Olga Nidia Prado Santini

Expediente 354/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
354/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Olga Nidia Prado Santini

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que la quejosa recurrió el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la ley de la materia, considerando que ésta fue notificada en la propia fecha, quedando comprendido dicho plazo del veintiocho de los propios mes y año, al cuatro de los cursantes, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    éngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Olga Nidia Prado Santín, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 354/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la especie, la quejosa reclama de manera destacada la orden de desposesión (lanzamiento) emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio ********************, respecto del bien inmueble ubicado en calle ******************** número ******************** (actualmente ********************), en la colonia ********************, en esta ciudad y su correspondiente ejecución. Del análisis practicado a la demanda de amparo, se desprende la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en correlación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas últimas en sentido contrario, al resultar evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia. En ese contexto, la disposición imperativa del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia ley de la materia, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el referido precepto; uno de los cuales, es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción precisada del último artículo referido, establece que, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio biinstancial solamente procede contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo. En ese contexto, de forma manifiesta e indudable se establece que la determinación que se impugna en la demanda de amparo, no constituye para la promovente la última determinación emitida en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil reivindicatorio ********************, ya que como lo refiere, la diligencia de lanzamiento del bien inmueble ubicado en calle ******************** número ******************** (actualmente ********************), en la colonia ********************, en esta ciudad, se emitió dentro de un juicio -en su etapa de ejecución- donde refiere la propia impetrante bajo protesta de decir verdad fue emplazada, contestó la demanda entablada en su contra, se dictó sentencia condenatoria en primera instancia la cual fue confirmada en apelación y contra la cual se negó la protección constitucional en la vía directa. De ahí que resulte evidente que al haberse emitido el lanzamiento reclamado en la etapa de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio reivindicatorio de origen, esa determinación no constituye aquella que aprueba o desconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; y, por tanto, el juicio de amparo indirecto en su contra es improcedente. No escapa a la consideración del suscrito, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J.108/2010, determinó que dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (ahora 107, fracción IV), existe la posibilidad de que las partes impugnen actos dictados en ejecución de sentencia, exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sin embargo, el acto reclamado en este juicio constitucional constituye una determinación que no causa agravio por sí misma, ni puede considerarse de imposible reparación, al no afectar de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, puesto que la quejosa es parte formal en el juicio de origen y la orden de lanzamiento no es ajena a la sentencia que se pretende ejecutar. En esas condiciones, será hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil reivindicatorio ********************, cuando proceda el amparo indirecto, en el cual la parte solicitante del mismo podrá impugnar las violaciones cometidas durante ese procedimiento y que lo hubieran dejado indefenso. Surte puntual aplicación en el caso particular, el criterio contenido en la Jurisprudencia I.2o.C. J/2 (10ª.) y la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo lo anterior hace indudable el motivo de improcedencia advertido; por ende, se reitera, en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario, de Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el numeral 113 de la invocada ley, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías por manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a la determinación de desechamiento de plano de la demanda de amparo, la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, páginas 503 y 504. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ******************** en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ******************** y ********************, quienes tienes sus cédulas profesionales ******************** y ********************, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico accontractuales@hotmail.com. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano