Olga Ortega Villalobos
Expediente 649/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Olga Ortega Villalobos
Actuaciones
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Olga Ortega Villalobos, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 649/2021-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa de improcedencia debe desecharla de plano. Pues bien, se estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal. Por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, también se consideran como autoridades responsables a aquellos particulares que realicen actos similares a los de las autoridades -ya relatados-; lo anterior, siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Por ello, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. I. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. II. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales (derechos humanos). La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales; los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y, los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional por medio del juicio de amparo. III. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En el caso concreto, con relación a los actos reclamados a las responsables Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional de León, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás autoridades adscritas a ésta, se estima que no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo por los siguientes motivos. Ello pues, la aplicación del artículo 3, del Reglamento de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; es una determinación dentro de una relación de supra subordinación, emanada de un vínculo laboral y no así de un acto emitido en funciones de autoridad. Apoya lo anterior por identidad, la tesis 2a. XXIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 202; Registro: 190078; que indica: "SECRETARIOS DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MÉXICO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON DICHO ESTADO ES DE NATURALEZA LABORAL Y, POR TANTO, SE RIGE POR LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. De la interpretación armónica y sistemática de lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., fracción II, 5o., 6o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México; así como 2o., 5o., 6o., 15, 17, fracciones I y II, 18 y 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa misma entidad federativa, se desprende que la relación jurídica de servicios de los secretarios de los agentes del Ministerio Público con dicho Estado, no se rige por normas de carácter administrativo, sino laboral, en virtud de que en la reforma al citado precepto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, no se les incluyó en ese régimen, sino solamente a las personas que de acuerdo con su ley especial realizan las funciones inherentes a la institución del Ministerio Público, que en el caso específico del Estado de México son: el procurador general de Justicia, los agentes del Ministerio Público, los directores de averiguaciones previas, los directores de responsabilidades y los directores de control de procesos, sin que obste a lo anterior el hecho de que, eventualmente, dichos secretarios suplan las ausencias de tales agentes y que para las actuaciones de éstos se requiera su intervención, pues por lo que corresponde a las funciones citadas en primer término, por ser de naturaleza excepcional, no pueden ser fundamento para regir el vínculo que los liga con el Estado, y por lo que ve a las segundas, esto es, la de dación de fe, no están consideradas como de aquellas que incidan en el orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen externa, cuyo control es el que requiere de una disciplina jerárquica especial de carácter administrativo. En estas condiciones, si la reforma constitucional antes aludida que incluye al Ministerio Público como uno de los grupos cuyo vínculo con el Estado es de naturaleza administrativa, no comprende a los secretarios que lo auxilian en su labor, ya que no son partícipes directos de la función primordial que tiene esta autoridad en la investigación y persecución de los delitos con el monopolio del ejercicio de la acción penal de que está investido acorde con el contenido del artículo 21 de la Carta Fundamental, y si tampoco están previstas sus funciones como de confianza, debe concluirse que se trata de servidores públicos generales que se rigen por la mencionada Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." Así como, la jurisprudencia I.6o.T. J/4 (10a.) y tesis IV.T.A.5 L (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, respectivamente, de rubros y textos siguientes: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A SUS TRABAJADORES CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA LABORAL, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 77/2010 y 2a./J. 183/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, junio de 2010, página 263 y Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 671, respectivamente, de rubros: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO.", y "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA QUE PREVÉN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DEL DESEMPEÑO Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESA INSTITUCIÓN.", se advierte que dicha Sala hizo la precisión de que la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a estos trabajadores reviste la naturaleza laboral, lo que reiteró al establecer que cualquier hecho que provoque el cese de un trabajador deberá encuadrar en las causas previstas en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por tanto, cuando el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto sea la aplicación de las evaluaciones o exámenes de control de confianza por parte de la Procuraduría General de la República, es improcedente dicho juicio, pues tal acto deriva de una relación laboral que existe entre las partes; y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 5o. y 11 de la Ley de Amparo." Al respecto, en sus antecedentes, narra la quejosa que: Que el treinta de junio de dos mil diez, fue aceptado su registro e inscripción en la Bolsa de Trabajo del Hospital Regional de León, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como aspirante al puesto de auxiliar en enfermería, que durante los meses enero y julio de dos mil once, al dos mil veinte ha cumplido con la obligación de ratificar su continua intención de obtener una plaza de base ante la aludida autoridad. Sin embargo, el ocho de julio del presente año la quejosa se presentó ante la Subcomisión Mixta, para realizar el trámite de ratificación, pero la Secretaria Técnica de dicha Subcomisión le pidió firmar un documento que contenía diversas faltas u omisiones en atención de algunos llamados y que por ello renunciaba a su derecho de inscripción y registro de la bolsa de trabajo, a lo que la impetrante se negó y en consecuencia no le fue permitido dicho registro. Por último, el treinta de julio del año en curso, la quejosa intentó nuevamente realizar el trámite y tuvo el mismo resultado negativo. De lo expuesto, se estima que el acto que en vía constitucional pretende combatir la quejosa, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que tuvieron lugar en su calidad de trabajadora; es decir, alguien que presta sus servicios, y es remunerada por ello, a determinada institución u órgano público, en este caso, la Bolsa de Trabajo del Hospital Regional de León, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisamente como patrón o superior de la hoy quejosa. Todo lo cual conlleva a concluir que el acto reclamado, es un conflicto en todo caso entre superior y trabajador o prestador de servicios, porque de los antecedentes narrados se obtiene que lo que busca la aquí quejosa es que se determine que la responsable hizo una actuación incorrecta. Por lo anterior, es dable concluir que cualquier determinación o controversia que se emitió con motivo de la terminación laboral voluntaria del aquí quejoso, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo sino un conflicto entre el trabajador y la dependencia como patrón del mismo. Pues bien, la actuación de dicha dependencia se asemeja a la de un patrón como consecuencia de dicha relación laboral entre éste y el trabajador, en donde se adquieren derechos y obligaciones recíprocas, en un plano de clara coordinación, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales, motivo por el que se considera que la quejosa tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales correspondientes, mas no a través del juicio amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Aunado a lo anterior y contrario a lo que señala, no se está en ningún supuesto de excepción para que previó al juicio de amparo acuda ante los tribunales correspondientes, pues de la lectura íntegra de la demanda se advierte que se duele de cuestiones de mera legalidad que deben ser deducidas ante la potestad común, en donde puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Beethoven número 103, interior 2 de la colonia León Moderno, en esta ciudad. Además, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proponiendo de manera alternativa y como forma especial y expedita de contacto, la siguiente dirección de correo electrónico: ormarcop@gmail.com. AUTORIZADOS. Designando como autorizado en términos restringidos a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Cesar Francisco Ornelas Lazo, pues no demuestra estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ya que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. También, se tienen como autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones a Pedro Raymundo Domínguez Granados y María Antonia Piña Andrade, por así haberlo solicitado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalando su usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto. Horario. Procedimiento. Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 a 13:30 hrs. de lunes a viernes. 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma, las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquéllas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través del uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos -queja, revisión o inconformidad-, ampliaciones de demanda, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo promovida por Olga Ortega Villalobos, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 649/2021-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa de improcedencia debe desecharla de plano. Pues bien, se estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal. Por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, también se consideran como autoridades responsables a aquellos particulares que realicen actos similares a los de las autoridades -ya relatados-; lo anterior, siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Por ello, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. I. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. II. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales (derechos humanos). La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales; los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y, los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional por medio del juicio de amparo. III. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En el caso concreto, con relación a los actos reclamados a las responsables Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional de León, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás autoridades adscritas a ésta, se estima que no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo por los siguientes motivos. Ello pues, la aplicación del artículo 3, del Reglamento de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; es una determinación dentro de una relación de supra subordinación, emanada de un vínculo laboral y no así de un acto emitido en funciones de autoridad. Apoya lo anterior por identidad, la tesis 2a. XXIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 202; Registro: 190078; que indica: "SECRETARIOS DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MÉXICO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON DICHO ESTADO ES DE NATURALEZA LABORAL Y, POR TANTO, SE RIGE POR LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. De la interpretación armónica y sistemática de lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., fracción II, 5o., 6o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México; así como 2o., 5o., 6o., 15, 17, fracciones I y II, 18 y 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa misma entidad federativa, se desprende que la relación jurídica de servicios de los secretarios de los agentes del Ministerio Público con dicho Estado, no se rige por normas de carácter administrativo, sino laboral, en virtud de que en la reforma al citado precepto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, no se les incluyó en ese régimen, sino solamente a las personas que de acuerdo con su ley especial realizan las funciones inherentes a la institución del Ministerio Público, que en el caso específico del Estado de México son: el procurador general de Justicia, los agentes del Ministerio Público, los directores de averiguaciones previas, los directores de responsabilidades y los directores de control de procesos, sin que obste a lo anterior el hecho de que, eventualmente, dichos secretarios suplan las ausencias de tales agentes y que para las actuaciones de éstos se requiera su intervención, pues por lo que corresponde a las funciones citadas en primer término, por ser de naturaleza excepcional, no pueden ser fundamento para regir el vínculo que los liga con el Estado, y por lo que ve a las segundas, esto es, la de dación de fe, no están consideradas como de aquellas que incidan en el orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen externa, cuyo control es el que requiere de una disciplina jerárquica especial de carácter administrativo. En estas condiciones, si la reforma constitucional antes aludida que incluye al Ministerio Público como uno de los grupos cuyo vínculo con el Estado es de naturaleza administrativa, no comprende a los secretarios que lo auxilian en su labor, ya que no son partícipes directos de la función primordial que tiene esta autoridad en la investigación y persecución de los delitos con el monopolio del ejercicio de la acción penal de que está investido acorde con el contenido del artículo 21 de la Carta Fundamental, y si tampoco están previstas sus funciones como de confianza, debe concluirse que se trata de servidores públicos generales que se rigen por la mencionada Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." Así como, la jurisprudencia I.6o.T. J/4 (10a.) y tesis IV.T.A.5 L (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, respectivamente, de rubros y textos siguientes: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A SUS TRABAJADORES CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA LABORAL, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 77/2010 y 2a./J. 183/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, junio de 2010, página 263 y Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 671, respectivamente, de rubros: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO.", y "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA QUE PREVÉN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DEL DESEMPEÑO Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESA INSTITUCIÓN.", se advierte que dicha Sala hizo la precisión de que la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a estos trabajadores reviste la naturaleza laboral, lo que reiteró al establecer que cualquier hecho que provoque el cese de un trabajador deberá encuadrar en las causas previstas en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por tanto, cuando el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto sea la aplicación de las evaluaciones o exámenes de control de confianza por parte de la Procuraduría General de la República, es improcedente dicho juicio, pues tal acto deriva de una relación laboral que existe entre las partes; y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 5o. y 11 de la Ley de Amparo." Al respecto, en sus antecedentes, narra la quejosa que: Que el treinta de junio de dos mil diez, fue aceptado su registro e inscripción en la Bolsa de Trabajo del Hospital Regional de León, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como aspirante al puesto de auxiliar en enfermería, que durante los meses enero y julio de dos mil once, al dos mil veinte ha cumplido con la obligación de ratificar su continua intención de obtener una plaza de base ante la aludida autoridad. Sin embargo, el ocho de julio del presente año la quejosa se presentó ante la Subcomisión Mixta, para realizar el trámite de ratificación, pero la Secretaria Técnica de dicha Subcomisión le pidió firmar un documento que contenía diversas faltas u omisiones en atención de algunos llamados y que por ello renunciaba a su derecho de inscripción y registro de la bolsa de trabajo, a lo que la impetrante se negó y en consecuencia no le fue permitido dicho registro. Por último, el treinta de julio del año en curso, la quejosa intentó nuevamente realizar el trámite y tuvo el mismo resultado negativo. De lo expuesto, se estima que el acto que en vía constitucional pretende combatir la quejosa, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que tuvieron lugar en su calidad de trabajadora; es decir, alguien que presta sus servicios, y es remunerada por ello, a determinada institución u órgano público, en este caso, la Bolsa de Trabajo del Hospital Regional de León, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisamente como patrón o superior de la hoy quejosa. Todo lo cual conlleva a concluir que el acto reclamado, es un conflicto en todo caso entre superior y trabajador o prestador de servicios, porque de los antecedentes narrados se obtiene que lo que busca la aquí quejosa es que se determine que la responsable hizo una actuación incorrecta. Por lo anterior, es dable concluir que cualquier determinación o controversia que se emitió con motivo de la terminación laboral voluntaria del aquí quejoso, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo sino un conflicto entre el trabajador y la dependencia como patrón del mismo. Pues bien, la actuación de dicha dependencia se asemeja a la de un patrón como consecuencia de dicha relación laboral entre éste y el trabajador, en donde se adquieren derechos y obligaciones recíprocas, en un plano de clara coordinación, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales, motivo por el que se considera que la quejosa tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales correspondientes, mas no a través del juicio amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Aunado a lo anterior y contrario a lo que señala, no se está en ningún supuesto de excepción para que previó al juicio de amparo acuda ante los tribunales correspondientes, pues de la lectura íntegra de la demanda se advierte que se duele de cuestiones de mera legalidad que deben ser deducidas ante la potestad común, en donde puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Beethoven número 103, interior 2 de la colonia León Moderno, en esta ciudad. Además, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proponiendo de manera alternativa y como forma especial y expedita de contacto, la siguiente dirección de correo electrónico: ormarcop@gmail.com. AUTORIZADOS. Designando como autorizado en términos restringidos a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Cesar Francisco Ornelas Lazo, pues no demuestra estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ya que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. También, se tienen como autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones a Pedro Raymundo Domínguez Granados y María Antonia Piña Andrade, por así haberlo solicitado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalando su usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto. Horario. Procedimiento. Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 a 13:30 hrs. de lunes a viernes. 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma, las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquéllas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través del uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos -queja, revisión o inconformidad-, ampliaciones de demanda, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.
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