Omar Adrián Castillo Domínguez
Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Omar Adrián Castillo Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, en términos del numeral 9 del citado Acuerdo General, el presente expediente y el incidente de suspensión deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 897/2022, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta presentado por el quejoso **, mediante el cual solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico al usuario ***. Al respecto es oportuno precisar que los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que establecen lo siguiente: Artículo 34. Cuando las personas justiciables tengan asuntos a título personal y en representación o como autorizadas de otras personas físicas o morales, al acceder al Portal deberán precisar en cuál de estas calidades lo hacen. Esto permitirá que la consulta se centre en los asuntos relacionados con el carácter con que se ostenta la persona que realiza la consulta. Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad. Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Las y los titulares verificarán si quien autoriza cuenta con la capacidad procesal necesaria. Se acordará favorablemente la solicitud únicamente respecto de quienes cumplan los requisitos respectivos, a través de una promoción electrónica o impresa. La autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. La autorización se puede realizar respecto de uno o varios expedientes. En el segundo supuesto, la persona autorizada tendrá acceso al módulo de Consulta de Expedientes, cuyos submódulos le permitirán revisar cada expediente de manera individual, o los correspondientes a todos los asuntos en los que haya recibido la autorización respectiva, ya sea mediante una vista global o dentro de cada órgano jurisdiccional. Los permisos otorgados para la consulta de expedientes electrónicos y para la práctica de notificaciones se conservarán para cualquier instancia o incidente. Artículo 37. La autorización para acceder a los expedientes electrónicos sólo será otorgada o revocada por las y los titulares. En todo caso, se atenderá a la situación jurídica de cada usuario en los asuntos en los que se solicite, de conformidad con su capacidad procesal y la vigencia de su firma electrónica. Artículo 38. La autorización o revocación del acceso para consultar un expediente electrónico surtirá efectos una vez que se acuerde favorablemente y el proveído respectivo se notifique a las partes y se integre al expediente. Al respecto, únicamente surtirá efectos para las personas y expedientes respecto de los cuales se formule la solicitud correspondiente. Artículo 39. El acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo que se hubiere solicitado expresamente autorización para recibir notificaciones electrónicas y la misma se haya acordado favorablemente, en términos del artículo 55 del presente Acuerdo General. De conformidad con lo anterior, cuando no esté autorizada la realización de notificaciones electrónicas, la persona específicamente carezca de dicha autorización, o si la misma ha sido revocada, la usuaria o usuario podrá consultar los acuerdos y las constancias relacionadas con éste, con posterioridad a que se haya practicado la notificación respectiva. Por tanto, tomando en consideración que el usuario proporcionado pertenece a ***, persona distinta a la autorizada por el quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciada ***; no se acuerda de conformidad su petición. Notifíquese por lista por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.jmp
- Principal
Vista la razón del actuario de hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 897/2022-VI, promovido por **. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado, en esa misma data, **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte peticionaria del amparo estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 16, párrafo primero, 17, y 20 inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se emplazó a los terceros interesados. De igual forma, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad, lo siguiente: La resolución dictada en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado convino en la existencia del acto reclamado; adjuntando para tal efecto, un disco en formato (DVD) relativo a la audiencia celebrada con motivo de la impugnación de la determinación del Ministerio Público registrada bajo el expediente 8/2021. Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 231del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en su carácter de tercera interesada, invocó la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, argumentando que los arrestos decretados en contra de **, en el juicio oral 7/2020, habían cesado en sus efectos, toda vez que la defensa del imputado **, se había desistido de su testimonio. Asimismo, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, refirió que podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sin embargo, dichas causas de improcedencia son infundadas, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional, como se precisó, consiste en la resolución dictada por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 8/2021, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020; y no en los arrestos decretados por la referida tercera interesada, en el juicio oral 7/2020. Por tanto, la circunstancia de que en el citado juicio oral ya no fuera necesaria la presencia del testigo **, en virtud del desistimiento de la parte oferente; no actualiza las causas de improcedencia invocadas por los referidos terceros interesados. Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a la analizada, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. El estudio de los actos reclamados se realiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Es pertinente aclarar que si bien este órgano de control constitucional no está obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en atención al principio de justicia completa contenido en el artículo 17 Constitucional, se realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, pues si no es clara la intención de la parte quejosa, es evidente que este juzgado se encontraría impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En el caso, como se precisó, el quejoso acude a esta instancia reclamando la resolución dictada en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020; proveído ministerial del contenido siguiente: ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL En la Ciudad de JUÁREZ, CHIHUAHUA, siendo las DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS del día 27 DE MAYO DE 2021, la suscrita Licenciada **, Agente del Ministerio Público de la Federación con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 127 al 131, 255 en relación con el diverso 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda el no ejercicio de la acción penal por el siguiente suspuesto: EL HECHO NO SE COMETIO al imputado **. VISTO, el estado que guarda la presente carpeta de la investigación FED/CHIH/1776/2020, que se inició el día 25 de junio del año 2020, por el Delito PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 262 FRACCIÓN I Y 264 FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, ello con motivo de la denuncia recibida en fecha 25 de junio del año 2020, en ventanilla única de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en Puebla, Puebla, la cual declino competencia a esta delegación. RESULTANDO PRIMERO: Que denuncia suscrita por **, de fecha 20 de mayo dl año 2020, se desprenden los siguientes hechos: PRIMERO.- Bajo protesta de decir verdad, presento la denuncia ante las autoridades de puebla, por el temor fundado de que los denunciados me puedan causar un daño imposible de reparar, y si además pueden intervenir en la investigación si denuncio ante el Representante Social de la Federación en Ciudad Juárez, Chihuahua. En efecto, con fecha 12 de febrero del 2020, presente demanda de amparo, tocando en turno al denunciado JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, adscrito a CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, Reclamando la DENUNCIADA LIC. CLAUDIA DOMÍNGUEZ CURIEL, JUEZ DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA Y DE LA EJECUTORA LOS SIGUIENTES ACTOS: 1.- DE LA ORDENADORA, LAS ILEGALES ORDENES DE ARRESTO DE FECHA 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADOS COMO EMDIDA (sic) DE APREMIO EN MI CONTRA POR OMITIR COMAPECER (sic) EB CALIDAD DETESTIGO (sic) DE LA DEFENSA SOBR (sic) HECHOS QUE ME PUEDEN FINCAR RESPONSABILIDAD PENAL, DENTRO DEL JUICIO ORAL NÚMERO 07/2020, INICIADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN. (.) TERCERO.- A pesar de que el acto reclamado pone en peligro mi libertad personal, EL JUEZ DE DISTRITO sin razón legal alguna, OMITE CONCEDERME LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y POR AUTO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO ME REQUIERE ACLARE LA DEMANDA DE AMPARO, PONIENDO COMO PRETEXTO QUE MI FIRMA ES DISTINTA A LA ESTAMPADA EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO INICIO A DIVERSO JUICIO DE AMPARO NÚMERO 81/2020 A SU CARGO. NUEVAMENTE, OMITE RESOLVER SOBRE MI SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y SIN RAZÓN LÓGICA Y MATERIAL ME REQUIERE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, COMPAREZCA A RATIFICAR MI DEMANDA DE AMPARO, DANDO TIEMPO A QUE LAS RESPONSABLES CONSUMARAN (sic) EL ACTO RECLAMADO Y PONIENDO EN PELIGRO MI LIBERTAD. A PESAR DE ESTO, COMPARECÍ A RATIFICAR MI DEMANDA DE AMPAO (sic) EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020, HASTA QUE ME FUE NOTIFICADO EL AUTO DE REFERENCIA Y NO FUE SINO HASTA EL ACUERDO DE 18 DE FEBRERO DE 2020 QUE ME OTORGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NOTIFICANDO A LAS RESPONSABLES HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2020, ES DECIR SIETE DÍAS DESPUES, TIEMPO EN EL QUE ESTUVE ESCONDIDO POR MIEDO A QUE ME DETUVIERAN ILEGALMENTE. OMISIÓN QUE CLARAMENTE ENCUADRA EN EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO SUSPENDIO EL ACTO RECLAMADO DURANTE SIETE DIAS, A SABIENDAS QUE ATACABAN MI LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y ERA NOTORIA SU PROCEDENCIA. NO SOLO ESO SINO QUE MEDIENTE RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2020, DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, A PESAR DE QUE EN AUTOS HAY CONSTANCIAS QUE ACREDITAN DICHO ACTO SIGUE EXISTIENDO, PUES LA ORDENADORA NO HA DEJADO SIN EFECTO MEDIANTE EL AUTO CORRESPONDIENTE Y NOTIFICADO A LA EJECUTORA. (.) TERCERO.- En relación a los hechos con apariencia de DELITO QUE ATRIBUYO A LA C. **, JUEZ DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, ESTOS ENCUANDRAN EN EL TIPO PENAL PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 262 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO. En efecto, al rendir los informes previos y justificado, la denunciada antes mencionada, EXPRESO FLSAMENTE (sic) QUE DEBIDO A QUE LOS OFERENTES DE LA PRUEBA SE DESISTIERON DE MI TESTIMONIO, YA NO ORDENO EL CUPLIMINETO (sic) DE LOS ARRESTOS DICTADOS EN MI CONTRA. SE AFIRMA LO ANTERIOR PORQUE DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LA MISMA DENUNCIADA Y POR LA AUTORIDAD EJECUTORA LIC. **, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO, POR OFICIO NUMERO SSPM/DAJ/2436/2020, DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2020, AFIRMO QUE SE ACEPTA EL ACTO RECLAMADO PUES POR OFICIO 4010/2020, SIGNADO POR LA JUEZ DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, SE LE ORDENA HAGA EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE ARRESTO, EL CUAL DEBERÁ SER POR SEIS HORAS Y UNA VEZ CUMLIDO (sic), Y SI. SE NIEGA A COMPARECER SE DEBERÁ IMPONDRA OTRO ARRESTO POR DOCE HORAS Y SE DARA VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. COMO CONSECUENCIA, DE NO EXISTIR OTRO ACUERDO NI OFICIO DIRIGIDO A LA EJECUTORA, QUE DEJARA SIN EFECTO LAS ORDENES DE ARRESTO, COMO LO AFIRMA FALSAMENTE LA JUEZ DENUNCIADA, A LA FECHA SIGUEN VIGENTES, SIENDO OBVIO QUE ES MENTIRA QUE NO HAYA ORDENADO SU EJECUCIÓN. SEGUNDO. Con base en lo anterior, se realizaron diversas diligencias, de las que por su importancia cabe destacar las siguientes: 1.- Con fecha 29 de septiembre de 2020, Se dio por recibido el oficio número 290/2020, de fecha de ese mes y año, suscrito por el C. Lic. **, Fiscal Supervisor, a través del cual remite el original de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020. 2.- Con fecha 15 de octubre de 2020, Se giró oficio al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, solicitando copias certificadas. 3.-Con fecha 23 de diciembre de 2020, se giró oficio al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, solicitando copias certificadas. 4.-Con fecha 27 de enero de 2021, se recibe notificación del Centro de Justicia, donde se fijan las diez horas con quince minutos del siete de abril para la celebración de una audiencia de impugnación. 5.- Con fecha 08 de Febrero de 2021, se solicitaron copias certificadas al Juez, a través de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado. 6.-Con fecha 17 de marzo de 2021, se recibe oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. 7.- Con fecha 26 de marzo de 2021, se giró oficio recordatorio a la Lic. **, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. 8.- Con fecha 08 de abril de 2021, se recibieron copias certificadas del juicio de amparo número 81/2020. 9.- Con fecha 11 de mayo de 2021, se giró oficio al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, solicitando copias certificadas. 10.- Con fecha 13 de mayo de 2021, se reciben copias certificadas del Juicio de amparo número 89/2020. CONSIDERANDO PRIMERO.-Esta autoridad conforme a los artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 16, 20 fracción II, 127, 131 fracción XIII y XVI interpretada a contrario sensu, 212, 213, 214, 217, 221, 222, 255 y 327 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales: está facultada para coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el No Ejercicio de la Acción Penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. SEGUNDO. Ahora bien, una vez analizados los hechos denunciados, quien aquí determina considera que se actualiza la hipótesis legal establecida en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que el Ministerio Público podrá decretar el No ejercicio de la acción penal, cuando los antecedentes del caso permitan concluir que se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento; facultad que se encuentra establecida en el numeral 131 fracción XIII, del mismo cuerpo legal ,y que corresponde autorizar al Delegado Estatal de esta Institución. Con base en lo anterior, se debe de precisar que el objeto de la investigación lo establece el numeral 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuyo rubro y texto indica: Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Y esto es así, pues es en la etapa de investigación es donde se prepara el ejercicio de la acción penal que se fundará en los datos de prueba obtenidos durante la investigación, y en su caso, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley la cual se materializa con la consignación que de los hechos que haga la Representación Social de la Federación. Sin embargo de autos se puede advertir lo siguiente: El artículo 265 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito o a la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: I. a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados; y De cuyos elementos integradores se desprenden los siguientes: a.- Se acredite la existencia del sujeto activo, cuya calidad específica es la de Juez de Distrito u otra autoridad. b.- Que con motivo de su cargo conozca del Juicio de Amparo o del Incidente respectivo. c.- Que de manera dolosa no suspensa el acto reclamado. En esa tesitura, el primero de los elementos se tiene por acreditado de manera tácita, en virtud de que la autoridad por ministerio de ley a cargo del Juicio de Amparo, es un Juez de Distrito, quien actúa en cumplimiento a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; facultad que precisamente actualiza el segundo de los elementos, esto es que conozca del Juicio de amparo y por consecuencia de los incidentes respectivos. Ahora bien, por lo que hace al tercero de los elementos, de este se advierte que para que se actualice el delito denunciado debe de acreditarse que el Juez de manera dolosa no haya suspendido el acto reclamado; sin embargo, tal conducta no se cometió en virtud de que por auto de fecha 18 de febrero de 2020, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, CONCEDIO la suspensión provisional, que solicito el ahora denunciante **, pues argumentó: Se concede, al quejoso aquí incidentita (sic) **, la suspensión provisional que solícita, para el único efecto de que no se ejecute la orden de arresto con la que se le apercibió dentro del juicio oral número 7/2020, por el delito de violación ya que fue requerido con el carácter de testigo; hasta en tanto las responsables reciban notificación de la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva, que se dicte en el presente incidente de suspensión. A razón de lo anterior la C. Jueza de control, señalada como responsable al rendir su informe previo, manifestó que eran ciertos los actos reclamados, en virtud de que en efecto se había citado a **, como testigo dentro del juicio oral número 07/2020, éste compareció puntualmente y se le tomaron sus datos entre los que se proporcionó número de teléfono en el que se podía ser localizado, sin embargo como ese día se iniciaría con el desahogo de pruebas del Ministerio Público y él había sido ofrecido como testigo del defensor, en audiencia se le dijo que podía retirarse y que se le contactaría vía telefónica. Llegado el día en que el defensor pidió su comparecencia.no lograron contactarlo...en audiencia había sido advertido de que se le contactaría vía telefónica con fundamento en el artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se .ordenó su comparecencia, pero aun así no se logró su comparecencia. Los defensores y el acusado, a fin de no dilatar más el procedimiento, se desistieron de su testimonio y esta juzgadora ya no ordeno ni el cumplimiento de su arresto, ni su comparecencia al juicio... En esa tesitura dado que a lo informado por el Juez de control el Juez Constitucional, le dio el valor probatorio correspondiente, es decir al haber sido emitido por autoridad pública, en ejercicio de sus funciones, merecieron valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; entonces determino DEJAR SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, al cesar las causas que originaron la queja. No obstante lo anterior se reafirma que el tercero de los elementos del delito en estudio, no se acredita, pues contrario a lo manifestado por el ahora denunciante se advierte que si se concedió la suspensión provisional, sin que haya dolo en el auto que deja sin materia lo referente a la suspensión definitiva, puesto que la autoridad que en su momento se señaló como responsable, si bien es cierto acepta los actos reclamados, también explicó de manera clara y concisa que en audiencia llevada dentro de la audiencia del juicio oral número 07/2020, la defensa se desistió del ateste de **. Por lo que el denunciante está afirmando hechos falsos, pues en el punto tercero de su denuncia señaló: TERCERO.- A pesar de que el acto reclamado pone en peligro mi libertad personal, el JUEZ DE DISTRITO, sin razón legal alguna, OMITE CONEDERME LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y POR AUTO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO ME REQUIERE ACLARE LA DEMANDA DE AMPARO, PONIENDO COMO PRETEXTO QUE MI FIRMA ES DISTINTA A LA ESTAMPADA EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO INICIO A DIVERSO JUCIO DE AMPARO NÚMERO 81/2020 A SU CARGO. Sin embargo como ya se dijo y contrario a lo manifestado en su escrito de denuncia, en fecha de 18 de febrero del año 2020, El C. Juez Cuarto de Distrito CONCEDIÓ la suspensión PROVISIONAL, por lo que válidamente se afirma que el HECHO (denunciado) NO SE COMETIÓ. Aunado a lo anterior obra el contenido del informe justificado, que sirvió de base para sobreseer el Juicio Constitucional, pues la autoridad responsable adjunto a su informe los discos ópticos del juicio oral, refiriendo el Juez que en el disco número once, se advierte que los defensores y el acusado, se desistieron de su testimonio. De lo anterior se advierte que el delito denunciado, no se cometió pues contrario a lo manifestado por el denunciante, el Juez de la causa SI CONCEDIO LA SUSPENSIÓN, de conformidad con lo señalado en el artículo 136 de la Ley de Amparo, pues este señala: Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Sin que pase desapercibido que el arresto de que se duele el quejoso lo fue por seis horas y con el objetivo de que compareciera a la audiencia de juicio como testigo, sin embargo tanto el acusado y SU defensa (parte que lo había ofrecido) se desistió de su ateste, entonces cesaron los efectos por los cuales había sido apercibido con arresto, lo que sin duda trascendió en la audiencia constitucional, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo. Suerte que corre el hecho que se le pretendió atribuir a la Jueza de Control, cuando se señala que cometió la conducta establecida en el artículo 262 fracción I de la Ley de amparo, misma que dice: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; A este respecto se debe de especificar que los elementos integradores de esta conducta son: Se acredite la existencia de un servidor público. Que se dicho servidor público tenga el carácter de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo. Que dicha autoridad exprese hechos falos o niegue a verdad al rendir su informe previo o justificado. De los elementos antes señalados, se advierte que el primero y el segundo de los elementos se tienen por acreditados con las propias constancias de las copias certificadas del Juicio de amparo, pues la Jueza de control, en su calidad de tribunal de enjuiciamiento, rindió su informe previo, en el cual acepto los hechos atribuidos; al cual el Juez de Amparo otorgó el valor probatorio de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, entonces la autoridad en ese entonces señalada como responsable actuó con el poder que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y de la Constitución ocal, esto en el margen de sus facultades y atribuciones pues constituida en tribunal de enjuiciamiento instauro el Juicio 7/2020, dentro del cual se ofreció por parte de la defensa el testimonio de **, y que si bien es cierto emitió una orden de arresto, fue porque en la primera audiencia del juicio fue advertido de que se le contactaría por vía telefónica, sin embargo nunca se logró su comparecencia, razón por la cual la defensa y el acusado (oferentes de la prueba) se desistieron de su testimonio, y la Jueza ya no ordenó el cumplimiento de arresto ni la comparecencia a Juicio. Rindiendo en su oportunidad tanto el informe previo como el justificado, a donde se anexo copia de los discos ópticos del Juicio 7/2020, y se le dio cuenta al Juez del contenido del disco óptico once, en donde se advierte que ante la renuencia de **, los oferentes de su testimonio se desisten de la misma. Sin que pueda considerarse que la Jueza de Control este expresando hechos falsos o este negando la verdad; pues fue advertida de las penas en que pueda incurrir, aunado a lo anterior el denunciante no coadyuvó con esta la Fiscalía de la Federación con algún dato idóneo que ponga de manifiesto que la Jueza de control este actualizando dicha conducta, pus rindió sus informes previos y justificados con las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Cobrando relevancia para el caso que nos ocupa, el auto de fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, en donde se tiene por transcurrido el término legal de diez días a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo, por lo que causó ejecutoria el sobreseimiento. Por tanto, en el caso concreto se considera procedente determinar el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 255, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto señala: Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. En virtud de lo anterior, y dado que para que opere el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, deben confluir dos condicione esenciales a saber: Que se decrete antes de la audiencia inicial; Que, de los antecedentes existentes en la carpeta de investigación, permitan concluir que se actualiza alguna causal de sobreseimiento. La primera condición se encuentra satisfecha en virtud que, hasta el día de la fecha, no se ha solicitado audiencia inicial dentro de la presente carpeta de investigación, en consecuencia, no se han realizado ninguno de los actos señalados en el artículo 307 del Código normativo de la materia. La segunda condición, se satisface a razón de que en el caso que nos ocupa, por las propias circunstancias del hecho que la ley señala como delito y por el cual fue iniciada la carpeta de investigación prevista en el artículo 327 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual refiere textualmente lo siguiente: I.- EL HECHO NO SE COMETIÓ TERCERO.- Hasta lo aquí vertido se llega la conclusión de que en la presente Carpeta de Investigación iniciada por los delitos previstos y sancionados en los artículos 262 y 265 ambos de la Ley de Amparo, en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 fracción I el Código nacional de Procedimientos Penales, cuando El Hecho no se cometió, siendo así que aún y cuando se continuara la indagatoria la conclusión derivaría en una determinación similar, pues no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales circunstancias, nos encontramos, evidentemente, ante un caso de atipicidad, (no se reúnen los elementos del delito) en virtud de que a consideración de la suscrita se encuadra la excluyente de delito contemplada en la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, razón por la cual de acuerdo con los artículos 131 Fracción XIII y 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que disponen que corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar el No Ejercicio de la Acción Penal de la Carpeta de Investigación. CUARTO.- De ahí que al encontrarse actualizada la hipótesis establecida en el artículo 327 fracción I, en relación con el 131 Fracción XVI, interpretado a contrario sensu y 255 ambos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente es determinar cómo se ha manifestado el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, por las razones ya vertidas en el presente acuerdo. Determinación.- Por lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que, en el presente caso, lo procedente es determinar EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, al quedar precisado que se actualiza la hipótesis establecida en el numeral 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 327 fracción I del código normativo; así como lo previsto en la fracción XVI, número 4, de los LINEAMIENTOS OPERATIVOS, emitidos mediante el oficio circular C/011/18, lo procedente es determinar cómo se ha manifestado el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, por las razones ya vertidas en el proyecto en que se actúa. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14,16,17,19,21,23 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 131 fracción XIII y XVI interpretada a contrario sensu, 255 y 327 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales: es de resolverse lo siguiente: R E S U L E V E: PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 255 en relación con el 327 Fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales se determina el N Ejercicio de la Acción Penal de la presente Carpeta de Investigación número: FED/CHIH/JUA/1776/2020, a favor de QUIEN RESULTE RESPONSABLE, por los hechos previstos y sancionados en los artículos 262 y 265 ambos de la Ley de Amparo. SEGUNDO: Remítase el original del expediente de la Carpeta Investigación en que se actúa, al Licenciado **. Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal en Jefe del Núcleo del Equipo VI de Investigación y Litigación, para que en caso de considerarlo procedente, remita la Carpeta de Investigación a **, Titular de la Unidad de Investigación y litigación y esta a su vez al MAESTRO **, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, para que conforme a sus facultades y de considerarlo procedente, autorice favorablemente la presente determinación de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL que se propone; o en su defecto, señale las instrucciones correspondientes, a efecto de poder resolver conforme a derecho. TERCERO.-Una vez que se autorizado en definitiva el presente proyecto de No Ejercicio de la Acción Penal, procédase en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que fue dictada por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 737/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, previo a dejar insubsistente la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Al respecto, es oportuno precisar que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación Asimismo, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 252/2018, determinó que con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones; ya que este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas; asimismo, conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. En ese tenor, respecto a los argumentos expuestos por las partes, en la audiencia que dio origen a la resolución reclamada, se precisa que la Fiscalía Federal expuso que el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020, fue dictado al considerar que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al considerar que el hecho denunciado no se cometió, exponiendo lo siguiente: (00:05:01).en virtud de que la denunciante refiere que el Juez de Distrito, no otorgó la suspensión cuando le fue solicitada dentro de un diverso juicio de amparo, y también refiere que la Jueza de Control ordenó un arresto dentro del juicio oral 7/2020, donde el ahora impugnante fue señalado como testigo ofrecido por la defensa y por el imputado, en su momento, en virtud de que el ahora impugnante no se presentó. La Jueza de Control junto con la defensa que ofreció al testigo se desistieron de él. En el juicio de amparo diverso, el Juez de Distrito, en primer orden, concedió la suspensión provisional, y en virtud de que la Jueza Oral informó que ya no era necesaria la presencia del testigo, decretó sin materia la suspensión definitiva, ante esa situación, los ahora impugnantes, presentaron la denuncia; sin embargo, de la propia instrumental se advierte que no hay delito, siendo todo. Por su parte, en uso de la voz el Defensor Público Federal compartió lo expuesto por la Fiscalía de la Federación. Por otro lado, la asesora de la víctima **, quejoso en esta instancia, argumentó lo siguiente: 00:07:09 .si bien es cierto en el juicio de amparo 7/2020, sucedieron los hechos, de algún modo, parcialmente manifestados por la Ministerio Público, lo cierto es, que la ciudadana Juez de Control, realizó actos de molestia, y realizó actos probablemente constitutivos de delito en contra de mi asesorado, toda vez que en sí, ella realiza ordena un arresto cunado niega haberlo hecho delante del Juez de Distrito, y dice que no fue así, y en su declaración, en su informe, que rinde como previo y justificado, son otros hechos muy distintos su señoría, es cuánto. Ante ello, una vez que fueron expuestos lo argumentos de las partes, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, justificó su competencia para resolver la impugnación en contra de la determinación del Ministerio Público; y expuso lo siguiente: 00:13:57 . hablemos primero de la aseveración de la Fiscalía el hecho no se cometió, precisamente el delito previsto en la Ley de Amparo, atiente a la suspensión implica que se niegue una suspensión, pues en las condiciones o bajo la óptica que la hipótesis legal en comento prevé, delito previsto contra la administración de justicia, esa suspensión no fue negada esa la suspensión fue concedida, bajo la óptica del quejoso, esa suspensión fue concedida con un retraso, y dice le afectó en su esfera jurídica, por el proceder del Juez de Distrito de pedirle ratificar la demanda de amparo ante la discrepancia evidente respecto la firma que calzaba la solicitud de la demanda de amparo, y una firma previa en alguna otra actuación, que había promovido ante el mismo juzgado, entonces el hecho no se cometió, como puntualiza la fiscalía fue negar el ejercicio dela acción penal , la suspensión fue concedida. En cuanto al medio de apremio consistente en el arresto, decretado en contra de esta persona que quedó sin efecto al haberse desistido la parte oferente de su testimonio, pues tampoco se materializó, y una orden de arresto es un proceder regular, como medio de apremio con los que cuenta la autoridad tanto ministerial como jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones, de hecho un arresto viene previsto en el capítulo noveno del Código Nacional de Procedimientos Penales, medios de apremio, en el artículo 104, fracción II, los medios de apremio con los que cuenta la autoridad jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones o para el cumplimiento de los actos que ordenen, en el caso, la citación a un testigo a juicio oral, en el ejercicio de sus funciones, la fracción segunda habla precisamente de que el órgano jurisdiccional, obviamente un tribunal de enjuiciamiento, como es la Jueza del Distrito Judicial Bravos, contaba con los medios de apremio siguientes: inciso a) amonestación, inciso b) multa de veinte a cinco mil días de salaria mínimo general vigente, inciso c) auxilio de la fuerza pública, inciso d) arresto hasta por treinta y seis horas; en el caso de la Jueza del Distrito Judicial Bravos, estaba utilizando únicamente los medios de apremio con los que cuenta a su disposición para hacer cumplir sus determinaciones o para el cumplimiento de un acto ordenado, precisamente la comparecencia de un testigo. En el caso el Juez de Distrito es el proceder regular de cualquier órgano de control constitucional de cualquier órgano garante precisamente la constitucionalidad que es solicitar que se ratifique una demanda de amparo, que se advierte notoriamente discrepante, y esto ha sido abordado hasta en jurisprudencia de la Segunda Sala con el registro 2014436, que dice en su rubro PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES; la tesis con registro 162367 dice FIRMA QUE OBRA EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE MANDARSE RECONOCER ÚNICAMENTE CUANDO LAS FIRMAS ANTERIORES A LA QUE SE ESTIMA DUDOSA, SEAN SUSTANCIALMENTE SIMILARES ENTRE SÍ, Y NO CUANDO ALGUNA DE ELLAS SEA SIMILAR A SIMPLE VISTA CON LA QUE FUE ESTAMPADA EN AQUÉLLA; o bien la de registro digital 2001297 que es de su rubro DEMANDA DE AMPARO. SI SU SUSCRIPTOR RATIFICA LA FIRMA QUE LA CALZA ES ILEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO UNILATERALMENTE INVESTIGUE SOBRE LA AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE ÉSTA Y ORDENE LA RECEPCIÓN DE UNA PERICIAL PARA RESOLVER CONFORME AL RESULTADO DE DICHA PRUEBA, como podrán ver el proceder de mandar ratificar una demanda de amparo por su signante o su supuesto signante, cuando se advierte una notoria discrepancia con una firma previa es un proceder regular, es un proceder que se presenta con cierta habitualidad y prácticamente ha sido abordado incluso por la interpretación jurisprudencial y en interpretación aislada de los órganos de control constitucional. En ese sentido, coincido con la óptica del Ministerio Público, en términos del artículo 327, fracción I, no se cometieron los hechos que la ley señala como delito, denunciados por el señor **, por tanto la determinación de esta audiencia, es precisamente convalidar o bien confirmar esta determinación de no ejercicio de la acción penal. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia. Ahora, en relación con lo anterior, la parte quejosa argumentó como conceptos de violación, que el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad, en la resolución dictada en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020, vulneró los principios de congruencia y exhaustividad en virtud de lo siguiente: omitió analizar los argumentos expuestos en la audiencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno. omitió tomar en cuenta que los hechos denunciados encuadran en el tipo penal previsto y sancionado por el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que la Jueza de Enjuiciamiento nunca dejó sin efectos el arresto decretado. omitió tomar en cuenta que el hecho de que la suspensión provisional fuera emitida por el Juez de Distrito siete días después de haber sido peticionada, y posteriormente declarar sin materia el incidente; mismo encuadra en el tipo penal previsto en el artículo 265, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el arresto continuaba vigente, en virtud de que no se había dejado sin efecto. realizó una valoración holística de los datos de prueba. Los conceptos de violación, son infundados como a continuación se explica. Primero, es necesario destacar que el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, ser informados de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; recibir atención médica y psicológica; que se les repare el daño; el resguardo de su identidad y otros datos personales; solicitar medidas cautelares y providencias; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En este contexto, debe precisarse que fue precisamente la intervención de la víctima u ofendido en el proceso penal y la protección de sus derechos fundamentales, uno de los motivos que llevaron al Constituyente Permanente a implementar la reforma constitucional que introduciría un nuevo paradigma procesal penal en nuestro país. Así es, la reforma al sistema de enjuiciamiento penal, en torno a los derechos de la víctima u ofendido, tuvo por objeto garantizar: a) el derecho fundamental a contar con una defensa técnica de sus derechos; b) el fortalecimiento del derecho a la reparación del daño; y, c) el derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal, su desistimiento y actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional. Resulta claro que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos del delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea un obstáculo de los intereses de las personas afectadas por los hechos delictivos. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y aquellos encargados de protegerlos. La reforma judicial incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en la facultad de impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, tiene como finalidad el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Ese cúmulo de derechos de la víctima u ofendido se vio materializado, entre otros, en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior se advierte, que los derechos de las víctimas van más allá que el sólo permitir que manifiesten lo que a su derecho convenga y, eventualmente, únicamente escucharle, por lo que es necesario enfatizar que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen dichas determinaciones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para aquellos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que en caso de concluir que la actuación del representante social fue ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Ahora, es oportuno traer a colación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 252/2018, en la que determinó lo siguiente: - Que acorde a los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia. - Que no obstante ello, excepcionalmente el juez puede consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contaría con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. - Que la víctima u ofendido o su asesor jurídico deben exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones y porque el sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. - Además, porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio, lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidenciaba la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien correspondía justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. En el precedente citado, la Primera Sala del máximo tribunal del país, señaló que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, especialmente los de publicidad, oralidad y contradicción. La superioridad destacó que uno de los rasgos esenciales de un sistema penal acusatorio consiste en la separación estricta de las funciones de acusar y juzgar, es decir, en este sistema, corresponde al Juez, juzgar a las partes, quienes en igualdad de posiciones tienen la función de sostener la acusación (Ministerio Público) y la defensa (el imputado y su defensor), respectivamente. Esto garantiza, por una parte, la igualdad de las partes en el proceso, y por otra, la imparcialidad del Juez, quien en principio no debe realizar inquisiciones por su cuenta, sino limitarse a decidir la controversia que le plantean partes iguales, con base en el debate realizado por éstas. Por ello, la prosecución del procedimiento penal a través de audiencias es un elemento fundamental de un sistema penal de corte acusatorio, pues sólo a través de ese método pueden respetarse, entre otras, las garantías de publicidad, oralidad y contradicción; este último, destacable para el asunto que nos ocupa. En relación con tal principio, en el precedente en mención, la multicitada Primera Sala refirió que en múltiples ocasiones se ha pronunciado en el sentido que el principio de contradicción debe ser entendido como el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos, así como a participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que las partes puedan participar activamente inclusive en el examen directo de los demás intervinientes en el proceso, tales como peritos o testigos. En ese contexto, en el sistema adversarial son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, es decir, son ellas quienes deben investigar los hechos considerados como delito y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten. De ahí que corresponda a las partes la carga de generar la información necesaria para que la persona juzgadora dirima la controversia objeto del debate que se somete a su consideración en la audiencia respectiva. La Primera Sala señaló que los referidos principios rigen también en la audiencia de impugnación a que alude el artículo 258 del código nacional adjetivo, porque si bien por regla general la víctima u ofendido y el Ministerio Público tienen intereses coincidentes, que se contraponen con los del imputado, tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se sitúan en una posición procesal distinta porque se convierten en contrapartes del Ministerio Público, ya que en esta hipótesis tienen intereses contrarios. Dado que conforme al precepto legal que se menciona, la impugnación se lleva a cabo en una audiencia, entonces deben regir los mismos principios que en las audiencias en general del proceso penal, pues subsisten las razones que fundamentan estos principios, a saber: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad, e imperan las mismas razones que sustentan el principio de contradicción, como lo es la de generar una dinámica que incentive entre las partes con intereses contrarios, en este caso víctima y Ministerio Público, la presentación de argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria. A partir de lo narrado, se insiste, la Primera Sala concluyó que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes. En este sentido, se enfatiza, que la Sala del Máximo Tribunal señaló que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal, deben formular los agravios oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1112, que dice: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. En el caso, como se precisó en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la asesora de la víctima, aquí quejoso, únicamente refirió lo siguiente: 00:07:09 .si bien es cierto en el juicio de amparo 7/2020, sucedieron los hechos, de algún modo, parcialmente manifestados por la Ministerio Público, los cierto es, que la ciudadana Juez de Control, realizó actos de molestia, y realizó actos probablemente constitutivos de delito en contra de mi asesorado, toda vez que en sí, ella realiza ordena un arresto cunado niega haberlo hecho delante del Juez de Distrito, y dice que no fue así, y en su declaración, en su informe, que rinde como previo y justificado, son otros hechos muy distintos su señoría, es cuánto. Todo lo anterior evidencia lo infundado de los argumentos planteados por la quejosa, pues como acertadamente destacó el juez de control, las partes fueron parcas en su argumentación; y ante ello, la víctima, por conducto de su asesora jurídica, no aportó razonamientos eficaces que evidenciaran que la determinación de no ejercicio de la acción penal se apartó del derecho. Por tanto, si acorde a los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió con base en las argumentaciones que formularon las partes en dicha audiencia; resulta inconcuso que confirmara el no ejercicio de la acción penal impugnado. Ahora, en relativo a la argumentación expuesta en la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, por la asesora del denunciante; debe precisarse que el efecto del fallo protector emitido en el diverso juicio de amparo 737/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, consistía precisamente en dejar insubsistente el contenido de la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, lo argumentado por la asesora del quejoso en la diversa audiencia que se dejó insubsistente, deviene ajeno a la impugnación planteada. Por otro lado, la parte quejosa en sus conceptos de violación refirió que se vulneró el contenido de lo dispuesto por el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se infringieron las leyes del procedimiento penal que se sigue en su contra. Sin embargo, en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 8/2021, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020, se le reconoció el carácter de víctima y no de imputado. Del mismo modo, son inoperantes aquellos conceptos de violación en los que la quejosa aduce que se violó el principio pro persona, y que no se aplicó el control de convencionalidad. Esto, porque al margen de que el peticionario de amparo no señaló con claridad cómo o por qué considera transgredidos esos aspectos, lo cierto es que esta autoridad no advierte que se hayan vulnerado de manera alguna. Así es, el principio pro persona, distinto a lo que pretende el solicitante de amparo, no implica que las resoluciones judiciales deban favorecerle siempre, sino que constituye un criterio de elegibilidad de la norma, pues este conlleva a que, cuando alguna circunstancia está regulada por más de una disposición legal, o cuando siendo prevista por una sola, ésta pueda interpretarse en distintos sentidos, debe elegirse siempre la que resulte más favorable al gobernado; sin embargo, en la especie no se advierte que la situación jurídica particular sometida a la potestad jurisdiccional admita diversas interpretaciones ni que se encuentre contemplada por más de un ordenamiento legal, por lo que no se actualiza esa hipótesis. Por otra parte, es verdad que todos los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad; sin embargo, las autoridades jurisdiccionales de instancia no están obligadas a emitir pronunciamiento al respecto, a menos que les sea expresamente solicitado o que oficiosamente adviertan que el precepto legal que resulta aplicable al caso es contrario a algún precepto de la constitución federal o de Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; en el caso, no se advierte que en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se pronunció el acto reclamado, se haya planteado algún motivo de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma, mucho menos se advierte alguno que el juez de control responsable haya omitido analizar. En las relacionadas condiciones, desestimados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 897/2022-VI, promovido por **. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado, en esa misma data, **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte peticionaria del amparo estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 16, párrafo primero, 17, y 20 inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se emplazó a los terceros interesados. De igual forma, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad, lo siguiente: La resolución dictada en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado convino en la existencia del acto reclamado; adjuntando para tal efecto, un disco en formato (DVD) relativo a la audiencia celebrada con motivo de la impugnación de la determinación del Ministerio Público registrada bajo el expediente 8/2021. Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 231del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en su carácter de tercera interesada, invocó la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, argumentando que los arrestos decretados en contra de **, en el juicio oral 7/2020, habían cesado en sus efectos, toda vez que la defensa del imputado **, se había desistido de su testimonio. Asimismo, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, refirió que podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sin embargo, dichas causas de improcedencia son infundadas, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional, como se precisó, consiste en la resolución dictada por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 8/2021, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020; y no en los arrestos decretados por la referida tercera interesada, en el juicio oral 7/2020. Por tanto, la circunstancia de que en el citado juicio oral ya no fuera necesaria la presencia del testigo **, en virtud del desistimiento de la parte oferente; no actualiza las causas de improcedencia invocadas por los referidos terceros interesados. Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a la analizada, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. El estudio de los actos reclamados se realiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Es pertinente aclarar que si bien este órgano de control constitucional no está obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en atención al principio de justicia completa contenido en el artículo 17 Constitucional, se realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, pues si no es clara la intención de la parte quejosa, es evidente que este juzgado se encontraría impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En el caso, como se precisó, el quejoso acude a esta instancia reclamando la resolución dictada en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020; proveído ministerial del contenido siguiente: ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL En la Ciudad de JUÁREZ, CHIHUAHUA, siendo las DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS del día 27 DE MAYO DE 2021, la suscrita Licenciada **, Agente del Ministerio Público de la Federación con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 127 al 131, 255 en relación con el diverso 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda el no ejercicio de la acción penal por el siguiente suspuesto: EL HECHO NO SE COMETIO al imputado **. VISTO, el estado que guarda la presente carpeta de la investigación FED/CHIH/1776/2020, que se inició el día 25 de junio del año 2020, por el Delito PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 262 FRACCIÓN I Y 264 FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, ello con motivo de la denuncia recibida en fecha 25 de junio del año 2020, en ventanilla única de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en Puebla, Puebla, la cual declino competencia a esta delegación. RESULTANDO PRIMERO: Que denuncia suscrita por **, de fecha 20 de mayo dl año 2020, se desprenden los siguientes hechos: PRIMERO.- Bajo protesta de decir verdad, presento la denuncia ante las autoridades de puebla, por el temor fundado de que los denunciados me puedan causar un daño imposible de reparar, y si además pueden intervenir en la investigación si denuncio ante el Representante Social de la Federación en Ciudad Juárez, Chihuahua. En efecto, con fecha 12 de febrero del 2020, presente demanda de amparo, tocando en turno al denunciado JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, adscrito a CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, Reclamando la DENUNCIADA LIC. CLAUDIA DOMÍNGUEZ CURIEL, JUEZ DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA Y DE LA EJECUTORA LOS SIGUIENTES ACTOS: 1.- DE LA ORDENADORA, LAS ILEGALES ORDENES DE ARRESTO DE FECHA 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADOS COMO EMDIDA (sic) DE APREMIO EN MI CONTRA POR OMITIR COMAPECER (sic) EB CALIDAD DETESTIGO (sic) DE LA DEFENSA SOBR (sic) HECHOS QUE ME PUEDEN FINCAR RESPONSABILIDAD PENAL, DENTRO DEL JUICIO ORAL NÚMERO 07/2020, INICIADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN. (.) TERCERO.- A pesar de que el acto reclamado pone en peligro mi libertad personal, EL JUEZ DE DISTRITO sin razón legal alguna, OMITE CONCEDERME LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y POR AUTO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO ME REQUIERE ACLARE LA DEMANDA DE AMPARO, PONIENDO COMO PRETEXTO QUE MI FIRMA ES DISTINTA A LA ESTAMPADA EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO INICIO A DIVERSO JUICIO DE AMPARO NÚMERO 81/2020 A SU CARGO. NUEVAMENTE, OMITE RESOLVER SOBRE MI SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y SIN RAZÓN LÓGICA Y MATERIAL ME REQUIERE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, COMPAREZCA A RATIFICAR MI DEMANDA DE AMPARO, DANDO TIEMPO A QUE LAS RESPONSABLES CONSUMARAN (sic) EL ACTO RECLAMADO Y PONIENDO EN PELIGRO MI LIBERTAD. A PESAR DE ESTO, COMPARECÍ A RATIFICAR MI DEMANDA DE AMPAO (sic) EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020, HASTA QUE ME FUE NOTIFICADO EL AUTO DE REFERENCIA Y NO FUE SINO HASTA EL ACUERDO DE 18 DE FEBRERO DE 2020 QUE ME OTORGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NOTIFICANDO A LAS RESPONSABLES HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2020, ES DECIR SIETE DÍAS DESPUES, TIEMPO EN EL QUE ESTUVE ESCONDIDO POR MIEDO A QUE ME DETUVIERAN ILEGALMENTE. OMISIÓN QUE CLARAMENTE ENCUADRA EN EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO SUSPENDIO EL ACTO RECLAMADO DURANTE SIETE DIAS, A SABIENDAS QUE ATACABAN MI LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y ERA NOTORIA SU PROCEDENCIA. NO SOLO ESO SINO QUE MEDIENTE RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2020, DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, A PESAR DE QUE EN AUTOS HAY CONSTANCIAS QUE ACREDITAN DICHO ACTO SIGUE EXISTIENDO, PUES LA ORDENADORA NO HA DEJADO SIN EFECTO MEDIANTE EL AUTO CORRESPONDIENTE Y NOTIFICADO A LA EJECUTORA. (.) TERCERO.- En relación a los hechos con apariencia de DELITO QUE ATRIBUYO A LA C. **, JUEZ DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, ESTOS ENCUANDRAN EN EL TIPO PENAL PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 262 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO. En efecto, al rendir los informes previos y justificado, la denunciada antes mencionada, EXPRESO FLSAMENTE (sic) QUE DEBIDO A QUE LOS OFERENTES DE LA PRUEBA SE DESISTIERON DE MI TESTIMONIO, YA NO ORDENO EL CUPLIMINETO (sic) DE LOS ARRESTOS DICTADOS EN MI CONTRA. SE AFIRMA LO ANTERIOR PORQUE DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LA MISMA DENUNCIADA Y POR LA AUTORIDAD EJECUTORA LIC. **, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO, POR OFICIO NUMERO SSPM/DAJ/2436/2020, DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2020, AFIRMO QUE SE ACEPTA EL ACTO RECLAMADO PUES POR OFICIO 4010/2020, SIGNADO POR LA JUEZ DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, SE LE ORDENA HAGA EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE ARRESTO, EL CUAL DEBERÁ SER POR SEIS HORAS Y UNA VEZ CUMLIDO (sic), Y SI. SE NIEGA A COMPARECER SE DEBERÁ IMPONDRA OTRO ARRESTO POR DOCE HORAS Y SE DARA VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. COMO CONSECUENCIA, DE NO EXISTIR OTRO ACUERDO NI OFICIO DIRIGIDO A LA EJECUTORA, QUE DEJARA SIN EFECTO LAS ORDENES DE ARRESTO, COMO LO AFIRMA FALSAMENTE LA JUEZ DENUNCIADA, A LA FECHA SIGUEN VIGENTES, SIENDO OBVIO QUE ES MENTIRA QUE NO HAYA ORDENADO SU EJECUCIÓN. SEGUNDO. Con base en lo anterior, se realizaron diversas diligencias, de las que por su importancia cabe destacar las siguientes: 1.- Con fecha 29 de septiembre de 2020, Se dio por recibido el oficio número 290/2020, de fecha de ese mes y año, suscrito por el C. Lic. **, Fiscal Supervisor, a través del cual remite el original de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020. 2.- Con fecha 15 de octubre de 2020, Se giró oficio al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, solicitando copias certificadas. 3.-Con fecha 23 de diciembre de 2020, se giró oficio al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, solicitando copias certificadas. 4.-Con fecha 27 de enero de 2021, se recibe notificación del Centro de Justicia, donde se fijan las diez horas con quince minutos del siete de abril para la celebración de una audiencia de impugnación. 5.- Con fecha 08 de Febrero de 2021, se solicitaron copias certificadas al Juez, a través de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado. 6.-Con fecha 17 de marzo de 2021, se recibe oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. 7.- Con fecha 26 de marzo de 2021, se giró oficio recordatorio a la Lic. **, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. 8.- Con fecha 08 de abril de 2021, se recibieron copias certificadas del juicio de amparo número 81/2020. 9.- Con fecha 11 de mayo de 2021, se giró oficio al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, solicitando copias certificadas. 10.- Con fecha 13 de mayo de 2021, se reciben copias certificadas del Juicio de amparo número 89/2020. CONSIDERANDO PRIMERO.-Esta autoridad conforme a los artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 16, 20 fracción II, 127, 131 fracción XIII y XVI interpretada a contrario sensu, 212, 213, 214, 217, 221, 222, 255 y 327 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales: está facultada para coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el No Ejercicio de la Acción Penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. SEGUNDO. Ahora bien, una vez analizados los hechos denunciados, quien aquí determina considera que se actualiza la hipótesis legal establecida en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que el Ministerio Público podrá decretar el No ejercicio de la acción penal, cuando los antecedentes del caso permitan concluir que se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento; facultad que se encuentra establecida en el numeral 131 fracción XIII, del mismo cuerpo legal ,y que corresponde autorizar al Delegado Estatal de esta Institución. Con base en lo anterior, se debe de precisar que el objeto de la investigación lo establece el numeral 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuyo rubro y texto indica: Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Y esto es así, pues es en la etapa de investigación es donde se prepara el ejercicio de la acción penal que se fundará en los datos de prueba obtenidos durante la investigación, y en su caso, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley la cual se materializa con la consignación que de los hechos que haga la Representación Social de la Federación. Sin embargo de autos se puede advertir lo siguiente: El artículo 265 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito o a la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: I. a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados; y De cuyos elementos integradores se desprenden los siguientes: a.- Se acredite la existencia del sujeto activo, cuya calidad específica es la de Juez de Distrito u otra autoridad. b.- Que con motivo de su cargo conozca del Juicio de Amparo o del Incidente respectivo. c.- Que de manera dolosa no suspensa el acto reclamado. En esa tesitura, el primero de los elementos se tiene por acreditado de manera tácita, en virtud de que la autoridad por ministerio de ley a cargo del Juicio de Amparo, es un Juez de Distrito, quien actúa en cumplimiento a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; facultad que precisamente actualiza el segundo de los elementos, esto es que conozca del Juicio de amparo y por consecuencia de los incidentes respectivos. Ahora bien, por lo que hace al tercero de los elementos, de este se advierte que para que se actualice el delito denunciado debe de acreditarse que el Juez de manera dolosa no haya suspendido el acto reclamado; sin embargo, tal conducta no se cometió en virtud de que por auto de fecha 18 de febrero de 2020, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, CONCEDIO la suspensión provisional, que solicito el ahora denunciante **, pues argumentó: Se concede, al quejoso aquí incidentita (sic) **, la suspensión provisional que solícita, para el único efecto de que no se ejecute la orden de arresto con la que se le apercibió dentro del juicio oral número 7/2020, por el delito de violación ya que fue requerido con el carácter de testigo; hasta en tanto las responsables reciban notificación de la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva, que se dicte en el presente incidente de suspensión. A razón de lo anterior la C. Jueza de control, señalada como responsable al rendir su informe previo, manifestó que eran ciertos los actos reclamados, en virtud de que en efecto se había citado a **, como testigo dentro del juicio oral número 07/2020, éste compareció puntualmente y se le tomaron sus datos entre los que se proporcionó número de teléfono en el que se podía ser localizado, sin embargo como ese día se iniciaría con el desahogo de pruebas del Ministerio Público y él había sido ofrecido como testigo del defensor, en audiencia se le dijo que podía retirarse y que se le contactaría vía telefónica. Llegado el día en que el defensor pidió su comparecencia.no lograron contactarlo...en audiencia había sido advertido de que se le contactaría vía telefónica con fundamento en el artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se .ordenó su comparecencia, pero aun así no se logró su comparecencia. Los defensores y el acusado, a fin de no dilatar más el procedimiento, se desistieron de su testimonio y esta juzgadora ya no ordeno ni el cumplimiento de su arresto, ni su comparecencia al juicio... En esa tesitura dado que a lo informado por el Juez de control el Juez Constitucional, le dio el valor probatorio correspondiente, es decir al haber sido emitido por autoridad pública, en ejercicio de sus funciones, merecieron valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; entonces determino DEJAR SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, al cesar las causas que originaron la queja. No obstante lo anterior se reafirma que el tercero de los elementos del delito en estudio, no se acredita, pues contrario a lo manifestado por el ahora denunciante se advierte que si se concedió la suspensión provisional, sin que haya dolo en el auto que deja sin materia lo referente a la suspensión definitiva, puesto que la autoridad que en su momento se señaló como responsable, si bien es cierto acepta los actos reclamados, también explicó de manera clara y concisa que en audiencia llevada dentro de la audiencia del juicio oral número 07/2020, la defensa se desistió del ateste de **. Por lo que el denunciante está afirmando hechos falsos, pues en el punto tercero de su denuncia señaló: TERCERO.- A pesar de que el acto reclamado pone en peligro mi libertad personal, el JUEZ DE DISTRITO, sin razón legal alguna, OMITE CONEDERME LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y POR AUTO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO ME REQUIERE ACLARE LA DEMANDA DE AMPARO, PONIENDO COMO PRETEXTO QUE MI FIRMA ES DISTINTA A LA ESTAMPADA EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO INICIO A DIVERSO JUCIO DE AMPARO NÚMERO 81/2020 A SU CARGO. Sin embargo como ya se dijo y contrario a lo manifestado en su escrito de denuncia, en fecha de 18 de febrero del año 2020, El C. Juez Cuarto de Distrito CONCEDIÓ la suspensión PROVISIONAL, por lo que válidamente se afirma que el HECHO (denunciado) NO SE COMETIÓ. Aunado a lo anterior obra el contenido del informe justificado, que sirvió de base para sobreseer el Juicio Constitucional, pues la autoridad responsable adjunto a su informe los discos ópticos del juicio oral, refiriendo el Juez que en el disco número once, se advierte que los defensores y el acusado, se desistieron de su testimonio. De lo anterior se advierte que el delito denunciado, no se cometió pues contrario a lo manifestado por el denunciante, el Juez de la causa SI CONCEDIO LA SUSPENSIÓN, de conformidad con lo señalado en el artículo 136 de la Ley de Amparo, pues este señala: Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Sin que pase desapercibido que el arresto de que se duele el quejoso lo fue por seis horas y con el objetivo de que compareciera a la audiencia de juicio como testigo, sin embargo tanto el acusado y SU defensa (parte que lo había ofrecido) se desistió de su ateste, entonces cesaron los efectos por los cuales había sido apercibido con arresto, lo que sin duda trascendió en la audiencia constitucional, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo. Suerte que corre el hecho que se le pretendió atribuir a la Jueza de Control, cuando se señala que cometió la conducta establecida en el artículo 262 fracción I de la Ley de amparo, misma que dice: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; A este respecto se debe de especificar que los elementos integradores de esta conducta son: Se acredite la existencia de un servidor público. Que se dicho servidor público tenga el carácter de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo. Que dicha autoridad exprese hechos falos o niegue a verdad al rendir su informe previo o justificado. De los elementos antes señalados, se advierte que el primero y el segundo de los elementos se tienen por acreditados con las propias constancias de las copias certificadas del Juicio de amparo, pues la Jueza de control, en su calidad de tribunal de enjuiciamiento, rindió su informe previo, en el cual acepto los hechos atribuidos; al cual el Juez de Amparo otorgó el valor probatorio de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, entonces la autoridad en ese entonces señalada como responsable actuó con el poder que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y de la Constitución ocal, esto en el margen de sus facultades y atribuciones pues constituida en tribunal de enjuiciamiento instauro el Juicio 7/2020, dentro del cual se ofreció por parte de la defensa el testimonio de **, y que si bien es cierto emitió una orden de arresto, fue porque en la primera audiencia del juicio fue advertido de que se le contactaría por vía telefónica, sin embargo nunca se logró su comparecencia, razón por la cual la defensa y el acusado (oferentes de la prueba) se desistieron de su testimonio, y la Jueza ya no ordenó el cumplimiento de arresto ni la comparecencia a Juicio. Rindiendo en su oportunidad tanto el informe previo como el justificado, a donde se anexo copia de los discos ópticos del Juicio 7/2020, y se le dio cuenta al Juez del contenido del disco óptico once, en donde se advierte que ante la renuencia de **, los oferentes de su testimonio se desisten de la misma. Sin que pueda considerarse que la Jueza de Control este expresando hechos falsos o este negando la verdad; pues fue advertida de las penas en que pueda incurrir, aunado a lo anterior el denunciante no coadyuvó con esta la Fiscalía de la Federación con algún dato idóneo que ponga de manifiesto que la Jueza de control este actualizando dicha conducta, pus rindió sus informes previos y justificados con las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Cobrando relevancia para el caso que nos ocupa, el auto de fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, en donde se tiene por transcurrido el término legal de diez días a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo, por lo que causó ejecutoria el sobreseimiento. Por tanto, en el caso concreto se considera procedente determinar el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 255, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto señala: Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. En virtud de lo anterior, y dado que para que opere el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, deben confluir dos condicione esenciales a saber: Que se decrete antes de la audiencia inicial; Que, de los antecedentes existentes en la carpeta de investigación, permitan concluir que se actualiza alguna causal de sobreseimiento. La primera condición se encuentra satisfecha en virtud que, hasta el día de la fecha, no se ha solicitado audiencia inicial dentro de la presente carpeta de investigación, en consecuencia, no se han realizado ninguno de los actos señalados en el artículo 307 del Código normativo de la materia. La segunda condición, se satisface a razón de que en el caso que nos ocupa, por las propias circunstancias del hecho que la ley señala como delito y por el cual fue iniciada la carpeta de investigación prevista en el artículo 327 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual refiere textualmente lo siguiente: I.- EL HECHO NO SE COMETIÓ TERCERO.- Hasta lo aquí vertido se llega la conclusión de que en la presente Carpeta de Investigación iniciada por los delitos previstos y sancionados en los artículos 262 y 265 ambos de la Ley de Amparo, en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 fracción I el Código nacional de Procedimientos Penales, cuando El Hecho no se cometió, siendo así que aún y cuando se continuara la indagatoria la conclusión derivaría en una determinación similar, pues no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales circunstancias, nos encontramos, evidentemente, ante un caso de atipicidad, (no se reúnen los elementos del delito) en virtud de que a consideración de la suscrita se encuadra la excluyente de delito contemplada en la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, razón por la cual de acuerdo con los artículos 131 Fracción XIII y 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que disponen que corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar el No Ejercicio de la Acción Penal de la Carpeta de Investigación. CUARTO.- De ahí que al encontrarse actualizada la hipótesis establecida en el artículo 327 fracción I, en relación con el 131 Fracción XVI, interpretado a contrario sensu y 255 ambos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente es determinar cómo se ha manifestado el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, por las razones ya vertidas en el presente acuerdo. Determinación.- Por lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que, en el presente caso, lo procedente es determinar EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, al quedar precisado que se actualiza la hipótesis establecida en el numeral 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 327 fracción I del código normativo; así como lo previsto en la fracción XVI, número 4, de los LINEAMIENTOS OPERATIVOS, emitidos mediante el oficio circular C/011/18, lo procedente es determinar cómo se ha manifestado el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, por las razones ya vertidas en el proyecto en que se actúa. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14,16,17,19,21,23 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 131 fracción XIII y XVI interpretada a contrario sensu, 255 y 327 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales: es de resolverse lo siguiente: R E S U L E V E: PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 255 en relación con el 327 Fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales se determina el N Ejercicio de la Acción Penal de la presente Carpeta de Investigación número: FED/CHIH/JUA/1776/2020, a favor de QUIEN RESULTE RESPONSABLE, por los hechos previstos y sancionados en los artículos 262 y 265 ambos de la Ley de Amparo. SEGUNDO: Remítase el original del expediente de la Carpeta Investigación en que se actúa, al Licenciado **. Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal en Jefe del Núcleo del Equipo VI de Investigación y Litigación, para que en caso de considerarlo procedente, remita la Carpeta de Investigación a **, Titular de la Unidad de Investigación y litigación y esta a su vez al MAESTRO **, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, para que conforme a sus facultades y de considerarlo procedente, autorice favorablemente la presente determinación de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL que se propone; o en su defecto, señale las instrucciones correspondientes, a efecto de poder resolver conforme a derecho. TERCERO.-Una vez que se autorizado en definitiva el presente proyecto de No Ejercicio de la Acción Penal, procédase en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que fue dictada por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 737/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, previo a dejar insubsistente la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Al respecto, es oportuno precisar que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación Asimismo, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 252/2018, determinó que con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones; ya que este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas; asimismo, conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. En ese tenor, respecto a los argumentos expuestos por las partes, en la audiencia que dio origen a la resolución reclamada, se precisa que la Fiscalía Federal expuso que el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020, fue dictado al considerar que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al considerar que el hecho denunciado no se cometió, exponiendo lo siguiente: (00:05:01).en virtud de que la denunciante refiere que el Juez de Distrito, no otorgó la suspensión cuando le fue solicitada dentro de un diverso juicio de amparo, y también refiere que la Jueza de Control ordenó un arresto dentro del juicio oral 7/2020, donde el ahora impugnante fue señalado como testigo ofrecido por la defensa y por el imputado, en su momento, en virtud de que el ahora impugnante no se presentó. La Jueza de Control junto con la defensa que ofreció al testigo se desistieron de él. En el juicio de amparo diverso, el Juez de Distrito, en primer orden, concedió la suspensión provisional, y en virtud de que la Jueza Oral informó que ya no era necesaria la presencia del testigo, decretó sin materia la suspensión definitiva, ante esa situación, los ahora impugnantes, presentaron la denuncia; sin embargo, de la propia instrumental se advierte que no hay delito, siendo todo. Por su parte, en uso de la voz el Defensor Público Federal compartió lo expuesto por la Fiscalía de la Federación. Por otro lado, la asesora de la víctima **, quejoso en esta instancia, argumentó lo siguiente: 00:07:09 .si bien es cierto en el juicio de amparo 7/2020, sucedieron los hechos, de algún modo, parcialmente manifestados por la Ministerio Público, lo cierto es, que la ciudadana Juez de Control, realizó actos de molestia, y realizó actos probablemente constitutivos de delito en contra de mi asesorado, toda vez que en sí, ella realiza ordena un arresto cunado niega haberlo hecho delante del Juez de Distrito, y dice que no fue así, y en su declaración, en su informe, que rinde como previo y justificado, son otros hechos muy distintos su señoría, es cuánto. Ante ello, una vez que fueron expuestos lo argumentos de las partes, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, justificó su competencia para resolver la impugnación en contra de la determinación del Ministerio Público; y expuso lo siguiente: 00:13:57 . hablemos primero de la aseveración de la Fiscalía el hecho no se cometió, precisamente el delito previsto en la Ley de Amparo, atiente a la suspensión implica que se niegue una suspensión, pues en las condiciones o bajo la óptica que la hipótesis legal en comento prevé, delito previsto contra la administración de justicia, esa suspensión no fue negada esa la suspensión fue concedida, bajo la óptica del quejoso, esa suspensión fue concedida con un retraso, y dice le afectó en su esfera jurídica, por el proceder del Juez de Distrito de pedirle ratificar la demanda de amparo ante la discrepancia evidente respecto la firma que calzaba la solicitud de la demanda de amparo, y una firma previa en alguna otra actuación, que había promovido ante el mismo juzgado, entonces el hecho no se cometió, como puntualiza la fiscalía fue negar el ejercicio dela acción penal , la suspensión fue concedida. En cuanto al medio de apremio consistente en el arresto, decretado en contra de esta persona que quedó sin efecto al haberse desistido la parte oferente de su testimonio, pues tampoco se materializó, y una orden de arresto es un proceder regular, como medio de apremio con los que cuenta la autoridad tanto ministerial como jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones, de hecho un arresto viene previsto en el capítulo noveno del Código Nacional de Procedimientos Penales, medios de apremio, en el artículo 104, fracción II, los medios de apremio con los que cuenta la autoridad jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones o para el cumplimiento de los actos que ordenen, en el caso, la citación a un testigo a juicio oral, en el ejercicio de sus funciones, la fracción segunda habla precisamente de que el órgano jurisdiccional, obviamente un tribunal de enjuiciamiento, como es la Jueza del Distrito Judicial Bravos, contaba con los medios de apremio siguientes: inciso a) amonestación, inciso b) multa de veinte a cinco mil días de salaria mínimo general vigente, inciso c) auxilio de la fuerza pública, inciso d) arresto hasta por treinta y seis horas; en el caso de la Jueza del Distrito Judicial Bravos, estaba utilizando únicamente los medios de apremio con los que cuenta a su disposición para hacer cumplir sus determinaciones o para el cumplimiento de un acto ordenado, precisamente la comparecencia de un testigo. En el caso el Juez de Distrito es el proceder regular de cualquier órgano de control constitucional de cualquier órgano garante precisamente la constitucionalidad que es solicitar que se ratifique una demanda de amparo, que se advierte notoriamente discrepante, y esto ha sido abordado hasta en jurisprudencia de la Segunda Sala con el registro 2014436, que dice en su rubro PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES; la tesis con registro 162367 dice FIRMA QUE OBRA EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE MANDARSE RECONOCER ÚNICAMENTE CUANDO LAS FIRMAS ANTERIORES A LA QUE SE ESTIMA DUDOSA, SEAN SUSTANCIALMENTE SIMILARES ENTRE SÍ, Y NO CUANDO ALGUNA DE ELLAS SEA SIMILAR A SIMPLE VISTA CON LA QUE FUE ESTAMPADA EN AQUÉLLA; o bien la de registro digital 2001297 que es de su rubro DEMANDA DE AMPARO. SI SU SUSCRIPTOR RATIFICA LA FIRMA QUE LA CALZA ES ILEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO UNILATERALMENTE INVESTIGUE SOBRE LA AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE ÉSTA Y ORDENE LA RECEPCIÓN DE UNA PERICIAL PARA RESOLVER CONFORME AL RESULTADO DE DICHA PRUEBA, como podrán ver el proceder de mandar ratificar una demanda de amparo por su signante o su supuesto signante, cuando se advierte una notoria discrepancia con una firma previa es un proceder regular, es un proceder que se presenta con cierta habitualidad y prácticamente ha sido abordado incluso por la interpretación jurisprudencial y en interpretación aislada de los órganos de control constitucional. En ese sentido, coincido con la óptica del Ministerio Público, en términos del artículo 327, fracción I, no se cometieron los hechos que la ley señala como delito, denunciados por el señor **, por tanto la determinación de esta audiencia, es precisamente convalidar o bien confirmar esta determinación de no ejercicio de la acción penal. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia. Ahora, en relación con lo anterior, la parte quejosa argumentó como conceptos de violación, que el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en su carácter de Juez de Control, residente en esta ciudad, en la resolución dictada en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020, vulneró los principios de congruencia y exhaustividad en virtud de lo siguiente: omitió analizar los argumentos expuestos en la audiencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno. omitió tomar en cuenta que los hechos denunciados encuadran en el tipo penal previsto y sancionado por el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que la Jueza de Enjuiciamiento nunca dejó sin efectos el arresto decretado. omitió tomar en cuenta que el hecho de que la suspensión provisional fuera emitida por el Juez de Distrito siete días después de haber sido peticionada, y posteriormente declarar sin materia el incidente; mismo encuadra en el tipo penal previsto en el artículo 265, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el arresto continuaba vigente, en virtud de que no se había dejado sin efecto. realizó una valoración holística de los datos de prueba. Los conceptos de violación, son infundados como a continuación se explica. Primero, es necesario destacar que el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, ser informados de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; recibir atención médica y psicológica; que se les repare el daño; el resguardo de su identidad y otros datos personales; solicitar medidas cautelares y providencias; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En este contexto, debe precisarse que fue precisamente la intervención de la víctima u ofendido en el proceso penal y la protección de sus derechos fundamentales, uno de los motivos que llevaron al Constituyente Permanente a implementar la reforma constitucional que introduciría un nuevo paradigma procesal penal en nuestro país. Así es, la reforma al sistema de enjuiciamiento penal, en torno a los derechos de la víctima u ofendido, tuvo por objeto garantizar: a) el derecho fundamental a contar con una defensa técnica de sus derechos; b) el fortalecimiento del derecho a la reparación del daño; y, c) el derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal, su desistimiento y actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional. Resulta claro que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos del delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea un obstáculo de los intereses de las personas afectadas por los hechos delictivos. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y aquellos encargados de protegerlos. La reforma judicial incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en la facultad de impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, tiene como finalidad el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Ese cúmulo de derechos de la víctima u ofendido se vio materializado, entre otros, en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior se advierte, que los derechos de las víctimas van más allá que el sólo permitir que manifiesten lo que a su derecho convenga y, eventualmente, únicamente escucharle, por lo que es necesario enfatizar que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen dichas determinaciones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para aquellos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que en caso de concluir que la actuación del representante social fue ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Ahora, es oportuno traer a colación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 252/2018, en la que determinó lo siguiente: - Que acorde a los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia. - Que no obstante ello, excepcionalmente el juez puede consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contaría con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. - Que la víctima u ofendido o su asesor jurídico deben exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones y porque el sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. - Además, porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio, lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidenciaba la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien correspondía justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. En el precedente citado, la Primera Sala del máximo tribunal del país, señaló que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, especialmente los de publicidad, oralidad y contradicción. La superioridad destacó que uno de los rasgos esenciales de un sistema penal acusatorio consiste en la separación estricta de las funciones de acusar y juzgar, es decir, en este sistema, corresponde al Juez, juzgar a las partes, quienes en igualdad de posiciones tienen la función de sostener la acusación (Ministerio Público) y la defensa (el imputado y su defensor), respectivamente. Esto garantiza, por una parte, la igualdad de las partes en el proceso, y por otra, la imparcialidad del Juez, quien en principio no debe realizar inquisiciones por su cuenta, sino limitarse a decidir la controversia que le plantean partes iguales, con base en el debate realizado por éstas. Por ello, la prosecución del procedimiento penal a través de audiencias es un elemento fundamental de un sistema penal de corte acusatorio, pues sólo a través de ese método pueden respetarse, entre otras, las garantías de publicidad, oralidad y contradicción; este último, destacable para el asunto que nos ocupa. En relación con tal principio, en el precedente en mención, la multicitada Primera Sala refirió que en múltiples ocasiones se ha pronunciado en el sentido que el principio de contradicción debe ser entendido como el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos, así como a participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que las partes puedan participar activamente inclusive en el examen directo de los demás intervinientes en el proceso, tales como peritos o testigos. En ese contexto, en el sistema adversarial son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, es decir, son ellas quienes deben investigar los hechos considerados como delito y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten. De ahí que corresponda a las partes la carga de generar la información necesaria para que la persona juzgadora dirima la controversia objeto del debate que se somete a su consideración en la audiencia respectiva. La Primera Sala señaló que los referidos principios rigen también en la audiencia de impugnación a que alude el artículo 258 del código nacional adjetivo, porque si bien por regla general la víctima u ofendido y el Ministerio Público tienen intereses coincidentes, que se contraponen con los del imputado, tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se sitúan en una posición procesal distinta porque se convierten en contrapartes del Ministerio Público, ya que en esta hipótesis tienen intereses contrarios. Dado que conforme al precepto legal que se menciona, la impugnación se lleva a cabo en una audiencia, entonces deben regir los mismos principios que en las audiencias en general del proceso penal, pues subsisten las razones que fundamentan estos principios, a saber: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad, e imperan las mismas razones que sustentan el principio de contradicción, como lo es la de generar una dinámica que incentive entre las partes con intereses contrarios, en este caso víctima y Ministerio Público, la presentación de argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria. A partir de lo narrado, se insiste, la Primera Sala concluyó que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes. En este sentido, se enfatiza, que la Sala del Máximo Tribunal señaló que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal, deben formular los agravios oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1112, que dice: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. En el caso, como se precisó en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la asesora de la víctima, aquí quejoso, únicamente refirió lo siguiente: 00:07:09 .si bien es cierto en el juicio de amparo 7/2020, sucedieron los hechos, de algún modo, parcialmente manifestados por la Ministerio Público, los cierto es, que la ciudadana Juez de Control, realizó actos de molestia, y realizó actos probablemente constitutivos de delito en contra de mi asesorado, toda vez que en sí, ella realiza ordena un arresto cunado niega haberlo hecho delante del Juez de Distrito, y dice que no fue así, y en su declaración, en su informe, que rinde como previo y justificado, son otros hechos muy distintos su señoría, es cuánto. Todo lo anterior evidencia lo infundado de los argumentos planteados por la quejosa, pues como acertadamente destacó el juez de control, las partes fueron parcas en su argumentación; y ante ello, la víctima, por conducto de su asesora jurídica, no aportó razonamientos eficaces que evidenciaran que la determinación de no ejercicio de la acción penal se apartó del derecho. Por tanto, si acorde a los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió con base en las argumentaciones que formularon las partes en dicha audiencia; resulta inconcuso que confirmara el no ejercicio de la acción penal impugnado. Ahora, en relativo a la argumentación expuesta en la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, por la asesora del denunciante; debe precisarse que el efecto del fallo protector emitido en el diverso juicio de amparo 737/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, consistía precisamente en dejar insubsistente el contenido de la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, lo argumentado por la asesora del quejoso en la diversa audiencia que se dejó insubsistente, deviene ajeno a la impugnación planteada. Por otro lado, la parte quejosa en sus conceptos de violación refirió que se vulneró el contenido de lo dispuesto por el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se infringieron las leyes del procedimiento penal que se sigue en su contra. Sin embargo, en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 8/2021, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitido por la Fiscalía Federal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001776/2020, se le reconoció el carácter de víctima y no de imputado. Del mismo modo, son inoperantes aquellos conceptos de violación en los que la quejosa aduce que se violó el principio pro persona, y que no se aplicó el control de convencionalidad. Esto, porque al margen de que el peticionario de amparo no señaló con claridad cómo o por qué considera transgredidos esos aspectos, lo cierto es que esta autoridad no advierte que se hayan vulnerado de manera alguna. Así es, el principio pro persona, distinto a lo que pretende el solicitante de amparo, no implica que las resoluciones judiciales deban favorecerle siempre, sino que constituye un criterio de elegibilidad de la norma, pues este conlleva a que, cuando alguna circunstancia está regulada por más de una disposición legal, o cuando siendo prevista por una sola, ésta pueda interpretarse en distintos sentidos, debe elegirse siempre la que resulte más favorable al gobernado; sin embargo, en la especie no se advierte que la situación jurídica particular sometida a la potestad jurisdiccional admita diversas interpretaciones ni que se encuentre contemplada por más de un ordenamiento legal, por lo que no se actualiza esa hipótesis. Por otra parte, es verdad que todos los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad; sin embargo, las autoridades jurisdiccionales de instancia no están obligadas a emitir pronunciamiento al respecto, a menos que les sea expresamente solicitado o que oficiosamente adviertan que el precepto legal que resulta aplicable al caso es contrario a algún precepto de la constitución federal o de Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; en el caso, no se advierte que en la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se pronunció el acto reclamado, se haya planteado algún motivo de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma, mucho menos se advierte alguno que el juez de control responsable haya omitido analizar. En las relacionadas condiciones, desestimados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
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