Ofelia Marcos Dorantes

Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
549/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Ofelia Marcos Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 549/2020, promovido por **, por propio derecho, en contra de actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. ANTECEDENTES Según consta en autos, la quejosa reclama la omisión de la responsable de no resolver sobre la solicitud de practicar diferentes actos de investigación que propuso para tener una defensa adecuada en la carpeta de investigación número **. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de septiembre de dos mil veinte), la autoridad señalada como responsable había sido omisa en dar respuesta a la petición formulada por la nombrada Ofelia Marcos Dorantes. (Omisión que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado, el veinticuatro de septiembre del año en curso. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistente en la omisión de la responsable de no resolver sobre la solicitud de practicar diferentes actos de investigación que propuso para tener una defensa adecuada en la carpeta de investigación número **. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la que mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite y se registró bajo el número 549/2020; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la peticionaria del amparo Ofelia Marcos Dorantes, reclama del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistente en la omisión de la responsable de no resolver sobre la solicitud de practicar diferentes actos de investigación que propuso para tener una defensa adecuada en la carpeta de investigación número **. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a la responsable. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual, incumbe a quien afirma probar su dicho, debe recordarse que la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. Al respecto, los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. (.)". "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. (.)". De los citados dispositivos legales se advierten tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última, se actualiza a través del reconocimiento que hacen estas últimas al justificar su proceder. Es aplicable a lo anterior, respecto del segundo supuesto, prueba directa de la existencia del acto reclamado, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, registro 210769, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 77, con número de registro 210769, cuyo rubro y texto, a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Precisado lo anterior, tenemos que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin que dicha negativa la desvirtuara la parte quejosa, en razón que la promovente del amparo, omitió aportar elementos de convicción idóneos para demostrar la existencia del escrito que dice presentó ante la autoridad responsable. A efecto de verificar lo anterior, en principio debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento a la promovente el resultado de su petición. En ese tenor, cuando se reclama la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó a al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, Página 351, que dice: "PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." En la especie no hay evidencia o indicio que indique que se haya realizado una petición en específico a la citada autoridad responsable. Lo anterior, porque en el caso que se analiza, la parte quejosa omitió exhibir pruebas con las que acrediten fehacientemente que llevaron a cabo actos tendientes a originar la conducta esperada por el ente de Gobierno que precisamente omitió. Es decir, el impetrante no exhibió un medio de prueba apto mediante el cual acreditara que efectivamente realizó la solicitud a que se refieren (dar respuesta al escrito presentado el diez de septiembre del año en curso; por ello, se estima que es inexistente la abstención atribuida a las responsables, de ahí que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Con la finalidad de robustecer la determinación adoptada, conviene hacer hincapié en que cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de naturaleza omisiva como en el caso, para estar en aptitud de precisar su existencia se requiere comprobar un elemento previo que haga exigible el actuar que no se llevó a cabo. Esto es, cuando en el juicio de amparo se reclama una omisión de la autoridad que está condicionada al actuar del particular, corresponde al interesado demostrar que llevó a cabo los actos tendientes a originar la conducta esperada por el ente de gobierno y que precisamente omitió. Así por ejemplo, cuando en la vía constitucional se impugna la falta de respuesta a la petición formulada por el gobernado -como en el caso-, corresponde al promovente acreditar que formuló dicha petición, pues en caso de no hacerlo, sería ilegítimo reprochar la abstención de la autoridad al no tener plena certeza respecto de la existencia del acto previo (petición), que condujo a esos supuestos. Corrobora lo anterior, el criterio que informa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte, CXXII, página 39, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Bajo ese contexto, en el caso en específico, se reitera que el titular de la acción constitucional no exhibió el material probatorio apto que permita arribar a la conclusión de que efectivamente la autoridad responsable ha sido omisas en resolver acerca de alguna petición formulada por la aquí quejosa, pues del anexo exhibido con el escrito inicial de demanda se advierte que el mismo es copia simple, por lo que carecen de valor probatorio; por tanto, se reitera que las pruebas que obran en autos no son aptas para demostrar en este juicio que las gobernados realizaron la solicitud o trámite alguno que condiciona la existencia del acto reclamado y, por ende, que la responsable hubiera incurrido en la omisión que se le reprocha, puesto que se insiste, la parte quejosa tiene la obligación de demostrar que realizó el acto previo que debió originar el acto de autoridad, pues sólo de esa manera se tendría plena certeza acerca de la existencia de la omisión o abstención que se le atribuye. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, y por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria." Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión al promovente, ya que al ser un acto omisivo el que reclama, de subsistir éste, con las pruebas que acrediten fehacientemente la obligación de la autoridad responsable de dar respuesta a su petición, puede promover, nuevamente juico de amparo. Sin que en el caso se considere necesario hacer mayor proveído respecto de los alegatos formulados por la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional, lo anterior, toda vez que su pretensión final quedó colmada al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Ilustra lo expuesto, la tesis (I Región)8o. J/2 (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; página 1809, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2013689, de rubro siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO. FORMA DE ANALIZARLOS CONFORME AL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE LA MATERIA." DECISIÓN Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, por propio derecho, por los motivos expuestos en el apartado V de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual Adolfo Antonio Méndez Barroso, proporciona un número de usuario y solicita se le permita la consulta del expediente electrónico. En su atención, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente su petición, toda vez que la quejosa Ofelia Marcos Dorantes en su escrito de demanda únicamente lo autorizó para oír y recibir notificaciones, no en términos amplios conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que, en su caso, una vez que la directa agraviada lo autorice conforme al citado numeral se acordará lo conducente en relación a lo que solicita. Notifíquese.

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