Olimpia Hernández Castruita
Expediente 653/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Olimpia Hernández Castruita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emixxx , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx . Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 653/2017-I-2, promovido por XXXX. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado el mismo día a este juzgado, XXXX demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente, por sí y en representación de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de la autoridad responsable de tramitar el procedimiento laboral en los términos establecidos para el efecto. SEGUNDO. Concesión de amparo. El veinte de julio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintisiete de septiembre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.] lo procedente es conceder la protección constitucional para que la Junta responsable: Realice todas las gestiones necesarias para que a las once horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil diecisiete, se lleve a cabo la celebración de la audiencia relativa al desahogo de la testimonial ofrecida por la parte demandada. Además, que en caso de que la parte oferente no dé cumplimiento a su acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, provea inmediatamente lo conducente respecto al apercibimiento decretado. Solo para el caso en que, por la naturaleza de la prueba, no resulte posible desahogarla en la fecha que señale, la Junta deberá señalar nuevo día y hora en que deba desahogarse, sin que ese periodo pueda exceder de diez días, contado a partir de la fecha que señaló para el desahogo de la referida prueba testimonial. [.] TERCERO. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Por auto de dieciocho de octubre de la presente anualidad, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria, sin que resultara necesario solicitar el cumplimiento respectivo, dado que en la misma fecha se ordenó agregar a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cual informaba sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en audiencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, declaró la deserción de las pruebas testimoniales a cargo de Luis Carlos Rojo López, Alejandro Figueroa Montes y Norma Isela Flores Navarrete ofrecidos por la parte demandada, al haber sido omiso en presentarlos a la hora y fecha señaladas por la responsable, de lo cual se acompañó copia con firmas autógrafas y sellos originales del acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. Por proveído de dieciocho de octubre del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, personalmente, con la determinación dictada por las responsables, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a XXXX y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que: 1) La Junta realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo la celebración del desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte demandada, fijada para el trece de octubre de del año en curso. 2) Asimismo, ante la omisión de presentar a los testigos, proveyó de inmediato respecto al apercibimiento decretado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, y declaró la deserción de la prueba testimonial, sin que resultara necesario señalar nueva fecha para su desahogo. En tales condiciones, al haberse declarado la deserción de la prueba, debe decretarse que la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 653/2017-I-2 ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado EmiliaXXXX, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXX. Doy fe.
- Principal
Vista la constancia del Actuario Judicial, se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por medio de la lista a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 653/2017-I-2, promovido por XXXX. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado el mismo día a este juzgado, XXXX demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente, por sí y en representación de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de la autoridad responsable de tramitar el procedimiento laboral en los términos establecidos para el efecto. SEGUNDO. Concesión de amparo. El veinte de julio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintisiete de septiembre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.] lo procedente es conceder la protección constitucional para que la Junta responsable: Realice todas las gestiones necesarias para que a las once horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil diecisiete, se lleve a cabo la celebración de la audiencia relativa al desahogo de la testimonial ofrecida por la parte demandada. Además, que en caso de que la parte oferente no dé cumplimiento a su acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, provea inmediatamente lo conducente respecto al apercibimiento decretado. Solo para el caso en que, por la naturaleza de la prueba, no resulte posible desahogarla en la fecha que señale, la Junta deberá señalar nuevo día y hora en que deba desahogarse, sin que ese periodo pueda exceder de diez días, contado a partir de la fecha que señaló para el desahogo de la referida prueba testimonial. [.] TERCERO. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Por auto de dieciocho de octubre de la presente anualidad, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria, sin que resultara necesario solicitar el cumplimiento respectivo, dado que en la misma fecha se ordenó agregar a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cual informaba sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en audiencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, declaró la deserción de las pruebas testimoniales a cargo de Luis Carlos Rojo López, Alejandro Figueroa Montes y Norma Isela Flores Navarrete ofrecidos por la parte demandada, al haber sido omiso en presentarlos a la hora y fecha señaladas por la responsable, de lo cual se acompañó copia con firmas autógrafas y sellos originales del acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. Por proveído de dieciocho de octubre del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, personalmente, con la determinación dictada por las responsables, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a XXXX y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que: 1) La Junta realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo la celebración del desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte demandada, fijada para el trece de octubre de del año en curso. 2) Asimismo, ante la omisión de presentar a los testigos, proveyó de inmediato respecto al apercibimiento decretado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, y declaró la deserción de la prueba testimonial, sin que resultara necesario señalar nueva fecha para su desahogo. En tales condiciones, al haberse declarado la deserción de la prueba, debe decretarse que la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 653/2017-I-2 ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado EmiliaXXXX, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXX. Doy fe.
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SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 653/2017-I-2, promovido por XXXX , contra la omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, turnado el mismo día este órgano jurisdiccional, XXXX demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Presidente de la misma, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: [.] IV. ACTO RECLAMADO. De las responsables se reclama la omisión de tramitar el juicio radicado bajo el expediente 4/09/3994 en los términos prescritos por la Ley Federal de Trabajo. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La quejosa consideró que la omisión reclamada transgredió en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de julio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda como amparo indirecto 653/2017-I-1, se solicitó a las Responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El retardo en la administración de justicia por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por la omisión de desahogar una prueba testimonial dentro del término fijado por la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje por sí y en representación de la misma, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia en el retardo de la impartición de justicia, al rendir su informe con justificación; asimismo, se advierte de las copias certificadas del expediente 4/09/3994 del índice de esa autoridad, de las que se advierte que en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la Junta responsable señaló las once horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, documentales a las que se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio del concepto de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: En la esencia de los motivos de disentimiento, la quejosa arguye la transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la violación a derecho de legalidad y seguridad jurídica, en la medida en que se vulnera el sentido y plazos establecidos en los numerales ya invocadas, violaciones que trasciende a su vez al diverso derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional, porque la Responsable no ha respetado los términos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación esgrimido resulta esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo primer párrafo se reproduce a continuación: Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En lo que este análisis compete de manera específica, es necesario precisar que los artículos 686 y 883 de la Ley Federal de Trabajo disponen lo siguiente: Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. De los preceptos transcritos se deriva que el proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato; tan es así que las Juntas, en el mismo acuerdo en que admitan pruebas, deben señalar día y hora para la celebración de la audiencia de su desahogo, la cual deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Asimismo, en el segundo de los preceptos indicados, el legislador previó que cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considerara que no resulta posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado, sin que ese periodo pueda exceder de treinta días. En la especie, de las constancias que la responsable remitió a este Juzgado Federal como anexo a su informe con justificación, así como de aquellas que exhibió la parte quejosa, se advierte que el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la Junta responsable en la audiencia de desahogo de pruebas, señaló las once horas con diez minutos del trece de octubre del año en curso, para que se lleve a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. Las relacionadas condiciones permiten concluir que entre el momento en que se dictó el acuerdo de veintinueve de junio de este año y la fecha que señaló para la práctica de la testimonial ofrecida, mediaron más de diez días hábiles, en contravención a lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Esta circunstancia resulta contraria al derecho constitucional de impartición de justicia, en los plazos señalados por la ley de la materia, que se trate, pues el precepto mencionado imperativamente señala que la celebración de la audiencia en que se desahoguen pruebas debe fijarse dentro del periodo de diez días hábiles siguientes al de la fecha en que se haya dictado el auto de su admisión. Por tanto, la responsable infringió en perjuicio de la impetrante del amparo el derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional, violación que trasciende a su vez a los diversos de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, en la medida en que se vulnera el sentido y plazos establecidos en los numerales ya invocados. Ahora, dada la ilegalidad del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, y además de lo informado por la Junta responsable, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que se dio vista a la parte demandada para que proporcionara un nuevo domicilio de los testigos, ante la imposibilidad del actuario adscrito a dicha junta de notificar a los testigos, y apercibió a la parte oferente, que en caso de ser omiso, deberá presentar a los testigos en la hora y fecha señaladas para el desahogo de la audiencia. En consecuencia, lo procedente es conceder la protección constitucional para que la Junta responsable: Realice todas las gestiones necesarias para que a las once horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil diecisiete, se lleve a cabo la celebración de la audiencia relativa al desahogo de la testimonial ofrecida por la parte demandada. Además, que en caso de que la parte oferente no dé cumplimiento a su acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, provea inmediatamente lo conducente respecto al apercibimiento decretado. Solo para el caso en que, por la naturaleza de la prueba, no resulte posible desahogarla en la fecha que señale, la Junta deberá señalar nuevo día y hora en que deba desahogarse, sin que ese periodo pueda exceder de diez días, contado a partir de la fecha que señaló para el desahogo de la referida prueba testimonial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia común, página 732, del siguiente tenor: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a XXXX, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.
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