Olga Angélica Luevano Veloz

Expediente 528/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
528/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Olga Angélica Luevano Veloz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destruible dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo **********/2021-I-1, promovido por **********, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El doce de julio de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua residentes en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **********, misma que se remitió a este juzgado por razón de turno el día trece siguiente. En el escrito inicial de demanda la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la aprobación y expedición del Decreto No. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el numeral 11 y 13, que contiene la tarifa de $15,000.00 pesos (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos y para efectos de incentivar los programas de vivienda, promovidos por las entidades del Sector Público, por las inscripciones que se generan en virtud de la regularización o adquisiciones de lotes, lotes destinados para casa habitación o vivienda, construcción, ampliación y/o remodelación de vivienda con crédito o sin él y pagos pasivos, a través de programas promovidos o financiados por dichos entes, con excepción de la cancelación de los gravámenes existentes previos a la adquisición, se encausaran $********** (********** M.N.), cuota que abarcara las ratificaciones, reconocimiento de firmas y notas marginales que fueran necesarias; pero se aplicará un estímulo fiscal del 95% sobre la referida cuota, siempre y cuando el valor que resulte mayor entre la operación, el concluido del avalúo y el catastral, correspondiente a la vivienda, lote o monto del crédito en caso de registrarse sólo éste, no exceda de $********** (********** N.M.), de ser así por el excedente se aplicará el numeral 11 del apartado IV de la presente tarifa. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo **********/2021-I-1 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman normas que con motivo de su aplicación causan perjuicio a la parte quejosa dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O. y su tarifa anexa, apartado IV, por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021), específicamente, los numerales 11 y 13, con motivo de su primer acto de aplicación; b) Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación del Decreto aquí impugnado. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Congreso del Estado de Chihuahua, así como el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, ambos con sede en la ciudad del mismo nombre, aceptaron la existencia de la aprobación, expedición y promulgación, respectivamente, que le fueron atribuidos respecto de la normatividad aquí impugnada; de tal manera, se tiene por acreditada su existencia. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron su informe justificado, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, por tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, con registro digital 191452, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. De manera que, se tiene por acreditada la existencia de la aprobación, expedición y promulgación de los Decretos reclamados por la parte quejosa. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Análisis de las causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, se considera que respecto de la aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, los numerales 11 y 13, contenido en la tarifa anexa en su capítulo IV, denominado "por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado", la quejosa no acredita la afectación a su interés jurídico. Entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; A fin de analizar la causa en comento resulta oportuno citar también el contenido del diverso artículo 5º del cuerpo de leyes en mención, que establece: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De la interpretación armónica de estos numerales se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario será improcedente el citado medio de control constitucional al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Así, se entiende por interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional el criterio que refleja la jurisprudencia I.1o.A.J/17, con registro 217651, publicada en la página 35, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de mil novecientos noventa y dos, que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, aplicada por analogía, cuyo rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Luego, para pedir la protección constitucional el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad; en ese sentido, del criterio transcrito se advierte: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora, tratándose de amparo contra leyes, la procedencia del juicio constitucional está sujeta a la existencia de un perjuicio inmediato y directo en los intereses jurídicos del particular, pero para que ello pueda surtir sus efectos es necesario que se acredite ser sujeto de ese derecho debidamente tutelado. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 286, con registro 900286, visible en la página 339, tomo I, del apéndice de 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que señala: INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico. Así como la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206338, visible en la página 17, tomo 82, del mes de octubre de 1994, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la octava época, que establece: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En ese sentido, para la impugnación de normas a través del juicio de amparo, debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, sea porque la entrada en vigor de estas los produzca de inmediato o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, por un acto de autoridad, o bien que tratándose de actos de particular vinculen al peticionario a la ley por actualizarse los supuestos de la norma. Así, para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario que se individualice el efecto de la norma en aquél que lo promueve. Apoya lo citado la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 198200, visible en la página 5, tomo VI, del mes de julio de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que a la letra dispone: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Tratándose del juicio de amparo indirecto o bi-instancial, la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales, que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, provoquen un agravio al quejoso. En esa tesitura, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo contra leyes y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, la parte quejosa debe probar que, con la emisión de los preceptos legales controvertidos, se haya irrumpido en su individualidad al grado de ocasionarle un agravio, positivo o negativo, en su esfera jurídica. Agravio que, se reitera, puede causarse por la sola vigencia del ordenamiento legal o puede aplicarse, en su caso, de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción; sin embargo, es conditio sine qua non que la ley general, abstracta e impersonal, produzca sus efectos en forma particular, concreta y personal en el destinatario. Por ello, el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar así la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse. Así, pueden reclamarse en dos distintos momentos: 1. Dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, y 2. Dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas por el artículo 17 de la legislación en comento. Es decir, las leyes autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Las leyes heteroaplicativas se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación de la norma. Estas normas pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguiente al de su primer acto de aplicación, esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Conforme a lo anterior, la afectación sufrida por el gobernado, que posibilita la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, es decir, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada en el juicio de amparo, debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real y concreta. Así, para determinar la procedencia del amparo contra leyes, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellas que requieren un acto concreto de aplicación para causarle afectación a los gobernados en su esfera jurídica. Sobre el particular, se atiende el criterio contenido en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 103-108 Primera Parte, Materia Común, visible en la página 167, con registro 800694, que señala: LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Federales han denominado autoaplicativos y heteroaplicativos, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio en su contra, el ejercicio de la acción de amparo es improcedente, porque, como quedó anotado con antelación, se requiere de la presencia de un perjuicio o daño individual, concreto y directo. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el criterio de jurisprudencia VI. 2o. J/112, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, abril de 1991, materia común, que se consulta en la página 107, con registro 223121, de rubro y texto siguientes: LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad. Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, tendiendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Entonces, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Ahora, la quejosa Olga Angélica Luevano Veloz reclama la aplicación de las normas que regulan el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente el Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O. y su tarifa anexa, apartado IV, por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021), en sus numerales 11 y 13, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, reclama las normas en su carácter de heteroaplicativas. La accionante del amparo aduce que la norma que impugna le fue aplicada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, cuando realizó el pago por los derechos de inscripción de la escritura que contiene la traslación de dominio, con el número de operación 3184778, por la cantidad de $6,399.00 (seis mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Al respecto es conveniente mencionar, que en los preceptos cuestionados se establecen como ingresos de la hacienda pública, el pago de derechos por el servicio que presta el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, contribución que tiene el carácter de una norma heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, pues la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada inscripción. En esa medida, la factura emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, constituye el acto concreto de aplicación de las normas que contemplan dicho derecho, porque en dicha documental se encuentran especificadas la determinación y cuantificación del referido cobro de derechos por el registro e inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, situación, que genera la carga procesal de comprobar la afectación en su esfera jurídica a través del acto concreto de aplicación de la ley materia de reclamo. La parte promovente tiene la carga de acreditar de manera fehaciente el acto concreto de aplicación de los artículos que impugna y que además esa aplicación le cause perjuicio, porque -como se dijo-, esto último constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. Ahora, es oportuno destacar que, en la demanda se ofrecieron dos pruebas documentales entre ellas la factura con folio **********, supuestamente expedida el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, con sellos digitales del emisor y del Servicio de Administración Tributaria y cadena original del complemento de certificación de esta última, sin embargo, de la papeleta de la demanda, así como, de la anotación hecha por el oficial de partes en el escrito inicial se advierte que la promovente no presentó anexos. Incluso, en el auto de radicación de catorce de julio de dos mil veintiuno, en el apartado de pruebas se determinó que no podían admitirse las señaladas en el escrito inicial, debido a que no fueron presentadas, es decir, no se exhibieron. Posteriormente, la quejosa ofertó como medios de prueba los documentos siguientes: 1. Copia certificada de las solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con folios 001792021, 001802021, 003732021 y 001822021. 2. Copia certificada de las respuestas signadas por la licenciada Abril Portillo de la Fuente, responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. 3. Sentencia en versión pública en formato electrónico capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del expediente 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito. 4. Sentencia en versión pública en formato electrónico capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del expediente 2109/2019, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, esta juzgadora goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. Así, aun cuando las documentales en comento tienen valor indiciario, lo cierto es que, no son idóneas y suficientes para acreditar el acto de aplicación, dado que no consta el acto de aplicación de las normas impugnadas. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, de agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 193-198, Primera Parte, Materia Constitucional, Común, que se consulta en la página 180, con registro 232266, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 321, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, Tomo: 205-216 Tercera Parte, visible en la página 173, con registro 237,261, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones. También sirve de apoyo, aplicada en sentido contrario la tesis aislada P. XXXIX/93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 67, Julio de 1993, Materia Común, que se encuentra en la página 23, con registro 205558, que a continuación se inserta: AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASI COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal. En la parte conducente, también corrobora lo dicho la tesis aislada que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 6, Primera Parte, Materia Común, consultable en la página 147, con registro 233908, del tenor siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA LAS. NECESIDAD DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO. No es cierto que tratándose del amparo contra leyes, como el mismo se expide para afectar al patrimonio jurídico de la ciudadanía en general, de ninguna manera se requiera previamente la comprobación de ser titular de un derecho afectado por las mismas, pues ello equivaldría al reconocimiento de la existencia de una acción popular para reclamar la inconstitucionalidad de las leyes, sistema que no acepta nuestro derecho, sino que por el contrario, de acuerdo con la fracción I del artículo 107 constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; y por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la comprobación del interés jurídico del quejoso. Por tanto, si la quejosa Olga Angélica Luevano Veliz no acreditó en autos la aplicación concreta en su perjuicio de los preceptos examinados en párrafos anteriores, es patente que carece de interés jurídico para cuestionar su constitucionalidad. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 4/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 194605, publicada en la página 103, tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia 2ª./J. 76/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196955, publicada en la página 374, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en tanto que la quejosa Olga Angélica Luevano Veliz no acreditó el acto concreto de aplicación de las normas que impugnó y que regulan el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble; lo que procede es sobreseer en el juicio por lo que se refiere a dichos artículos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 3a. LII/91 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Marzo de mil novecientos noventa y uno, página cincuenta, con registro 207025, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo. Asimismo, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 285, visible en la página 338, Tomo I, Constitucional, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, con registro 900285, cuyo texto y rubro son: INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LVII/96, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Constitucional, Común, que se consultó en la página 124, con registro 200149, de rubro y texto siguiente: LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte solicitante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la tesis II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, con registro 214593, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 5º, 61, fracción XII, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto **********/2021-I-1, promovido por O**********, respecto de la norma general analizada que atribuyó al Congreso del Estado de Chihuahua y al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, dada la actualización de la causa de improcedencia estudiada en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; así como por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado como constancia Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos en representación de la autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, únicamente como simple antecedente, en virtud de que, mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, se tuvo por recibido vía correo electrónico y se dio vista a las partes con su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las once horas con diez minutos de la fecha en que se actúa, en virtud de que, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se tuvo por recibido en auto de veintisiete del mes y año en curso, esto es no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

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