Olga Lilia Osuna Escalera
Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Olga Lilia Osuna Escalera
Actuaciones
- Principal
Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido.
- Principal
DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Téngase recibido el escrito signado por Olga Lilia Osuna Escalera, a través del cual desahoga la vista otorgada en auto de nueve de junio del año en curso; y bajo protesta de decir verdad manifiesta que es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, asimismo señala que el acto que reclama a la aludida autoridad es el auto de catorce de mayo del año en curso, dictado en el expediente 1017/201. ANÁLISIS. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado El citado numeral 113 de la ley de la materia, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, la promovente del amparo señala como acto reclamado, el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el expediente 1017/2017, mediante el cual se admite a trámite el incidente de ejecución de la sentencia de siete de septiembre de dos mil veinte. En tales condiciones, una vez examinado el acto concreto de autoridad del que se dice afectada la impetrante, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual resulta imperativo su desechamiento. Los preceptos legales citados son del tenor literal siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y (...)". . De los dispositivos transcritos se desprenden dos reglas generales y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla general proviene de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, y consiste en que el juicio de garantías biinstancial es procedente contra actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sobre el particular, cabe indicar que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal a través de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque esta violación es susceptible de ser reparada a través del medio de defensa conducente. La segunda regla general de procedencia se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de garantías es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. Finalmente, la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de garantías, en la vía indirecta, es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo en ejecución de sentencia, en tratándose de remates, solo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe indicar que la aludida regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto tiene como finalidad evitar los abusos procesales, es decir, impedir que se utilice dicho juicio para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya verdad legal a través de múltiples amparos, por ese motivo el legislador limitó su procedencia hasta el dictado de la resolución definitiva que ponga fin a ese procedimiento de remate, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la determinación. Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Ahora bien, para que sea procedente el juicio de garantías, específicamente en el caso propuesto, es necesario que la resolución emitida por la autoridad responsable produzca en el orbe del gobernado una afectación de manera tal, que la violación alegada no pueda ser reparada en la resolución definitiva y siempre que se trate de derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En ese sentido, una resolución tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del quejoso, sin que ello dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales -en el caso, durante la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia-, como ocurre en la especie. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el expediente 1017/2017, mediante el cual se admite a trámite el incidente de ejecución de la sentencia de siete de septiembre de dos mil veinte. Bajo esas premisas, es patente que el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados lnternacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelva en definitiva dicha incidencia y podrá hacer valer alegaciones contra la resolución que llegue a culminar el procedimiento respectivo. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo, la tesis número XVII.2º.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página seiscientos cuarenta y cuatro, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Cabe destacar que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo signada por Olga Lilia Osuna Escalera, por su propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto der Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 340/2021-V-2. PREVENCIÓN. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, es necesario señalar lo que el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; y (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. Precisado lo anterior, de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa al: "Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad" Sin embargo, en el proemio de su demanda de amparo manifiesta lo siguiente: "Olga Lilia Osuna Escalera, en mi carácter de imputada por el delito de fraude genérico, dentro de la causa penal número 0703/2019, del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad (.)." Por otra parte, se advierte que la quejosa reclama el acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se admite el incidente de ejecución de sentencia; sin embargo, es omisa en precisar, ya sea en el propio apartado relativo al acto reclamado o, en el capítulo de antecedentes el número de expediente, así como la precisión de la autoridad responsable que tiene a su cargo dicho expediente en el cual recayó el acuerdo que en esta vía reclama. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de mérito, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción V, prevéngase al quejoso, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su voluntad señalar como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, o al diverso Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, residente en este puerto, y en su caso especifique que es lo que le reclama a cada uno; asimismo, precise el número del expediente del cual deriva el acto reclamado, así como el Juzgado en el cual se encuentra radicado el mismo; toda vez que dichos datos son necesarios para proveer en relación con la admisión o no de la demanda de garantías que nos ocupa. APERCIBIMIENTO. Por tanto, de conformidad con el precepto 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte accionante, que de no atender el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en que se actúa. En el entendido que, en caso de cumplir la prevención en la vía ordinaria deberá exhibir una copia del libelo aclaratorio para cada una de las partes en el juicio, ya que atendiendo a la deficiencia destacada, aquél en que se subsane integrará el libelo inicial, requisito que no tendrá que cumplir si la realiza mediante juicio en línea. Del mismo modo, se previene a la ocursante que la aclaración de que se trata deberá formularla directamente, toda vez que su autorizado no se encuentra facultado para ello.
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