Odón Bustamante Vega
Expediente 871/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Odón Bustamante Vega
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído que desechó la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec,********************, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada el catorce de enero de este año, por la actuaria de este Juzgado, mediante la cual, hace constar que no le fue posible notificar personalmente a ******************** o a su autorizado para recibir notificaciones ******************** en el domicilio proporcionado en su escrito inicial de demanda (Calle ********************, número ********************, CoIonia ********************,********************), toda vez que al recorrer la referida calle, no localizó inmueble alguno marcado con el número ********************, aunado a que existen varios inmuebles sin número oficial visible, de igual forma preguntó con algunos vecinos si conocían al quejoso o a su autorizado para oír y recibir notificaciones, manifestándole que no los conocen; en consecuencia, notifíquese al quejoso de mérito el referido acuerdo por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE. INSERCION San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese la demanda con el número 871/2020. Desechamiento. En otro aspecto, y de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, debido a que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. En razón de ello, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador estima desechar de plano la demanda promovida por Odón Bustamante Vega porque se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En relación con el diverso numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Así, resulta oportuno acotar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el más Alto Tribunal del País acotó que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio, requisito básico para la procedencia del juicio constitucional, en términos del numeral 1°, fracción I, en relación con el ordinal 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 Constitucional establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." El diverso numeral 107 de la Norma Fundamental tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por ende, están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de la fuerza pública; no obstante, dicha postura se abandonó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO."; de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquélla que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i) Que tenga particularidades de órgano público. ii) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, y iii) Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, a fin de poner en relieve las apuntadas notas distintivas, resulta necesario precisar que los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, obedecen a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el mismo orden de ideas, para lo que aquí se provee, es importante tener en consideración lo que disponen los preceptos 25, 26 y 34, de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a saber: "Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria. El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la comisión." "Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación; II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo; V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador. En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo." "Artículo 34. El contrato de suministro de energía eléctrica termina: I. Por voluntad del usuario; II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y IV. Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión." Luego, de la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se infiere que al momento de celebrar la operación contractual, Comisión Federal de Electricidad revestía la calidad de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya actividad se encontraba sujeta a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y a través de los Acuerdos de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los propios mes y año, se crearon CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, con el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, encargadas de proveer y prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica. Por consiguiente, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establecía la forma y requisitos que debían cumplir los contratos de suministro celebrados con la ahora empresa productiva del Estado y, posteriormente, ejecutados por CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Por su parte, se tiene que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en sus artículos 1°, 2°, 3°, 45 y 46, lo siguiente: "Artículo 1º. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal." Artículo 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Consejería Jurídica, y III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución. Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I.- Organismos descentralizados; II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III.- Fideicomisos. Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten que sea la estructura legal que adopten. Artículo 46.- Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes: (.) II.- Las Sociedades de cualquier otra naturaleza (.)." Por su parte, los Acuerdos por los que se crean CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los propios mes y año, en sus artículos 1° y 2°, establecen lo siguiente: Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos. "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Suministrador de Servicios Básicos tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Acuerdo por el que se crea CFE Distribución. "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Distribución tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Por consiguiente, a la luz de los reproducidos preceptos legales, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, tienen el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, que a su vez, resulta ser un organismo público descentralizado, pues así lo establece el numeral 8º de la mencionada abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, cuyo tenor literal reza: "Artículo 8°. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio." Corolario a lo anterior, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: i) Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; ii) Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y iii) Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Imperativo. Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. Coercitivo. Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. Sobre el tema es oportuno citar, la tesis P.XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo razonado y fundado se obtiene que, cuando como en el caso, se reclama un corte del suministro de energía eléctrica por parte de la precitada empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, dicho acto no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque si bien unilateralmente cuantifica, impone tarifas y requiere por el pago de cierta cantidad por concepto del suministro de energía eléctrica, su actividad está encaminada, por una parte, a cuantificar y recibir el reembolso por la prestación del servicio del que se disfruta, y por otro lado, determinar el consumo de energía eléctrica en virtud de la celebración de un contrato, por lo que no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la celebración de un contrato de naturaleza mercantil, en el que los suscriptores, con previo conocimiento del negocio jurídico que están efectuando, consienten el celebrarlo; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares como consecuencia de la aceptación de esa convención, en la que se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre los contratantes. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular, porque el organismo no obra como autoridad, sino que actúa con base en la facultad derivada del incumplimiento del contrato. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie el CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su denominación correcta) aun en su calidad de particular, hubiese desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: i) Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y ii) Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que en el caso no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su denominación correcta), respecto de los actos reclamados, no derivan de la observancia de una norma general; sino que tuvieron lugar con motivo del cumplimiento del contrato para el suministro de energía eléctrica celebrado respecto del domicilio donde se surte dicho servicio, en un plano de coordinación "entre iguales". Por consiguiente, si de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se advierte que la orden de requerimiento de pago del servicio de energía eléctrica, deriva del contrato celebrado entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos, (en su denominación correcta), para el servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio particular que precisa en su demanda, respecto del inmueble que aduce habitar, resulta palmario que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del pacto de voluntades de mérito, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria u oral mercantil, según corresponda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero de 2018, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015944, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la propia Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, abril de 2018, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Entonces, resulta válido concluir que cuando el Estado -por conducto de Comisión Federal de Electricidad, y en el caso a través de sus empresas subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución-, actúa como prestador del servicio, mediante la celebración de contratos para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no obra como autoridad para efectos del amparo, sino en función de relaciones comerciales de coordinación entre particulares, incluso tratándose de actos como el corte del suministro en términos del contrato. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2019, registro 2019230, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones el que indica en su demanda de amparo y únicamente para tales efectos a la persona que refiere, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no aparece registrada su cédula profesional ni acredita que tenga cédula profesional de licenciado en derecho. Notifíquese personalmente.
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