Olga Oliva Reyes Lazalde
Expediente 410/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Olga Oliva Reyes Lazalde
- Olga Oliva Reyes Lazalde y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó devolver a la depositante *******, el billete de depósito número *******, valioso por la suma de $*******, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, registrado bajo el número de orden *******, al resultar innecesaria su retención, el cual le fue notificado el veintiocho del mismo año, apercibido que en caso de no comparecer dentro del plazo de dos años, contados a partir de su legal notificación a recoger la citada garantía, ésta prescribiría a favor del Erario Federal. Por lo tanto, se ordena hacer efectivo dicho apercibimiento, por lo que, conforme a los artículos 29 y 50 de la Ley de de la Tesorería de la Federación, es de declararse y se declara que en el caso ha operado la prescripción del citado depósito a favor del Erario federal. En atención a lo antes expuesto, con transcripción del presente auto, transfiérase el billete de depósito de referencia al Tesorero de la Federación, en México, Distrito Federal. Hágase del conocimiento de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, esta circunstancia para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil dieciséis. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Coordinador de la Central de Actuarios adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de quienes les reclamó: ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN. De las autoridades señaladas como ORDENADORAS, se reclama: a).- LA ORDEN DE EJECUCIÓN DE EMBARGO, ejecución de embargo ordenado en acuerdo del día primero del mes de marzo del 2016 signado por el Presidente de la Junta Especial número tres LIC. *******, acuerdo que se generó a petición del apoderado actor del señor ******* en el expediente ******* en donde la autoridad señalada como ordenadora ordena que se requiera al C. ******* el cumplimiento del convenio celebrado y no ha cumplido, autorizando el embargo de bienes suficientes para el requerimiento de dicho acuerdo, autorizando la autoridad ordenadora que el embargo se realice en cualquiera de los domicilios y con cualquier persona que se encuentre presente y más haya que se realice el embargo aun sin estar presente, orden a todas luces legal (sic) ya que de no haber persona alguna como se justificara que es el domicilio del que se le debe de requerir el cumplimiento d (sic) convenio por lo que agravia a la suscrita el haberse metido a mi domicilio sin orden de un juez competente que funde y motive la causa legal para dicho irrumpimiento (sic) de mi domicilio, así también me agravia la orden de embargo de la ordenadora ya que la suscrita no tengo ni soy parte en el proceso radicado bajo el número de expediente ******* en la junta número tres de conciliación y arbitraje en esta Ciudad Juárez Chihuahua, por lo que fue ilegal que el ministro ejecutor haya realizado el embargo del vehículo de mi propiedad. De las autoridades señaladas con el carácter de EJECUTORAS, reclamó b).- LA EJECUCIÓN DE EMBARGO realizada el viernes ocho de abril del 2016 sobre un bien mueble denominado vehículo de la marca ******* de la línea ******* DEL AÑO ******* CON MUNERO (sic) DE SERIE ******* vehículo que adquirí a un vendedor de vehículos establecido en el centro comercial ******* en ******* siendo propietario de dicho establecimiento comercial de venta de autos usados el SR. *******, vehículo que adquirí el día 24 del mes de febrero del 2016 como lo acredito con el contrato de compraventa firmado tanto por la suscrita como por quien me vendió el vehículo, vehículo debidamente importado como lo acredito con el pedimento de importación número *******, por lo que fue por demás ilegal haber irrumpido mi domicilio y haber embargado bienes de mi propiedad sin mi autorización y a sabiendas de que la suscrita nada tengo que ver con ninguna demanda laboral y a quien tenían que haber requerido del pago era a persona diversa a la suscrita o sea al Sr. ******* y no a la suscrita, por lo que fue a todas luces ilegal el embargo realizado en mi perjuicio por parte de las autoridades señaladas como ejecutoras acatando la resolución infundada y sin que haya medido juicio previo seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento en mi contra y que la misma no fue llamada a juicio para ser oída y vencida en el mismo lo que origina que se vulneren mis derechos fundamentales constituidos en nuestra máxima carta magna. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se radicó la demanda como amparo indirecto *******, se requirió a la promovente para que aclarara su demanda; situación que se tuvo por cumplida el uno de junio siguiente, por lo que en la misma data se admitió a trámite la acción de amparo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se emplazó a los terceros interesados Víctor Pardo Lozano y Cruz Raymundo Ramírez Reyes (fojas 7, 8, 14, 15, 17, 18 y 20), y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio sobre el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, toda vez que los actos se reclaman a autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de ejecución de embargo de uno de marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de la local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, dentro del expediente *******, promovido por ******* en contra de ******* y otros, en el que la quejosa alega no ser parte procesal. La diligencia del embargo de ocho de abril de dos mil dieciséis, realizada por el Actuario, Ministro Ejecutor de la Local de Conciliación y Arbitraje, con auxilio de los tripulantes de la unidad 633 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ambos residentes en esta ciudad, respecto del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, número de serie *******, Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, registro 192097, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Coordinador de la Central de Actuarios adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido para ello (fojas 22); sin embargo, acorde a lo previsto por el numeral 117, párrafo cuarto, no ha lugar a tener por cierto el acto reclamado a la mencionada autoridad. Lo anterior es así, pues de las constancias de este juicio se colige que tal autoridad no tuvo alguna participación o intervención en el acto reclamado por la impetrante de garantías; esto es, el proveído pronunciado el uno de marzo de dos mil dieciséis y el embargo precautorio llevado a cabo el ocho de abril del mismo año (fojas 67; 69 a 72), ya que no obra dato alguno que revele dicha participación. Antes bien, en esas constancias se colige que las autoridades que tuvieron participación en las actuaciones de que se trata dentro del expediente *******, fueron la Presidenta de la Junta Especial Número Tres y el Actuario de la Local de Conciliación y Arbitraje, al ser la primera quien dictó el proveído de uno de marzo de dos mil dieciséis, ante la fe del secretario general con quien actuó; mientras que el segundo llevó a cabo el embargo precautorio del automotor que la quejosa reclama como de su propiedad. De este modo, las constancias de este juicio, resultan suficientes para probar la inexistencia de los actos que nos ocupan, porque no se advierte dato o elemento que demuestre, realmente, la intervención de la autoridad Coordinador de la Central de Actuarios adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados de la autoridad que nos ocupa, propiamente, no hay materia en este juicio, por lo cual procede sobreseer en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por las razones que informa se cita la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 26, de la Novena Época, registro 194401, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. CUARTO. Existencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, a continuación se analiza la certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye (fojas 33 a 86); por tanto, se tiene como plenamente probado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de garantías. No será materia de análisis la constitucionalidad de la orden de embargo reclamado y su ejecución, ni los conceptos de violación que se expresaron para desvirtuarlo, atento que este juzgado federal advierte la actualización de una causa de improcedencia que impide abordar el estudio del fondo del asunto. En efecto, las causas de improcedencia son de orden público y, por tanto, de estudio preferente, tal y como determina el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, página 95, Octava Época, registro 222780, del rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Respecto del acto consistente en la orden de embargo, cuya emisión se atribuye a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Así, del informe justificado que rindió la Presidenta de la Junta Especial Número Tres, se advierte lo siguiente: 1. El cinco de noviembre de dos mil doce, ******* demandó a ******* y/o *******, en la vía laboral; demanda que quedó registrada bajo el número ******* de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje (folios 41). 2. El diez de abril de dos mil trece, la autoridad celebró la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; diligencia en la que estuvieron presentes el apoderado legal de la parte actora, licenciado *******, así como *******, quien se apersonó como propietario y responsable de la fuente de trabajo del negocio denominado *******; diligencia en la que las partes celebraron un convenio, obligándose a cumplir con lo ahí pactado, por lo que se tuvo por ratificado, aprobado y sancionado (fojas 49). 3. En proveídos de veintiséis de noviembre de dos mil trece, diecinueve de marzo de dos mil catorce, diecisiete de febrero y catorce de diciembre de dos mil quince, y uno de marzo de dos mil dieciséis, al no haberse cumplido el convenio celebrado entre las partes, se ordenó requerir al demandado el pago de lo convenido, además de lo prevenido en la cláusula penal por mora, y en caso de no efectuarse debería de procederse al embargo de bienes, sin hacer distingo sobre un bien determinado (foja 54, 58, 61, 64 y 67). 4. Con el propósito de diligenciar el mandamiento de ejecución citado en el punto que antecede, el ocho de abril de dos mil quince, el Actuario y Ministro Ejecutor de la Local de Conciliación y Arbitraje, se constituyó en el domicilio ubicado en *******, donde tocó en repetidas ocasiones sin que nadie atendiera su llamado; por lo que solicitó la intervención de un cerrajero, quien abrió el candado de acceso al patio, y una vez en el interior tuvo a la vista el automotor marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con número de serie *******, mismo que fue señalado para embargo por la parte actora, motivo por el cual se declaró formal y legalmente embargado el bien mueble descrito (fojas 69 a 72). De este modo, se tiene que la parte quejosa *******, es tercero extraña stricto sensu, en el expediente laboral ******* del sumario de la Junta Especial Número Tres; esto es, no formó parte de la controversia, por lo que es claro que no puede verse favorecida o perjudicada por los actos que se llevaron a cabo en la contienda, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues de su demanda de amparo se desprende que su única intención es extraer de aquella controversia sus derechos, en el caso concreto, la propiedad del automotor que fue materia de embargo. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, de la Novena Época, registro 177771, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Común, página 1305, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En las apuntadas condiciones, se advierte que el acto que es susceptible de lesionar los derechos de la aquí quejosa lo constituye la ejecución del embargo provisional trabado en contra del vehículo descrito con antelación; mandamiento que fue realizado únicamente por el Actuario Ministro Ejecutor adscrito a la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad en los autos del juicio laboral *******. Sin embargo, dicha autoridad no fue señalada como responsable, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos del presente juicio, no obstante que este órgano, al advertir la intervención de dicha autoridad, otorgó a la parte quejosa la posibilidad de hacerlo, pues fue requerida para ello en proveído de trece de julio de dos mil dieciséis. Dicho acuerdo se ordenó notificar personalmente, en acatamiento a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época; el cual se cumplimentó, previo citatorio, por notificación a través de la lista publicada el diecinueve de julio del presente año (fojas 91 a 94), dado que el quejoso, o sus autorizados, no esperaron al actuario judicial en la fecha y hora que los citó; sin que en autos obre constancia de que el quejoso haya desahogado, oportunamente esa prevención, en el término de quince días que se le otorgó. En ese tenor, si la autoridad que ejecutó el acto reclamado, lo fue el Actuario Ministro Ejecutor adscrito a la Local de Conciliación y Arbitraje, quien no fue llamado al presente sumario como autoridad responsable, resulta jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad del acto, pues no fue oída, sin que sea el caso de abordar, oficiosamente o al cobijo de la figura de la suplencia de la queja, el estudio de actos atribuidos a autoridades no señaladas como responsables. En efecto, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja sólo tiene por efecto subsanar la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, mas no que el juez señale y emplace a una autoridad no designada como responsable; máxime cuando la naturaleza del negocio no lo autoriza, porque entonces se extralimitaría en sus atribuciones legales. Principalmente, porque que la autoridad no designada por el inconforme se trata precisamente de la autoridad ejecutora; mientras que la que sí señaló en el escrito de demanda de garantías, denominada Coordinador de la Central de Actuarios adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no tuvo intervención alguna en el expediente de que emanan los actos que reclama, según se analizó con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 108, página 69, Quinta Época, registro 394064, que a la letra dice: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 410/2016-V promovido por OLGA OLIVA REYES LAZALDE, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.- Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, el treinta de agosto de dos mil dieciséis. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis que dice:SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil dieciséis. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Coordinador de la Central de Actuarios adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de quienes les reclamó: ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN. De las autoridades señaladas como ORDENADORAS, se reclama: a).- LA ORDEN DE EJECUCIÓN DE EMBARGO, ejecución de embargo ordenado en acuerdo del día primero del mes de marzo del 2016 signado por el Presidente de la Junta Especial número tres LIC. *******, acuerdo que se generó a petición del apoderado actor del señor ******* en el expediente ******* en donde la autoridad señalada como ordenadora ordena que se requiera al C. ******* el cumplimiento del convenio celebrado y no ha cumplido, autorizando el embargo de bienes suficientes para el requerimiento de dicho acuerdo, autorizando la autoridad ordenadora que el embargo se realice en cualquiera de los domicilios y con cualquier persona que se encuentre presente y más haya que se realice el embargo aun sin estar presente, orden a todas luces legal (sic) ya que de no haber persona alguna como se justificara que es el domicilio del que se le debe de requerir el cumplimiento d (sic) convenio por lo que agravia a la suscrita el haberse metido a mi domicilio sin orden de un juez competente que funde y motive la causa legal para dicho irrumpimiento (sic) de mi domicilio, así también me agravia la orden de embargo de la ordenadora ya que la suscrita no tengo ni soy parte en el proceso radicado bajo el número de expediente ******* en la junta número tres de conciliación y arbitraje en esta Ciudad Juárez Chihuahua, por lo que fue ilegal que el ministro ejecutor haya realizado el embargo del vehículo de mi propiedad. De las autoridades señaladas con el carácter de EJECUTORAS, reclamó b).- LA EJECUCIÓN DE EMBARGO realizada el viernes ocho de abril del 2016 sobre un bien mueble denominado vehículo de la marca ******* de la línea ******* DEL AÑO ******* CON MUNERO (sic) DE SERIE ******* vehículo que adquirí a un vendedor de vehículos establecido en el centro comercial ******* en ******* siendo propietario de dicho establecimiento comercial de venta de autos usados el SR. *******, vehículo que adquirí el día 24 del mes de febrero del 2016 como lo acredito con el contrato de compraventa firmado tanto por la suscrita como por quien me vendió el vehículo, vehículo debidamente importado como lo acredito con el pedimento de importación número *******, por lo que fue por demás ilegal haber irrumpido mi domicilio y haber embargado bienes de mi propiedad sin mi autorización y a sabiendas de que la suscrita nada tengo que ver con ninguna demanda laboral y a quien tenían que haber requerido del pago era a persona diversa a la suscrita o sea al Sr. ******* y no a la suscrita, por lo que fue a todas luces ilegal el embargo realizado en mi perjuicio por parte de las autoridades señaladas como ejecutoras acatando la resolución infundada y sin que haya medido juicio previo seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento en mi contra y que la misma no fue llamada a juicio para ser oída y vencida en el mismo lo que origina que se vulneren mis derechos fundamentales constituidos en nuestra máxima carta magna. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se radicó la demanda como amparo indirecto *******, se requirió a la promovente para que aclarara su demanda; situación que se tuvo por cumplida el uno de junio siguiente, por lo que en la misma data se admitió a trámite la acción de amparo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se emplazó a los terceros interesados Víctor Pardo Lozano y Cruz Raymundo Ramírez Reyes (fojas 7, 8, 14, 15, 17, 18 y 20), y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio sobre el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, toda vez que los actos se reclaman a autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de ejecución de embargo de uno de marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de la local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, dentro del expediente *******, promovido por ******* en contra de ******* y otros, en el que la quejosa alega no ser parte procesal. La diligencia del embargo de ocho de abril de dos mil dieciséis, realizada por el Actuario, Ministro Ejecutor de la Local de Conciliación y Arbitraje, con auxilio de los tripulantes de la unidad 633 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ambos residentes en esta ciudad, respecto del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, número de serie *******, Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, registro 192097, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Coordinador de la Central de Actuarios adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido para ello (fojas 22); sin embargo, acorde a lo previsto por el numeral 117, párrafo cuarto, no ha lugar a tener por cierto el acto reclamado a la mencionada autoridad. Lo anterior es así, pues de las constancias de este juicio se colige que tal autoridad no tuvo alguna participación o intervención en el acto reclamado por la impetrante de garantías; esto es, el proveído pronunciado el uno de marzo de dos mil dieciséis y el embargo precautorio llevado a cabo el ocho de abril del mismo año (fojas 67; 69 a 72), ya que no obra dato alguno que revele dicha participación. Antes bien, en esas constancias se colige que las autoridades que tuvieron participación en las actuaciones de que se trata dentro del expediente *******, fueron la Presidenta de la Junta Especial Número Tres y el Actuario de la Local de Conciliación y Arbitraje, al ser la primera quien dictó el proveído de uno de marzo de dos mil dieciséis, ante la fe del secretario general con quien actuó; mientras que el segundo llevó a cabo el embargo precautorio del automotor que la quejosa reclama como de su propiedad. De este modo, las constancias de este juicio, resultan suficientes para probar la inexistencia de los actos que nos ocupan, porque no se advierte dato o elemento que demuestre, realmente, la intervención de la autoridad Coordinador de la Central de Actuarios adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados de la autoridad que nos ocupa, propiamente, no hay materia en este juicio, por lo cual procede sobreseer en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por las razones que informa se cita la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 26, de la Novena Época, registro 194401, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. CUARTO. Existencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, a continuación se analiza la certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye (fojas 33 a 86); por tanto, se tiene como plenamente probado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de garantías. No será materia de análisis la constitucionalidad de la orden de embargo reclamado y su ejecución, ni los conceptos de violación que se expresaron para desvirtuarlo, atento que este juzgado federal advierte la actualización de una causa de improcedencia que impide abordar el estudio del fondo del asunto. En efecto, las causas de improcedencia son de orden público y, por tanto, de estudio preferente, tal y como determina el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, página 95, Octava Época, registro 222780, del rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Respecto del acto consistente en la orden de embargo, cuya emisión se atribuye a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Así, del informe justificado que rindió la Presidenta de la Junta Especial Número Tres, se advierte lo siguiente: 1. El cinco de noviembre de dos mil doce, ******* demandó a ******* y/o *******, en la vía laboral; demanda que quedó registrada bajo el número ******* de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje (folios 41). 2. El diez de abril de dos mil trece, la autoridad celebró la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; diligencia en la que estuvieron presentes el apoderado legal de la parte actora, licenciado *******, así como *******, quien se apersonó como propietario y responsable de la fuente de trabajo del negocio denominado *******; diligencia en la que las partes celebraron un convenio, obligándose a cumplir con lo ahí pactado, por lo que se tuvo por ratificado, aprobado y sancionado (fojas 49). 3. En proveídos de veintiséis de noviembre de dos mil trece, diecinueve de marzo de dos mil catorce, diecisiete de febrero y catorce de diciembre de dos mil quince, y uno de marzo de dos mil dieciséis, al no haberse cumplido el convenio celebrado entre las partes, se ordenó requerir al demandado el pago de lo convenido, además de lo prevenido en la cláusula penal por mora, y en caso de no efectuarse debería de procederse al embargo de bienes, sin hacer distingo sobre un bien determinado (foja 54, 58, 61, 64 y 67). 4. Con el propósito de diligenciar el mandamiento de ejecución citado en el punto que antecede, el ocho de abril de dos mil quince, el Actuario y Ministro Ejecutor de la Local de Conciliación y Arbitraje, se constituyó en el domicilio ubicado en *******, donde tocó en repetidas ocasiones sin que nadie atendiera su llamado; por lo que solicitó la intervención de un cerrajero, quien abrió el candado de acceso al patio, y una vez en el interior tuvo a la vista el automotor marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con número de serie *******, mismo que fue señalado para embargo por la parte actora, motivo por el cual se declaró formal y legalmente embargado el bien mueble descrito (fojas 69 a 72). De este modo, se tiene que la parte quejosa *******, es tercero extraña stricto sensu, en el expediente laboral ******* del sumario de la Junta Especial Número Tres; esto es, no formó parte de la controversia, por lo que es claro que no puede verse favorecida o perjudicada por los actos que se llevaron a cabo en la contienda, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues de su demanda de amparo se desprende que su única intención es extraer de aquella controversia sus derechos, en el caso concreto, la propiedad del automotor que fue materia de embargo. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, de la Novena Época, registro 177771, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Común, página 1305, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En las apuntadas condiciones, se advierte que el acto que es susceptible de lesionar los derechos de la aquí quejosa lo constituye la ejecución del embargo provisional trabado en contra del vehículo descrito con antelación; mandamiento que fue realizado únicamente por el Actuario Ministro Ejecutor adscrito a la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad en los autos del juicio laboral *******. Sin embargo, dicha autoridad no fue señalada como responsable, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos del presente juicio, no obstante que este órgano, al advertir la intervención de dicha autoridad, otorgó a la parte quejosa la posibilidad de hacerlo, pues fue requerida para ello en proveído de trece de julio de dos mil dieciséis. Dicho acuerdo se ordenó notificar personalmente, en acatamiento a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época; el cual se cumplimentó, previo citatorio, por notificación a través de la lista publicada el diecinueve de julio del presente año (fojas 91 a 94), dado que el quejoso, o sus autorizados, no esperaron al actuario judicial en la fecha y hora que los citó; sin que en autos obre constancia de que el quejoso haya desahogado, oportunamente esa prevención, en el término de quince días que se le otorgó. En ese tenor, si la autoridad que ejecutó el acto reclamado, lo fue el Actuario Ministro Ejecutor adscrito a la Local de Conciliación y Arbitraje, quien no fue llamado al presente sumario como autoridad responsable, resulta jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad del acto, pues no fue oída, sin que sea el caso de abordar, oficiosamente o al cobijo de la figura de la suplencia de la queja, el estudio de actos atribuidos a autoridades no señaladas como responsables. En efecto, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja sólo tiene por efecto subsanar la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, mas no que el juez señale y emplace a una autoridad no designada como responsable; máxime cuando la naturaleza del negocio no lo autoriza, porque entonces se extralimitaría en sus atribuciones legales. Principalmente, porque que la autoridad no designada por el inconforme se trata precisamente de la autoridad ejecutora; mientras que la que sí señaló en el escrito de demanda de garantías, denominada Coordinador de la Central de Actuarios adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no tuvo intervención alguna en el expediente de que emanan los actos que reclama, según se analizó con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 108, página 69, Quinta Época, registro 394064, que a la letra dice: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 410/2016-V promovido por OLGA OLIVA REYES LAZALDE, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.- Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, el treinta de agosto de dos mil dieciséis. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos se desprende que por auto de trece de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda y señalar como autoridad responsable al Ministro Ejecutor adscrito a la Junta Local Número Tres de Conciliación y Arbitraje; sin que a la fecha se haya se haya recibido promoción alguna al respecto. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, y se continúa con el trámite del presente juicio, únicamente respecto del acto y autoridades precisadas en su demanda, en los términos ahí indicados, en el que señaló como responsable al Presidente de la Junta Local Número Tres de Conciliación y Arbitraje y al Coordinador de la Central de Actuarios adscrito a dicha Junta. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*arc
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