Olga Ortega Villalobos y Otros.

Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
200/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Olga Ortega Villalobos
  • Olga Ortega Villalobos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ARCHIVO

  2. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en este asunto, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe con justificación y adjuntando las constancias que acreditan el acto reclamado, con lo que se ordena dar vista a las partes y relacionarlos en la audiencia constitucional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado de autos se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Olga Ortega Villalobos, en la cual señaló como acto reclamado la omisión de la responsable Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar el acuerdo de la radicación de la demanda instaurada, conforme a lo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Este juzgador federal considera que en el caso debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio, toda vez que se advierte actualizada de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto citado es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida, tal y como si se hubiera concedido al quejoso, la protección de la justicia federal, restituyéndolo en el pleno de goce de sus garantías violadas, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, del oficio de cuenta a través del cual la responsable Presidenta de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital, rindió informe justificado, en el cual informa que es cierto el acto que se le reclama, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, dieciocho de marzo del año que transcurre, había sido omisa en radicar la demanda; sin embargo, el siete del actual mes y año, emitió el auto de radicación, quedando registrado con el número 1532/2020 y sus acumulados 1533/2020, 1534/2020 y 1535/2020. Circunstancia que pone en evidencia que se admitió la demanda quedando registrada con el número 1532/2020 y sus acumulados 1533/2020, 1534/2020 y 1535/2020, lo que revela que han cesado los efectos del acto reclamado. Documentales que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Al afecto, robustece lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 210, Tomo VII, del mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto literalmente dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción VI, del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con doce minutos del veintisiete de abril del año que transcurre, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante el secretario Bernardo Pérez Martínez, que autoriza. Enseguida y en la misma fecha se giró el oficio número 20675 a la autoridad responsable.INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe con justificación y adjuntando las constancias que acreditan el acto reclamado, con lo que se ordena dar vista a las partes y relacionarlos en la audiencia constitucional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado de autos se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Olga Ortega Villalobos, en la cual señaló como acto reclamado la omisión de la responsable Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar el acuerdo de la radicación de la demanda instaurada, conforme a lo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Este juzgador federal considera que en el caso debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio, toda vez que se advierte actualizada de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto citado es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida, tal y como si se hubiera concedido al quejoso, la protección de la justicia federal, restituyéndolo en el pleno de goce de sus garantías violadas, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, del oficio de cuenta a través del cual la responsable Presidenta de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital, rindió informe justificado, en el cual informa que es cierto el acto que se le reclama, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, dieciocho de marzo del año que transcurre, había sido omisa en radicar la demanda; sin embargo, el siete del actual mes y año, emitió el auto de radicación, quedando registrado con el número 1532/2020 y sus acumulados 1533/2020, 1534/2020 y 1535/2020. Circunstancia que pone en evidencia que se admitió la demanda quedando registrada con el número 1532/2020 y sus acumulados 1533/2020, 1534/2020 y 1535/2020, lo que revela que han cesado los efectos del acto reclamado. Documentales que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Al afecto, robustece lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 210, Tomo VII, del mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto literalmente dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción VI, del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con doce minutos del veintisiete de abril del año que transcurre, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe con justificación y adjuntando las constancias que acreditan el acto reclamado, con lo que se ordena dar vista a las partes y relacionarlos en la audiencia constitucional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado de autos se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Olga Ortega Villalobos, en la cual señaló como acto reclamado la omisión de la responsable Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar el acuerdo de la radicación de la demanda instaurada, conforme a lo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Este juzgador federal considera que en el caso debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio, toda vez que se advierte actualizada de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto citado es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida, tal y como si se hubiera concedido al quejoso, la protección de la justicia federal, restituyéndolo en el pleno de goce de sus garantías violadas, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, del oficio de cuenta a través del cual la responsable Presidenta de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital, rindió informe justificado, en el cual informa que es cierto el acto que se le reclama, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, dieciocho de marzo del año que transcurre, había sido omisa en radicar la demanda; sin embargo, el siete del actual mes y año, emitió el auto de radicación, quedando registrado con el número 1532/2020 y sus acumulados 1533/2020, 1534/2020 y 1535/2020. Circunstancia que pone en evidencia que se admitió la demanda quedando registrada con el número 1532/2020 y sus acumulados 1533/2020, 1534/2020 y 1535/2020, lo que revela que han cesado los efectos del acto reclamado. Documentales que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Al afecto, robustece lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 210, Tomo VII, del mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto literalmente dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción VI, del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con doce minutos del veintisiete de abril del año que transcurre, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno....

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