Ofelia Pérez Castro
Expediente 188/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ofelia Pérez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés En atención a la certificación de cuenta y con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que por una parte sobreseyó y por la otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. En razón que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; como en este juicio de amparo por una parte sobreseyó y por la otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. IV. Con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 17 del citado acuerdo, se considera que este expediente es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 188/2023 promovido por ********************, por propio derecho, en contra de actos de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, de quienes reclama: i) la omisión de notificarle la determinación de uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************/********************-********************-********************-******************** de su índice y el contenido de dicho proveído, en cuanto a la parte en donde no se le acredita el carácter con el que comparece en dicha instancia, esto es, de cónyuge supérstite y beneficiaria de los derechos pensionarios del actor ********************. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica, de fundamentación y de motivación, consagrados por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES De autos se desprende, que la quejosa ******************** dirigió un escrito el once de febrero de dos mil veintidós, al expediente ********************/********************-********************-********************-******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, promovido por ********************, en el que, esencialmente solicitó que se le tuviera por apersonada a ese sumario con el carácter de cónyuge supérstite del citado actor y como beneficiaria de los derechos generados en la pensión 4632********************8, asimismo, se continuara con la prosecución en el juicio. La autoridad responsable emitió el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que dio contestación a la petición de la impetrante; por una parte, al acreditar el fallecimiento de la actora en dicho juicio, procedió a interrumpirlo a partir de esa data y tendría como duración máximo un año; y en otro aspecto, le indicó que no era posible reconocerle el carácter con el que comparecía, al no constar prueba fehaciente de que no exista persona alguna con igual o mayor derecho que ella, por lo que resulta necesario la designación del albacea de la sucesión. Dicho proveído, lo notificó la autoridad responsable a la aquí quejosa -por conducto de su autorizado para recibir notificaciones ********************- el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Siendo dicha diligencia, el último dato que se conoce del expediente natural. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******************** presentó un escrito de ampliación de demanda de amparo dirigido al juicio de amparo ********************0/2023 del índice propio; la cual, en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés -al tratarse de actos desvinculados con los originalmente reclamados- se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, misma que fue recibida el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. La Oficina de Correspondencia en cuestión, turnó el aludido escrito de ampliación de demanda a este órgano jurisdiccional para conocimiento de aquélla, en la que se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda quedó registrada con el progresivo 188/2023 y se: i) admitió a trámite el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; ii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; iii) dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y iv) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia. La audiencia constitucional se llevó a cabo el trece de abril de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 4******************** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2********************6 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2********************3. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo tiene su sede y los actos reclamados surten sus efectos en el ámbito territorial dentro del cual se ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de notificar el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************/********************-********************-********************-******************** de su índice. El contenido del acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, en la parte relativa a que se le niega el derecho a acudir al juicio ********************/********************-********************-********************-********************, como cónyuge supérstite y beneficiaria de los derechos pensionarios del actor del juicio ********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, negó la existencia de los actos reclamados, pues indica que la quejosa no tiene reconocida ninguna personalidad en el juicio natural y que mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, ordenó notificar a la quejosa el diverso de uno de marzo de dos mil veintidós, en el domicilio que designó para tal efecto en el escrito del que emanan los actos reclamados, notificación que se realizó el veinticuatro de marzo del año en curso. Ahora bien, de las documentales que obran en autos, a las que se otorga valor probatorio en términos de los artículos 12********************, 1********************7, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************/********************-********************-********************-******************** de su índice. Notificación a la parte quejosa del aludido proveído, realizada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por conducto de la persona autorizada por la impetrante en el escrito recibido -ante la autoridad responsable- el once de febrero de dos mil veintidós. De modo que se hace evidente tanto la existencia del proveído reclamado de uno de marzo de dos mil veintidós, así como su falta de notificación, pues, de la constancia de su realización se observa que se notificó hasta el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, esto es, posterior a la promoción de la ampliación de demanda que originó el presente asunto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen ********************1-********************6, Tercera Parte, página 7, con registro digital 2382********************, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado consistente en la falta de notificación del acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************/********************-********************-********************-******************** del índice de la responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] El referido precepto legal transcrito, señala que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Así, de la diligencia de notificación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que se realizó en el local que ocupan las oficinas del aludido órgano jurisdiccional a ******************** [persona que la aquí quejosa autorizó para tal efecto en el escrito que recibió la responsable el once de febrero de dos mil veintidós], a quien le notificó los acuerdos de tres de marzo de la presente anualidad, así como el de uno de marzo de dos mil veintidós, procediendo a entregarle copia simple de aquéllos; constancia relativa, a la que se estimó en el apartado anterior con pleno valor probatorio. De ahí, que se concluye que respecto a la falta de notificación del proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en la omisión a realizar la notificación de la citada determinación, como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 5********************/****************************************, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. ********************/********************8, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Conforme a la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación que hace valer respecto al acto reclamado estudiado en este apartado, porque ello constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. En apoyo de lo anterior es de invocarse la tesis de jurisprudencia número 50********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1****************************************5, Tomo VI, Parte SCJN, página quinientos nueve, registro 3********************4465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Al no existir una diversa causal de improcedencia que se haya planteado, ni de oficio se advierte que opere alguna otra distinta a las examinadas, lo procedente es realizar el estudio del fondo de este sumario. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2********************0, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE LA LITIS CONSTITUCIONAL Por lo que hace al diverso acto reclamado, relativo al acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************/********************-********************-********************-******************** del índice de la responsable, este órgano jurisdiccional determina que resulta infundado el concepto de violación que hace valer la impetrante de amparo, al aducir que se le niega su derecho de acudir al citado juicio natural a nombre de su fallecido esposo ********************, pese a que indica, que acredita el carácter de cónyuge supérstite y beneficiaria de los derechos pensionarios del aludido extinto. De acuerdo a la determinación emitida el uno de marzo de dos mil veintidós, se advierte que el actuar de los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue el siguiente: Declararon que -en atención al escrito que presentó la propia impetrante de amparo el once de febrero de dos mil veintidós y de los anexos que acompañó- con motivo del acta de defunción del promovente del juicio natural ********************, se interrumpiría el juicio ********************/********************-********************-********************-********************, en términos de los artículos 2********************, fracción VI y 38, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, durante máximo un año, a partir de ese proveído y si una vez transcurrido dicho plazo de interrupción, no compareciera el albacea provisional o definitivo de la sucesión del actor, se decretaría la reanudación del presente juicio, ordenándose las subsecuentes notificaciones por lista a quién pudiera resultar como representante de la sucesión. Indicaron que, en cuanto a lo manifestado por la promovente -de continuar con el procedimiento y que acredita acudir a juicio en nombre de ********************, en su carácter de cónyuge supérstite- no procedía ante ese tribunal la gestión de negocios, de conformidad con el artículo 5, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que le hicieron saber que, tratándose de la sucesión, la representación se acredita con la resolución judicial respectiva, por lo que, no era posible reconocerle el carácter para comparecer en el aludido juicio ********************/********************-********************-********************-******************** a reclamar el debido cumplimiento de la sentencia emitida en el mismo, puesto que -hasta esa data- no había prueba fehaciente que existiera persona alguna con igual o mayor derecho que ella, razón por la cual determinaron que era necesaria la designación del albacea de la sucesión. El aludido precepto 5, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "ARTÍCULO 5o. Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva." Tal disposición, pone de manifiesto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla la hipótesis para el caso que nos ocupa, que es la representación de la sucesión de un fallecido (actor) mientras se tramita un juicio ante una autoridad como la responsable; así, la persona quien pretenda representar los intereses de extinto, deberá acreditar la representación de la sucesión con la resolución judicial respectiva. Ahora bien, del acuerdo controvertido en esta instancia, no se patentiza que la autoridad responsable le haya negado definitivamente a la quejosa su derecho de acudir al juicio natural a nombre de su cujus ********************, debido a que conforme a lo establecido en los preceptos legales que cita en su determinación, ante el fallecimiento del actor en el juicio natural, debe interrumpir el juicio por el máximo de un año, a efecto que comparezca el albacea provisional o definitivo de la sucesión del actor y para el caso que no comparezca, se reanudará el juicio. En ese sentido, la condicionante para que ******************** pueda comparecer al juicio de mérito, con el carácter de la sucesión de ********************, conforme al precepto 5, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es que debe de acreditar dicha personalidad con la resolución judicial respectiva; de ahí que resulta infundado el concepto de violación que se hace valer. Aunado a ello, no debe soslayar la impetrante de amparo, que en proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés [posterior a la presentación de la demanda de amparo, origen de este expediente] los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, le requirieron para que, en el plazo de diez días hábiles, a que se refieren los numerales 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, manifieste quién tiene el carácter de albacea provisional o definitivo del fallecido ********************. Asimismo, requirieron al encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el mismo plazo, informaran si ya se le otorgó la pensión de viudez, conforme al artículo 34 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a ********************, respecto a ********************. Por tanto, se reitera que conforme al actuar por parte de la Sala responsable, no existe negativa categórica para tenerle por apersonada en el juicio administrativo a ********************, siempre y cuando acredite su personalidad con la resolución judicial respectiva. En consecuencia, al ser infundado el concepto de violación y al no actualizarse algún supuesto de suplencia de queja señalado en el artículo 7********************, de la Ley de la Materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, cabe agregar que los criterios citados en la presente sentencia son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado y por las razones referidas en el apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ********************, contra el diverso acto combatido; por las razones y fundamentos legales que quedaron precisados en el considerando VIII de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el trece de abril de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional en este juicio; por lo que, es necesario hacer saber a las partes que mediante oficio SEADS/1011/2023, de diecinueve de abril del año en curso, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las constancias correspondientes deducidas del expediente 1585/18-15-01-9. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en cuestión cumpliendo con lo solicitado en el referido proveído, por lo que se ordena dar vista a las partes con las documentales que exhibe y se deja sin efecto decretado el citado acuerdo. Notifíquese por lista.
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