen dentro de la entidad de su jurisdicción. (...) Artículo 359. La autoridad agraria procederá a realizar los siguientes trabajos, que deberán quedar terminados en un plazo de noventa días: a) Localizar la propiedad comunal sobre la que se alegue tener derechos, con título o sin él, y levantar los planos que corresponda; b) Levantar el censo general de población comunera; y c) Verificar en el campo los datos que demuestren la posesión y demás actos de dominio realizados dentro de las superficies que se reclaman o hayan de titularse. Artículo 366. Si surgieren durante la tramitación del expediente conflictos por límites respecto del bien comunal, se suspenderá el procedimiento, el cual se continuará en la vía de restitución, si el conflicto fuere con un particular o en la vía de conflicto por límite, si éste fuere con un núcleo de población ejidal o propietario de bienes comunales. (...)" Por su parte, el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho (expedido con base en el artículo 361 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos), en lo conducente, establecía: "ARTÍCULO PRIMERO. La confirmación y titulación de bienes solamente puede referirse: a) a terrenos comunales; y b) a terrenos que correspondan individualmente a los comuneros. ARTÍCULO SEGUNDO. El procedimiento para reconocer o confirmar y titular bienes comunales se aplicará cuando no haya conflictos de linderos. Si al plantearse o tramitarse el expediente de confirmación y titulación surgiere un conflicto, el procedimiento agrario se continuará en la vía de restitución si el conflicto fuere con un particular, y en la vía de conflicto por límites si éste fuere con un núcleo de población ejidal o comunal. ARTÍCULO TERCERO. La confirmación y titulación proceden aun cuando la comunidad o el comunero carezcan de título de propiedad, siempre que posean a título de dueños, de buena fe y en forma pacífica, continua y pública. ARTÍCULO NOVENO. La identificación de los terrenos cuya confirmación se solicita se llevará a cabo por el Representante del Departamento Agrario, acompañado de los representantes comunales del poblado, del de la autoridad municipal, así como de alguna otra persona que juzgue conveniente invitar a la diligencia por el conocimiento que tenga de la región, procediendo a hacer la localización de los linderos de acuerdo con los títulos y planos que se presenten o, a falta de éstos, conforme al señalamiento que de los mismos hagan los representantes de la comunidad, debiendo en todo caso invitarse a la práctica de esta diligencia, con la debida anticipación, a todos los colindantes que señalen los representantes de la comunidad, las autoridades municipales o cualquier vecino y levantándose acta en la que se anotará, con toda claridad, los incidentes que se presenten, lo que manifiesten los colindantes y los títulos de propiedad que se invoquen. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Si dentro de las tierras comunales existen enclavadas porciones pertenecientes en lo particular a los comuneros, se hará la localización de ellas, consignándose los siguientes datos: superficie, calidad, uso a que se destinan, si las explota directamente el propietario o no, el título u origen, señalando en especial si antiguamente formó parte de los terrenos comunales y si la comunidad acepta y respeta esa adjudicación individual. Lo mismo se hará en caso de que existan enclavadas propiedades de individuos no comuneros. La identificación de los terrenos enclavados que como propiedad reclamen comuneros o particulares, se llevará a cabo en idéntica forma y mediante los procedimientos que se señalan en el artículo noveno, respecto a la localización de los linderos de los terrenos comunales que se reclamen. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. En caso de que no surjan conflictos y sea procedente la titulación, se formulará el proyecto de resolución presidencial, confirmatoria en la que se señalará con precisión: 1. El censo de quiénes constituyen la comunidad. 2. La superficie, calidad y localización de los terrenos poseídos en común que se confirman. 3. Los terrenos o parcelas poseídas individualmente por los comuneros y 4. En su caso, las superficies que, por corresponder a propietarios particulares ajenos a la comunidad, no deben quedar incluidas en la confirmación. Las resoluciones confirmatorias no deberán contener disposiciones en virtud de las cuales en términos generales y sin hacer referencia concreta a predios y personas, se reconozcan o dejen a salvo derechos de posibles propietarios o poseedores particulares. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Los propietarios o poseedores de pequeñas propiedades incluidas dentro del perímetro de terrenos comunales confirmados, tendrán derecho a pedir el reconocimiento de sus propiedades siempre que las resoluciones confirmatorias respectivas contengan alguno de los puntos resolutivos que en seguida se consignan; I. Las pequeñas propiedades particulares que pudieran encontrarse enclavadas dentro de los terrenos comunales que se confirman, quedarán excluidas de esta titulación si reúnen los requisitos establecidos por los artículos 66 y 306 del Código Agrario vigente, a cuyo efecto se dejan a salvo los derechos de esos poseedores. II. Todas las superficies de propiedad particular que quedaran incluidas dentro del perímetro de los terrenos que se confirman, no serán materia de confirmación en el presente caso. El procedimiento que deberá seguirse para el reconocimiento de tales derechos particulares será el que señalan los artículos 9 y 13 de este reglamento, es decir, la investigación de la Delegación Agraria, la revisión de la Dirección de Tierras y Aguas y la opinión del Cuerpo Consultivo Agrario. Al otorgarse un reconocimiento deberá consignarse en el plano de ejecución correspondiente la anotación de la pequeña propiedad particular reconocida conforme al dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Si dentro de los terrenos considerados como pertenecientes a la comunidad se encuentran propiedades particulares, bien sea de comuneros o de personas no reconocidas como tales, con extensiones mayores de cincuenta hectáreas, se tramitará la correspondiente restitución si así lo solicitan los interesados." Del contexto normativo que antecede se deduce que el procedimiento para reconocer o confirmar y titular bienes comunales tenía la finalidad de ratificar la propiedad comunal cuando la comunidad agraria o el comunero careciera de título de propiedad, siempre que tuvieran la posesión a título de dueños, de buena fe y en forma pacífica, continua y pública, sin perjuicio de que tuvieran pruebas documentales para acreditar la propiedad de sus tierras, en cuyo supuesto se trataba, en sí, de un reconocimiento. La resolución presidencial emitida en dicho procedimiento se refería a los derechos sobre bienes comunales cuando no hubiera conflicto, ya sea por límites o por exclusión de predios de comuneros o particulares, enclavados en los terrenos reconocidos o confirmados, por lo que, si durante el trámite se presentaba ese tipo de conflictos, la Secretaría de la Reforma Agraria procedía en los términos siguientes: 1) a continuar el procedimiento -confirmación o reconocimiento- de los terrenos que no presentaban conflictos; 2) a iniciar el procedimiento de conflicto por límites, si la controversia era entre comunidades o de éstas con núcleos de población; o 3) instruir el juicio restitutorio si el conflicto era entre comunidades y particulares. La acción de reconocimiento o confirmación y titulación de bienes comunales, conforme a los antecedentes expuestos, procedía de oficio o mediante solicitud de la comunidad agraria interesada (artículos 356 de la Ley Federal de Reforma Agraria y cuarto del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales). En cambio, la acción de exclusión de una propiedad particular enclavada en terrenos confirmados a una comunidad agraria la hacían valer los propietarios o poseedores calificados ante las propias autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, como un derecho que podían ejercitar dentro del propio procedimiento relativo al reconocimiento o confirmación y titulación de bienes comunales. Dado que la resolución presidencial relativa a la confirmación o reconocimiento y titulación de bienes comunales debía excluir a las superficies que correspondían a propietarios particulares ajenos a la comunidad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, definió que las resoluciones de ese tipo no eran constitutivas, sino declarativas de los derechos cuya existencia reconocían. Dicho criterio jurisprudencial se encuentra identificado con el número 238849, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 36, Tercera Parte, página 61, cuyo rubro y texto son: "AGRARIO. BIENES COMUNALES. RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN. RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DE ESE CARÁCTER. NO SON CONSTITUTIVAS SINO DECLARATIVAS DE LOS DERECHOS CUYA EXISTENCIA RECONOCEN. En los términos del artículo 306 del Código Agrario, esta Segunda Sala ha sostenido el criterio de que el procedimiento incoado para reconocer y titular los derechos sobre bienes comunales, cuando no haya conflictos de linderos, constituye una vía de simple jurisdicción voluntaria en la que las autoridades agrarias deben constatar o comprobar que el poblado comunal promovente tiene la posesión de las tierras, por lo que las resoluciones que en estos casos se emitan, no tienen el carácter jurídico de constitutivas, sino de declarativas de los derechos del poblado cuya existencia reconocen." En esas condiciones, las resoluciones presidenciales de confirmación o reconocimiento y titulación de bienes comunales eran de naturaleza declarativa; asimismo, partían del supuesto de que no había conflicto de linderos con otra entidad agraria y, en su caso, dejaban fuera de la confirmación o reconocimiento los predios de propiedad particular enclavados en los terrenos comunales; además, los particulares, propietarios o poseedores de esos predios tenían derecho a pedir el reconocimiento de sus propiedades en los términos que establecían la ley y el reglamento. Al respecto, los artículos 66 y 306 del Código Agrario, 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 16 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales establecían: "Artículo 66. Quienes en nombre propio y a título de dominio posean, de modo continuo, pacífico y público, tierras y aguas en cantidad no mayor al límite fijado para la propiedad inafectable, tendrán los mismos derechos que los propietarios inafectables que acrediten su propiedad con títulos debidamente requisitados, siempre que la posesión sea cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento agrario. Artículo 306. El Departamento Agrario, de oficio o a petición de parte, iniciará los procedimientos para reconocer y titular correctamente los derechos sobre bienes comunales cuando no haya conflictos de linderos, así como los que correspondan individualmente a los comuneros, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 66. Artículo 252. Quienes en nombre propio y a título de dominio prueben debidamente ser poseedores, de modo continuo, pacífico y público, de tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable, y las tengan en explotación, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los propietarios que acrediten su propiedad con títulos legalmente requisitados, siempre que la posesión sea, cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario, y no se trate de bienes ejidales o de núcleos que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. Tratándose de terrenos boscosos, la explotación a que este artículo se refiere únicamente podrá acreditarse con los permisos de explotación forestal expedidos por la autoridad competente. "ARTÍCULO DECIMOSEXTO. Los propietarios o poseedores de pequeñas propiedades incluídas dentro del perímetro de terrenos comunales confirmados, tendrán derecho a pedir el reconocimiento de sus propiedades siempre que las resoluciones confirmatorias respectivas contengan alguno de los puntos resolutivos que en seguida se consignan: I. Las pequeñas propiedades particulares que pudieran encontrarse enclavadas dentro de los terrenos comunales que se confirman, quedarán excluídas de esta titulación si reúnen los requisitos establecidos en los arículos 66 y 306 del Código Agrario vigente, a cuyo efecto se dejan a salvo los derechos de esos poseedores. II. Todas las superficies de propiedad particular que quedaran incluídas dentro del perímetro de los terrenos que se confirma, no serán materia de confirmación en el presente caso. El procedimiento que deberá seguirse para el reconocimiento de tales derechos particulares será el que señalan los artículos 9 y 13 de este reglamento, es decir, la investigación de la Delegación Agraria, la revisión de la Dirección de Tierras y Aguas y la opinión del Cuerpo Consultivo Agrario. Al otorgarse un reconociimiento (asi) deberá consignarse en el plano de ejecución correspondiente la anotación de la pequeña propiedad particular reconocida conforme al dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario." Los preceptos transcritos, revelan que los particulares propietarios o poseedores de predios incluidos dentro del perímetro de terrenos comunales tenían derecho a pedir su exclusión cuando la correspondiente resolución presidencial contenía la cláusula de exclusión y remitía expresamente a los artículos 66 y 306 del Código Agrario, y posteriormente el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Tales preceptos establecían el derecho al reconocimiento de la propiedad privada: 1) a los particulares que acreditaran su propiedad con títulos debidamente requisitados; y 2) a quienes en nombre propio y a título de dominio poseían, de modo continuo, pacífico y público, tierras y aguas en cantidad no mayor al límite fijado para la propiedad inafectable y las tuvieran en explotación, siempre que su posesión fuera cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que iniciara el procedimiento agrario. En ese orden de ideas, el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria equiparó la posesión calificada a la propiedad plena acreditada con título legalmente expedido y en ambos casos la autoridad competente podía reconocer la propiedad particular de los predios enclavados en terrenos comunales, conforme al procedimiento que establecía el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, a fin de que los poseedores acreditaran, con los medios de prueba idóneos, su posesión calificada y, en su caso, los interesados exhibieran los títulos y antecedentes de la propiedad con los que acreditaran la titularidad del predio correspondiente. Lo anterior es así, tomando en cuenta que la confirmación o reconocimiento y titulación de bienes comunales era procedente sólo cuando no existía conflicto, ya sea por límites o por exclusión de propiedades particulares enclavadas en los terrenos comunales, pues en estos casos debían seguirse los procedimientos de conflicto por límites del bien comunal o de restitución en el que se analizara la propiedad de las tierras de la comunidad, así como el acto de despojo. Asimismo, si la resolución presidencial contenía la cláusula de exclusión prevista en el artículo décimo sexto del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, los propietarios de predios enclavados en los terrenos comunales, con títulos debidamente requisitados, tenían derecho a pedir ante las propias autoridades agrarias la exclusión de sus propiedades; e igualmente tenían ese derecho los poseedores que, aun cuando carecieran de título, acreditaran los requisitos que establecía el artículo 66 del Código Agrario, y, posteriormente, el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria. De lo expuesto se deduce que, dentro del procedimiento de confirmación o reconocimiento y titulación de bienes comunales, solamente los poseedores (y no los propietarios con títulos debidamente legalizados) de predios incluidos dentro del perímetro de terrenos comunales, debían satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 66 del Código Agrario o 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, a fin de obtener de las propias autoridades agrarias el reconocimiento de sus propiedades particulares, conforme al procedimiento de investigación, revisión y opinión que establecían los artículos 9 y 13 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales. En el caso, cobra relevancia la tramitación del juicio agrario Z-331/92, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con residencia en esta ciudad, dado que en los resultandos de la copia certificada de la sentencia emitida el primero de octubre de mil novecientos noventa y siete, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el entonces juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, en el juicio de amparo 419/95, se puede advertir, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Un grupo de vecinos del poblado Laguna Grande, municipio de Atolinga, Zacatecas, mediante escrito de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis, solicitaron al titular de la Secretaria de la Reforma Agraria, la iniciación de un expediente por concepto de reconocimiento y titulación de bienes comunales, sobre la superficie que tenían en posesión. En cumplimiento a lo establecido por los artículos 358 de la Ley Federal de la Reforma Agraria y 6 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, en asamblea celebrada en la comunidad Laguna Grande, de Atolinga, Zacatecas, el catorce de junio de mil novecientos noventa y uno, fueron electos representantes comunales Alejo Serrano González, José Valdez Delgado y Rodrigo Hermosillo Serrano, como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, para representar a la comunidad promovente. Derivado de los trabajos técnicos ordenados por el Delegado Agrario en el estado de Zacatecas, se obtuvo que los terrenos solicitados mediante reconocimiento y titulación de bienes comunales contaban con una superficie de 1,077-08-12 hectáreas (mil setenta y siete hectáreas, cero ocho áreas y doce centiáreas). Aquí, se estima oportuno transcribir lo siguiente: "De la revisión que practicó el Departamento Técnico de la Dirección del Área de Bienes Comunales la cual estuvo a cargo de la Técnico Agrario Georgina Ramírez Pérez, la cual manifestó que existe error en la suma angular, por tal motivo se devolvió el expediente a la Delegación Agraria para su correcta integración, misma que fue efectuada por el C. Jesús Campos Zapata quien el treinta de enero manifestó lo siguiente: que procedió a subsanar el error en el polígono número uno; y que una vez más intentó notificar a los presuntos propietarios que invaden terrenos que forman parte del polígono "La Barranca Grande", entrevistándolos personalmente así como a los colindantes con el objeto de levantar las actas de conformidad o inconformidad, negándose a firmar los citatorios así como a estar presentes en el terreno de los hechos, sin que aportaran pruebas a su favor o expusieran alegatos como se había convenido con anterioridad." Se consideró procedente el reconocimiento y titulación de bienes comunales a favor de la comunidad Laguna Grande, en una superficie de 1,077-08-12 hectáreas (mil setenta y siete hectáreas, cero ocho áreas y doce centiáreas) para 163 (ciento sesenta y tres) comuneros capacitados en materia agraria que tienen posesión desde tiempo inmemorial. Dicha comunidad está conformada por dos polígonos: Polígono de Laguna Grande, totalmente plano y se destina para la cría de ganado, para los comuneros sin que exista ningún conflicto en relación a las colindancias; Polígono de la Barranca Grande, se trata de un terreno de agostadero cerril de mala calidad y que según el dicho de varios comuneros existen invasiones por parte de un grupo de campesinos que se dicen pequeños propietarios. El uno de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno dentro del expediente 331/92, derivado del diverso SRA-276-1/3953, que al efecto le remitió el Tribunal Superior Agrario, emitió resolución en la que consideró procedente el reconocimiento y titulación de bienes comunales en favor de la comunidad Laguna Grande, en una superficie de 1,077-08-12 hectáreas (mil setenta y siete hectáreas, cero ocho áreas y doce centiáreas) para 163 (ciento sesenta y tres) comuneros capacitados en materia agraria. Asimismo, resulta trascendental el juicio de amparo 419/1995 del índice de este juzgado, promovido por Juan Francisco Tejeda Márquez y otros en contra de un acto emitido por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con sede en Zacatecas, Zacatecas, y de otras autoridades, pues de su contenido se advierte que los quejosos solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con sede en Zacatecas, Zacatecas, y de otras autoridades que consistieron en la pretensión de privarlos de sus propiedades, posesiones y usufructos que ejercieron sobre diversos predios rústicos, en lo que aquí interesa, de los siguientes: "JUAN FRANCISCO TEJEDA.- Soy legítimo propietario y poseedor de cinco predios rústicos: PRIMERO.- Denominado "BARRANCA DE TORO MEZA DE LOS CABALLOS" ubicada en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarines, de la Comunidad de Adobes, Municipio de Atolinga, Zac., no mencionando medidas por no poderse medir por lo barrancoso del terreno, siendo sus colindancias las siguientes: Al Norte linda con propiedad del comprador, al Oriente linda con Comunidad de Adobes; al Sur linda con herederos de Vidal Bugarín, y al Poniente linda con propiedad de Xavier Bugarín (anexo décimo tercero). SEGUNDO.- Un derecho de barranca, que se constituye en una cuarta parte demandada BARRANCA DEL TORO MEZA DE LOS CABALLOS, ubicada en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarines, no mencionándose medidas por no poder medir por lo barrancoso del terreno, siendo sus colindancias las siguientes: Al norte linda con las Comunidades de los Cerritos y Adobes; al Oriente Comunidad de Adobes, al Poniente con José Castro y Rutilio Castro, al Sur con José Castro, siendo dicho terreno de agostadero (anexo décimo cuarto). TERCERO.- Propiedad rústica de agostadero ubicada en "BARRANCA DEL TORO Y LA MEZA DE LOS CABALLOS" del Rancho Ojo de Agua, el cual no tiene medidas por lo escabroso del terreno, sus colindancias son las siguientes: Al Norte colinda con el mismo comprador; al Oriente con la Comunidad de Adobes, al Poniente con Javier Bugarín, al Sur con el mismo comprador. (anexo décimo quinto). CUARTO.- Predio rústico de terreno de agostadero y monte de segunda clase, ubicado al poniente del mismo Municipio, en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarines, que se denomina "BARRANCA DEL TORO Y MEZA DE LOS CABALLOS", no especificándose medidas por lo fragoso del terreno siendo su aproximación de tres hectáreas siendo sus colindancias las siguientes: Al Norte linda con el comprador; al Sur con Conrado Bugarín; al Oriente con Comunidad de los Adobes y Laguna Grande; al Poniente con Cirilo Bugarín (anexo décimo sexto). QUINTO.- Propiedad rústica de agostadero, ubicada en "BARRANCA DEL TORO Y LA MEZA DE LOS CABALLOS" del Rancho de Ojo de Agua de este Municipio, el cual no tiene medidas por lo escabroso del terreno, sus colindancias son las siguientes: Al Norte linda con el mismo comprador; al Oriente con Comunidad de Adobes; al Poniente con José Castro y Rutilio del mismo apellido; al Sur con Rutilio Castro (anexo décimo séptimo). Los anteriores predios los adquirí por medio de contratos de COMPRA-VENTA, con los Sres. Rogelia Tejada; Fidencia Castro T.; Rutilo Castro; Alfredo Tejada M.; José Castro, respectivamente, en fecha dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno". Asimismo, se advierte que en el mencionado juicio biinstancial el entonces Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas dictó sentencia el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con sede en Zacatecas, Zacatecas, dejara insubsistente la resolución emitida dentro del expediente Z-331/92 de uno de septiembre de mil novecientos noventa y tres (en la que se declaró procedente la acción agraria de reconocimiento del régimen comunal promovida por el núcleo de población Laguna Grande, municipio de Atolinga, Zacatecas) y notificara el citado procedimiento a los pequeños propietarios (peticionarios de ese amparo). En cumplimiento a lo anterior, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con sede en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia definitiva el uno de octubre de mil novecientos noventa y siete (fojas 440 a 453 del juicio de amparo) de cuyo contenido se desprende que el titular del referido Tribunal consideró, entre otras cosas, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 9 y 10 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, y cuarto transitorio, fracción I y último párrafo, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el numeral 360 de la Ley Federal de Reforma Agraria se notificó a los pequeños propietarios colindantes del núcleo gestor la tramitación del expediente; que lo dejó a su vista por el término de treinta días con el objeto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera y que éstos no comparecieron a aportar pruebas a su favor o a formular alegatos; asimismo, que con los trabajos de campo se determinó que dentro de los terrenos solicitados no existieron propiedades particulares que debían excluirse, ni se registraron conflictos de límites con sus colindantes, además que se acreditó que la comunidad estaba en posesión de terrenos comunales a título de dueño, de buena fe, en forma pacífica, pública y continua; aspectos que se resaltaron con las opiniones que rindieron el Delegado Agrario en el Estado de Zacatecas, el Instituto Nacional Indigenista y la Dirección de Bienes Comunales de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y con el dictamen emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario. Con respecto a los pequeños propietarios amparistas, la Magistrada adujo que fueron debidamente notificados de la tramitación del expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales en favor de la comunidad denominada Laguna Grande, municipio de Atolinga, Zacatecas, a los cuales con el fin de no dejarlos en estado de indefensión dejó sus derechos a salvo para que en términos del artículo 16, fracción I, del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales promovieran lo que a su derecho importara en beneficio de sus intereses particulares. Asimismo, destacó que con los trabajos técnicos informativos realizados con apoyo en lo dispuesto por los preceptos 359, incisos A) y C) de la Ley Federal de Reforma Agraria y 9 del Reglamento para la Tramitación de Bienes Comunales se llegó al conocimiento que la superficie era de mil setenta y siete hectáreas, ocho áreas y doce centiáreas, cuya descripción es la siguiente: "Polígono 1, denominado "Barranca Grande", partiendo del vértice 0 o mojonera Salto Barranca Grande, mismo que es un punto trino entre los terrenos propiedad de los CC. herederos de TEJEDA VIDAL BUGARÍN los terrenos de pequeñas propiedades de Los Adobes y los terrenos que se describen, en línea quebrada con rumbo NW y distancia de 3,269.00 (tres mil doscientos sesenta y nueve) metros, pasando por el vértice 8, se llega al vértice 10 o mojonera Esquina de la Manga, en donde en línea quebrada con rumbo general NE y distancia de 747.00 (setecientos cuarenta y siete) metros, pasando por los vértices 11 y 13 se llega al vértice 14 o mojonera Llano Grande, punto trino entre los terrenos de pequeñas propiedades de los Adobes, los terrenos de pequeñas propiedades del Maguey y los terrenos que se describen, de donde en línea recta con rumbo NW y distancia de 3,684.00 (tres mil seiscientos ochenta y cuatro) metros, se llega al vértice 22 o mojonera Las Vacas, de donde en línea recta con rumbo SW y distancia de 433.00 (cuatrocientos treinta y tres) metros, se llega al vértice 23 o mojonera Junta de Arroyos, punto trino entre los terrenos de pequeñas propiedades del Maguey, los terrenos propiedad de los herederos de TEJEDA VIDAL BUGARÍN y los terrenos que se describen de donde en línea quebrada con rumbo general SE y distancia de 6,372.00 (seis mil trescientos setenta y dos) metros, pasando por los vértices 29 o mojonera El Corazón y 31, se llega al vértice 0, lugar donde dio inicio la descripción de este polígono, encerrando una superficie de 754-45-34 has. (setecientas cincuenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cinco áreas y treinta y cuatro centiáreas). Línea de liga del polígono 1 al polígono 2, partiendo del vértice 0 o mojonera Salto Barranca Grande, en línea quebrada con rumbo general NE y distancia de 1,534.00 (mil quinientos treinta y cuatro) metros, pasando por el vértice 40, se llega al vértice 43, de donde en línea recta con rumbo NW y distancia de 551.00 (quinientos cincuenta y un) metros, se llega al vértice 44, lugar donde termina la línea de ligar y da inicio la descripción del polígono 2. Polígono 2, denominado "Laguna Grande", partiendo del vértice 44, punto trino entre los terrenos de pequeñas propiedades de los Adobes, los terrenos de pequeñas propiedades de Villa Hidalgo y los terrenos que se describen en línea quebrada, con rumbo general SE y distancia de 2,645.00 (dos mil seiscientos cuarenta y cinco) metros, pasando por los vértices 45, 46, 47 se llega al vértice 51, punto trino entre los terrenos de pequeñas propiedades de Villa Hidalgo, los terrenos de pequeños propietarios y los terrenos que se describen, de donde en línea quebrada con rumbo general NE y distancia de 955.00 (novecientos cincuenta y cinco) metros, pasando por el vértice 53, se llega al vértice 54, de donde en línea recta con rumbo NW y distancia de 96.00 (noventa y seis) se llega al vértice 55, de donde en línea recta con rumbo EN y distancia de 391.00 (trescientos noventa y un) metros se llega al vértice 56, punto trino entre los terrenos de pequeños propietarios, los terrenos de pequeñas propiedades de Laguna Grande y los terrenos que se describen de donde en línea quebrada con rumbo general NW y distancia de 798.00 (setecientos noventa y ocho) metros, pasando por el vértice 57, se llega al vértice 58, de donde en línea recta con rumbo SW y distancia 391.00 (trescientos noventa y un) metros, se llega al vértice 56, punto trino entre los terrenos de pequeños propietarios, los terrenos de pequeños propietarios de "Laguna Grande" y los terrenos que se describen de donde en línea quebrada con rumbo general NE y distancia de 798.00 (setecientos noventa y ocho) metros, pasando por el vértice 57, se llega al vértice 58, de donde en línea recta con rumbo SW y distancia de 175.00 (ciento setenta y cinco) metros, se llega al vértice 59, de donde en línea recta con rumbo NW y distancia de 354.00 (trescientos cincuenta y cuatro) metros, se llega al vértice 60, de donde en línea recta SW y distancia de 662.00 (seiscientos sesenta y dos) metros, se llega al vértice 61, de donde en línea recta con rumbo NW y distancia de 910.00 (novecientos diez) metros, se llega al vértice 64, punto trino entre los terrenos de pequeños propietarios de Laguna Grande, los terrenos de pequeños propietarios de Los Adobes y los terrenos que se describen, de donde en línea recta con rumbo SW y distancia de 725.00 (setecientos veinticinco) metros, se llega al vértice 44, lugar donde dio inicio la descripción del presente polígono, encerrando una superficie de 322-62-38.3 Has (trescientas veintidós hectáreas sesenta y dos áreas, treinta y ocho centiáreas y tres miliáreas) que sumadas a las 754-45-34.0 Has (setecientas cincuenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cinco áreas y treinta y cuatro centiáreas) del polígono 1, arroja un total de 1077-07-72.3 has (mil setenta y siete hectáreas, siete áreas, setenta y dos centiáreas y tres miliáreas), de terrenos de agostadero". A su vez, concluyó la resolutora que el núcleo promovente acreditó su acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales porque existieron ciento sesenta y tres campesinos capacitados en posesión a título de dueños, de buena fe, en forma pacífica, pública y continua en una superficie total de mil setenta y siete hectáreas, ocho áreas y doce centiáreas, ya que no se presentaron conflictos por límites, ni se comprobó que existieron dentro de los mencionados terrenos propiedades particulares, por lo que en términos de los artículos 200, 267 y 356 a 362 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, así como de los numerales 1 a 13 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales estimó procedente reconocer y titular a favor de la comunidad de Laguna Grande, municipio de Atolinga, Zacatecas, las tierras que tenían en posesión con sus linderos y colindancias, las cuales tendrían el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables; como consecuencia de lo anterior ordenó se expidieran los certificados agrarios a los mencionados comuneros. Además, dicha autoridad estableció que las pequeñas propiedades particulares que pudieran encontrarse enclavadas dentro del perímetro de terrenos comunales quedarían excluidas de esa titulación si reunían los requisitos que establece el precepto 16, fracción I, del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales. Dichas documentales tienen pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2, en virtud de que fueron expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, las cuales resultan de utilidad para acreditar la génesis de la comunidad Laguna Grande, del municipio de Atolinga, Zacatecas, así como que existió invasión de su perímetro por parte de los pequeños propietarios colindantes, de ahí que Juan Francisco Tejeda Márquez (autor de la sucesión testamentaria e intestamentaria 235/2006 del índice del juez responsable), entre otros, hayan promovido juicio de amparo, respecto del cual conoció este juzgado federal bajo el numeral 419/1995, en el que se les concedió el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución de primero de septiembre de mil novecientos noventa y tres dictada en el expediente Z-331/92, del índice del Tribual Unitario Agrario del Distrito Uno, con residencia en esta ciudad, para que se les notificara dicho procedimiento a los pequeños propietarios de la comunidad de Adobes, municipio de Atolinga, Zacatecas. En ese orden de ideas, se tiene que el entonces quejoso Juan Francisco Tejeda Márquez tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos de los predios respecto los cuales se ostentó propietario y que han quedado transcritos en líneas precedentes, sin que haya comparecido al procedimiento Z-331/92 del Tribunal Unitario agrario en comento a hacer valer lo que a su interés conviniera. Luego, según los antecedentes señalados en la presente sentencia, derivado de la la muerte de Juan Francisco Tejeda Márquez, la señora Elena y Ma. Salvador Tejeda Castañeda, promovieron el juicio sucesorio testamentario e intestamentario que quedó registrado en el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, bajo el numeral 235/2006, el cual, una vez aprobadas sus secciones, fue remitido para su protocolización a través del proveído de nueve de agosto de mil once. Atendiendo a lo anterior, se emitió el primer testimonio de la hijuela deducida de la protocolización del juicio sucesorio testamentario a bienes de Juan Francisco Tejeda Márquez, expedido a favor de los herederos Adalberto, Sofía, Ma. Salvador, Apolonio, Primitivo, Francisca, Gertrudis, Antonia, María Auxilio y Elena, todos de apellidos Tejeda Castañeda, el cual se encuentra inscrito bajo el número veintiocho, folios 111-120, volumen CCCXXXIV, libro primero, sección primera, de diez de enero de dos mil doce (fojas 9 a la 38 del expediente en que se actúa). De ese documento se obtiene que el Notario Público Número Treinta y Nueve en el Estado, con sede en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, hizo constar la protocolización de las constancias del expediente 235/2006, relativo al juicio sucesorio testamentario e intestamentario a bienes de Juan Francisco Tejeda Márquez. En acuerdo de tres de enero de dos mil doce, dictado dentro del juicio sucesorio 235/2006 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas (foja 485 ídem), respecto la cual obra su original en el juicio sucesorio testamentario e intestamentario arriba señalado (foja 364) se obtiene que ante la exhibición del oficio 455 de la Oficial Registradora de dicha distrito judicial, mediante el cual hacía del conocimiento del juzgador que no era posible el registro de los bienes listado con los numerales primero, segundo, tercero y cuarto del inventario y avalúo, por no existir compatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro, solicitando que una vez que se acreditara la vía por la que se asentaron esas medidas y superficie procedería a su registro; el juez responsable consideró que en el inventario y avalúo se listaron esos cuatros inmuebles con la precisión de que no se describían medidas por ser terreno escabroso, solo colindancias, pero que, de acuerdo al padrón de la oficina predial de Atolinga, Zacatecas y el croquis expedido por la Presidenta municipal de Atolinga, Zacatecas, tienen una extensión superficial de 43-00-00, 20-00-00, 24-00-00 y 24-00-00, respectivamente, por tanto giró oficio a la aludida oficial para el registro correspondiente. Mediante el oficio 14 de cuatro de enero de dos mil doce suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas (foja 486 ibídem), dirigido a la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en dicha localidad, se ordenó a esta última que efectuara el registro señalado en el párrafo anterior. Por otra parte, este juzgado federal, en acatamiento a la resolución emitida el dieciséis de marzo del dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en los autos del juicio de amparo en revisión 230/2016, ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de agrimensura a efecto de lograr la identidad de las porciones de inmuebles que la parte quejosa sostiene le pertenecen a sus bienes comunales y para ello se formuló el siguiente cuestionario (reverso foja 638 y 639 del juicio de amparo): "CUESTIONARIO RELATIVO A LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE AGRIMENSURA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 1721/2014. 1) Diga el perito qué predios fueron reconocidos y titulados a favor de la comunidad quejosa Laguna Grande, municipio de Atolinga, Zacatecas, mediante resolución de uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, expediente 331/1992. 2) Informe el perito si las superficies de 43-00-00, 20-00-00, 24-00-00 y 24-00-00 hectáreas, denominadas Barranca del Toro y Meza de los Caballos, ubicadas en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarín, del citado municipio forman parte de los predios reconocidos y titulados a través de la mencionada comunidad. 3) Informe el perito si las superficies de 43-00-00, 20-00-00, 24-00-00 y 24-00-00 hectáreas, denominadas Barranca del Toro y Meza de los Caballos, ubicadas en el Rancho de Ojo de Agua de Bugarín, del citado municipio forman parte del inventario elaborado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Juan Francisco Tejeda Márquez, registrado con el número 235/2006, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 4) Diga el perito si los predios reconocidos en la citada resolución del tribunal agrario y los que forman parte del inventario en el juicio de referencia, constituyen los mismos bienes raíces." A través de ocurso recibido en este juzgado el seis de abril de dos mil diecisiete, la parte quejosa adicionó el cuestionario así (foja 663 del juicio de amparo): "1.- Que diga el perito la superficie de las porciones que se encuentra invadida por los sucesores de Juan Francisco Tejeda Márquez, previo de verificar el lindero sur del predio denominado Barranca Grande, perteneciente a la Comunidad Laguna Grande, del Municipio de Atolinga, Zacatecas. 2.- Que ilustre el perito mediante los correspondientes planos, tomando en consideración los documentos básicos de la comunidad, y documentos que obran exhibidos en autos, como los documentos a nombre de los sucesores de Juan Francisco Tejeda Márquez." Derivado del perfeccionamiento de dicha prueba, el perito en materia de ingeniería y topografía designado por este juzgado federal, emitió las siguientes conclusiones y dio respuesta al cuestionario formulado por este órgano y adicionado por la parte quejosa, en los términos siguientes (foja 926 a 937 del juicio de amparo): "CONCLUSIONES Una vez revisados los documentos que existen en el expediente, encontré lo siguiente: Encontré solo un elemento nuevo, que es el siguiente: PLANO: de un predio rústico elaborado por la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. PROPIETARIO: Juan Francisco Tejeda Márquez. UBICACIÓN: Mesa de los Caballos, Atolinga, Zac. SUPERFICIE: 287-79-28.20 Ha. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO ARRIBA REFERIDO: 1.- No son claramente visibles las coordenadas del cuadro de construcción. 2.- Esa autoridad podría solicitar una copia ampliada para apreciar las coordenadas claramente. 3.- Sin embargo, aunque se obtuviera la copia amplificada para poder estudiarlo adecuadamente, aún persisten los siguientes problemas: 3.1.- El plano nuevo citado, refiere sólo un predio de 287-79-28.20 Ha. y no especifica si de ese predio se desmembraron los predios referidos en el acta 15,020 volumen CLCXVI del Notario Público número 39, licenciado Alberto Rosales Acevedo, con fecha 01 de Septiembre de 2011 levantada en la ciudad de Ojocaliente, Zacatecas. 3.2.- No queda claro cómo está configurada la desmembración de los predios A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, primera fracción, P segunda fracción, P tercera fracción, si es que se desmembraron de ese predio de 287-79-28.20 Ha. 4.- Para poder localizar la ubicación de cada uno de los predios A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, primera fracción, P segunda fracción, P tercera fracción, es preciso que se realice uno de los dos procesos (hasta donde llegan mis conocimientos en materia de topografía): 4.1.- Que los terceros interesados señalen física y claramente cada vértice de sus propiedades a un servidor. O bien: 4.2.- Que la autoridad Catastral Municipal realice un APEO Y DESLINDE de dichas tierras, para lo cual tendría que hacer lo propio cada vecino colindante de cada uno de los predios A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, primera fracción, P segunda fracción, P tercera fracción; y posteriormente a ese trabajo que llevaría seguramente varios meses, entre reuniones (de Catastro Municipal con los colindantes de esos predios y por supuesto con los propios TERCEROS INTERESADOS) y mediciones en campo y posteriores verificaciones y rectificaciones de medidas en campo; y sólo hasta entonces, una vez logrado todo eso, se me hagan saber por parte de la autoridad municipal, las coordenadas de los vértices de los predios A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, primera fracción, P segunda fracción, P tercera fracción y en caso de ser necesario, se me muestren físicamente los vértices (solo de ser necesario). A pesar de la nueva revisión que realicé al expediente, persisten mis conclusiones originales: TRANSCRIBO LAS PREGUNTAS Y ADJUNTO SUS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES: [.] RESPUESTA a pregunta 1: El polígono 1, presuntamente de 754-45-34 Ha. y polígono 2, presuntamente de 322-62-32-.3 Ha; de los cuales el polígono 2 no tiene problemas con colindantes; en tanto que el polígono 1 es en el que supuestamente están incrustados cuatro (4) de los predios de pequeños propietarios de apellido Tejeda; situación no fue corroborada por mí, pues no encontré mojoneras de estos últimos que me pudiesen precisar su ubicación exacta. [.] RESPUESTA a la pregunta 2: Al no asistir los representantes de los pequeños propietarios (familia Tejeda) que me señalen los vértices de sus predios, NO ES POSIBLE CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE ÉSTOS PREDIOS, ya que los colindantes que refieren sus documentos, son otros familiares de ellos mismos. Adjunto cuatro planos (2, 3, 4, y 5), mediante los cuales explico que la ubicación de los señalados predios (de 43-00-00, 20-00-00, 24-00-00 y 24-00-00 hectáreas) pudiese ser cualquier lugar, incluso fuera del polígono 1. [.] RESPUESTA a la pregunta 3: De la lectura (y sólo de la lectura) del documento en comento, se observa que sí forman parte dichos predios, pues se mencionan en el apartado de "insertos"; pero insisto que no puedo asegurar más debido a la inasistencia de la parte que representa dichos predios en el desarrollo de mi trabajo. [.] RESPUESTA a la pregunta 4: Al no asistir los representantes de los pequeños propietarios (familia Tejeda) que me señalen los vértices de sus predios, NO ES POSIBLE CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE ÉSTOS PREDIOS, ya que los colindantes que refieren sus documentos, son otros familiares de los mismos. Adjunto cuatro planos (2, 3, 4, y 5), mediante los cuales explico que la ubicación de los señalados predios (de 43-00-00, 20-00-00, 24-00-00 y 24-00-00 hectáreas) pudiese ser cualquier lugar, incluso fuera del polígono 1. PREGUNTAS ADICIONADAS POR EL LIC. DEMETRIO GONZÁLEZ SERRANO en su carácter de autorizado de la parte quejosa COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, Atolinga, Zacatecas: [.] RESPUESTA a la pregunta 1 del licenciado Demetrio González: Al no asistir los representantes de los pequeños propietarios (familia Tejeda) que me señalen los vértices de sus predios, NO ES POSIBLE CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE ÉSTOS PREDIOS, ya que los colindantes que refieren sus documentos, son otros familiares de los mismos. Adjunto cuatro planos (2, 3, 4, y 5), mediante los cuales explico que la ubicación de los señalados predios (de 43-00-00, 20-00-00, 24-00-00 y 24-00-00 hectáreas) pudiese ser cualquier lugar, incluso fuera del polígono 1. [.] RESPUESTA a la pregunta 2 del licenciado Demetrio González: Las medidas y la ubicación física del predio que señalan los comuneros, corresponden en términos generales a los documentos que exhiben (las pequeñas diferencias son irrelevantes considerando las dimensiones del predio; para complementar lo anterior, se anexa plano general 1 con los datos obtenidos por mí en el levantamiento topográfico de éste predio). En cuanto a los documentos que exhiben los pequeños propietarios (familia Tejeda), al no asistir los representantes de los pequeños propietarios (familia Tejeda) que me señalen los vértices de sus predios, NO ES POSIBLE CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE ÉSTOS PREDIOS, ya que los colindantes que refieren sus documentos, son otros familiares de ellos mismos. Adjunto cuatro planos (2, 3, 4, y 5), mediante los cuales explico que la ubicación de los señalados predios (de 43-00-00, 20-00-00, 24-00-00 y 24-00-00 hectáreas) pudiese ser cualquier lugar, incluso fuera del polígono 1." Después de varios requerimientos al perito, a fin de que diera cabal respuesta a las preguntas que le habían sido planteadas, el quince de enero de dos mil dieciocho, emitió la siguiente opinión (fojas 963 a 965 del juicio de amparo): "ESTUDIO DEL PROBLEMA Se me entregaron 12 copias de planos relativos (12 planos) a dos (2) predios, a saber: "La mesa de los caballos" y la "Barranca Grande", mismos que aparentemente se encuentran dentro del predio reclamado por los ejidatarios involucrados en el presente conflicto como propio, y al que denominan: "Polígono 1" en la forma que ilustro en mi plano adjunto. Adicionalmente, ese H. Juzgado Primero de Distrito me había proporcionado como acreditación de propiedad del C. JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ lo siguiente a saber: ACTA 15,020 volumen CLXVI (166), expedida en la ciudad de Ojocaliente, Zacatecas, por el licenciado ALBERTO ROSALES ACEVEDO, Notario Público número treinta y nueve (39) en el Estado de Zacatecas. Ahora bien, al revisar todo lo anterior, y compulsarlo con mi levantamiento topográfico, encontré lo siguiente: HALLAZGOS: 1.- Ese H. Juzgado Primero de Distrito me proporcionó planos de 2 predios, de los cuales solo uno se menciona en el Acta referida arriba expedida por el Notario Público número 39, a saber: 1.1. Predio denominado "Mesa de los Caballos". 2.- De acuerdo con los planos y documentación de acreditación de la propiedad proporcionados: 2.1.- La "Mesa de los caballos" tendría 110-44-39-90 Ha dentro (sic) del predio denominado Polígono 1, reclamado por los ejidatarios de la Comunidad de Laguna Grande, Atolinga, Zac., por lo que estaría en conflicto con dichos ejidatarios. 2.2.- La "Barranca Grande o de los Adobes" se ubica totalmente dentro del Polígono 1 reclamado por los ejidatarios de Laguna Grande, Atolinga, Zac., tal como lo ilustro en mi plano anexo. 2.3.- Pese a lo descrito en mi anterior numeral 2.2, la "Barranca Grande" o "Barranca de los Adobes" no aparece mencionada en el Acta 15.020 volumen CLXVI del Notario Público número 39, licenciado Alberto Rosales Acevedo; por lo que a menos que se pruebe lo contrario (no solamente con un plano ni sellos oficiales, que es lo que hasta el momento yo encontré), no es posible que sea reclamado dicho predio por los herederos del C. JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ. CONCLUSIÓN Con base en mi conocimiento de Ingeniería Civil y Topografía, conforme al análisis que sustenta el presente estudio pericial y de acuerdo con la documentación aportada, los herederos del C. JUAN FRANCISCO TEJEDA MÁRQUEZ sólo pueden sostener conflicto (con base en el Acta 15.020 volumen CLXVI del Notario Público número 39, licenciado Alberto Rosales Acevedo y planos aportados), sobre el predio denominado "Potrero de los Caballos", tal como lo ilustro en mi plano anexo." Dicha pericial, a juicio de este juzgado, tiene valor probatorio suficiente para demostrar los extremos que pretende la parte quejosa, pues el perito expuso razonadamente tanto la fundamentación, el método y el procedimiento que llevó a cabo para arribar a las conclusiones que expuso, aunado a que del mismo no se advierte alguna razón para estimar que el perito se condujo con falta de lealtad, probidad o veracidad, y se basó en las documentales (planos) que le fueron entregadas para el ejercicio de su función. De ahí que al tener valor probatorio dicho dictamen pericial, con el mismo se demuestra la afectación reclamada por la quejosa en su demanda, pues se aprecia que derivado de la protocolización de las constancias del juicio sucesorio intestamentario y testamentario 235/2006 a bienes de Juan Francisco Tejeda Márquez, específicamente por cuanto hace a los bienes inmuebles señalados en los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del inventario y avalúo exhibido por Sofía Tejeda Castañeda el veinticinco de marzo de dos mil ocho, la Comunidad Laguna Grande, del municipio de Atolinga, Zacatecas, sufrió un menoscabo en el polígono 1, cuyas características son: " .denominado "Barranca Grande", partiendo del vértice 0 o mojonera Salto Barranca Grande, mismo que es un punto trino entre los terrenos propiedad de los CC. herederos de TEJEDA VIDAL BUGARÍN los terrenos de pequeñas propiedades de Los Adobes y los terrenos que se describen, en línea quebrada con rumbo NW y distancia de 3,269.00 (tres mil doscientos sesenta y nueve) metros, pasando por el vértice 8, se llega al vértice 10 o mojonera Esquina de la Manga, en donde en línea quebrada con rumbo general NE y distancia de 747.00 (setecientos cuarenta y siete) metros, pasando por los vértices 11 y 13 se llega al vértice 14 o mojonera Llano Grande, punto trino entre los terrenos de pequeñas propiedades de los Adobes, los terrenos de pequeñas propiedades del Maguey y los terrenos que se describen, de donde en línea recta con rumbo NW y distancia de 3,684.00 (tres mil seiscientos ochenta y cuatro) metros, se llega al vértice 22 o mojonera Las Vacas, de donde en línea recta con rumbo SW y distancia de 433.00 (cuatrocientos treinta y tres) metros, se llega al vértice 23 o mojonera Junta de Arroyos, punto trino entre los terrenos de pequeñas propiedades del Maguey, los terrenos propiedad de los herederos de TEJEDA VIDAL BUGARÍN y los terrenos que se describen de donde en línea quebrada con rumbo general SE y distancia de 6,372.00 (seis mil trescientos setenta y dos) metros, pasando por los vértices 29 o mojonera El Corazón y 31, se llega al vértice 0, lugar donde dio inicio la descripción de este polígono, encerrando una superficie de 754-45-34 has. (setecientas cincuenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cinco áreas y treinta y cuatro centiáreas). Línea de liga del polígono 1 al polígono 2, partiendo del vértice 0 o mojonera Salto Barranca Grande, en línea quebrada con rumbo general NE y distancia de 1,534.00 (mil quinientos treinta y cuatro) metros, pasando por el vértice 40, se llega al vértice 43, de donde en línea recta con rumbo NW y distancia de 551.00 (quinientos cincuenta y un) metros, se llega al vértice 44, lugar donde termina la línea de ligar y da inicio la descripción del polígono 2." En consecuencia, resulta indudable que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, omitió la incompatibilidad de los asientos registrales de los predios señalados en el inventario y avalúo como primero, segundo, tercero y cuarto, respecto del polígono uno de la Comunidad Laguna Grande, del municipio de Atolinga, Zacatecas, con lo que trastoca la garantías que certeza y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14y 16 constitucionales. En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que el juez responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho. En esa tesitura, procede conceder la protección de la Justicia de la Unión solicitada para el efecto de que el juez responsable: 1. Deje insubsistente la orden de protocolización de nueve de agosto de dos mil once, respecto del juicio sucesorio intestamentario y testamentario 235/2006 a bienes de Juan Francisco Tejeda Márquez, y por consecuencia, ordene la cancelación del instrumento notarial 15,020 (quince mil veinte) del volumen CLXVI (ciento sesenta y seis) de uno de septiembre de dos mil once, efectuado por el Notario Público Número 39 (treinta y nueve) en el Estado de Zacatecas, con residencia en el municipio de Ojocaliente de la aludida entidad; asimismo, el registro efectuado por la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por cuanto hace a los inmuebles afectos al citado juicio. 2. En su lugar, emita un nuevo proveído en el que considere que existe incompatibilidad entre las colindancias del polígono uno de la Comunidad Laguna Grande, del municipio de Atolinga, Zacatecas, y los inmuebles marcados con los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del inventario y avalúo allegado al juicio 235/2006 de su índice; por tanto, deberá reservar la orden de protocolización de dicho expediente, así como el subsecuente registro ante el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su distrito judicial, hasta en tanto quede acreditado en autos con documento emitido por las autoridades agrarias que los terrenos que se pretenden adjudicar con la sucesión no invaden el referido polígono. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Valdez Valdez, José Valdez Delgado y José Everardo Medina Castañeda, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad denominada Laguna Grande, municipio de Atolinga, Zacatecas, contra los actos que reclamaron del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, y otras autoridades; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hoy ocho de mayo de dos mil dieciocho en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe. L´CSR
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. En veinte de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Olinsser Vargas Flores, registrada con el folio 8367 y cuatro copias que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado José Carlos Adabache López (2510902), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Olinsser Vargas Flores, contra actos de la Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1059/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA. En principio, el quejoso Olinsser Vargas Flores señala como actos reclamados: a) El auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a través del cual el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas del estado, descuente de las participaciones de la parte demandada (Ayuntamiento Municipal de Ojocaliente, Zacatecas) y cubra la cantidad que le corresponda al trabajador aquí quejoso y a que fue condenada la entidad pública, dentro del procedimiento laboral 358/2013. b) La omisión o abstención por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de dar cumplimiento al oficio TCA/246/2018, de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado. Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda que constituye un todo, se obtiene que si bien, el quejoso Olinsser Vargas Flores reclama el auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado; sin embargo, del apartado de "antecedentes" como el de "conceptos de violación" del libelo que se proveé se advierte, de lo que se queja únicamente es de la omisión referida, pues incluso, no hay ningún argumento tendente a controvertir el oficio indicado, por el contrario, lo que pretende es que se dé cumplimiento al mismo. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto a la omisión o abstención de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado, con sede en esta ciudad, en dar cumplimiento al oficio TCA/246/2018, de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado en los siguientes términos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 227, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Común, Registro 195745 que se lee: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. DESECHAMIENTO. Es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Así, para desechar de plano la demanda de amparo, es necesario que la causal de improcedencia sea manifiesta e indudable; debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurarla ni tampoco puedan desvirtuar su contenido; en el entendido que, de no actualizarse esos requisitos, existir indecisión o se requieran datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza, no puede ser desechada. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, en el presente asunto, resulta procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]; y XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Entonces, de conformidad con los preceptos transcritos, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos y también contra particulares, que actúen con la potestad de una autoridad. Luego, para los efectos del juicio de amparo, una autoridad responsable será aquella con la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin requerir la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Asimismo, es relevante verificar la existencia de una relación de supra a subordinación entre la potestad y el gobernado; entendida esta como la entablada entre gobernantes y gobernados, regulada por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten entre ellos. Cabe señalar que el Alto Tribunal de la República ha establecido en jurisprudencia que el acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad), en contraposición a las relaciones de coordinación (entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes), último de los casos que en la especie se actualiza. Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161133, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque no se contraponen al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expidió. Con base en los anteriores argumentos, no tienen la naturaleza de actos de autoridad los reclamados del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, consistente en la omisión o abstención de dar cumplimiento al oficio TCA/246/2018, de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado; toda vez que dicha dependencia no puede considerarse como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo; al ser solo un auxiliar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Por consiguiente, al no tener una relación de supra a subordinación con la parte actora -aquí quejosa-, sino por el contrario, su participación está limitada en los términos de lo que determine el Tribunal de Conciliación para lograr el cumplimiento del laudo. Así, la actuación del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular en su esfera de derechos, como gobernado. Por analogía y por las razones que la sustentan, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.38/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007, materia laboral, página 275, registro 173100, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." También, tiene aplicación la tesis 2a./J. 31/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, mayo de 2014, página 966, registro 2006389, de rubro y texto siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. En las narradas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia antes analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 1, 5, fracción II, de la citada ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado José Carlos Adabache López, quien tiene registrada su cédula profesional número 2510902, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Uno número doscientos veintitrés altos, Fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
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