Olga Gabriela Chávez Velarde

Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
713/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Olga Gabriela Chávez Velarde

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente del amparo, recurriera el auto en que se desechó su demanda, dictado por este juzgado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada en la misma fecha, quedando comprendido dicho plazo del veinticuatro al treinta de agosto de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en el artículo 20, fracción II, en el que se establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda de amparo firmado autógrafamente por Olga Gabriela Chávez Velarde, con el cual desahoga lo peticionado en auto de dieciocho de agosto de la presente anualidad; ocurso que en atención a su contenido se ordena agregar a los autos; el Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del estudio integral del escrito inicial de demanda, se obtiene que la parte promovente reclama esencialmente, la determinación de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio oral mercantil 377/2023, tramitado ante el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, promovido por la aquí quejosa, mediante la cual la autoridad responsable le niega la petición de medida cautelar solicitada. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En tales condiciones, una vez examinado el acto concreto de autoridad del que se dice afectada la parte quejosa y los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. En principio, es pertinente establecer que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte quejosa, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, como en la especie, la afectación producida por la responsable debe ser en grado predominante o superior, de manera tal, que dicha determinación no pueda ser reparada en la resolución definitiva. Bajo esas premisas, una determinación dictada por una autoridad judicial dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto, sin que por ello se dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en la especie. No se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro de la contienda judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Sentado lo anterior, resulta necesario destacar que al existir medios de defensa válidamente establecidos en los que puede ser reparada, en caso de que existiera, la violación que se reclama, el juicio de amparo en la vía indirecta, como ya se dijo, únicamente puede ser procedente si la actuación judicial cuestionada es de imposible reparación por vincularse con los derechos fundamentales de la persona, lo que en la especie no ocurre. En efecto, la parte quejosa reclama el auto judicial de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil 713/2023, por medio del cual el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, negó una medida cautelar solicitada a efecto de que se reinstale en el domicilio de la parte actora el servicio de energía eléctrica, atendiendo a que la parte actora solicitó dicha medida a fin de que se realice la instalación de dicho servicio, respecto del cual, no contaba previamente, motivo por el cual, dicha autoridad federal, asumió que la pretensión de la actora, ahora quejosa, con la medida cautelar solicitada, es obtener un "efecto restitutorio" y anticipatorio de lo pretendido con su escrito de demanda inicial, el cual debe de ser materia de análisis en la sentencia que en su momento se emita dentro del procedimiento, lo cual no es propio de las medidas cautelares en materia mercantil. Luego, la determinación de mérito, atendiendo a los razonamientos jurídicos expuestos en párrafos precedentes, se sitúa en la hipótesis de improcedencia a que refiere el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, toda vez que esa actuación judicial no causa a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, ya que nos encontramos ante un acto dictado dentro de juicio que le reviste el carácter intraprocesal, además, de que el derecho de la peticionaria a que se decrete una medida precautoria es adjetivo ya que le permite asegurar, para el caso de que obtenga sentencia favorable, el efectivo cumplimiento de la obligación del deudor y, por ende, la medida precautoria no es constitutiva de ningún derecho adicional ajeno al que será o es motivo de la controversia en la que deberá decidirse sobre la procedencia de su acción. Así, la sentencia definitiva que se emita sobre el ajuste de consumo que motivó la instauración del juicio natural es la que puede privarle de su derecho al no decretarse la nulidad del acto decretado por la accionada y no la resolución que determine la procedencia o improcedencia de la medida precautoria solicitada. En efecto, las instituciones jurídicas de naturaleza procesal, como las medidas precautorias, se rigen por las disposiciones vigentes al momento en que tienen lugar y generan derechos procesales, no sustantivos, que nacen del propio procedimiento y se agotan en la etapa procesal en que se originan. Ahora, una interpretación armónica e integral del artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con las tesis sobre la procedencia del juicio constitucional, permite concluir que lo que causa una afectación de imposible reparación es la suspensión del servicio de energía eléctrica, contra la cual resulta improcedente el juicio biinstancial al existir criterio jurisprudencial del máximo tribunal del país que establece que esos asuntos son competencia de los juzgados mercantiles al derivar el ajuste de consumo de energía eléctrica de una relación contractual. Además, es de fundamental importancia que en el propio auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, en que se niega la medida precautoria impugnada, la autoridad responsable señaló que la pretensión de la actora, ahora quejosa, con la medida solicitada, es obtener un efecto restitutorio y anticipatorio de lo pretendido con su escrito de demanda inicial, lo que pone de manifiesto que una eventual afectación a la quejosa no es de imposible reparación, pues como se dijo, no trasciende a aspectos sustantivos y sin que ello implique que, necesariamente, dentro de dicho expediente se emitirá sentencia contraria a sus intereses. Por tanto, si eventualmente la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen es contraria a las pretensiones de la quejosa, será en el amparo directo que, en su caso, promueva en su contra, en el que habrá de inconformarse contra todas aquellas violaciones adjetivas intraprocesales, que trascendieron a su sentido, y no durante la sustanciación del procedimiento mediante la promoción de múltiples frentes constitucionales de carácter biinstancial, pues como se dijo, ello atentaría contra la expeditez en la administración de justicia. Al respecto, es oportuno citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.LVIII/2004, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." Luego, las determinaciones de que se trata, por sí mismas, no justifican la procedencia del amparo indirecto, sino que se necesita una situación concreta y definitiva que se estime lesiva de un derecho sustantivo, lo que no ocurre en el caso particular. DESECHAMIENTO. Así, al no actualizarse en perjuicio de la quejosa una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios que sustentan la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para el cuaderno incidental derivado de este juicio. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    SE PREVIENE. NOTIFICACIÓN PERSONAL

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