Olga Luz Vázquez Arroyo

Expediente 142/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
142/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Olga Luz Vázquez Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    El auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- CUMPLIMIENTO A PREVENCIÓN. Visto el escrito firmado por ************, a través del cumple con la prevención pendiente de ello, porque exhibió documento para demostrar la representación de la representación de la quejosa *********; por tanto, se tiene cumplido el requerimiento de quince de febrero pasado y se acuerda: RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a ************ el carácter de mandatario judicial de ***************, pues lo acredita con copia certificada de las actuaciones del juicio ordinario civil ****************, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que los actos reclamados son: La resolución de once de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil *************; y su ejecución. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos establecen la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de remate, siempre que el acto reclamado sea la última resolución que se dicte en aquella etapa (donde podrán hacerse valer todas las violaciones procesales que trasciendan a dicha determinación), o bien, que se trate de actos de imposible reparación. En el primer supuesto, se considera como la última resolución en el procedimiento de remate: a) La que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y, b) Aquella que ordena la entrega de los bienes rematados. De esta manera, cuando se materialice uno solo de los extremos anteriores, será el momento en el que, quien resienta la afectación podrá acudir al juicio de amparo, donde podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren lo dejado sin defensa, siempre que estas impacten en el resultado del fallo que pone fin al procedimiento de remate. En el segundo supuesto se encuentran todo aquel acontecimiento que suceda en aquella etapa, excluidos los supuestos de hecho antes señalados; con la condición de que el acto reclamado vulnere los derechos sustantivos del inconforme de tal manera que no sea posible restaurarlo en su goce, cuando se dicte la última decisión del procedimiento aludido. En el caso, la pretensión de la quejosa se encamina a que se estudie la constitucionalidad de una decisión que se asumió dentro de un procedimiento de remate, en el que no se ha ordenado la entrega del inmueble objeto de la controversia, ni su escrituración. En efecto, la promovente se duele de que la juez responsable anunció la venta pública del inmueble objeto de la controversia en la cantidad de $************************* (************************* moneda nacional); y, que determinó que si no se lograba su venta, se haría una deducción del ******% de su valor, para lograr el éxito de la subasta judicial. Lo anterior revela que, por un lado, que el acto impugnado no es la última resolución en la etapa de remate, ya que en él no se ordenó ni el otorgamiento de la escritura ni su entrega material. Asimismo, no constituye un acto de imposible reparación que amerite un estudio previo, pues, por un lado no obstaculiza la venta pública, sino que se trata de una determinación que atañe a derechos procesales de las partes, y por otro, aún no es posible establecer si en la primera almoneda se logre la venta pretendida. Respecto de este último, se insiste, para que se considere un acto de ejecución irreparable, es necesario que el acto no pueda ser estudiado en otro momento, dada la afectación actual que resiente el quejoso. Sin embargo, el asunto particular no reúne esta condición, pues no estamos en aptitud de conocer si la venta judicial habrá de lograrse en la primera almoneda, con lo cual, desaparecerá la afectación aduce la quejosa y su pretensión quedará colmada. Máxime que la parte quejosa no es tercera extraña a juicio porque en sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, afirmó ser parte actora en el juicio de origen. Cabe destacar que en el caso concreto no se está ante actos que gocen de autonomía respecto del procedimiento de remate o que afecten materialmente un derecho sustantivo de la promovente, ajeno a la cosa juzgada, -lo que haría procedente el juicio de amparo-, pues como se mencionó, el acto combatido precisamente es necesario para su continuación y lograr la ejecución de la sentencia que se dictó en el juicio, aunado a que, en su caso, los derechos de la parte quejosa considera que se vieran vulnerados con el acto reclamado pueden resarcirse con el hipotético dictado de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo. De donde resulta que aún no es el momento de acudir al amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima Época, con número de registro 2011474, cuyo rubro y texto son: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA OLGA LUZ VÀZQUEZ ARROYO...; Vista la demanda de cuenta, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 142/2023-VII y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo, señala que el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. Irregularidad relacionada con la personalidad del promovente. Los artículos 6° y 11 de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y dicha persona puede promover el juicio por sí misma, por su representante legal o su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. Sin embargo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para que le sea admitida en el procedimiento constitucional debe acreditarlo fehacientemente con las constancias respectivas. En el caso, la demanda se promovió por ********, quien se ostenta como mandatario judicial en el juicio ordinario civil ********** de ********; sin embargo, no adjunto documento idóneo con el que acredite dicha personalidad. Es así pues únicamente anexó copia simple de diversas actuaciones dicho juicio y un acuse en el que solicitó copia certificada de las mismas; por tanto, debe requerirse al promovente para que exhiba el documento idóneo con el que acredite la representación que ostenta. REQUERIMIENTO. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro de un plazo de cinco días: ÚNICO. Exhiba documento idóneo para acreditar la personalidad con que se ostenta. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al peticionario que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda que dio origen al juicio. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal, y este no constituye un domicilio, se tiene para tal efecto las listas publicadas en los estrados de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados del quejoso en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por así solicitarlo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que la actuaria judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto y de los subsecuentes proveídos que así se ordenen. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Asimismo, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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